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viernes, 27 de abril de 2012

Unidad 2 de Marcos Paz: Torturar por diversión



Cada 16 de julio, el Servicio Penitenciario Federal festeja el día de sus agentes. ¿Cómo lo celebra? Torturando detenidos. El año pasado, quién sirvió de divertimento para los oficiales de la Unidad 2 de Marcos Paz fue Braian Nuñez, un joven que el día anterior a los hechos había cumplido 19 años. Su madre, Liliana Valenzuela, dialogó esta semana con Radio La Cantora y contó detalles de la causa, que en los próximos meses llevará a juicio a siete penitenciarios. “Pata-pata, palazos y patadas en su cabeza, piernas y espalda, encendedores prendidos y cigarillos apagados en la planta de sus pies...” fue parte del lamentable itinerario que Braian tuvo que recorrer para placer de quienes deberían “rehabilitarlo”.
 
Radio La Cantora - 27|04|2012
La resaca de la fiesta penitenciaria
R.L.C.
 
“El dia 15 de julio de 2011 mi hijo cumplió 19 años estando detenido en la Unidad 2 de Marcos Paz”, comienza su relato Liliana Valenzuela, madre de Braian Nuñez, hoy detenido en la Unidad 47 del Servicio Penitenciario Bonaerense como medida de protección tras su denuncia por los aberrantes hechos que le tocó vivir en aquella jornada del año pasado. “Era un día viernes -continúa su madre, en diálogo con Radio La Cantora-, un día especial porque no había visita pero nosotros pudimos festejar su cumpleaños. Al otro día volví a visitarlo, el 16, y había mucho movimiento en la Unidad; era el día de festejo de los penitenciarios federales. Los agentes estaban alegres, ya bastante pasaditos porque hablaban fuerte; había vino y asadito... Nosotros tuvimos la visita y, cuando me fui, mi hijo estaba en buenas condiciones. Al salir me emepcé a sentir mal: el pecho se me cerraba, empecé a transpirar, me ahogaba y tenía calor... Tenía el presentimiento de que algo le estaba pasando a mi hijo”.

Liliana comenta que Braian siempre la llamaba por teléfono mientras ella estaba en el viaje de regreso a su casa, en Capital Federal. Ese día no la llamó. “Al terminar la visita los penitenciarios lo fueron a buscar. Le dijeron que el Jefe de visita no quería que los detenidos viesen el partido de Argentina que se estaba por jugar. Mi hijo no reaccionó y entonces lo mandaron a llamar de nuevo. ¿Qué pasa?, les preguntaba mi hijo... Abrieron la reja, lo pusieron contra la pared, lo esposaron con una mano libre y empezaron a pegarle cachetazos para que reaccionara mal. Los penitenciarios estaban alcoholozados. Como Braian sólo preguntaba qué pasaba y gritaba para que lo suelten, lo esposaron de las dos manos y lo llevaron a ver al Jefe inventando que él le había faltado el respecto...”

Lo que siguió para Braian Nuñez fueron ocho horas de tortura para disfrute de los agentes: “Lo esposaron de pies y manos, en posición de `chanchito` y sujeto con un gancho. Le practicaron el pata-pata, le pegaron patadas con los borcegos en la cabeza, las piernas y la espalda, le prendían encendedores en la planta de los pies y le apagaban cigarrillos en las piernas, donde él ya no sentía nada...” Todo esto mientras el Jefe los miraba tomando vino, indicando a sus subalternos que se detuviesen... pero para descansar y seguir. Según lo que supo Liliana a partir de este lamentable episodio es que no se trata de un hecho aislado: “El Servicio Penitenciario Federal elige una persona detenida para torturarla durante el día del penitenciario; es para diversión de ellos, como forma de festejo. Ese día le tocó a mi hijo. Desde entonces, le borraron la sonrisa como si nada”.

A partir de lo sucedido, siete oficiales se encuentran procesados -incluyendo al director de la Unidad- y serán llevados a juicio el mes próximo. Al mismo tiempo, la familia Nuñez espera con ansias que a Braian se le dicte prisión domiciliaria, una morigeración que debería considerarse innegable en estos casos, a menos que la Justicia considere beneficioso para su “resocialización y rehabilitación” que Braian permanezca en el contexto criminal del que fue -y es- víctima.
 

jueves, 29 de marzo de 2012

Ni "autogobierno" ni "aberración": POLÍTICA DE ESTADO

(AW)"Bruno Rodríguez Monsalve tenía 24 años. El 18 de enero, preso en la comisaría 2ª de Trelew, vio y escuchó a los nueve policías provinciales que torturaron a un joven de 16 años, usando, entre otros métodos, la violación con un bastón "Tonfa". Su testimonio era clave.Durante la instrucción de la causa, Bruno confió en las garantías que el propio estado torturador le ofreció para protegerlo, tras haber sido objeto de incontables amenazas a su vida. Así, lo trasladaron a otra provincia para "resguardar su vida" porque no estaba seguro en su hogar. Volvió a Trelew esta semana para retirar su DNI, necesario para conseguir trabajo en su nuevo lugar de residencia. Pensaba hacer el trámite en el día y regresar, pero ese mismo día, llegó a su casa mortalmente herido, con tres puñaladas. Clarísima advertencia, además, para los demás testigos, el joven víctima de la tortura y su familia.No necesitamos que se identifique a los autores materiales de este asesinato para conocer la identidad de los responsables políticos, ni nos convencen las declamaciones del gobierno provincial y el gobierno nacional para despegarse del crimen". Parte de contundente comunicado del Encuentro Nacional Antirrepresivo.

El gobernador de Chubut, Martín Buzzi, quiere lavarse las manos con la renuncia del jefe de policía Juan Carlos Siri, como si la represión fuera un problema de "cambio de figuritas" y no una política de estado. La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, se lamenta en 140 caracteres, hablando de "aberración" y alegando el "autogobierno de la policía". Recurrentemente, cada vez que sus policías, sus gendarmes, sus prefectos o sus guardiacárceles matan, violan, torturan, secuestran o protagonizan los peores delitos y sobreviene la indignación popular, nos vienen con el argumento de la "burocracia autónoma", el "descontrol", la "política propia" o el "autogobierno".

Como si las fuerzas de seguridad no dependieran, vertical y jerárquicamente, del gobierno de turno, más allá de sus internas, que reproducen muchas veces las del partido de gobierno. Como si, alguna vez, las fuerzas de seguridad desobedecieran una orden cuando se los manda a reprimir. Como si, en lugar de parte del APARATO REPRESIVO DEL ESTADO, fueran una banda amorfa, innominada, dirigida desde algún lugar de la estratósfera.

El aparato represivo ES EL ESTADO. Y su jefe es el gobierno que lo administra, en cada ciudad, provincia y nación. El gatillo fácil, las torturas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones, son las herramientas de los de uniforme, mientras jueces y fiscales, legitimadores de la represión, garantizan su impunidad, como la semana pasada vimos también en Trelew, con la absolución de los asesinos de Julián Antillanca.

NO ES UN POLICÍA, NI NUEVE: ES TODA LA INSTITUCIÓN, QUE EJECUTA UNA POLÍTICA DE ESTADO.
¡INSEGURIDAD ES LA POLICÍA EN LAS CALLES!
¡GATILLO FÁCIL ES REPRESIÓN!

ENA - Encuentro Nacional Antirrepresivo
Integrado por:
CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional);
FAM (Frente Antirrepresivo de Mar del Plata);
CADH (Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario);
Sociedad de Resistencia (Mendoza),
AGARRE (Acción Grupal Antirrepresiva Estatal- Comodoro Rivadavia);
Corriente del Pueblo (Jujuy),
Jóvenes KURMI (Jujuy),
Movimiento Campesino de Jujuy (MoCaJu);
Militantes Antirrepresivos de Olavarría;
Colectivo de Militantes por los Derechos Humanos de El Bolsón;
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Cordoba (CADDHH);
Pájaros en la Cabeza (Santa Fe);
Antirrepresión (Misiones);
Centro Cultural y Social Estación Esperanza (Rafaela).

Fuente: http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=article&id=8239&Itemid=114

viernes, 23 de marzo de 2012

Jornada de alegatos en el juicio por el asesinato de Gorosito Monterrosa

Radio La Cantora
23|03|2012

Tras ocho largas horas de debate, se completaron hoy todos los alegatos por el juicio en el que se imputa a tres agentes penitenciarios por la violación seguida de muerte del joven Luis Ángel Gorosito Monterrosa, en abril de 2004. La Fiscalía pidió que se condene a dos de ellos por el crimen, mientras que consideró prescripta la causa contra el entonces director de la Unidad 29. Los abogados que representan a la familia de la víctima mantuvieron la acusación contra los tres agentes, solicitando cadena perpetua para todos ellos. La posición de la defensa pidió por su parte la total absolución de los involucrados por tratarse, según ellos, de “un hecho que nunca ocurrió”. El próximo viernes se conocerá el veredicto.
Bruni, Tártara y Berzosa, deciden -Diario Hoy

Desde las 9 de la mañana del día de hoy se desarrolló la última jornada de debate por el juicio que intenta esclarecer la muerte de Luis Ángel Gorosito Monterrosa, quien el 24 de abril de 2004 se encontraba privado de su libertad en la Unidad 29 de Melchor Romero, donde fuera violado e incinerado por personal del Servicio Penitenciario. Se trató, en el caso de este viernes, del turno de los abogados de las partes para expresar sus alegatos, mientras que la resolución final del Tribunal Oral en lo Criminal n°4 de La Plata se conocerá dentro de exactamente siete días.

En primer turno, quien tomó la palabra fue la fiscal, Dra. Langone, para manifestar que consideraba que, luego de las sucesivas jornadas de debate y de la colecta de testimonios, no resultaron suficientes las pruebas que permitieran responsabilizar a Humberto Martino (entonces director de la Unidad 29) como autor o cómplice del crimen, por lo que -transcurrido el tiempo desde el hecho que estipula la ley- la responsabilidad que se le imputa se encontraría prescripta y Martino debería ser absuelto. En cambio, en el caso de los agentes Sergio Chaile y José Pedroso, la fiscal manifestó que deberían ser considerados por el Tribunal, respectivamente, como autor intelectual y material y como cómplice por “omisión funcional”. Según la representante oficial, a lo largo del juicio pudo demostrarse -mediante la participación de distintos peritos médicos- que existieron signos de violación sexual en el cuerpo de Gorosito Monterrosa, previo a las quemaduras que los agentes le provocaron en el 60% de su cuerpo. Sobre esto último, concluyó que “las marcas del fuego son en forma de reguero, serpenteante, con un límite preciso, provocadas por un líquido inflamable que Gorosito no pudo haberse rociado a sí mismo, y que fue encendido por una llama viva, no por un cigarrillo” (tal como esgrime la defensa de los penitenciarios).

Según expresó la Dra. Langone, Sergio Chaile debería ser considerado por los jueces como autor penalmente responsable de tortura seguida de muerte, subrayando el hecho de que “el abuso sexual en contextos de encierro es un acto de tortura”. Por ello, Chaile debería recibir la pena de prisón perpetua e inhabilitación perpetua para desempeñarse como funcionario público. Por el lado de José Pedroso, la fiscal señaló que el agente “informó falsamente, salvó su responsabilidad y no hizo nada para evitar el hecho”, por lo que debería ser condenado a 10 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para desempeñarse como funcionario público.

Ataque y contrataque

Cuando llegó el turno del alegato de los abogados que representan a la familia de la víctima, el Dr. Javier Percow ratificó el hecho de que las pericias médicas permitieron comprobar que Luis Ángel Gorosito Monterrosa fue violentado sexualmente antes de ser rociado con alcohol y prendido fuego en vida. Como los propios agentes penitenciarios lo indicaron, Gorosito no podía tener contacto con ningún otro detenido por encontrarse en aislamiento, de lo que se deriva que no pudieron ser otros que los propios penitenciarios quienes lo “ultrajaron e incendiaron”. Según el análisis del Dr. Percow, la intención inicial de los agentes no habría sido dar muerte a Gorosito, sino maltratarlo al extremo preservándolo con vida; esto se desprendería del hecho de que se intentó apagar el incendio originado y de que se dio un pronto traslado del detenido al hospital extramuros de Alejandro Korn.

Según también señaló Percow (integrante del equipo de litigio Comité contra la Tortura de la pcia. de Bs As.), Chaile habría sido el autor material del asesinato con la complicidad de los otros dos imputados; tanto José Pedroso como Humberto Martino serían así “partícipes por omisión” y habrían “asegurado su impunidad”. De hecho, como señalara Radio La Cantora días atrás en otra crónica de este mismo juicio, el director de la Unidad (Martino) elaboró el informe oficial que debía dejar asentado y esclarecido el hecho valiéndose únicamente del testimonio de los mismos agentes involucrados en perpetrar el crimen, respaldando así su versión de inocencia. Otro de los puntos a partir de los cuales el Dr. Percow recalcó la complicidad del Servicio Penitenciario en función de proteger a los asesinos fue el que denuncia la adulteración, por parte de distintos actores de la institución, de muchas de las pruebas del caso. “El SPB no preservó ninguna -afirmó en su alegato-. Ninguno de los libros públicos deja constancia de nada de lo ocurrido; las cintas de video de monitoreo fueron cortadas e, incluso, el cuerpo de la víctima fue lavado para borrar rastros”.

Según su evaluación de todo el proceso, la parte representante del particular damnificado consideró, entonces, que la calificación de la pena para todos los imputados debe ser la de “abuso sexual (entendido como tortura) seguido de muerte por incendio”, por lo que a los tres agentes penitenciarios les cabría la pena de prisión perpetua.

Al turno de iniciar sus alegatos, parte de la defensa de los imputados consideró a esta última manifestación de la querella como una “acusación tribunera” que ampliaría la imputación inicial en el caso de Pedroso y Martino, lo cual “no puede hacerse en los alegatos”.

Luego de que los animos se hubieren calmado tras el revuelo que literalmente provocó la posición del Dr. Percow respecto de la pena que le cabría por igual a todos los imputados (“No me gritaban así desde que murió mi padre”, dijo el letrado ante el escándalo que montó un representante de los acusados), se dio paso a los alegatos de la defensa. En todos los casos, se intentó argumentar en torno a la falta de mérito de las pericias médicas que demostraron la violación y la incineración del cuerpo de Gorosito. Se las calificó de “vagas” y se tildó a una de las funcionarias médicas involucradas de “soberbia”. Frente a esas pruebas científicas, la defensa del agente Pedroso, por ejemplo, sugirió que el semen hallado en el ano de Gorosito “sería de sí mismo”.

Por su parte, la defensa de Martino dedicó gran parte de sus esfuerzos en el alegato a diferenciar el crimen de su defendido de los crímenes ocurridos durante la última dictadura militar, pretendiendo que de esta forma no se lo considerase partícipe rector del crimen en su carácter de superior y responsable de la Unidad. Finalmente, la defensa de Chaile apuntó reiteradamente a demostrar que, en su caso, se trata de “un buen hombre de familia”, lo cual de alguna manera lo haría incapaz de cometer el crimen del que se lo acusa.

La información final de la jornada indica que los jueces del Tribunal IV Juan Carlos Bruni, Gloria Berzosa y Emir Caputo Tartara se tomarán la próxima semana para deliberar en torno al caso y comunicarán el veredicto y sus argumentos el viernes 30 a partir del mediodía, en la misma Sala A de los Tribunales platenses de calle 8.