Lo dijo, en diálogo con Radio La Cantora, el Juez del Tribunal Criminal de Necochea y presidente de la Asociación Pensamiento Penal, Mario Juliano. Sostuvo que el SPB “habilita y suscribe los convenios con empresas a cambio de un canon”, para instalar emprendimientos industriales que “violan toda la legislación laboral vigente”. “No sólo se trata de que las empresas ingresan a la cárcel y llevan adelante una actividad productiva en condiciones ventajosas de competencia desleal; además usufructuan las instalaciones de la cárcel, la electricidad, el gas... Ventajas que tornan a esta actividad en un negocio absolutamente redondo”.
Radio La Cantora 30|03|2012
El esclavo, la cadena y el látigo
Diario El Atlántico
En diálogo con Radio La Cantora, el Juez del Tribunal Criminal de Necochea y presidente de la Asociación Pensamiento Penal, Mario Juliano relató que “la cuestión surge a partir de las visitas que realizamos a la Unidad Penal 15 de Batán, donde veiamos de qué modo crecían los emprendimientos privados idustriales en la carcel tomando como mano de obra a los internos. Luego, averiguando un poco más, nos dimos cuenta de una situación que no dudamos en llamar de trabajo esclavo; no sólo porque se toma mano de obra en situacion de absoluta vulnerabilidad como son las personas privadas de su libertad, sino que esto está totalmente agravado por las circunstacias de total violación a todas las normas laborales. Sea en el nivel de los sueldos, la cantidad de horas de la jornada, las malas condiciones de higiene y seguridad, la falta de aportes previsionales, de obras sociales, de aguinaldo... Es decir, de la legislacion laboral completa”. Según las propias palabras del Juez, “convirtieron la cárcel en una fábrica. Además, estaban a punto de instalar en la aicaidia una fábrica procesadora de pescados. Tuvimos la posibilidad de acceder al convenio de la empresa con el Servicio, y comprobamos que también en esto habían pactado salarios miserrimos, por debajo de todas las escalas salariales”.
En su relato del camino que transitó la denuncia de su asociación, Juliano apuntó que “esta situacion fue entonces advertida también por los jueces de Ejecucion penal de Mar del Plata. Uno de ellos, el Dr. Perdicchizi sacó resolucion intimando al emprendimiento productivo para que regularizara la situación en un plazo de 90 días. Curiosamente, esta resolucin fue recurrida, apelada por la Fiscalía de Estado de la pcia. de Bs. As. Ignoro que interés se puede haber aducido para tomar esta medida. Al poco tiempo, la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el fallo de Perdicchizi. Esto fue nuevamente apelado por la Fiscalía de Estado y derivó al Tribunal de Casación que se pronunció hace unos dias afirmando que no deben existir diferencias entre el trabajo que se desarrolla en el ámbito carcelario y el que se desarrolla extramuros. En el fallo, los jueces Violini y Carral afirman que apreciaban con indignación una verdadera situación de trabajo esclavo, tal como lo habíamos denunciado desde Pensamiento Penal”.
En relación a lo que apunta el fallo del Tribunal de Casación, Juliano amplió que también la Corte Nacional se ha expedido en ese sentido, manifestando que “las únicas restricciones para las personas privadas de su libertad son las dervadas justamente de la privación de la libertad. El resto de los derechos -educación, salud, trabajo- deben ser garantizados tal como los de cualquier ciudadano, que es lo que de hecho son las personas privadas de la libertad”.
Más allá de los vaivenes legales que ha sufrido la denuncia, Juliano consideró que “lo más importante de todo esto, del fallo, de la denuncia, es la visibilización del problema; es lo que condiciona a los poderes públicos para que pongan manos a la obra al respecto”.
Otra de las estrategias de denuncia emprendidas por Juliano y su equipo fue presentar la situación al Ministerio de Trabajo de la provincia, derivando en una inspección por parte de funcionarios a la Unidad 15. “Todavia no hemos tenido resultados informados respecto de esta inspeccion”, comentó el Juez de Necochea, agregando sin embargo que “lamentablemente si nos llegaron por medio de la prensa las opiniones del delegado regional del Ministerio de Trabajo, las cuales fueron más que preocupantes, ya que a su criterio no encontró trabajo esclavo en la Unidad. Esto nos hace pensar que quizás lo que el delegado esperaba encontrar era gente trabajando encadenada o al patrón pegándoles con un látigo”, concluyó irónicamente Juliano.
Redondo negocio redondo
Reflexionando respecto de la problemática que implica el trabajo dentro d ellos contextos de encierro, Mario Juliano manifestó a Radio La Cantora que “se trata de una población vulnerable, asimilable a la que sufre la trata de personas, en el sentido de que poseen muy pocas posibilides de optar entre disintas opciones, además de la inobservancia total que existe respecto de las normas laborales”.
Según pudieron comprobar en la investigación tanto del caso de Batán como de otros similares, “quien realiza el vínculo para instalar el emprendimiento es el Servicio Penitenciario. Es quien lo habilita y lo autoriza, quien suscribe los convenios con las empresas. Todo esto a cambio del pago de un canon. No sólo se trata de la posibilidad de ingresar a la cárcel y llevar adelante una actividad productiva en condiciones ventajosas en una real competencia desleal respecto del resto; además estas empresas usufructuan las instalaciones de la cárcel, la electricidad, el gas. Es decir, ventajas que tornan a esta actividad en un negocio absolutamente redondo”.
Frente a esta situación, varias son las alternativas de acción que quedan para las personas privadas de la libertad, según la mirada del Dr. Juliano: “Primero, es muy importante que se agrupen si es que puden hacerlo. Esto contribuye mucho a la defensa de cualquier derecho. En segundo lugar, que tomen contacto con organizaciones de Derecho Humanos; así como tomar contacto también con los defensores de cada uno, para poder promover reclamos laborales, demandas, intimaciones”. Sin embargo, Juliano no deja de considerar que estas acciones son muchas veces difíciles de emprender justamente por la resistencia de los detenidos, quienes -más allá del salario misérrimo y las malas condiciones laborales- ven en estos trabajos una “posibilidad de salir de pabellon, no estar engomado, pasar el tiempo haciendo algo, así como conseguir un recurso mínimo para ayudar a la familia. Esta situacion restringe tomar deciciones. Situaciones como estas reafirman lo que dijo el filosofo argetino, el Indio Solari: Todo preso es político”.
Ampliando la perspectiva que adopta respecto del tema la organización de la que forma parte, el Dr. Juliano aclaró que “desde Pensamiento Penal no estamos en contra de trabajo en cárceles. Al contrario, consideramos que debe ser promovido y fomentado, así como debe ser promovido y fomentado fuera de la cárcel. Es sabido que el trabajo dignifica a las personas. Lo que sí debe quedar claro es que se deben respetar todas las condiciones que marca la ley, que nos igualan a todos. No existe motivo alguno para que las personas privadas de la libertad se encuentren en una situación dispar respecto de las personas fuera de la cárcel”.
Fuente: http://www.lacantora.org.ar/nota.php?idnota=1151
En su relato del camino que transitó la denuncia de su asociación, Juliano apuntó que “esta situacion fue entonces advertida también por los jueces de Ejecucion penal de Mar del Plata. Uno de ellos, el Dr. Perdicchizi sacó resolucion intimando al emprendimiento productivo para que regularizara la situación en un plazo de 90 días. Curiosamente, esta resolucin fue recurrida, apelada por la Fiscalía de Estado de la pcia. de Bs. As. Ignoro que interés se puede haber aducido para tomar esta medida. Al poco tiempo, la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el fallo de Perdicchizi. Esto fue nuevamente apelado por la Fiscalía de Estado y derivó al Tribunal de Casación que se pronunció hace unos dias afirmando que no deben existir diferencias entre el trabajo que se desarrolla en el ámbito carcelario y el que se desarrolla extramuros. En el fallo, los jueces Violini y Carral afirman que apreciaban con indignación una verdadera situación de trabajo esclavo, tal como lo habíamos denunciado desde Pensamiento Penal”.
En relación a lo que apunta el fallo del Tribunal de Casación, Juliano amplió que también la Corte Nacional se ha expedido en ese sentido, manifestando que “las únicas restricciones para las personas privadas de su libertad son las dervadas justamente de la privación de la libertad. El resto de los derechos -educación, salud, trabajo- deben ser garantizados tal como los de cualquier ciudadano, que es lo que de hecho son las personas privadas de la libertad”.
Más allá de los vaivenes legales que ha sufrido la denuncia, Juliano consideró que “lo más importante de todo esto, del fallo, de la denuncia, es la visibilización del problema; es lo que condiciona a los poderes públicos para que pongan manos a la obra al respecto”.
Otra de las estrategias de denuncia emprendidas por Juliano y su equipo fue presentar la situación al Ministerio de Trabajo de la provincia, derivando en una inspección por parte de funcionarios a la Unidad 15. “Todavia no hemos tenido resultados informados respecto de esta inspeccion”, comentó el Juez de Necochea, agregando sin embargo que “lamentablemente si nos llegaron por medio de la prensa las opiniones del delegado regional del Ministerio de Trabajo, las cuales fueron más que preocupantes, ya que a su criterio no encontró trabajo esclavo en la Unidad. Esto nos hace pensar que quizás lo que el delegado esperaba encontrar era gente trabajando encadenada o al patrón pegándoles con un látigo”, concluyó irónicamente Juliano.
Redondo negocio redondo
Reflexionando respecto de la problemática que implica el trabajo dentro d ellos contextos de encierro, Mario Juliano manifestó a Radio La Cantora que “se trata de una población vulnerable, asimilable a la que sufre la trata de personas, en el sentido de que poseen muy pocas posibilides de optar entre disintas opciones, además de la inobservancia total que existe respecto de las normas laborales”.
Según pudieron comprobar en la investigación tanto del caso de Batán como de otros similares, “quien realiza el vínculo para instalar el emprendimiento es el Servicio Penitenciario. Es quien lo habilita y lo autoriza, quien suscribe los convenios con las empresas. Todo esto a cambio del pago de un canon. No sólo se trata de la posibilidad de ingresar a la cárcel y llevar adelante una actividad productiva en condiciones ventajosas en una real competencia desleal respecto del resto; además estas empresas usufructuan las instalaciones de la cárcel, la electricidad, el gas. Es decir, ventajas que tornan a esta actividad en un negocio absolutamente redondo”.
Frente a esta situación, varias son las alternativas de acción que quedan para las personas privadas de la libertad, según la mirada del Dr. Juliano: “Primero, es muy importante que se agrupen si es que puden hacerlo. Esto contribuye mucho a la defensa de cualquier derecho. En segundo lugar, que tomen contacto con organizaciones de Derecho Humanos; así como tomar contacto también con los defensores de cada uno, para poder promover reclamos laborales, demandas, intimaciones”. Sin embargo, Juliano no deja de considerar que estas acciones son muchas veces difíciles de emprender justamente por la resistencia de los detenidos, quienes -más allá del salario misérrimo y las malas condiciones laborales- ven en estos trabajos una “posibilidad de salir de pabellon, no estar engomado, pasar el tiempo haciendo algo, así como conseguir un recurso mínimo para ayudar a la familia. Esta situacion restringe tomar deciciones. Situaciones como estas reafirman lo que dijo el filosofo argetino, el Indio Solari: Todo preso es político”.
Ampliando la perspectiva que adopta respecto del tema la organización de la que forma parte, el Dr. Juliano aclaró que “desde Pensamiento Penal no estamos en contra de trabajo en cárceles. Al contrario, consideramos que debe ser promovido y fomentado, así como debe ser promovido y fomentado fuera de la cárcel. Es sabido que el trabajo dignifica a las personas. Lo que sí debe quedar claro es que se deben respetar todas las condiciones que marca la ley, que nos igualan a todos. No existe motivo alguno para que las personas privadas de la libertad se encuentren en una situación dispar respecto de las personas fuera de la cárcel”.
Fuente: http://www.lacantora.org.ar/nota.php?idnota=1151
