San Martín, 9 de octubre de 2011
Por Juan Manuel Casolati
En la Provincia de Buenos Aires, en el ámbito del SPB, en los últimos cinco años murieron más personas privadas de libertad, que ciudadanos americanos a los que se les aplicara la pena de muerte en Estado de Texas desde el año 1977.
Las estadísticas a veces resultan altamente graficantes de una situación que aparece a esta altura como inconcebible en un país que se aprecia de progresista y respetuoso de los derechos humanos de todos sus ciudadanos.
Más de 500 personas privadas de su libertad fallecidas desde el año 2007 en las mazmorras del SPB, representan un nefasto e inmoral número que no solo sirve para cuantificar el desparpajo y la indecencia de las políticas públicas aplicadas en estos años por los actores y funcionarios de turno, sino mas bien para visibilizar una situación que no admite excusas y razones que permitan entender el porqué de esta situación tan agraviante a un estado democrático.
Un país que asoma con su doble moral; adhiriendo a cuanto pacto sea posible adherir, pero resistiéndose a aplicar las normas que de ellos se derivan.
Pareciera que los hechos y el sufrimiento de tantas personas, son suficientes para imponer en la agenda nacional y provincial, la urgente iniciativa de modificaciones de todo el sistema carcelario argentino en general y en particular el de la Prov. de Bs As.
Terminar con esta doble moral de país progresista y al mismo tiempo, sumamente irrespetuoso de las garantías elementales hacia las personas privadas de libertad, para pacificar ya y ahora nuestras cárceles, es una decisión política de inmediata y urgente ejecución.
De lo contrario seguiremos siendo una sociedad que se dice democrática y republicana, pero que en los hechos se asemeja a una selva del sálvese quien pueda, en la que la seguridad se convierte en la seguridad de que nuestros derechos, -de los ciudadanos libres y privados de libertad-, serán irremediablemente vulnerados por la acción y la omisión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario