La Rusita: "Escribir para canalizar la bronca"

(AW) Intervención de la ex detenida en la unidad Nº 3 apodada "La Rusita" en la presentación del libro de nuestro compañero Oscar Castelnovo "Intensidades de Mujer", presentado en el hotel Bauen el miércoles 18 de noviembre pasado.

Video:

Fuente: http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=26&Itemid=117&limitstart=14

Intensidades de Mujer: intervención de Wally, ex detenida en Ezeiza

(AW) Intervención de Wally, ex detenida en la Unidad Nº 3 de Ezeiza, durante la presentación del libro "Intensidades de Mujer" de Oscar Castelnovo, realizada el 18 de noviembre de 2009 en el hotel Bauen.

Video:

Fuente: http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=26&Itemid=117&limitstart=7

Intensidades de Mujer: Liliana Daunes recita un poema de la "Rusita"

(AW) Liliana Daunes, lee el cuento de la "Rusita" (ex detenida en Ezeiza), "Pinceladas de un amor enjaulado" durante la presentación del libro "Intensidades de Mujer", realizada en el hotel Bauen el pasado 18 de noviembre.

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Fuente: http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=26&Itemid=117

Intensidades de Mujer: "Este libro es una puerta hacia el afuera", Alcira Daroqui

(AW) Intervención de la profesora de la UBA Alcira Daroqui, durante la presentación del libro "Intensidades de Mujer" de Oscar Castelnovo, realizada el 18 de noviembre de 2009 en el hotel Bauen.

Video:

Fuente: http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=26&Itemid=117

Alevosas torturas a presos

(AW) Los detenidos son obligados a colocarse desnudos frente a la pared y allí son golpeados, en el pabellón B de la Alcaidía de Rosario, entre otras sevicias perpetradas por los penitenciarios y demostradas contundentemente, con fotos, por la Coordinadora de Trabajo Carcelario.

Rosario, (20 de Octubre de 2009) La tortura en la alcaidía tiene como parámetros generales el maltrato permanente, el encierro, la falta de agua, luz, la comida de pésima calidad, muchas veces en mal estado; el maltrato a la visita, la incitación a las peleas por parte del personal policial, la deficiente atención médica.

En relación a los golpes los internos nos manifiestan que son obligados a desnudarse a ponerse contra la pared y allí los golpean con los palos y también les dan patadas, en una de las fotos se visualiza una suela sobre la espalda, también son obligados a correr desnudos y en ocasiones les tiran escopetazos por el pasa platos.

Por otra parte, los organismos oficiales que debieran ejercer un control brillan por su ausencia como por ejemplo la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, la Defensoria del Pueblo, La Comision de Derechos y Garantías; sin hablar del poder judicial que ante las reiteradas denuncias hechas por la CTC y por los familiares de los presos no ha tomado medidas eficientes que terminen con la violación a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad alojadas en el pabellón B de la Alcaidía de Rosario.

“El panorama no podía ser más desolador”

El lunes concurrimos a las 17 horas a la Alcaldía, luego que familiares de detenidos se comunicaran con esta organización, para informar que un grupo de mujeres se había quedado en el pabellón b con sus esposos solicitando el urgente traslado, ya que se encontraban golpeados.

El jefe de Alcaidía nos confirma la situación informando que algunos de los jueces no autorizaban los traslados bajo presión. Luego se comunicaron con el Juez en turno quien nos manifiesta que nada puede hacer ante la orden de cada juez. Después de intentar comunicarnos, infructuosamente, con las autoridades políticas, concurrimos al Pabellón B, de la Alcaldía, donde el panorama no podía ser más desolador.-

Los detenidos se encontraban todos encerrados, desde el día anterior a las 6 de la tarde sin poder salir. En una celda, para dos personas, había 9, siete detenidos y dos mujeres.- El patio central, cubierto de un espeso polvo blanco, producto, de los gases lacrimógenos, que los detenidos nos refirieron les tiraron entre la noche y la mañana de este día. También tiraron un escopetazo. A través de los pasaplatos, nos llamaban, desde las celdas oscuras, ya que tenían la luz cortada. No solo los 7 que estaban con las mujeres y pedían el traslado urgente estaban golpeados, sino que una gran mayoría denunció golpizas, por la guardia armada y una de las guardias del pabellón, y además otro tipos de tormentos, como hacerlos correr desnudos por el patio, mientras les pegan.

Las imágenes grafican los golpes inflingidos a los detenidos.-Desde todo el pabellón nos llegaron reclamos de todo tipo y principalmente sobre la atención médica, el maltratato permanente, los golpes y la cantidad de horas que permanecen encerrados en celdas sin agua. Luego de varias horas, y mediante la intervención de esta organización, se logró que los jueces permitieran los traslados, efectivizándose los mismos, hacia la Unidad 3 y en un caso a una comisaría. El próximo lunes, estaremos presentado las fotografías ante el juzgado en turno y ante la oficina de control que dirige el Dr. Armas, quien presente en el lugar, pudo constatar la situación.- Esperamos, que estos graves hechos sean el principio del fin de los tormentos que los detenidos y en algunos casos sus familiares sufren en alcaidía y que han sido denunciados ante instancias administrativas y judiciales, en varias oportunidades sin respuesta.

COORDINADORA DE TRABAJO CARCELARIO

Dos muertos en seis días

Sábado, 17 de Octubre de 2009 14:16

La noticia da cuenta de la barbarie represiva en las prisiones. Mientras el titular del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio, dice lo contrario, el accionar de los hombres de gris bajo su mando exhibe una brutalidad que pulveriza la fláccida cosmética de sus palabras.

Buenos Aires, 17 de octubre de 2009, (Agencia Rodolfo Walsh) El pasado 11 de octubre a las 2 de la mañana un joven detenido en la Unidad 2 de Villa Devoto fue muerto de un facazo. Estaba en un pabellón de estudiantes y trabajadores donde no tiene precedente un crimen semejante. El 5 de octubre se ahorcó un muchacho preso en el Complejo de Ezeiza. Horas antes había regresado de un comparendo a su juzgado y, según relató, había recibido malas noticias respecto de su causa. Entonces requirió a las autoridades no ser "engomado" (encerrado), porque iba a lastimarse. Pero lo engomaron igual, porque –se sabe- así se divierten los hombres de gris.

Por su parte, familiares de detenidos habían caracterizado como “muy preocupante” un asesinato cometido en el mes de agosto en la Unidad 19, colonia abierta en la que no había antecedentes de muertes violentas.

Esta vez, Marambio podrá reiterar que sus hombres no fueron los asesinos, pero volverá a faltar a la verdad. ¿O acaso no es el Estado a través de sus agentes quien debe resguardar a los seres humanos en el encierro? ¿O acaso los penitenciarios son abonados a un ring side donde dos o más combatientes se enfrentan a muerte? ¿Para eso se invierten 9400 pesos destinados al resguardo de cada detenido?

Más allá de lo que afirme Marambio en sus declaraciones, muerte, tortura y humillación cotidianas son los datos relevantes de las prisiones. También el robo del dinero, alimentos, medicación y elementos de higiene de los cautivos.

Entre otros elementos esto es posible porque el gobierno nacional, quien firmó en 2004 el Protocolo Facultativo del Convenio contra la Tortura y otros tratos Inhumanos y Degradantes, omitió toda acción dirigida a ponerlo en marcha. El protocolo obliga a activar un Mecanismo Nacional de Prevención y de control popular de las prisiones a través de entidades humanitarias y otras organizaciones dedicadas a evitar y enfrentar la barbarie, por caso con auditorias sorpresivas. Ya pasaron más de 5 años y nadie da explicaciones de por qué se ha incumplido este compromiso internacional.

Variedad represiva

De este modo, decenas de presos y cautivas indicaron –según el informe anual 2008 de la Procuración Penitenciaria de la Nación-, algunas de las prácticas efectuadas por los grises: Quemaduras, asfixia, violencia sexual, introducción de bastones/palos en el ano, mutilaciones, puntazos, hacer “pilas humanas”, disparos, patadas en los genitales, ducha de agua fría, obligación de ingerir psicofármacos, obligación de desnudarse, ser arrastrado/a de los pelos, entre otras.

Los ensañamientos en las prisiones se han incrementado de tal manera que, hasta los medios que normalmente invisibilizan la vida tras los muros, han difundidos algunos hechos notables. Así, vimos reiteradamente por TV cómo un desnudo penitenciario bonaerense, con los genitales empapados en combustible, eludía los amagues de sus camaradas quienes con los encendedores prendidos jugaban a “te los prendo/no te los prendo”. Aunque reprochable, la “bienvenida” a su compañero fue infinitamente más dócil que la que reciben los presos.

En los penales federales las muertes violentas o a causa de enfermedades (generalmente agravadas ex profeso en el encierro) conforman un porcentaje elevado con relación a la población total. El indicador de fallecimientos es paradigmático del nivel de violencia que estructura la mala vida de las cárceles, aunque el SPF no brinda información confiable respecto de la cifra de muertos. Así lo destacaron el Centro de Estudios Legales y Sociales y también el Centro de Política Criminal y Derechos Humanos.

En el último mes, la violencia en los penales del SPF ha recrudecido considerablemente. Parte de ello se relaciona con la política de “encierro dentro del encierro” que parece ser una herramienta muy utilizada por la actual conducción. El “genial” modo de evitar la conflictividad que ha encontrado la dirección del SPF es el engome en las celdas hasta por 23 horas. Sin embargo, esta medida no solo no ha disminuido la violencia, sino que se ha acrecentado la cantidad de muertes.

Una vez más, los hechos exhiben –sin esfuerzos- que la prisión es un deposito donde se amontonan los pobres para devastarles su humanidad y, al mismo tiempo, es el escenario de un rentable negocio para quienes convierten en buen billete el dolor y la sangre de los más vulnerados hijos del pueblo.

Oscar Castelnovo

(Fuentes de prensa de la Procuración confirmaron las muertes y que se labraron las acciones judiciales pertinentes para investigar por orden del procurador Francisco Mugnolo)

Unidad San Cayetano: “Un campo de concentración nazi”

Sábado, 17 de Octubre de 2009 14:12 (AW) Madres y esposas de cuatro internos sin condena alojados en el Penal Nº 6 de San Cayetano exigieron, recientemente, al Gobierno que destituya a las autoridades y a los oficiales penitenciarios de esa Unidad, y que ordene el traslado de sus hijos a comisarías luego de que la Fiscalía Nº 5 constatara que fueron víctimas de reiterados vejámenes.

Corrientes, (Momarandú.com) Las mujeres solicitaron una audiencia al Ministro de Gobierno Walter Insaurralde, pero fueron recibidas por el Subsecretario Coordinador de Gabinete del Ministerio de Gobierno y Justicia, Marcelo Ponce de León. “Nuestros hijos son golpeados salvajemente; los oficiales entran temprano en la mañana a los pabellones en cuadrillas de hasta veinte y los patean hasta dejarlos sin aliento”, narraron las madres luego de entregar un petitorio al Gobierno.

En él, las mujeres solicitan la inmediata destitución de las autoridades esa unidad carcelaria, el procesamiento de los oficiales que participan de esos “operativos” y que ordene el traslado de sus hijos a comisarías.

“Los amenazaron de muerte. Un oficial llamado Leiva nos dijo que él se hacía cargo del último atentado y que si seguíamos con las denunciar íbamos a sacar a nuestros hijos en un cajón”, narró una de ellas a Momarandu.com.

Las mujeres informaron que el viernes pasado al Fiscalía Nº 5 constató con pericias médicas los vejámenes denunciados. “Presentamos recursos judiciales y la justicia se trasladó al lugar. Fue horrible, están muy maltrechos”, dijeron.

Pero no es la primera vez que esto ocurre. En octubre, los seis Juzgados de Instrucción de los que dependen los veinticuatro internos del pabellón de menores comenzaron a investigar horribles hechos que habrían ocurrido en al Unidad Penal Nº 6 de San Cayetano.

Es que los internos habían elevado un documento al Juzgado de Menores Nº 6 en el que describían “torturas y castigos” por parte de efectivos del Servicio Penitenciario, en especial del Equipo de Tareas investigativas”, y el “asesinato encubierto” la navidad pasada de Carlos Duarte, por quien se informó oficialmente suicidio.

La carta fue remitida también al Superior Tribunal de Justicia y al Fiscal General del STJ César Sotelo, que derivó las investigaciones del caso al Fiscal Adjunto Jorge Omar Semhan. El Juzgado de Menores, en tanto, se declaró incompetente hacia el caso y lo derivó a los Juzgados de Instrucción.

Esa vez, los menores, que se encuentran en pabellones de seguridad mínima, compararon en la carta conjunta a la Justicia a las condiciones carcelarias de la Unidad Penal Nº 6 con las de un “campo de concentración nazi”.

Fuente: Morandú.com

Festival de cine sobre DDHH y cárcel "La Jaula"

Festival La Jaula - 2009 - Festival de Cine de Temática del Encierro y Derechos Humanos

Se encuentra abierta la convocatoria a cortometrajes documentales, de ficción, de animación, experimentales o de video arte.

Este es un festival competitivo de cortometrajes en el que pueden participar realizaciones de hasta 30 minutos de duración, que indaguen sobre las problemáticas del encierro, la privación de la libertad, la alienación, la esclavitud y la exclusión social en sus múltiples formas. En la edición 2009, el jurado estará compuesto por menores alojados en el Instituto penal Almafuerte ubicado en La Plata, quienes decidirán el ganador y hasta tres menciones entre los diez cortometrajes finalistas preseleccionados por la organización. También se otorgará un premio del público que podrá ver los cortos y votarlos vía Web.
Cierre de Inscripción: 31 de agosto de 2009
Exhibición pública de los cortometrajes finalistas y entrega de premios:
28, 29 y 30 de octubre, 18 hs. Biblioteca Nacional - Sala Augusto Cortázar Agüero 2502 - C.A.B.A Para mayor información: www.sigil.com. ar/lajaula

MINUTA ELABORADA POR LA RED PROVINCIAL DE DERECHOS HUMANOS –AUDIENCIA PÚBLICA - CORRIENTES AGOSTO 2009

SITUACIONES ADVERTIDAS Y RECOMENDACIONES RESPECTO AL SISTEMA CARCELARIO EXISTENTE EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES:

* Infraestructura: se presentan graves problemas edilicios, sobre todo en la unidad penal N° 1.

En cuanto a las Instalaciones eléctricas, las mismas son precarias, expuestas en paredes, techos, con todos los cables sueltos, con sobrecarga en la tensión por el elevado consumo de electricidad de calentadores y estufas artesanales hechas con resistencias y ladrillos. (Estos calentadores sirven para cocinar, calentar agua y en el invierno, se usan toda la noche por el frío de dormir en el suelo, y en ambientes semiabiertos).-

Respecto a las instalaciones sanitarias: falta de agua potable (sobre todo en la unidad 6, donde se encuentran alojadas personas con su presunción de inocencia intacta), cañerías rotas, desagües cloacales a cielo abierto, sanitarios escasos (por ejemplo en el pabellón central de la unidad penal N° 1 hay 4 pabellones con aproximadamente 300 personas compartiendo 6 u 8 letrinas, 4 duchas y dos piletas). A esto se suma la natural obstrucción que se produce en las cañerías por los elementos inapropiados que se usan para higienizarse. Ello debido a que el Servicio Penitenciario NO PROVEE de papel higiénico a la población dentro de los elementos de higiene distribuidos (solo dentífrico, cepillo de dientes y jabón). Cuando había pequeños almacenes allí se podían adquirir rollos de papel higiénico, sin embargo hoy día si los familiares y visitas no se los llevan, sobre todo la mayoría que es del interior y no tiene visitas con frecuencia; se higienizan con trapos viejos, restos de goma espuma de los colchones, etc.

Es de conocimiento público el Hacinamiento existente en las unidades carcelarias: Gente durmiendo en el piso, en los pasillos, debajo de las escaleras, en el baño, refugiados en la enfermería o en la Iglesia. Es imperiosa la necesidad de mantener la enfermería como enfermería, no como anexo donde se alojan personas de edad avanzada, inválidos, "refugiados", internos con pedidos judiciales de resguardo, etc.- Ante la inexistencia de una verdadera enfermería es inaudito ver como la Capilla de la Unidad Penal 1, que es una habitación húmeda, sin suficiente aireación, sin camas ni baño, sea usada en reiteradas oportunidades para alojar a internos que están en tratamiento por enfermedades infecto-contagiosas como tuberculosis, y recientemente sospechosos de padecer Gripe A.

Además falta un pabellón de "conducta" para los internos que tienen beneficios de semilibertad (salida laboral), en especial los que salen a estudiar, ya que es imposible concentrarse y estudiar en las celdas y pabellones donde miran tv, escuchan música, se pelean, cocinan, consumen sustancias tóxicas, etc.

* Presupuesto: En lo que hace a los recursos económicos destinados para emprender refacciones, ampliaciones, pareciera que el problema no es la falta de dinero, sino la falta de criterio de racionalidad en el uso de esos recursos, ya que por ejemplo, en el último mes se ha levantado un muro de ladrillo, que separa totalmente los patios y pabellones 8-9-10 del resto de la población, supuestamente por razones de seguridad, pero no se ha entregado papel higiénico, ni se destaparon los sanitarios. Entonces nos preguntamos si así se responde ante la intimación efectuada por el Superior Tribunal. Realizando obras inútiles, inservibles, sin sentido alguno.

Vemos un completo divorcio entre el discurso y la acción, entre las normas y su cumplimiento, y entre las políticas y estrategias, por un lado, y por los presupuestos asignados y los objetivos buscados, por otro.

Es así que nos preguntamos si la última adquisición, de un importante valor económico, como es el promocionado equipo de requisa dactilar, será puesto en funcionamiento con la capacitación adecuada al personal para usar moderna tecnología, o permanecerá arrumbado o deteriorándose como el también costoso y promocionado escáner para requisar efectos que terminó oxidándose sin uso en la Unidad Penal 6, por falta de capacitación penitenciaria.

Seguro hubiera sido mejor y más beneficioso para el interno destinar esos recursos en implementación de tecnología para los internos, como ser computadoras, internet, impresoras, y demás. No debemos olvidar que si no se van haciendo experiencias de vínculos paulatinos intramuros y extra muros, atendiendo al salto tecnológico de los últimos tiempos, la brecha en el manejo de las nuevas formas de comunicación e información, incorporadas a pleno a la vida cotidiana hace que estas personas, a pesar de ser en la mayoría de los casos muy jóvenes al momento de expirar sus condenas no se sepan desempeñar con soltura ni para manejar un boleto magnético en un colectivo, ni para tramitar un CUIL . A la falta de conocimientos y de instrucción con que llegaron se les suma la inaccesibilidad absoluta de las herramientas del mundo moderno.

Es así también que en el área de imprenta y carpintería, se están realizando los labores con máquinas viejas, que ya no se utilizan en la actualidad y que solo les ocasiona periódicos accidentes de trabajo por el mal estado en que se encuentran y por la carencia, además, de elementos de seguridad (cascos, guantes, etc.).

* Tratamiento Progresivo en vía a la resocialización del interno: hay graves carencias en el Consejo Correccional, en el Gabinete Técnico-Criminológico y el área de Asistencia Social, como ser falta de recursos humanos, de móviles destinados a las constataciones respectivas, entre otros; lo que trae como consecuencia la morosidad en los tramites, y sobre todo en la realización de los informes pertinentes ante los beneficios solicitados por los internos.

Por ejemplo, en relación al año 2008, se redujo considerablemente la cantidad de internos que salen a capacitarse en oficios y a estudiar. Solo un interno cursa estudios universitarios y otro estudia una carrera terciaria. Muchos pedidos de estudios se tornaron abstractos por llegar al Juzgado fuera del plazo de inscripción de las instituciones educativas, precisamente por la demora de los organismos al dictaminar lo peticionado.

Aquí vale la pena destinar un párrafo al Patronato de Liberados, que si bien ha empezado a funcionar mejor en lo que hace al seguimiento de los liberados en el aspecto de control y seguridad; en lo que hace al área de promoción y acción social, búsqueda de patrones, posibilidades laborales, ayuda para pequeños emprendimientos, todavía no se ha implementado un política acorde a las necesidades del interno, tanto previo como posterior al egreso de la unidad carcelaria en la que se encuentra alojado. Una vez que dicho Órgano asesore a los internos en estos temas claves y necesarios para reinsertarse a la sociedad, permitirá que la vuelta a la comunidad se haga efectiva y no meramente reclamativa.

* Personal Penitenciario: es de harto conocimiento los malos tratos y vejámenes a diario que existen, requisas violentas, que hay elementos de corrupción y connivencia con el suministro de sustancias prohibidas, que no hay sanciones ejemplificadoras para el personal, solo traslados y sumarios que mueren por inercia.

Existe una persistencia de hechos que involucran al personal penitenciario en abusos, corrupción y vulneraciones de derechos humanos. Todo ello coadyuvado por la escasa importancia asignada a las instancias de control interno y externo para prevenir y actuar frente a los abusos del servicio penitenciario y la corrupción de los mismos.

Además resulta importante remarcar la total ausencia de adopción de medidas adecuadas ante la ingesta de estupefacientes por parte de algunos internos, lo que evidencia su facilitación y/o entrega por parte de miembros del personal penitenciario, sin que se registre en su ficha médica tratamiento u otras medidas precautorias.

Es así que consideramos que sería buena diseñar un cuerpo legal integral que regule el sistema de carrera del personal penitenciaria, contemplando una desmilitarización de las áreas de servicio social, con capacitación permanente, adecuación y determinación de puestos y perfiles, acceso a cargos por concurso con un adecuado sistema de selección transparente, implantación de un sistema de evaluación de desempeño con priorización de la productividad.

* Efectivo ejercicio del derecho de defensa: al no existir la cantidad suficientes de defensores oficiales que puedan asistir debidamente a los internos, ellos mismos deben elaborar sus peticiones y reclamos. Y como es conocido, existe una grave demora en elevar dichas notas o peticiones de los internos a las autoridades judiciales, que al momento de su tratamiento en la instancia adecuada, en la mayoría de los casos tornan abstractas las cuestionen solicitadas.

Además existen, por lo general, dictámenes basados en valoraciones ambiguas, genéricas y muchas veces infundadas que el interno no tiene la instrucción debida para opinar ante tales informes.

Por ello vemos necesario que se haga factible un incremento en el número de defensorías, pues evidentemente las existentes no son suficientes y los defensores terminan desbordados. Sobre todo si tenemos en cuenta que las unidades carcelarias están superpobladas de personas humildes, con escasos recursos económicos.

* Poder Ejecutivo en cuanto al acceso a las conmutaciones, son un remedio político que si fueran más concurrentes, si bien en casos excepcionales que lo ameriten, redundaría en una buena movilización de la población penal y atenuaría el hacinamiento y la superpoblación existente. Si bien la mayoría de los dictámenes efectuados por las Cámaras Criminales y el Juzgado de Ejecución son negativos ante la concesión de la Conmutación de Pena, tales vistas no son vinculantes y sería bueno que el Poder Ejecutivo evalúe más a fondo la evolución del interno dentro de la unidad carcelaria en la que se encuentre alojado.

Es así que concluimos que:

Las condiciones de detención denunciadas contravienen las reglas mínimas que garantizan los derechos de los reclusos, adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, según las cuales los lugares de alojamiento de detenidos deberían ser considerados en función al cubaje mínimo por interno, a las condiciones de aireación, de iluminación, de calefacción, de sanidad, a la cantidad de camas, de seguridad para el descanso, de contacto diario al aire libre con posibilidad de desplazamiento, de acceso al servicio médico, al sistema educativo, trabajo y a la alimentación adecuada; condiciones éstas, que el Estado provincial no satisface ni siquiera mínimamente en virtud del hacinamiento denunciado.

Además todo lo expresado supra resulta claramente violatorio del art. 18 de la Constitución Nacional y del fin resocializador de la pena reconocido en los distintos instrumentos internacionales incorporados a nuestro orden legal con jerarquía constitucional, como así también de las leyes nacionales y provinciales que aseguran y regulan los derechos básicos de las personas condenadas, estableciendo un tratamiento humano y digno tendiente a garantizar el fortalecimiento de la dignidad humana y la inserción social de los mismos.

Las distintas medidas adoptadas, si bien son signos de buena voluntad, solo constituyen soluciones que consideran la situación particular de algunos, sin disponer una solución global efectiva que resuelva los problemas de alojamiento, superpoblación, progresividad del régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad y reinserción social de las personas condenadas.

“Suele decirse que nadie conoce realmente como es una Nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una Nación no debe ser juzgada por el modo en que trata a sus ciudadanos de más alto rango, sino por la manera en la que trata a los de más bajo.”

Nelson Mandela, “El Camino Hacia La Libertad”, Barcelona, Círculo de Lectores, 1995.

Noticias sobre emergencia carcelaria en Corrientes

19/08/2009 - AUDIENCIA PUBLICA POR EMERGENCIA CARCELARIA

Expusieron funcionarios de Gobierno

El ministro de Gobierno y Justicia, doctor Walter Insaurralde, y su equipo técnico ofrecieron datos sobre programas a mediano y largo plazo que el Gobierno lleva adelante durante la audiencia pública convocada por el STJ para analizar la emergencia carcelaria provincial. Admitieron que las acciones eran pocas, y lo adjudicaron a problemas de índole económica. El doctor Insaurralde; la subsecretaria de Obras Públicas, arquitecta María Elena Villarroel; el Jefe del Servicio Penitenciario, comisario Miguel Angel Domínguez; el comisario Piñeyro en representación de la Policía de la Provincia concurrieron este martes en el Salón Auditorio del edifico de Tribunales, donde habían sido invitados por el Superior Tribunal de Justicia para que informaran –en el marco de una audiencia pública- acerca de las acciones realizadas en las unidades carcelarias y lugares de detención de condenados y procesados.

Esa invitación se produjo tras varias intimaciones en las que la Corte Provincial solicitaba al Gobierno medidas que pusieran fin a la situación de agravamiento de las condiciones de los internos en los centros de detención.

En ese sentido, la subsecretaria de Obras Públicas al ser consultada por los ministros, admitió que las mejoras allí expuestas “parecían pocas y lo eran”.

Los funcionarios se refirieron a contratos destinados al mejoramiento del tendido de la instalación eléctrica en la Unidad N°1 y la ampliación del pabellón femenino en el Hospital de Salud mental y a la aprobación de una licitación privada para la futura construcción de un pabellón adicional en el Penal N° 1; descartándose por el momento la posibilidad de construir una nueva cárcel con financiamiento nacional pensada en un predio de la ciudad de Paso de los Libres.

Durante la audiencia pública, se dio entrada a un documento elaborado por la Red Provincial de Derechos Humanos, que se presentó bajo el Instituto de “Amigos del Tribunal”. Falta de agua potable; precariedad de las instalaciones eléctricas y sanitarias; condiciones precarias de habitabilidad (internos durmiendo en el piso, pasillos, debajo de las escaleras, refugiados en la enfermería o en la capilla); irracionalidad en la administración de los recursos económicos existentes fueron algunas de las cuestiones planteadas por la Red, que solicitan soluciones globales a la situación carcelaria.

De las exposiciones vertidas por los funcionarios no surgió que existieran planes que, en lo inmediato, den solución a la emergencia que en materia carcelaria afronta la provincia, por lo que, el Superior Tribunal de Justicia evaluará y oportunamente resolverá lo que corresponda conforme a lo actuado en el expediente administrativo y en la audiencia pública.

A esta instancia, inédita en Corrientes fue presidida por el doctor Eduardo Farizano, titular del STJ; los ministros doctores Carlos Rubín, Guillermo Horacio Semhan y Fernando Niz; el Fiscal General del Poder Judicial, doctor César Sotelo; y el Fiscal Adjunto, doctor Jorge Semhan. A la misma asistieron como invitados las jueces de Menores N° 1 y 2; y la juez de Ejecución de Condena, e integrantes de la Comisión Justicia y Paz del Arzobispado de Corrientes.

AUDIENCIA PÚBLICA EN LA JUSTICIA (Regionales)

Corrientes: califican de “infierno” condiciones carcelarias

Publicado el 2009-08-18

Dos ministros del Superior Tribunal de Justicia coincidieron en describir a la situación de emergencia que viven los internos de las carceles correntinas como un verdadero infierno, durante una audiencia pública. Funcionarios de gobierno explicaron qué medidas están tomando y afirmaron que soluciones de fondo dependen de dinero que la Nación debe enviar a la provincia. Estuvieron presentes el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Farizano, los ministros Carlos Rubin y Augusto Niz, el fiscal general Cesar Sotelo y el adjunto Jorge Semhan. A su costado, el ministro de Gobierno y Justicia, Walter Insaurralde, junto al comisario Javier Piñeiro por la Policía, la subsecretaria de obras públicas Antonieta Villarruel y el interventor del servicio penitenciario, Miguel Ángel Domínguez.

Cincuenta personas oyeron en el auditorio, entre ellos referentes de derechos humanos, periodistas y legisladores, la declaración de los funcionarios y compartieron una exposición de fotografías sobre las condiciones en que viven internos. Una mostraba a los presos durmiendo en el suelo, rodeado de sus propios excrementos. “Esto es casi el infierno”, dijo Farizano al concluir la exposición, en lo que coincidió Rubín, y agregó: “el tema de los presos no es un tema políticamente redituable”. Los testimonios y las imágenes son realmente crudas, pero nada sorprendentes, adentro esto es normal. Es lo que venimos denunciando. La situación es insostenible”, dijo Hilda Presman a Momarandu.com, de la Red de Derechos Humanos al terminar el encuentro.

Luego de la proyección el fiscal Semhan dijo que uno de los problemas “claves” es el de la “superpoblación carcelaria” e interrogó ¨¿a dónde se lleva los presos si ya no hay lugar?. Auque remarcó que “la seguridad de las personas, su tutela y la re socialización caben al Estado, son su deber”.

Después se leyó una carta de la Red Provincial de DDHH, que denuncia el estado sanitario en las cárceles: “En algunas, la capilla es usada como enfermería” describe el documento e indica que “los presos no tienen camas ni baños, ni asistencia médica”, situación agravada “por síntomas de gripe A que manifiestan algunos internos”. “Pareciera que no hace falta dinero sino una mejor planificación” señalaba esa declaración. “Mientras en algunas dependencias se levantan muros nuevos para más seguridad, los presos no tienen papel higiénico y los inodoros están tapados. Pero también hay lugares que no tienen agua”, agrega. “Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”, concluyó el documento parafraseando a Nelson Mandela. [Ver nota relacionada]

Funcionarios

Por su parte, el ministro de Gobierno y Justicia indicó que “recién en esta época la reinserción social del preso tomó parte de la agenda”. “El 2000 significó una transición de políticas, pero nuestra labor se hace difícil por la falta recursos económicos, por una deuda del Ejecutivo nacional” afirmó.

El representante de la policía de Corrientes, comisario Javier Piñeiro, en tanto aludió a demoras judiciales y dijo que la fuerza “no debe retener presos en la comisarías: su deber es la represión y la prevención”. El funcionario señaló que la policía necesita “alivianar esa carga” y propuso “coordinar acciones para revertir esa situación”.

Luego Miguel Ángel Domínguez, interventor del servicio penitenciario, dijo que “el gobierno invirtió en mejorar las condiciones carcelarias” pero subrayó que “se necesita el pago de Nación para salvar la superpoblación con una nueva cárcel provincial federal”. Después se leyó un informe sobre las obras realizadas en el sistema carcelario: un pabellón estudiantil para 15 internos, consultorios odontológicos, en la Unidad 2 se repararon los inodoros y en la Unidad 4 creó una huerta para que los encarcelados críen ganado y fabriquen de ladrillos”. “Para el problema del agua potable en la Unidad Penal 6 se está planificando un acueducto desde San Luis del Palmar” y en la Unidad Penal 1 se necesitan 150 nuevas plazas”, agregó el interventor. “Se compraron equipamientos en comunicación computación, matafuegos, resucitador, máscaras, identificación de huellas dactilares. También se compró la unidad del Pelletier para el alojamiento de mujeres”, señaló.

La última en hablar por el Ejecutivo fue la subsecretaria de Obras Públicas, María Elena Villarroel, que dijo que “la Estructura Edilicia Carcelaria es un área más”, y que con el presupuesto que se le ha asignado “se hizo mejoras en la granja de menores de San Martín y Yataí, y se construyó la Unidad Penal de San Cayetano”. “Reconocemos que es poco, así es, lo hechos están a la vista”, aclaró y que “los hospitales, escuelas y hasta las misma comisarías están en condiciones infrahumanas. Pero esta es la primera vez que estamos tratando de encarar políticas para solucionar el estado edilicio de las cárceles”.

Links sobre Audiencia Pública emergencia carcelaria en Corrientes:

http://www.diariojudicial.com.ar/nota.asp?IDNoticia=38418

http://www.corrientesonline.com/notix/noticia2007.php?i=33208

http://www.juscorrientes.gov.ar/novedad.php?id=495

http://www.am990formosa.com.ar/?id=Leer&Nota=26651

Los cobanis chorros

(AW) Casi ochocientos mil pesos destinados al pago de alimentos, medicación e higiene para los presos del Chubut fueron robados por altísimos funcionarios del SPF, los hechos involucran a su titular Alejandro Marambio y al jefe de Gabinete Aníbal Fernández. El principal imputado Osvaldo Barnechea fue ascendido a prefecto y promovido a tesorero nacional de la fuerza. La denuncia fue realizada por el ex alcaide mayor Horacio Leguizamón, a quien echaron por negarse a la complicidad y al silencio. Hoy vive de un kiosco/locutorio en la ciudad de Rawson y si bien no teme a las represalias, afirma que las espera. Presos de la Unidad 6 reclamaron su regreso a la secretaria de Derechos Humanos provincial. El fiscal federal Gelvez sostuvo que las pericias son contundentes y el 31 de agosto habrá indagatoria para dos denunciados. La Paloterapia a quienes "no encajan" y la corruptela, son ejes fundamentales de la institución.

(Rawson, 10 de agosto de 2009, Especial Agencia Walsh) Un total de 774.440, 60 pesos que la provincia del Chubut pagó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) nunca fue depositado en la cuenta del organismo y sí fue retirado por ventanilla del Banco Nación, generalmente en sucesivos montos de 40 mil pesos, con destino aún incierto. Los pagos chubutenses, correspondientes a los años 2004/5/6, se realizaron en concepto de raciones, alojamiento, atención médica, higiene y deuda histórica por aquellos presos de la Provincia que permanecen detenidos en la Unidad 6 de Rawson, siendo esta una cárcel federal.

La denuncia la formuló el ex alcaide mayor Horacio Leguizamón, quien fue echado de la institución con un vertiginoso pase a retiro. Mientras que los denunciados, por caso el actual prefecto y principal implicado, Osvaldo Barnechea, ascendió dos grados y es el hoy tesorero nacional del SPF; Sixto Ferreira, auditor contable que recibió la denuncia de Leguizamón, para luego desaparecerla, fue ascendido a inspector general y es Jefe de Administración del Servicio; José Lera, por entonces titular de Administración se retiró como inspector general, máximo cargo penitenciario con jugosa jubilación. De acuerdo a Leguizamón, tanto Claudio Barberá, retirado como inspector general, como el actual director del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio, habrían actuado mínimamente como encubridores, ya que ambos tenían pleno conocimiento de los hechos, y no solo no emitieron una sola palabra reprobatoria, sino que consintieron los ascensos de sus cobanis chorros a pesar de que éstos no pueden ascender mientras dure el sumario. Marambio, a quien le llegó el expediente en mano por una persona cercana a Leguizamón y también por la vía institucional, afirmó que Leguizamón estuvo bien echado.

Por otra parte, aunque no sabemos qué premió el silencio sostenido por el entonces subsecretario de Políticas Penitenciarias de la Nación Federico Ramos, en cambio sí es público que el jefe de la banda, Aníbal Fernández, fue ascendido de Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos a Jefe de Gabinete, aunque es de suponer que la recompensa retribuye otros incontables hechos de equivalente calaña.

Fiscal Federal Gelvez: "La pericias fueron terminantes"

Este "desvío de fondos" nunca hubiese visto la luz si no existiese una denuncia radicada ante la justicia federal con sede en Rawson. De este modo, el juez federal Hugo Sastre tomará declaración indagatoria a Osvaldo Barnechea y a su segundo por aquellos años, Luís Acuña, el próximo 31 de agosto. ¿Por qué recién ahora? Según se afirma en esta ciudad, sucede que el juzgado de Rawson lleva pesadas causas de derechos humanos, incluida la investigación reabierta sobre la Masacre de Trelew, perpetrada en 1972, más la inactividad generada por la Gripa A H1 N1 este año, más el tiempo que llevaron las pericias específicas y los consabidos tiempos de la Justicia. Esas causas, entre otras, mantuvieron en laberintos judiciales este robo al estado, pero como a cada chancho le llega su San Martín, el silenciamiento ha llegado a su fin. Tal consideración se desprende luego de que esta Agencia dialogara con Fernando Gelvez, Fiscal Federal de Rawson,

-¿En que delito habrían incurrido estas personas?

-Acá se inicio una investigación debido a la denuncia que realizó Leguizamón, le aclaro que también cuando nosotros pedimos desde la Fiscalía a la Unidad 6 de Rawson si el Servicio Penitenciario Federal había iniciado actuaciones, nos enviaron las actuaciones y posteriormente también hicieron completar las mismas. No obstante nosotros habíamos comenzado a averiguar el suceso denunciado y lo que hicimos fue terminar una investigación que, inclusive, contó con una pericia que confirmo que no se siguieron los procedimientos habituales de contaduría para este tipo de hechos.

- ¿Las pericias fueron terminantes?

Sí, exactamente, las pericias fueron terminantes en cuanto que no se siguieron los mecanismos adecuados, que no se registraron en los libros pertinentes de la Unidad 6 y también se señala que ese dinero debió haber sido girado a el organismo administrativo central, al SPF.

-¿Qué sanción que les correspondería a los autores?

-Concretamente la indagatoria que se pide respecto de Luís Acuña y Osvaldo Bernachea se refería al delito previsto por el articulo 174, inciso 5º, que es "fraude a alguna administración pública"; y eventualmente nosotros creemos que también podría encontrarse la figura de "incumplimiento de los deberes del funcionario publico", articulo 248 del Código Penal. Esto obviamente es provisorio, el juez al momento de llevar a cabo la declaración indagatoria, va a ser el que califique jurídicamente estas conductas que hemos investigado. En cuanto a la pena o las sanciones, el artículo 248 es un tipo penal que establece la inhabilitación para el funcionario público. En cambio el artículo 174 inciso 5º establece la pena de prisión, pero es una pena que remite al articulo 179 del Código Penal que no supera los 6 años, es decir que un mínimo no supera los 3 años. Por lo tanto podría eventualmente, en caso de condena, aplicarse una pena de ejecución condicional.

-¿En caso de que el juez califique con mayor severidad cuál sería la figura?

_La figura, si adopta la de fraude a la administración publica, ese seria el tipo penal mas grave artículo 174 inciso 5º del Código Penal debido a la maniobra fraudulenta en la que habrían incurrido las persona imputadas.

-¿Y el dinero dónde está?

-El dinero no fue girado y no se sabe cual ha sido su destino. Lo que si se ha comprobado que ha habido extracción, es que ha habido personas que han retirado esos cheques y justamente esas dos personas son las que según el informe del banco cobraron los cheques.

-¿La causa podría tener alcances hasta el ex ministro Justicia y actual jefe de Gabinete Aníbal Fernández y al titular del SPF Alejandro Marambio, dado que ellos -según el denunciante- armaron el encubrimiento y promoción de los implicados?

-Mire esto podría ser respondido con exactitud luego de que el juez reciba estas declaraciones indagatorias, por el momento no, pero esto no quiere decir que más adelante en la investigación pueda haber mas personas involucradas, veremos que dicen los imputados.

- ¿El informe del Banco dice que estas dos personas cobraron los cheques?

-Las dos personas tienen la firma autorizada y según lo que dice el informe en el expediente serían los que habrían cobrado.

Por otra parte, cabe destacar que junto a las pericias judiciales, existió otra pericia del mismo SPF que confirmó de modo contundente la ausencia de esos fondos en los asientos y libros de rigor.

Los presos hablan sobre Leguizamón

A los pocos días que pasaron a disponibilidad al "rara avis" Horacio Leguizamón, en febrero de 2007, una docena de presos de la U6 enviaron una carta a Elisa Martínez, Secretaria de Derechos Humanos del Chubut. La carta no pudo ser firmada por más detenidos porque corrían riesgos. Por la misma razón esta Agencia omitirá el nombre de los firmantes. Lo cierto es que los detenidos le dicen a la funcionaria que Leguizamón "desempeñaba sus funciones con ecuanimidad hacia los internos, su trato era más humano que el resto del personal (...) Lo que hace que la dignidad de la persona sea tomada en cuenta y uno valore la mesura y la diferencia en el tratamiento hacia uno. Asimismo dicho jefe ponía principal disposición de ánimo en solucionar problemas burocráticos inherentes a la administración". Los presos se refieren al retiro de su dinero producto del trabajo en la Unidad 6, adquisición de anteojos, medicamentos, regímenes especiales de comida y el pago de horas laborales.

En el escrito, también afirman que a poco de "irse" Leguizamón fue "rebajado el salario percibido y la cantidad de horas trabajadas". A la vez, indican que mermó la "comida común en los pabellones, como en los regímenes dietéticos, aconsejados por el personal médico a internos con enfermedades crónicas".

También, la carta subraya que "en la actualidad se come con las manos, como si fuéramos medio orientales u orientales nada más. Nos faltan los recipientes para poder lavarnos las manos, luego de la utilización de las manos, o sea que estamos culturizándonos en una nueva forma de ingerir los alimentos, en forma manual (...) Tal vez en este lugar se esté gestando el fin de la cultura del buen comer occidental con cubiertos, y se pase a la utilización de las manos como los homínidos arbóreos".

Finalmente, los detenidos le preguntan a la funcionaria: "¿Podríamos unos simples internos de la Unidad 6 hacer algo para que vuelva el señor Leguizamón Horacio y nos vuelvan a tratar como seres humanos?"

Actualmente, Leguizamón vive del locutorio/Kiosco que tiene frente a la Casa de Gobierno en Rawson. Allí, singularmente, trabaja varias horas en soledad, es decir sin control, un detenido de la Unidad 6 quien 12 horas al día goza de sus salidas laborales. Cabe la reflexión que en una ciudad pequeña como Rawson, menos de 27 mil habitantes, no abundan quienes contraten a un preso.

"Escasa ración alimentaria"

Cada peso que roban los cobanis chorros significa, entre otras cosas, bajar la calidad de vida, ya en permanente descenso de por sí, de los ciudadanos caídos en desgracia enrejada. Sirva el siguiente caso como mero ejemplo. En abril pasado, un detenido de la U6, a quien llamaremos Juan Pérez, envió una carta a la Procuración Penitenciaria Federal (más conocida como "la procu" o "la pepeene" entre los presos), organismo defensor de las personas privadas de su libertad.

En el texto, Pérez le dice a los funcionarios: "Me dirijo a Uds. para informarles que los internos alojados en el CRD (Centro de Rehabilitación de Drogodependientes) de la U6 han presentado reclamos por escrito ante la Dirección por la escasa ración alimentaria provista para los catorce (14) del colectivo alojado. Como ejemplo, cito lo que se entrega diariamente: 1 kg de zanahoria, 2 kg papas, 1 kg cebollas, 1 kg. de carne. Los alojados preparan con ello el almuerzo y la cena. No se desayuna ni merienda. No se dispone de heladera para guardar los alimentos preparados al mediodía para la noche".

Por su parte, la Procuración le responde: "...A raíz de la visita efectuada por asesores de este Organismo, en el mes de Marzo del corriente año, el problema de la mala y escasa alimentación otorgada por el SPF fue uno de los relevados como el más acuciante y preocupante. Por ello ha sido motivo de análisis en el correspondiente informe, el que será remitido a las autoridades

competentes con el objeto de que se efectúen modificaciones al respecto y se de cumplimiento a la normativa vigente en la materia. Quedando a su disposición, lo saludamos muy atentamente".

"La logia de los dedos en la lata"

Si alguien concluyera que estos fraudes o robos se perpetran exclusivamente en Chubut, estaríamos en un error. Se trata de una política nacional implacable y constitutiva de la fuerza. Recientemente, el diario Página 12, afín al gobierno, se preguntaba en una nota de Horacio Cecchi "¿En qué se gastan los 9400 pesos mensuales que invierte el Estado nacional en cada uno de sus casi 10 mil detenidos en cárceles federales? ¿Y los 3000 que invierte el Estado bonaerense en cada uno de sus 25 mil presos?" Si bien en la provincia que gobierna Scioli son más de 28 mil los detenidos, la diferencia no hace a la esencia de la cuestión.

Desde el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos expresaron que "la cifra puede hacer suponer que viven rodeados de confort y son alimentados y vestidos mejor que muchas familias argentinas que viven bajo la línea de pobreza; y pueden realizar actividades recreativas, laborales y educativas de calidad, en establecimientos modelo".

Por su lado el Comité Contra la Tortura, en un informe titulado "La corrupción penitenciaria y la Justicia", referido a las cárceles bonaerenses, sostuvo: "Con esa suma, no debieran existir carencias materiales, de asistencia en salud, educación, tratamientos médicos y psicológicos, psiquiátricos".

"La secta del gatillo alegre y la picana es también la logia de los dedos en la lata", indicó Rodolfo Walsh refiriéndose a la policía. Cualquier similitud con el servicio penitenciario es empeñosa emulación. Así, lo demuestran, por caso, innumerables causas por robo en alimentos, medicamentos e insumos, nunca sancionadas, y los lacerantes testimonios de los perjudicados directos.

Paloterapia Pura y Dura

Pero el estructural latrocinio está acompañado por la orgánica violencia. Como ya informara esta Agencia, la "bienvenida", el "pata-pata", el "puente chino" o "la pirámide", no son los nuevos ritmos de la noche. Se trata solo de algunas de las prácticas violentas de la política penitenciaria destinada al aniquilamiento de los presos y presas. Así lo sintetiza el libro Cuerpos Castigados (Malos tratos físicos y tortura en cárceles federales), investigación a cargo de Alcira Daroqui y Carlos Moto. Ellos condujeron este meticuloso estudio que da cuenta de la férrea Paloterapia que se descarga sobre los físicos y las almas de quienes habitan del otro lado de las rejas. Otra forma de alimentar el sistema de despojo y exclusión disparando contra los más vulnerables.

Por su parte, el Comité contra la Tortura, de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, en su flamante Informe afirmó que: "La tortura continúa siendo una práctica generalizada en las cárceles. El submarino seco, los palazos, las golpizas, la picana eléctrica, los traslados constantes, las duchas o manguerazos de agua helada, el aislamiento como castigo, constituyen un muestrario de prácticas vigentes en las cárceles. El Comité presentó, durante el año 2008, 761 hábeas corpus individuales que denuncian el agravamiento de las condiciones de detención de las personas alojadas en lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires. Gran parte de estos hechos constituyen tortura".

Citamos estos testimonios, uno federal y el otro bonaerense, para dar cuenta que todo lugar de encierro en la Argentina está inficionado de vileza y corrupción aplicada sobre quienes "no encajan".

Los que no "encajan"

La Unidad 6 de Rawson es de lo más significativo en la historia de la ciudad y de los argentinos. Allí se inició la célebre fuga de los militantes de organizaciones revolucionarias que culminaría con 16 fusilados el 22 de agosto de 1972, en la base Almirante Zar, Trelew. El hecho, que marcó a fuego los tiempos por venir, reviste una importancia singular, tanto por la ferocidad represiva descargada sobre los luchadores, cuanto por la impunidad que -hasta ahora-, cubre los hechos.

Más tarde, esa política genocida y esa impunidad se extenderían a todo el territorio del país con la dictadura militar y se focalizaría en la militancia política y social. De ese modo, los 30 mil desaparecidos fueron la población "excedente", la que "sobraba" y molestaba para la organización y funcionamiento del capitalismo neoliberal. De la misma manera que antes "no encajaron" los aborígenes exterminados en la Campaña al Desierto comandada por Julio Asesino Roca. Esa misma lógica se aplica ahora a otros protagonistas: los más pobres y retobados.

En un país cuyos gobernantes excluyen de la vida digna a millones de habitantes, esa población "sobrante" morirá de hambre, palos, balas o rejas. Deambulará por las calles, basurales y manicomios. O todo eso junto. Es en ese contexto que podemos sostener que la cárcel no está, ni estuvo, pensada para "reinsertar" o "resocializar". Sólo existe para amontonar a los que no encajan y destruir su entidad humana. Castiga a los pobres no a los delincuentes, con las excepciones que confirman esta finalidad política no declarada.

Al mismo tiempo sirve para consumar negocios sucios, como el "yeite" que denunció Leguizamón, cubierto por las más altas autoridades del país. Se trata de una gota en un mar de corruptela. Ya que, se sabe, desde el inicio mismo de la construcción de una prisión, pasando por todas las actividades, si así pueden llamarse, generadas en el encierro y tortura sistemática de seres humanos se forjan apreciables dividendos.

Porque de un lado de la reja se amontonan, resisten y sucumben los llamados pibes chorros. Y del otro lado, cobanis chorros les desvalijan su dinero, alimentos y medicación; destruyen sus vínculos, sus cuerpos y sus vidas. Así, hacen carrera, ascienden a inspector general, se jubilan con buen billete y se retiran con honores.

Oscar Castelnovo
(Enviado especial a Rawson, Chubut)
Agencia Rodolfo Walsh

Contacto: Tel. Horacio Leguizamón 02965-15271745