Una norma inconstitucional para perseguir la lucha social
(AW)"La
grosera y abierta contradicción de esta norma con parámetros
elementales de legalidad y con nuestra Constitución Nacional exige su
inmediata derogación y resulta responsabilidad ineludible de las
organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos bregar en ese
sentido. Somos conscientes de que no se termina la política represiva
del Estado con la derogación de una o más leyes. Pero la pelea contra la
represión institucional debe darse en todos los planos, poniéndole
límites, mostrando el objetivo de disciplinamiento político que conlleva
y de la mano de la lucha popular. Porque sin cambios en las estructuras
sociales, sin cambio estructural, es claro que una sociedad injusta
requiere de mecanismos que garanticen el mantenimiento de esa situación,
contra todo el que se rebele, se organice y pelee". Parte, del
sustancioso enfoque del abogado Martín Alderete sobre el nefasto
artículo del código penal.
Consideraciones Jurídicas respecto al art. 213 bis CP
El
capítulo V del Título VIII del Código Penal, que refiere a los Delitos
contra el Orden Público, contiene, bajo el título de "Otros atentados
contra el orden público", el artículo 213 bis, que reprime a quien
"organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias
que, sin estar comprendidas en el art. 210 (del Código Penal), tuvieren
por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas
por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la
asociación. La pena prescripta para quienes encuadraren su conducta en
la descripción típica, asciende a un mínimo de tres años y a un máximo
de ocho años de prisión o reclusión".
De acuerdo a lo que reza el artículo y haciendo una primera aproximación
a la hermenéutica de un sistema constitucional liberal, como es el que
rige a nuestro país, se trata de un tipo penal manifiestamente contrario
a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento. El artículo
habilita con su letra a que el Estado se enmarque en un modelo de
derecho penal de autor, propio de regímenes autoritarios, sin ajustarse a
las exigencias del derecho penal de acto que nuestra Constitución
Nacional construyó para su sistema punitivo.
Este artículo del Código Penal reprime y criminaliza una "asociación
lícita", a un grupo de personas que no comete delito alguno (ya que sino
estarían acusados de asociación ilícita o de los delitos específicos
que cometan), y lo que se castiga es el hecho de querer imponer "ideas" o
"combatir las ajenas" por la "fuerza o el temor". Es groseramente
evidente que esta disposición penal tiene como único objeto ser una
herramienta para perseguir políticamente, ya que se deja a criterio
judicial el establecer que "ideas" se quieren imponer o combatir, y
sobre todo qué se interpreta como "fuerza o temor".
Pero lo más importante es que está "fuerza o temor" con la que se
querrían imponer las ideas, según la definición de la ley, en ningún
caso se trata de delitos. Es decir, si la organización tuviere el
objetivo de cometer actos de fuerza o temor que constituyan delitos, a
los fines de imponer sus ideas (como por ejemplos amenazas, extorsión,
coacción, etcétera) estaríamos frente a una asociación ilícita. Entonces
la letra del artículo 213 bis del Código Penal sanciona acciones que no
constitiuyen delito alguno, que no afectan derechos de terceros ni
bienes jurídicos.
Teniendo en cuenta que en el marco de las acciones políticas siempre hay
lucha de ideas, especialmente en una sociedad dividida en clases, donde
los sectores populares sufren diariamente la opresión y limitación de
derechos fundamentales como el derecho al trabajo, a la vivienda digna, a
la salud, a la educación e inclusive a la integridad física o a la
vida, es evidente que los reclamos y mucho más los organizados, van a
tener por objeto "imponer" las demandas que son soslayadas por el Estado
y negadas por el poder económico que dicta los lineamientos de la
realidad social. Siempre se puede interpretar que se quieren "imponer"
tales ideas y en un contexto social como el mencionado, los reclamos son
contundentes y fuertes. Movilizaciones, huelgas, reclamos sindicales y
barriales, manifestaciones políticas por hechos represivos; en todos
estos casos y en muchos más se podría entender con este artículo 213 bis
que se quieren imponer ideas. Y muchas veces es así: se plantean
reivindicaciones justas y ante la inacción oficial se llevan adelante
movilizaciones, medidas de fuerza, etcétera. Todas ellas podrían ser
criminalizadas por este inconstitucional artículo del Código Penal.
Es que la letra del artículo en cuestión no se compadece con las
libertades más elementales que un Estado de Derecho debe resguardar, o
al menos que se quiere reflejar con el esquema constitucional, los
tratados internacionales de derechos humanos y las leyes. Se trata de
una disposición penal manifiestamente contraria a la libertad de
expresión y a la libertad de pensamiento. La represión que el artículo
permite desatar al Estado se enmarca en un modelo de derecho penal de
autor, propio de regímenes autoritarios, es decir, se persigue y se
encarcela no por hacer o dañar, sino por pensar y manifestar ese
pensamiento, contrario a los intereses del poder.
Explica el actual ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Eugenio Zaffaroni que "el nuevo derecho penal de autor que, en la forma
de derecho penal de riesgo, anticipa la tipicidad a actos preparatorios
y de tentativa (...) con lo que se quiere controlar no sólo la
conducta, sino la lealtad del sujeto al ordenamiento (...) se encamina a
seleccionar una matriz de intervención moral, análoga a la legislación
penal de los orígenes de la pena pública pero con el inconveniente de
que pretende presumir los datos subjetivos, afirmando que la
responsabilidad surge de procesos de imputación basados en expectativas
normativas, y no en disposiciones reales intelectuales internas del
sujeto actuante. Este proceso culmina en la vuelta a la presunción de
dolo, mediante una llamada normativización, que prescinde de la voluntad
real."
En un país donde no hay pena sin delito y no hay delito sin conducta
típica (según dispone el artículo 18 de la Constitución Nacional y los
tratados internacionales de derechos humanos) debe respetarse el
principio de lesividad, es decir, debe existir un daño, una lesión a un
bien jurídico para que el tipo penal sea constitucional. Pero el
artículo 213 bis del Código Penal no exige lesión alguna para ser
empleado por los jueces. Por el contrario, permite a los jueces penar
aun ante la inexistencia de acción dolosa alguna, e incluso ante
acciones tuteladas por nuestra Constitución, como la protesta social, la
libertad de expresión y de pensamiento.
De hecho, el Estado utiliza todo el repertorio del Código Penal para
perseguir y criminalizar la protesta. Recientemente se ha presentado una
investigación realizada por diversos organismos de derechos humanos
(AEDD, CADEP, CEPRODH, CADHU, APEL y Liberpueblo), quienes en una
conferencia de prensa realizada el 23 de marzo de 2012 dieron a conocer
un Archivo de Casos de Judicialización de la Protesta que da cuenta de
la existencia de más de 4000 compañeros judicializados en causas
penales, en su mayoría iniciadas desde el 2003 hasta el 2012. En este
informe se refleja cómo el Estado criminaliza las acciones de protesta,
haciendo caso omiso al derecho constitucional a la protesta, al derecho
de huelga y al de peticionar a las autoridades. Reclamos sindicales
donde se imputa a los trabajadores de amenazas por su reclamo, de
usurpación por hacer asambleas en su lugar de trabajo; movilizaciones
populares donde se imputa el delito de corte de ruta; reclamos de tierra
y vivienda donde se acusa de usurpación o turbación de la posesión;
marchas donde luego de reprimir se acusa de atentado y resistencia a la
autoridad, para dar sólo algunos ejemplos.
En este marco, el art. 213 bis del Código Penal por su capacidad
represiva a expresiones ideológicas, se ha utilizado específicamente
para la persecución política, para la estigmatización de expresiones
populares. Aunque esta disposición resulta tan contradictoria con todo
el esquema legal y supralegal, que pocos tribunales lo han utilizado.
La utilización del art. 213 bis en casos concretos
Recientemente,
el día 5 de agosto de 2011, la Cámara Nacional de Casación Penal, que
es el máximo Tribunal penal del país, procesó a seis manifestantes por
haber concurrido a expresarse contra las políticas criminales del Estado
de Israel el día 17 de mayo de 2009 en el marco del acto de aniversario
de la creación de ese Estado. No es novedoso que se persiga y procese a
militantes por hechos de protesta social; lo diferencial en este caso
es que se les achaca: "prepotencia ideológica" (art. 213 bis del Código
Penal) por querer imponer ideas o combatir las ajenas por la "fuerza o
el temor" y por violar la ley 23.592 (ley antidiscriminación) ya que se
asimila la crítica al Estado de Israel con planteos antisemitas.
Ante este panorama los militantes que en su momento integraban el Frente
de Acción Revolucionaria (FAR) podrían enfrentar condenas que van de
los 4 a los 12 años de prisión. Es así que Damián Vekelo, Roberto
Martino, Viviana Segovia, Leonardo Del Grosso, Daniel Terzano y Osvaldo
Vázquez, podrían ir presos por un tiempo considerable si son condenados
en juicio.
Esta decisión del máximo Tribunal penal del país resulta sumamente
grave por varios motivos. En primer lugar porque aplica una figura penal
abiertamente inconstitucional, que criminaliza y penaliza posiciones
ideológicas. Por otra parte porque aplica esta figura y además considera
que se trata de una agrupación antisemita, a una organización política
que realizó una manifestación pública, con pancartas y panfletos contra
la política criminal del Estado de Israel, hecho reconocido por gran
parte de la comunidad internacional y por la propia ONU (según surge del
informe Goldstone).
Por otra parte, es el primer caso en el marco de un gobierno
constitucional desde 1983, que un grupo de militantes son enviados a
juicio oral y público con la acusación de "prepotencia ideológica", con
la posibilidad concreta de ser condenados por sus posiciones
ideológicas, de ser privados de su libertad por lo que piensan y no por
lo que hacen, al mejor estilo de gobiernos abiertamente autoritarios y
fascistas, contrariando principios internacionales en materia de
derechos humanos y la propia Constitución Nacional.
Desde la recuperación institucional en adelante, en el marco de
distintos gobiernos constitucionales se ha perseguido la lucha popular. A
medida que el pueblo comenzó a llevar adelante acciones y a cuestionar
más activamente la realidad de miseria y exclusión, los distintos
gobiernos respondieron criminalizando y judicializando las luchas. En
los últimos años apareció en primer plano la política de judicializar la
protesta y perseguirla con "la ley penal en la mano".
Esta forma de reprimir al activo militante mediante la legislación penal
no es novedosa. Desde principios del siglo XX se crearon leyes
especialmente destinadas a la represión política. Vale recordar la "Ley
de Residencia" (ley 4144 de 1902) y la "Ley de Defensa Social" (ley 7029
de 1910), que castigaba con penas que iban desde la expulsión del país
hasta la pena de muerte para los que "perturbaran el orden público",
definido a conveniencia del gobierno de turno y utilizado para la
criminalización del activismo sindical combativo, especialmente
socialistas y anarquistas. Desde entonces, gran parte de las leyes
penales han sido creadas, tanto por gobiernos civiles como militares, a
la medida de la protesta social y política.
Muchas leyes son creadas, modificadas y agravas o utilizadas a los fines
de reprimir al activo político y militante. El origen del artículo 213
bis del Código Penal data de la presidencia de Arturo Illia, con la
sanción de la ley 16.648, que establecía una redacción muy similar a la
del artículo hoy vigente. Debe destacarse también que la pena era
considerablemente menor que la vigente actualmente -prisión de un mes a
tres años, cuando actualmente es de tres a ocho años- .
Luego, la ley 16.648 fue derogada por la 17.567. Más tarde, la ley
20.509 le dio nuevamente vigencia hasta que, por medio de la 20.642 del
año 1974, el artículo cobró su redacción definitiva. Debe señalarse que
la aprobación nuevamente de esta ley en el año 1974 fue producto de un
proyecto enviado al Congreso por el entonces presidente Juan Domingo
Perón, en el marco de leyes "antisubversivas", creando nuevas figuras
delictivas y propiciando particularmente la agravación de las
penalidades previstas para ciertos delitos contra la libertad, la
propiedad, la seguridad pública y el orden público. Durante el gobierno
de Raúl Alfonsín, muchas de las leyes "antisubversivas" fueron derogadas
mediante la ley 23.077, dejando vigente al art. 213 bis del Código
Penal.
El art. 213 bis se ha aplicado en también en varias oportunidades
anteriores, siempre a acciones de protesta social, pero tanto
doctrinarios como jueces han expresado explícitamente las consecuencias
de su aplicación en relación a la represión de manifestaciones políticas
e ideológicas.
En el año 1993, la Sala I de la Cámara Federal expuso en este sentido:
"En primer término la señora juez ha entendido, y así se desprende de la
lectura del auto recurrido, que pertenecer a una agrupación política
y/o sindical que confronta en forma virulenta con la política
gubernamental -en especial la económica-; participar en marchas en apoyo
de los reclamos del sector pasivo; acompañar a trabajadores cesanteados
en huelgas de hambre y solidarizarse con actos de organismos defensores
de los Derechos Humanos implica organizarse en los términos del
artículo 213 bis del código penal para imponer las ideas por la fuerza o
el temor o combatir por igual medio las ajenas (...) nada surge que
haga presumir que la Conat y el Partido de la Liberación constituyan una
organización distinta a la de un partido político en el caso de la
segunda, u otra de similares características -poco importa para el caso
que posea personería en la Capital- que profesando ideas de izquierda
marxista, confrontan con un sistema político-social que juzgan injusto y
bregan por la hegemonía de un modelo de organización social, política y
económica acorde con aquel ideario al cual adhieren, pero sin incurrir
(o al menos pronosticarse con alguna certeza) en actos de intimidación
pública , terrorismo u otros cualesquiera de carácter ilícito, más allá
de la eventual e hipotética conducta de alguno de sus miembros. Va de
suyo que la pertenencia a una agrupación sindical o política y la
consecuente exteriorización de adhesiones o disensos con la gestión del
poder constituido, sea mediante marchas populares, reuniones callejeras u
otra forma similar de peticionar a las autoridades y trasuntar el
malestar no significa más que el ejercicio de los derechos
constitucionales propios de los ciudadanos que habitan un Estado de
Derecho inscripto entre las democracias occidentales liberales (...) "Se
yergue clara la gravedad de la confusión cuando ella fluye desde un
órgano de un poder de un Estado democrático, y es así que mediante este
resolutorio habrá de ponerse coto a la situación" (CN Fed. Crim.
Correc., sala I, 14/01/93, Vera, Mario E. y otros)
En otro precedente de la misma Sala I de la Cámara Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal, advirtiendo las peligrosas aristas de
esta figura penal ha sostenido que: "Debe ponerse especial énfasis en la
cautela que debe guiar a los tribunales para la interpretación de
tipos penales que involucran expresiones ideológicas aún de aquellas
como las que se evalúan en estas actuaciones, ante el peligro de la
afectación de garantías constitucionales relacionadas con la libertad de
expresión y de ideas tal como lo señaló la Corte Suprema de los Estados
Unidos en los fallos ‘United States vs. Schwimmer'..." (C. C. y C. F.
Sala I, Caviasca y otros s/ procesamiento, registro nro. 485,
03-07-1997).
Como sabemos es ya un lugar común aquella máxima que indica que las
resoluciones judiciales deben ser la derivación razonada de la ley
vigente con expresa aplicación a las constancias de la causa; siendo que
el concepto de ley vigente incluye a la Constitución y a los tratados
internacionales a ella incorporados. Y aún más, su observancia
irrestricta debe impregnar toda decisión judicial, so pena de convertir
el concepto de Constitución Nacional en una frase hueca.
Entonces, en el caso del art. 213 bis CPN entendemos que se ha
configurado esta grave situación. Ello, toda vez que, se trata de una
disposición censurable por producir una manifiesta afectación al
principio de inocencia y de responsabilidad penal personal o
culpabilidad por el hecho propio (corolario del principio de legalidad)
con expreso amparo de nuestra Constitución Nacional. Estamos frente a un
tipo penal abierto, que permite al juzgador avanzar sobre conductas
privadas con menoscabo de las garantías tuteladas en los arts. 14, 18 y
19 de la Constitución Nacional. El artículo 213 bis no establece ningún
parámetro objetivo de apreciación limitante sino que se remite por
entero a un juicio de valor subjetivo del juzgador, facilitando su
aplicación a movimientos políticos, partidarios, sociales, etc,
organizaciones que, además, gozan de reconocimiento constitucional.
El artículo 19 de la Constitución Nacional consagra indudablemente en
el campo penal un orden bifronte: 1º lo único que puede ser objeto o
materia de prohibición son acciones; 2º esas acciones deben presentar
características determinadas por ley y deben afectar derechos de
terceros. Estas dos variables no son más que la consagración explícita
de la garantía del derecho penal de acto. Y esto es lo que viola
abiertamente el art. 213 bis.
Ante la grosera inconstitucionalidad de la norma que aquí se cuestiona,
se presentaron diversos proyectos de ley de derogación del art. 213 bis
del Código Penal. El último de ellos ingresó a la Cámara de Diputados
de la Nación en fecha 24-04-2008 (expte. 1740-D-2008) precisamente
atendiendo a su inconstitucionalidad, presentado por la bancada del ARI y
suscripto entre otros por los diputados Adrián Pérez y Marcela
Rodríguez.
El aludido proyecto se fundó en que "La letra del artículo en cuestión
no se compadece con las libertades más elementales que un estado de
derecho debe resguardar. Se trata de un tipo penal manifiestamente
contrario a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento. La
represión que el artículo permite desatar al Estado se enmarca en un
modelo de derecho penal de autor, propio de regímenes autoritarios, sin
ajustarse a las exigencias del derecho penal de acto que nuestra
Constitución Nacional construyó para su sistema punitivo."
También se sostuvo que "...a menos que se pretenda castigar la mera
ideología, penar el pensamiento, el artículo bajo estudio es
absolutamente innecesario para nuestro sistema de justicia (...) la
conformación y el ser parte de una agrupación no subsumida en el tipo
que reprime la asociación ilícita (una agrupación no destinada a cometer
delitos), no puede estar penada en un estado de derecho. Como vimos,
esto no equivale a dar impunidad a los delitos motivados ideológicamente
ya que, como dijimos, ellos igualmente deben ser reprimidos, pero no
por el motivo ideológico que les diera causa, sino por el delito en sí
(...) Penar la mera conformación o pertenencia a agrupaciones con
determinadas ideologías puede encontrar dos tipos de justificación. En
primer lugar, obedeciendo la represión a impedir la conformación de
grupos con determinadas ideologías, lo que es aberrante para el derecho
liberal. En segundo lugar, bajo el pensamiento de que penando la
conformación o pertenencia al grupo se logra evitar la eventual comisión
de delitos de los que la agrupación podría valerse para imponer sus
ideas o combatir las ajenas. Un razonamiento como el segundo induce a
producir un adelantamiento en la represión estatal, que tal vez pueda
permitirse para casos como el de la asociación ilícita, donde la
intervención está dirigida a impedir la comisión de delitos, pero nunca
cuando esa posibilidad no se verifica. Este adelantamiento es propio de
un derecho penal de autor, que no pena conductas sino, en este caso,
peligrosidad social."
De hecho, como fuera dicho, esta figura penal ha sido utilizada para
reprimir las más variadas manifestaciones de protesta, apuntando ya no a
la represión de conductas puntuales jurídicamente disvaliosas sino
directamente hacia las organizaciones políticas o sociales con el fin de
ilegalizarlas. El proyecto de ley cita un artículo del periódico Página
12 (
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/11100-4571-2002-10-06.html)
que fuera publicado a raíz de la aplicación de esta figura a 108
participantes de una manifestación de desocupados en Jujuy, y allí se
dijo que "Incorporado al Código en 1984, los penalistas consultados por
este diario calificaron tal figura como un ‘resabio de la dictadura'.
Para el abogado David Baigún, titular de la cátedra de Derecho Penal de
la Facultad de Derecho de la UBA, los antecedentes directos de esta
figura deben buscarse en los artículos 210 bis y 210 ter. del código
vigente en la época de la dictadura, que aplicaban penas de 5 a 12 años
‘si la asociación disponía de armas de fuego o utilizaba uniformes o
distintivos de tipo de militar' (es decir que fueron redactados pensando
en la guerrilla) y fijaban ‘pena de muerte, reclusión o prisión
perpetua para los intervinientes' si ‘la asociación tuviere fines
subversivos'. ‘Todos estos artículos se eliminaron en el ‘84',
puntualizó Baigún, ‘pero dejaron este tipo especial. Debió ser derogado,
pero no lo fue y nos quedó como una rémora'. El abogado Juan Carlos
Capurro, asesor jurídico de la CTA, señaló que el 213 bis ‘involucra a
toda la organización a la cual pertenezcan los detenidos, ya que señala
que el delito se comete por el sólo hecho de ser miembro de la
asociación', lo que implica ‘ilegalizar las organizaciones opositoras
bajo formas seudolegales'."
Es que como se desprende de la jurisprudencia, esta figura típica ha
sido sistemáticamente utilizada para ilegalizar (al menos lo han
intentado) distintas organizaciones sociales y políticas, máxime si se
observa la jurisprudencia entre los años '90 a 2004, aproximadamente, en
clara coincidencia con momentos históricos de alta conflictividad
social. Porque precisamente este tipo del art. 213 bis no se estructura
en función de una lesión al bien jurídico sino en virtud de lo que se
entienda coyunturalmente como síntomas reveladores de "peligrosidad
política" en sentido lato.
Es un principio materialista irrefutable que los hombres, más allá de
la conciencia que tengan o crean tener de sí mismos, son lo que sus
actos materiales y concretos son. De ahí que la aplicación sistemática
de este y otros tipos penales de similar factura no es "inocente", sino
que explicita cierta articulación de poder (represivo) dentro de un
campo de intervención (lo social) atravesado por contradicciones y
conflictos de índole diversa.
No puede perderse de vista que nos encontramos justo en el lugar de la
administración del castigo. Es aquí donde se hace real el ejercicio de
la violencia cuyo monopolio detenta el Estado. Es así que aquí se
administra castigo, pena, cierta dosis de sufrimiento. Ahora bien: ese
monopolio, en términos constitucionales, en acto del ejercicio de la
violencia será legítimo en la medida en que sea razonable (y, por tanto,
controlable), proporcionado (respetando el principio de humanidad) y
entendido como la última ratio. Porque en un Estado de Derecho,
sostenido y encuadrado en la Democracia Republicana liberal, el concepto
mismo de Estado de Derecho lleva ínsita la idea de poder limitado. Más
aún, cuando se trata del ejercicio de un poder de alta intensidad, como
lo es el penal; los límites al mismo se incrementan considerablemente,
pues las consecuencias de su uso abusivo son infinitamente más dañosas.
Como vemos lo que subyace en la inteligencia que anima a esta norma
penal, no es más que problemática política resuelta en represión. Pero
sean cuales fuesen nuestras miradas políticas, lo concreto es que dentro
de nuestro ordenamiento jurídico-constitucional se impone una jerarquía
de derechos indiscutibles que obliga a los jueces a su irrestricto
respeto. Desde ese lugar, pues, el art. 213 bis CPN articula una
manifiesta iniquidad que lo descalifica constitucionalmente.
Una norma represiva e inconstitucional
Para
finalizar debe destacarse que la política de criminalizar la protesta y
de perseguir la lucha popular con el aparato penal del Estado ha sido,
es y será una constante en una sociedad que relega a importantes
sectores de la población a la marginación. Cuánto más fuerte y
organizada sea la resistencia o el avance contra esta formación
política, económica y social, más dura será la respuesta del Estado, con
herramientas legales o extralegales. Nuestra historia y la historia de
los más de 200 años de capitalismo en el mundo lo demuestran.
Sin embargo, con todo lo reseñado podemos ver como los propios Estados
crean leyes a la medida de la persecución política que contradicen sus
propias constituciones y los tratados internacionales de derechos
humanos que suscriben, con el argumento de que son Estados de Derecho y
que respetan los límites que se autoimponen. Todo esto es una falacia y
surge de manera evidente en el caso la inconstitucionalidad del art. 213
bis del Código Penal, y su utilización como herramienta para la
persecución, judicialización y criminalización de hechos de protesta
social y política. Hoy son 6 militantes que deberán enfrentar un juicio
oral y público con esta acusación. Tenemos una vasta experiencia en cómo
se han utilizado figuras penales para reprimir conflictos sociales y
esta norma ha sido utilizada y seguramente lo será en el futuro en este
sentido.
La grosera y abierta contradicción de esta norma con parámetros
elementales de legalidad y con nuestra Constitución Nacional exige su
inmediata derogación y resulta responsabilidad ineludible de las
organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos bregar en ese
sentido. Somos conscientes de que no se termina la política represiva
del Estado con la derogación de una o más leyes. Pero la pelea contra la
represión institucional debe darse en todos los planos, poniéndole
límites, mostrando el objetivo de disciplinamiento político que conlleva
y de la mano de la lucha popular. Porque sin cambios en las estructuras
sociales, sin cambio estructural, es claro que una sociedad injusta
requiere de mecanismos que garanticen el mantenimiento de esa situación,
contra todo el que se rebele, se organice y pelee.
Martín Alderete
