Las más de cuarenta muertes acaecidas durante los cuatro años de gobierno de Hermes Binner son la cumbre de un gran iceberg que deriva de "la ausencia total de una política en materia carcelaria", sostiene Echegoy, para quien en la provincia rige "una pena de muerte informal".
"El Estado no cumple con lo mínimo que tiene que garantizar, que es la seguridad de los detenidos", señala la referente de la CTC, una de las veinte organizaciones que conforman el Protocolo contra la Tortura y que la semana pasada se reunieron con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en Buenos Aires, donde la CTC entregó su informe para que sea elevado al Comité suizo y cuya trascripción íntegra publicamos a continuación:
Situación de los lugares de encierro en la Provincia de Santa Fe
Al corriente mes, la cantidad total de personas privadas de la libertad en la provincia asciende a 4.128 personas, distribuidas de la siguiente manera: en unidades penitenciarias bajo la órbita del Servicio Penitenciario de la Provincia 2.620 personas, en dependencias policiales 1508.
Del total de los detenidos 122 son mujeres y 83 son jóvenes menores de edad. Un 53 por ciento del total no tiene condena. Si diferenciamos entre detenidos a disposición de la justicia provincial y detenidos a disposición de la justicia Federal, nos encontramos que en este último caso la cantidad de procesados asciende al 58 por ciento.
Personas privadas de libertad en dependencias policiales
Las dependencias policiales, básicamente Comisarías, no se encuentran preparadas para alojar personas, y pese a que legalmente no deberían estar allí, una persona puede transcurrir más de un año o toda su condena en estas. Por ello la situación en dependencias policiales es de la precariedad más absoluta, no se garantiza un lugar digno para vivir, no se garantiza la salud, la educación, la posibilidad de realizar actividad alguna. Y a ellos se suma un altísimo grado de violencia policial.
De las 1508 que se encuentran alojadas en dependencias policiales de la Provincia de Santa Fe, se alojan en Comisarías y Alcaidía de Rosario 920, lo cual equivale al 61 por ciento del total.
En la ciudad de Rosario, donde se concentra el mayor número de personas privadas de libertad en dependencias policiales, en el año 2007, la Cámara de Apelaciones de Rosario revocó una sentencia de primera instancia e hizo lugar a un recurso de Habeas Corpus "ordenando al Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia que, en lo inmediato, distribuya los excedentes de población de privados de libertad actualmente existentes en las seccionales de la Unidad Regional II, a otras unidades de detención de la región o, en su caso, de todo el sistema provincial y culmine el proceso de distribución de modo que dichas reparticiones no se conviertan en establecimientos de privación de libertad permanentes".
Pese a la clara orden judicial y el tiempo transcurrido, gran cantidad de personas siguen padeciendo el encierro en estos lugares, en forma permanente.
En el mencionado trámite judicial se constató que el 70 por ciento de las Comisarías de la ciudad resultaban inadecuadas para alojar personas, lesionando los derechos básicos de las personas privadas de la libertad. Pese a los años transcurridos la situación no ha variado.
Se suma a las condiciones de inhabitabilidad, la sobrepoblación que duplica o triplica la capacidad de las mismas. La mayoría de las dependencias policiales, carecen de aireación, no tienen patio donde se pueda estar al aire libre y exponerse a la luz solar.
En general tienen uno o dos sanitarios, sin las condiciones mínimas de higiene y privacidad en lugares donde se alojan entre 20 y 50 personas.
Tampoco constan de lugar adecuado para pernoctar, careciendo de colchones y ropa de cama. En algunas dependencias deben turnarse para dormir. Como expusiéramos más arriba no existe un sistema de salud que garantice dicho derecho. Ante dolencias o enfermedades, se recurre al sistema público de salud, quien responde en forma reticente y en muchos casos sólo bajo orden judicial. Son constantes las denuncias por hechos de violencia dentro de los penales en comisarías, ya sea por el accionar policial o por problemas de convivencia agravados por las condiciones infrahumanas de vida.
En el ámbito policial es común el pedido de dinero a familiares para no trasladar a los detenidos, o para mantenerlos en lugares "tranquilos", para otorgar visitas "extraordinarias" y dejar ingresar elementos prohibidos.
Situación carcelaria
Si bien en principio y conforme los datos oficiales, no existe sobrepoblación en las unidades penitenciarias, existen fallas estructurales en los penales que no se condicen con la dignidad humana. Faltan elementos indispensables, como colchones, ventanas en invierno, problemas con los desagües cloacales, cañerías, falta de agua potable, mala calidad de la alimentación.
Son graves los problemas estructurales en la cárcel de Piñero pese a ser una unidad nueva, hay patios y celdas que, desde su origen, se inundan sin solución. El último modulo habilitado, carece de espacio para deportes al exterior, de talleres y solo tiene un aula.
No se garantiza, pese a la existencia de una ley nacional (26695) que así lo establece, el acceso a la educación. De hecho en Piñero los internos que quieren cursar el secundario, lo hacen cada 15 días.
En los últimos años el servicio penitenciario, ha procedido a derivar fuera de la provincia a personas privadas de la libertad que se encuentran a disposición de jueces de la provincia, alejándolos de sus jueces naturales y sus familias, violentando sus derechos básicos.
Se han producido además traslados de delegados que han participado en huelgas y reclamos.
Sigue resultando grave la cantidad de fallecidos en forma violenta, por suicidios o enfermedad, sin que se investiguen las causas de estos decesos, ni se determine sus responsables.
En el presente año han fallecido, hasta la fecha, en lugares de encierro, las siguientes personas:
» 4-2-2011: Sposito Carlos, Unidad 2 de Las Flores, fallece en el Hospital Cullen
» 8-2 -2011: Leiva Walter Javier, 24 Años, en La Unidad 3 de Rosario. Fallece en el HECA
» 8-2 2011: Fussi Vanesa, 28 años, ahorcamiento, Unidad 4 de Santa Fe
» 14-3 2011: Suarez Jorge Luis, 35 años, herida cortopunzante, Pabellon 13 de Coronda
» 22-3-2011: Larenti Pablo, 26 años, quemado, Pabellón 13 Coronda
» 12-4- 2011: Jose Ferrari, ahorcamiento, Pabellón de Castigo, Coronda.
» 22-4 2011: Maximiliano Rojas, 17 años, quemado, Penal Juvenil de Las Flores
» 3-5-2011: Lucas Gonzalez, heridas cortopunzantes, Pabellón 12 de Coronda
» 16-10-2011: Fabián Mendieta, ahorcamiento, Pabellón 11 de Coronda
» 9-11-2011: Ledesma Mario, ahorcamiento, Pabellón de Castigo, Ala Sur, Coronda
Estas muertes ocurren bajo la tutela del Estado, pero no son debidamente investigadas. A modo de ejemplo, los compañeros de pabellón, de Fabián Mendieta (muerto por ahorcamiento), denunciaron que el hecho sucede en conocimiento y ante la inactividad del personal penitenciario. Luego de la denuncia se produjeron una serie de hechos intimidatorios hacia las personas que denunciaron, las cuales siguen en la esfera del Servicio Penitenciario.
Mujeres
Las mujeres se encuentran alojadas, en la Unidad Penitenciaria Nro. 4 de la ciudad de Santa Fe, en la Unidad Penitenciaria Nro. 5 de Rosario y en la Alcaidía de Mujeres, dependiente de la Policía, ubicada en Rosario. Con relación a la Unidad 5 se encuentra en la planta Alta de la Comisaría 8 de la ciudad, y carece de las condiciones mínimas para garantizar la dignidad de las mujeres que allí viven.
Las autoridades no cumplieron con su compromiso de relocalizar esta unidad, que en teoría se llevaría a cabo en el año 2008, ante el reconocimiento que el lugar actual no tiene las condiciones de habitabilidad mínimas.
Por su parte, en la Alcaidía de mujeres, conviven en celdas de 3 y además de un pabellón común para 7. Las celdas, tienen, pese a sus pequeñas dimensiones el baño en su interior, sin puerta o división alguna que garantice la intimidad. Son constantes las quejas por lo escasa y malas condiciones de la comida. No existen controles médicos ni odontológicos, y ante infecciones son medicadas por el mismo personal policial.
Hay mujeres que se encuentran detenidas hace más de 3 años allí y jamás se les ofreció un control ginecológico. No existe posibilidad de realizar actividad laboral o educativa alguna. Tienen prohibido todo contacto físico con sus parejas o esposos, ni tan siquiera pueden darse la mano. No se les brinda la posibilidad de acceder a una visita íntima. Tienen prohibido el ingreso de afeitadoras y maquillaje. No tienen comunicación con el exterior, ya que no hay teléfono, hay un solo televisor sin antena que a duras penas capta los canales locales. Por último en el lugar deben convivir con las ratas, ante la falta de control de plagas por parte de las autoridades.
Niños
Existen detenidos en la provincia 83 jóvenes, 47 de ellos se encuentra alojados en el IRAR (Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario). Dieciocho están en el Penal Juvenil dentro de la Unidad Penitenciaria de la Provincia con asiento en la Ciudad de Santa Fe, (Cárcel de las Flores) y el resto en dependencias Policiales.
El IRAR hoy día esta administrado por la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil y el Servicio Penitenciario.
Conforme le régimen actual los jóvenes, se encuentran detenidos por orden judicial de los jueces de menores, pero no se encuentran cumpliendo condena.
El IRAR, desde que se inauguró en el año 1999, demostró ser una institución no apta, desde lo edilicio para el cumplimiento de la tutela de niños, a lo que se suma la violación a los derechos básicos de los adolescentes que es constante, ya que el lugar carece de la higiene mínima requerida, hay escasas actividades, no se encuentra garantizado el acceso de todos a la escuela. Son constantes los hechos de violencia hacia los jóvenes por parte del Servicio Penitenciario, o entre ellos, por existir graves problemas de convivencia, que no merecen intervención alguna por parte de las autoridades. También son constantes las denuncias, de torturas y apremios por parte de la policía al momento de ser detenidos, y que no derivan en investigación alguna por parte las autoridades políticas ni judiciales.
Salud
Una de las deficiencias más graves detectadas es la falta de una política seria y especifica en cuanto a la salud de los detenidos. Si bien las cárceles de Piñero y la Unidad 3 de Rosario, tienen "enfermerías" las mismas carecen de las condiciones mínimas para garantizar una atención de salud adecuada.
En todas las unidades existe personal médico, pero son constantes y sistemáticos los reclamos por la falta de atención o mala atención de salud. En este sentido, los internos han denunciado que el fallecimiento de algunos compañeros se motivó en la falta de atención médica oportuna. Estas denuncias no han sido investigadas.
Con relación a la atención odontológica la misma no solo es deficiente, sino que ciertas prácticas, deben ser abonadas por los internos.
Los efectores públicos, con excepción de la sala específica que se encuentra en el Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe, se niegan a atender personas privadas de la libertad, solo son atendidos en grave estado y son reintegrados a los penales cuando su salud no se encuentra repuesta.
Resulta alarmante la falta de política para el tratamiento y prevención de la Tuberculosis. La detección tardía, sobre todo cuando se trata de personas detenidas en dependencias policiales permite una constante diseminación de la enfermedad.
Aislamiento
Ante conflictos o supuestos conflictos de convivencia se deriva a las personas detenidas en Unidades penitenciarias a las celdas que antes se destinaban para castigo. Manteniéndose el régimen de castigo. Las personas en estos pabellones, conocidos vulgarmente como "buzones", pasan 23 horas del día encerrados, sin contacto con el exterior, sin acceso a patio, recreación, escuela, o actividad alguna. Esta situación fomenta la violencia, la autolesión y los suicidios.
Conclusión
La falta de una política seria en materia carcelaria, de una inversión adecuada, conllevan a una constante violación de los derechos básicos de quienes se encuentran privados de libertad.
Esta falta de política pública, del estado santafesino, en materia carcelaria determina altos niveles de violencia que resulta difícil detallar en cuanto no existe información oficial sobre los casos de heridos, auto lesiones, intentos de suicidio, violencia intracarcelaria y muertes, que ingresan a las estadísticas como muerte natural o por enfermedad. Asimismo el deterioro en materia de salud y las fallas graves en la atención sicológica han conducido a situaciones ciertamente dramáticas que no se reflejan en los datos oficiales.
Fuente: Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC)
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