LOS VERDADEROS PROBLEMAS EN LAS CÁRCELES

Por: Alejandro Mosquera 

Las políticas del miedo intentan que cada uno se vea en soledad frente a peligros abstractos o reales. 

El debate sobre las salidas de las personas detenidas no debe ocultar cuál es el real problema de las cárceles argentinas. En la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria ha desarrollado una vasta experiencia en ocho años de inspecciones a lugares de encierro, donde se entrevistaron más de 15 mil personas detenidas. Año tras año se llevan a cabo más de 120 visitas a cárceles, comisarías y centros de detención de niños. Esto nos ha permitido realizar un amplio diagnóstico y a la vez proponer caminos de reforma estructural de la política y las prácticas que se ejecutan tanto desde el poder administrador como del judicial.

Nuestra visión sobre los problemas del sistema penitenciario, en particular el bonaerense, debe encuadrarse en el marco de un sistema mayor al cual denominamos el sistema de la crueldad; concepto sin el cual no se comprende su raíz estructural, ni las relaciones interpoderes que lo hacen posible. En ese sentido marcamos y estudiamos cuatro núcleos esenciales: la tortura como práctica sistemática, la sobrepoblación en la totalidad del sistema con nichos de hacinamiento crítico, condiciones inhumanas de detención violatorias de toda la normativa vigente y la corrupción estructural en la administración penitenciaria. Y dentro de la trama que da realidad y consistencia al sistema, está la responsabilidad de gran parte del poder judicial que no investiga los hechos, consagrando la impunidad. 

Estos hechos relatados en los informes anuales que hacemos públicos, o en los 8218 habeas corpus y acciones urgentes individuales y en los 30 habeas corpus colectivos presentados, o en las denuncias penales que hemos llevado a cabo probando incluso la utilización de la picana eléctrica, o el submarino seco, están profundamente ligados a las políticas de seguridad pública. En nuestra provincia, cuando analizamos las políticas basadas en "demagogia punitiva" y "mano dura", en el control social como principal misión de la policía, acompañada siempre por su autogobierno y pactos corporativos con el poder político; o impugnamos los rasgos hiperclasistas de la justicia, de la inflación reaccionaria del código procesal; estamos hablando de las marcas profundas de la dictadura y el neoliberalismo. Cuando el discurso hegemónico estigmatiza a los jóvenes pobres como "peligrosos" y la agencia policial los hecha de los centros urbanos, o los amenaza o detienen arbitrariamente en las barriadas, y algunos dirigentes políticos piensan en juntar votos reclamando la baja de la edad de imputabilidad, mientras hay impunidades de las grandes bandas, también son las marcas profundas del genocidio y los noventa. 

Estos son los problemas graves que debemos apuntar a solucionar. La discusión social está cruzada también por el paradigma punitivo y autoritario, y no es sólo una cuestión de dirigentes políticos ávidos de conseguir apoyos a cualquier precio. Por eso en el debate sobre las cárceles apelar al miedo, o asustar a la gente con la determinación de un juez o de un funcionario por una salida de un detenido y, aun más, si está ajustada a derecho, no ayuda a discutir los principales problemas que sí son contradictorios con la democracia, la vigencia de los Derechos Humanos y el mejoramiento de la seguridad ciudadana. Las políticas del miedo han sido el instrumento de las derechas autoritarias y de los que defienden el negocio de la inseguridad tanto por sus ganancias económicas como por aquellos que quieren mantener el poder corporativo policial-penitenciario. 

En la provincia de Buenos Aires se ha creado en el marco del otorgamiento de medidas cautelares de la CIDH sobre los detenidos del complejo de unidades penales de San Martín, una mesa de diálogo y seguimiento entre representantes del Poder Ejecutivo nacional, del Ejecutivo provincial, del Poder Judicial provincial y la Procuración General y los peticionantes de esas medidas cautelares (CPM y CELS) que está discutiendo los problemas estructurales del sistema de encierro bonaerense. No tiene asegurado el rumbo porque se deberá comprobar la voluntad política de cambio y superación de los males que señalamos, pero una oportunidad cierta de cambio, que no hay que desaprovechar.

Sólo en el sentido de utilización o estimulación del miedo y con el marco de la magnitud de la repercusión mediática que tuvo el debate sobre salidas de detenidos, se explica que los legisladores de la fuerza que preside Mauricio Macri visiten la Unidad Penal de Ezeiza para ver cómo actúa el Servicio Penitenciario Federal, cuando fue el propio jefe de gobierno quien vetó la Ley 3298 que creaba el Comité contra la tortura y otros tratos crueles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que hubiera podido jugar un gran papel tanto en el control de las policías y penitenciarios, como acercar propuestas que garanticen mayor vigencia de la seguridad y los Derechos Humanos. 

Las políticas del miedo intentan que cada uno se vea en soledad frente a peligros abstractos o reales, interpelan a la idea de un "otro" peligroso para "mí", y que para "salvarme" se deben extremar medidas: seguridad privada, alarmas, o policías con poderes arbitrarios. Es aquella idea que emergió cuando en una manifestación a Plaza de Mayo se cambió la letra del Himno Nacional y la "libertad" se remplazó por "seguridad, seguridad, seguridad". Por el contrario, un nuevo paradigma de seguridad ciudadana es una construcción colectiva que necesita de la participación ciudadana. Es cimentar un país donde sea definitivamente incompatible la democracia y los Derechos Humanos con la tortura en las cárceles o el fusilamiento de un pibe por el gatillo fácil policial. El nuevo paradigma para abrirse paso necesita de reformas estructurales y la Argentina tiene dada las condiciones para transitarlo. Ese paradigma necesita de más igualdad y más democracia, es decir, derrotar y superar las marcas que nos dejaron el genocidio y el neoliberalismo.