viernes, 25 de febrero de 2011

VACAP reclama por la salud de un compañero preso

La comisión de Vecinos Autoconvocados Contra los Abusos Policiales solicita la participación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de la Justicia local a raíz de la situación por la que atraviesa el interno Roberto Oliva.

VACAP (Vecinos Autoconvocados Contra los Abusos Policiales), adherida al Movimiento Anticarcelario, ha puesto en la red de comunicación la demanda de una persona privada de libertad a través de la Agencia Rodolfo Walsh, el viernes 18 de febrero, y exige a la APDH de Villa María que interponga recurso mediante su área jurídica para que el interno Roberto Ramón Oliva, alojado en la Enfermería del Establecimiento Penitenciario Nº 5, sea atendido por sus afecciones de HIV y diabetes, según establece la Ley 24.660 - Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, en su el Capítulo IX.
Dicha norma legal hace referencia a la asistencia médica de los presidiarios en los siguientes términos:
“Artículo 143 - El interno tiene derecho a la salud. Deberá brindársele oportuna asistencia médica integral, no pudiendo ser interferida su accesibilidad a la consulta y a los tratamientos prescriptos. Los estudios diagnósticos, tratamientos y medicamentos indicados, le serán suministrados sin cargo.”
Además, instamos a la Asesoría Letrada (no sólo por su sensibilidad social sino por las funciones que le competen) que intervenga en forma urgente, ya que el caso tuvo trascendencia pública, para escuchar el testimonio de verdad de Roberto Oliva y ejercer una legítima defensa de los derechos que le asisten a la persona privada de libertad, cuya verdad ciudadana -en juicio oral y público- fue subsumida a la verdad hegemónica y construida por los funcionarios de poder policial y judicial que actuó en estas instancias, en la que VACAP intervino en un momento oralmente.
En tal afirmación nos referenciamos en las investigaciones de Michel Foucault, en su texto “La verdad y las formas jurídicas” (pág. 141): “…en todas estas instituciones hay un poder que no es sólo económico, sino también político. Las personas que dirigen esas instituciones se arrogan el derecho de dar órdenes, establecer reglamentos, tomar medidas, expulsar a algunos individuos y aceptar a otros, etcétera (…) este mismo poder, político y económico, es también judicial (…) se tiene el derecho de castigar y recompensar o de hacer comparecer ante instancias de enjuiciamiento.”
A casi una semana de la difusión de estos hechos que sufren las personas más humildes y desvalidas, el Movimiento Anticarcelario y la Antirrepresiva de Córdoba denuncian, una vez más, la violación de derechos constitucionales y se declaran en la defensa irrestricta de la lucha en huelga de hambre que Ramón Oliva está llevando adelante con el apoyo de VACAP Villa María.

domingo, 20 de febrero de 2011

VILLA MARÍA, CÓRDOBA: Preso se cose la boca en reclamo de justicia

Ramón Oliva cumplirá mañana una semana con sus labios zurcidos en protesta por su injusta detención en el Penal Nº 5. Fue condenado porque uno de los policías que le pegaron se fracturó un dedo durante la tremenda garroteada que le propinaron en su propia casa. Oliva acude a este método de lucha en las peores condiciones: "Tengo HIV y diabetes. Me estoy muriendo y no tengo atención médica", denuncia. Los responsables: jueza Saslavsky, fiscal Francisco Márquez, directora del Penal Estela Grognoletti, policía Pereyra, entre muchos otros".

D
esde el pasado 15 de febrero, Ramón Oliva llevó al máximo la protesta por su injusta detención en condiciones patéticas. A la huelga de hambre que decidió iniciar le sumó la costura de sus labios con lo cual no ingiere alimento alguno.

El ensañamiento con este compañero proviene, entre otras causas, del policía Pereyra, golpeador de mujeres, represor denunciado por Vacap, hombre que destina tanto entusiasmo al aplicar tormentos que se quiebra los dedos a sí mismo.
Por su parte, la impulsora de esta denuncia pública, nuestra compañera
Mónica Sonzini de la Coordinadora Anticarcelaria, expresó: "Yo estuve en el juicio de Ramón y fui desalojada cuando lo interpelé al fiscal Márquez que es quien le da cuatro años por quebrarle el dedo al policía Pereyra, este policía fue el que me pegó brutalmente en el 2008 (Mónica es docente) en el patio del colegio por no entregarle los alumnos y me dejó como secuela una hernia a nivel gástrico. Este sujeto Pereyra es un policía con problemas mentales y violencia familiar, sin embargo los fiscales y el poder judicial como los altos funcionarios de la policía lo cubren en todas sus matufias".

Carta de Ramón Oliva

El siguiente texto desesperado fue enviado en 2010 al director de "El Diario"

Soy una persona común y corriente. Mi nombre es Roberto Ramón Oliva.Me dirijo a este diario para hacerle saber que estoy detenido injustamente y paso a contar lo sucedido.Aproximadamente un día domingo a la madrugada me encontraba durmiendo cuando escucho que me golpeaban la puerta trasera de mi casa.
Me levanto y pregunté quién era. Me contestan: ‘La Policía'. Automáticamente abrí la puerta para ver si era cierto.
Ahí no más le pegaron una patada a la puerta, sacándome afuera con mucha violencia a patadas, trompadas, culatazos, mientras los otros policías entraron a mi casa sin ninguna orden de allanamiento.
Me suben a un patrullero y me llevan al Hospital Pasteur porque un policía se había quebrado un dedo de tanto pegarme cuando fui detenido.
Con la ayuda de este diario, que es mi único medio para hacerme escuchar, quiero demostrar mi inocencia y la manera en que se maneja la Policía con un ciudadano.
Le cuento que me encuentro con problemas de salud. Tengo HIV y diabetes. Me estoy muriendo y no tengo atención médica.
Toda mi ropa me la robó la Policía. Me encuentro ‘re mal' y estoy solo. Necesito que me ayuden.
Estoy en huelga de hambre hasta que haya una solución y mi último recurso es coserme la boca. Si hay gente de Derechos Humanos necesito que vengan a verme y vean la situación en la que estoy.
Desde ya muchas gracias.
Será Justicia. Dios los bendiga."

Roberto Ramón Oliva- DNI 17555269

Fuente: Vecinos Autoconvocados contra los Abusos Policiales (Vacap)

Nota publicada en: http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=article&id=6271:villa-maria-cordoba&catid=72:pll&Itemid=114

martes, 15 de febrero de 2011

DENUNCIA DE LA COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA -Bs As

Grave crisis carcelaria bonaerense

(
AW)Crecen el hacinamiento, la tortura y la violencia. Dos muertos en peleas en menos de una semana. La decisión del Estado Provincial de trasladar detenidos de comisarías a cárceles sin contar con la infraestructura adecuada, produjo un colapso de las prisiones donde se registra hacinamiento, sobrepoblación y saturación de todos los servicios. Esto se registra en la mayoría de las cárceles. A modo de ejemplo: la Unidad 28 de Magdalena aloja 789 detenidos en 578 plazas, la Unidad 35 encierra 850 personas en 700 lugares, la Unidad Nº 8 de mujeres aloja 54 detenidas en un pabellón con capacidad para 30. La CPM inspeccionó días atrás la Unidad 28 de Magdalena donde constató situaciones graves de hacinamiento, sobrepoblación, violencia institucional y torturas. Dos detenidos murieron por peleas permitidas por el SPB, en menos de una semana. La misma situación se había constatado en esa Unidad en noviembre del año pasado y un Juez de garantías había ordenado medidas urgentes. El Ministerio de Seguridad y Justicia desobedeció la orden judicial y profundizó las graves condiciones de detención alojando aún mas personas. Durante el mes de enero el Ministerio de Seguridad y Justicia, anunció el traslado de detenidos de comisarías a cárceles, para desalojar estos lugares de detención que registraban hacinamiento y sobrepoblación de más del 300 %. Informaba que solo quedaban en comisarías 2.100 detenidos. A modo de ejemplo: la Unidad 28 de Magdalena aloja 789 detenidos en 578 plazas, la Unidad 35 encierra 850 personas en 700 lugares, la Unidad Nº 8 de mujeres aloja 54 detenidas en un pabellón con capacidad para 30. Pabellones de cárceles de Varela que deben alojar 35 detenidos alojan 60. La Unidad 1 de Olmos superó, luego de mucho tiempo de alojar cerca de 1.700 detenidos, los 2.000.

El viernes 5 de noviembre de 2010, la COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA inspecciono la Unidad nº 28 de Magdalena constatando graves violaciones de los derechos humanos de los detenidos, los que dieron origen a un Habeas corpus colectivo en tramite por ante el Juzgado de Garantías Nº 6 de La Plata, a cargo del Dr. Fernando Jorge MATEOS, Secretaria a cargo de Reinaldo Carlos Baraglia. En dicha oportunidad se constato que la capacidad total fijada por el propio SPB en 578 plazas, se encontraba desbordada, alojando 712 personas. En el Pabellón de Separación del Área de Convivencia se comprobó:

Hacinamiento: 3 y hasta 4 detenidos en celdas de 6 mts2 que deben alojar 1 solo, con letrinas tapadas, olor nauseabundo, escasa ventilación, aislamiento absoluto de 24 hs sin salida a patio o duchas con chapón ciego que impide todo contacto con el exterior, falta de acceso a toda actividad educativa, laboral o recreativa, instalaciones eléctricas muy deficientes y de riesgo.

Nula atención médica: varios detenidos con problemas de salud grave, no eran llevados a Sanidad ni atendidos por médico alguno.

Torturas y malos tratos: Se registraron gran cantidad de casos de golpizas de parte de agentes penitenciarios.

Delegación de la violencia: El SPB delega la violencia en otros detenidos que con la anuencia o autorización de los agentes, atacan y roban pertenencias de quienes ingresan al Pabellón. El SPB permanece como observador de los hechos sin impedirlos y también participa luego de la comercialización de los objetos sustraídos a los detenidos. En ese pabellón no se repara en criterio alguno para el alojamiento de personas, alojándose detenidos sancionados, con medida de seguridad, en admisión o esperando traslado. Procesados o penados indistintamente.

Luego de llevar a cabo distintas pericias que corroboraron lo denunciado y constatar personalmente lo denunciado por la Comisión por la Memoria, el Juez dispuso el 18 de noviembre de 2010 hacer lugar al Habeas Corpus colectivo ordenando:

1.- Que el alojamiento de detenidos no exceda bajo ningún concepto el cupo de cada celda, que todos los detenidos puedan tomar una ducha diaria y se les provea de elementos de aseo personal.

2.- Garantizar que el medico de guardia realice recorridas por cada celda por lo menos tres veces por turno (mañana, mediodía y noche) y la asistencia por un profesional del área de la psicología como mínimo una vez al día, y el cumplimiento de tratamiento médicos y farmacológicos.

3.- Otorgaba recreo diario con salidas al patio por lo menos una hora y la apertura de la puerta ciega. Mandaba refaccionar las instalaciones eléctricas y cloacales. También disponía garantizar la entrega de agua caliente tres veces al día, la continua limpieza, higiene y desinfección de las celdas y espacios comunes y el funcionamiento permanente de todos los servicios.El Ministerio de Seguridad y Justicia no solo no cumplió con la orden judicial, sino que agravó aun más las condiciones de detención en la Unidad. Esta desobediencia tuvo sus consecuencias: dos detenidos murieron en peleas en menos de una semana en la Unidad 28 (el 5 y 10 de febrero), víctimas del sistema de delegación de la violencia que se denunciaba en dicha presentación.

En la nueva inspección realizada el miércoles 9 de febrero de 2011, se constató no solo la continuidad de los hechos denunciados en 2010, sino la profundización de las situaciones denunciadas tres meses antes.

La Unidad alojaba más personas aun: de 712 pasó a alojar 789 detenidos sobre un cupo penitenciario de 578. La situación es aun mas grave ya que 90 personas duermen en el piso sin colchones.

La sentencia judicial no había sido cumplida y se continuaban alojando tres y hasta cuatro detenidos por celda en SAC, en condiciones inhumanas, cloacas tapadas, olor nauseabundo, sin colchones y en aislamiento absoluto.

Lo denunciado es la regla: a pesar de que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Relator de Personas Privadas de Libertad de la CIDH requirieron al Estado Argentino que termine con las graves violaciones de derechos en las cárceles provinciales la crisis estructural se agrava cada día.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, no solo hace caso omiso a las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Se ubica por encima de la ley, e ignorando una sentencia judicial, ataca la base del sistema republicano de gobierno, que como funcionario público tiene la obligación de respetar.

Para mayor información:

Alejandro Mosquera. Secretario Ejecutivo de la Comisión por la Memoria. Telef. 011-1531772269.

Roberto Cipriano García. Director del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria.


domingo, 13 de febrero de 2011

Micro Radial N° 108 - UADH Rosario

Centros de tortura y exterminio



Hoy vamos a referirnos a la situación que se vive en los centros de tortura y exterminio en los que el sistema encierra a los sectores mas pobres y excluidos que el mismo genera.

En las últimas semanas se pudo ver a través de los principales medios de prensa como el servicio penitenciario de Mendoza cumplía con su tarea diaria, la que da real sentido a su existencia, que no es precisamente la que reza la ley. El video de la brutal golpiza propinada a varios internos del penal, logró, por lo impactante de las imágenes, provocar un controlado escandalete de incluso aquellos sectores que defienden y piden a gritos estas prácticas. No nos engañemos: si hay algo que la derecha desea es que esto quede silenciado tras los muros, que es lo que sucede diariamente en todas las cárceles del país. Las torturas, vejámenes, verdugueadas, son moneda corriente para los pibes encarcelados, mas aún teniendo en cuenta las víctimas fatales que sólo en la provincia de Santa Fe se elevan a 52 en los tres años del gobierno socialista.

Como se ve, esta política de aniquilamiento por supuesto que no se reduce a una sola Provincia, poco conoce de fronteras, por citar algunos de los casos de mayor relevancia y siguiendo un informe de la Coordinadora Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Córdoba nos encontramos con que las organizaciones de Derechos Humanos de esta pcia, tienen prohibido el ingreso a las cárceles, afectando esto principalmente la tarea de esclarecer las dudosas muertes que rápidamente se encargan de etiquetar de "suicidios" y dejan libre de responsabilidad a quienes las provocaron.

Los compañeros de ZAINUCO en Neuquén corren con las mismas prohibiciones en cuanto a no poder acceder a las cárceles a pesar de llevar años denunciado las violaciones que se cometen en las mismas. En el detallado informe que realizaron se refleja la falta de atención médica, las torturas sufridas por los internos, los abusos cometidos por el personal de requisa a las visitas, etc.

Por su parte, lo que informa la Red de Derechos Humanos de Corrientes, refuerza lo hasta aquí sostenido “Fueron innumerables este año las denuncias por apremios ilegales, por detenciones arbitrarias, por violencia institucional (policía o servicio penitenciario provincial). Trato cruel y degradante a quienes están en proceso y/o cumpliendo condena y la humillación adicional a sus familiares y allegados que luego de la exposición al frío/calor/lluvia/sol, en largas colas de espera, sin baños, a la madrugada o la siesta pasan por requisas vejatorias.”

Hasta aquí podemos ver que como sostuvimos al comienzo de este micro, Mendoza no resulta un caso aislado, sino una manifestación de la vigencia de la lógica aplicada en las cárceles de todo el país, las que parecen nunca tener lugar en la agenda del gobierno de los derechos humanos.

Unidad Antirrepresiva por los Derechos Humanos
Dirección:
San Martin 951 - Piso 5to - Oficina "A"
Rosario
Santa Fe
Argentina
2000
Teléfono: (0341) 155882788. El teléfono se encuentra habilitado las 24 hs. para recibir denuncias de apremios y abusos policiales.


Fuente: http://uadh.org//index.php?option=com_content&task=view&id=438&Itemid=1

sábado, 12 de febrero de 2011

Balance (anti) carcelario 2010: Alcira Daroqui

VISIBILIDAD DE LA CÁRCEL: Más allá de las imágenes

Titular de la Cátedra de Sociología de la Universidad de Buenos Aires; docente, durante 20 años, del Programa UBA XXII, Educación en Cárceles; directora del Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigadora del Observatorio de Prisiones de la Procuración Penitenciaria Nacional, Alcira Daroqui continúa con el Balance (anti) carcelario a propuesta de la Agencia Rodolfo Walsh. Daroqui se ha convertido, desde hace años, en una verdadera pesadilla para los hombres de gris, en especial para el Servicio Penitenciario Federal. En las investigaciones y la docencia, sus denuncias contundentes vieron la luz allí donde los criminales pretenden ocultar las violaciones a los Derechos Humanos, exactamente en el ámbito donde más se cometen. En el trabajo "Cuerpos Castigados" (realizado junto a Carlos Motto en el marco de la PPN), vimos que el "pata-pata", la "pirámide" o el "submarino" no son los nuevos ritmos de la noche, sino parte de la práctica permanente de la tortura tras las rejas.
Así, resulta contrastante el discurso que el gobierno argentino mantiene sobre la defensa de los derechos humanos y la política de castigos no previstos en el Código Penal, que constituyen un empeñoso intento de destrucción de la entidad humana de presos y cautivas. Como se sabe, la Argentina es sólo uno de los cinco países del planeta que tiene un servicio penitenciario militarizado, a la vez que se halla altamente especializado en una diversidad de suplicios que no son letra, pero sí hechos rotundos que acuden cuando cualquier hijo de vecino ingresa a un penal.
Además, según Daroqui: "a una política de desinformación, ocultamiento e invisibilización por parte del Servicio Penitenciario Nacional (SPF) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se les responde con trabajos de campo, relevamiento de testimonios, relatos, de documentación judicial, legislativa y penitenciaria y por supuesto, además, se hace público. Pero la visibilidad de los que sucede en las cárceles federales ha sido sistemáticamente relativizada y hasta negada por autoridades de nuestros país y en particular por el Director del SPF, Alejandro Marambio".
Es en este punto, precisamente, donde tiene su mayor sentido romper el silenciamiento -como podamos y donde podamos-, de esta masacre institucional, esta política de Estado que permanece ensañada con los hijos más pobres del pueblo. En ese rumbo, con valioso sustento, se han escrito las líneas que siguen.

Oscar Castelnovo


Durante el año 2010 la situación carcelaria en la Argentina no ha variado sustancialmente en cuanto a la gravedad con la que se expresa en relación a otros años.
Esta situación es evidente para aquellos que trabajamos la "cuestión carcelaria" desde hace mas de 20 años y lo seguimos haciendo en el presente, ingresando a las cárceles, recorriendo los pabellones, las celdas comunes y las de castigo, entrevistando a presos y presas, registrando la violencia institucional sistemática en cuanto a malos tratos físicos y torturas, los tratos humillantes, vejatorios y degradantes que además se agravan y profundizan con las paupérrimas condiciones materiales de detención de algunos sectores de alojamiento y en varios casos, de la totalidad de los espacios de la mayoría de las unidades carcelarias. La presentación de recomendaciones, denuncias, amparos y habeas corpus tanto por parte de la Procuración Penitenciaria Nacional como del Comité contra la Tortura de la Provincia de Buenos Aires cuya jurisdicción es sobre mayoría de unidades y cantidad de personas detenidas del país, dan cuenta de esta situación. Pero debemos reconocer que a pesar de este trabajo que compartimos con otras organizaciones y organismos comprometidos con la grave situación de violación de derechos que atraviesan miles de personas detenidas en nuestro país, nada se hace visible desde organismos estatales que deberían dar cuenta de lo que sucede y de las propuestas para revertir la violencia institucional y el agravamiento en las condiciones de detención en las cárceles, comisaría e institutos de menores del país. Tampoco, y ello nos incluye, sabemos cuántas personas privadas de su libertad registra el estado argentino, no tenemos información permanente y actualizada sobre la situación por la que atraviesan las personas detenidas en cárceles de servicios penitenciarios provinciales, menos aún conocemos cuántas personas están en comisarías, en centros de detención de gendarmería ni de prefectura. La política de la des-información obstaculiza y oculta aspectos elementales para abordar el problema: cuántos, dónde están y cuál es su situación.
A esta desinformación no son pocos lo que le damos batalla permanentemente, reconstruimos a través de fuentes dispersas, datos aproximados sobre la población total detenida en cárceles e institutos de menores de la argentina en forma actualizada y por supuesto, ello se hace aún más dificultoso-aunque lo seguimos trabajando - relevarlo de comisarías y "otros centros de detención".

Jurisdicción Federal y Provincia de Buenos Aires
Sin embargo, en relación a la cuestión carcelaria, dos jurisdicciones como la Nacional-Federal y la de la Provincia de Buenos Aires, cuentan con información sistemática a través de los diferentes sistemas de relevamiento producidos por la Procuración Penitenciaria Nacional(PPN) y el Comité Contra la Tortura(CCT) de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.
En sus informes periódicos y paginas web se actualiza en términos cuantitativos la población detenidas en la cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires, ambos sistemas penitenciarios alojan en 79 cárceles, a julio del año 2010, a mas de 35.850 personas (según los partes remitidos por fuentes penitenciarias a estos dos organismos), así la mayoría de la cárceles y la mayoría de los detenidos del país(ver datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep) 2008-última información oficial-) corresponden a estos dos servicios penitenciarios.
Pero desde estos organismos lo que se registra fundamentalmente son datos sobre las intervenciones regulares que realizan los mismos en relación a la situación por la que atraviesan miles de personas detenidas y que por ello mismo, puede dar cuenta de una problemática amplia y compleja de la vida intramuros. En este sentido, los malos tratos físicos y torturas, las condiciones materiales de detención y las muertes en las cárceles integran la agenda principal de abordaje de la problemática carcelaria.
Estos registros dan cuenta de denuncias judiciales, de modalidades y resultados de intervención institucional y de resultados de investigaciones científicas en las que participamos como integrantes del Observatorio de Prisiones de la PPN y como Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germanide la UBA
Estos registros (de investigación, intervención y judiciales) y sus fundamentos se construyen y se sostienen regularmente ingresando sistemáticamente a las cárceles, entrevistando personas detenidas, inspeccionando los espacios carcelarios, recibiendo información desde adentro, de presos y presas y sus familiares y de situaciones y casos que hacen público organizaciones no gubernamentales. Mas allá de la observación y registros de campo de cada cárcel, la palabra y los testimonios son claves para reconstruir lo que sucede dentro de la cárcel, dar cuenta de las prácticas cotidianas de funcionarios de fuerzas de seguridad a las que son sometidas miles y miles de personas.
Las palabras y los testimonios de las víctimas del terrorismo de estado fueron claves para hacer visible por un lado la magnitud de la masacre y por el otro, dar cuenta del despliegue de prácticas ancestrales en la producción de sufrimiento y dolor como de aquellas innovadoras, de sus articulaciones, especificidades, de sus actores, de sus responsables. Reconstruir el pasado a partir del testimonio y las palabras de sus víctimas, una dura batalla librada contra los torturadores y sus encubridores.
En este presente, los testimonios y las palabras de presos y presas no están "legitimados" para reconstruir los que les sucede hoy, en cada cárcel, en cada comisaría. ¿Será que los "delincuentes" no tienen derecho a ser víctimas de acciones aberrantes por parte de funcionarios del estado? Contradicciones o "dualidades" de una mirada intencionalmente miope sobre los "derechos humanos".
Desde hace varios años la cuestión de la violencia institucional: muertes, malos tratos físicos y torturas, tratos humillantes y degradantes, condiciones de vida intracarcelaria, etc han sido el eje nuestros trabajos, en esta nota solo haré una breve mención sobre algunos de estos aspectos: la cuestión de los malos tratos y torturas y sobre fallecimientos.(se cuenta con amplia información en los Informes Anuales de la PPN, en los Informes Anuales del CCT y en las paginas web respectivas).

Registros de malos tratos y torturas
En el año 2010(me abocaré a información vinculada a la situación de las cárceles sistema federal producida desde la PPN, ya que Provincia de Buenos Aires fue abordada por Roberto Cipriano del Comité contra la Tortura) los registros de malos tratos y torturas(me referiré a dos de los tres que trabaja la Procuración), daban cuenta sobre información actualizada de lo que sucede en relación a esta problemática:
Así, en relación al relevamiento de denuncias judiciales por casos de malos tratos y torturas-de enero a junio del 2010- se registraron 105 denuncias, de los cuales 27 fueron judicializados por la PPN. (ver ampliación en la WEB e Informe Anual 2010)
Del Proyecto de Investigación de Seguimiento sobre malos tratos y torturas, base comparativa con los resultados de la Investigación del año 2007, se seleccionando 5 unidades penitenciarias, 2 de zona metropolitana y 3 de interior del país. El criterio fue a su vez seleccionar solo los pabellones y módulos que cuyos resultados en el 2007 demostraron el mayor grado de conflictividad y de violencia institucional desplegada como así también se incorporó algunos pabellones que durante estos años, desde la intervención de la procuración, se individualizaron con la caracterización mencionada y se relevaron los siguientes resultados:
A modo de avance, en relación a los Complejos I y II (publicados en el Informe Anual 2010 de la PPN) se expresa lo siguiente:
El Complejo I- de Ezeiza, los módulos encuestados Ingreso, selección y tránsito, Modulo 3 alta conflictividad y 4 de jóvenes adultos en el año 2007: registraron que el 60,4 % de las personas encuestadas habían padecido malos tratos físicos y torturas. En esos mismos módulos en el año 2009, ese porcentaje ascendía a 77, 2%. Si los porcentajes no resultan "convincentes", digamos las cosas en valores absolutos, de 90 personas encuestadas, mas 70 personas detenidas expresaron haber sido víctimas de golpes, agresiones físicas y torturas.
En el Complejo II de Marcos Paz, los módulos encuestados fueron: modulo 1 Conducta( a pesar de ser de conducta se habían registrado casos de violencia en el mismo), Modulo 3 de Ingreso y modulo 5 de alta conflictividad, en el 2007 se relevó que el 52,1% de las personas detenidas en los mismos habían padecido malos tratos físicos y torturas, en el año 2009, ese porcentaje ascendió al 72,3%. En valores absolutos de 109 personas encuestadas, casi 80 personas fueron víctimas de estas prácticas violentas del personal penitenciario.
Es decir, 70 casos, 90 casos y otros tantos en tantas otras cárceles y comisarías conducen a cifras que ya no pueden soslayarse a la hora de hablar de ejercicios de malos tratos físicos y torturas en lugares de detención.

Muertes en prisión
De enero del año 2009 a enero del 2011 se produjeron 78 fallecimientos de personas detenidas en cárceles federales, como dato relevante entre octubre del año 2009 y octubre del año 2010, 11 de esas muertes, fueron por causas violentas. En la cárcel se muere y a veces de forma violenta. El estado debe garantizar la integridad física de las personas detenidas.
A una política de desinformación, ocultamiento e invisibilización por parte del Servicio Penitenciario Nacional(SPF) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se les responde con trabajos de campo, relevamiento de testimonios, relatos, de documentación judicial, legislativa y penitenciaria y por supuesto, además, se hace público. Pero la visibilidad de los que sucede en las cárceles federales ha sido sistemáticamente relativizada y hasta negada por autoridades de nuestros país y en particular por el Director del SPF, Alejandro Marambio.
Sin embargo, los últimos hechos acontecidos en la cárcel de Mendoza varias imágenes recuperadas desde un celular de un personal penitenciario otorgaban credibilidad a las prácticas violentas, torturas, ejercidas contra las personas detenidas por parte de personal penitenciario. Imágenes que mostraban con contundencia lo que cientos y cientos de personas detenidas han relatado, testimoniado y hasta denunciado(a pesar de poner en riesgo su integridad física y hasta sus vidas) y que como respuesta ha sido el de desconocer, devaluar y hasta desmentir esos testimonios. Un celular de un penitenciario, imágenes tomadas desde el torturador?? , permitieron que a los penitenciarios se los denominara torturadores y sus actos, torturas. Quizá sea por eso que el Servicio Penitenciario Federal, precisamente su Director Alejandro Marambio,( actualmente ascendido a un cargo de mayor jerarquía por parte del poder ejecutivo nacional) prohibía y prohíbe actualmente(aunque está autorizado por la ley) ingresar a la Procuración Penitenciaria Nacional con cámaras de fotos y/o filmadoras para registrar las lesiones y las situaciones de violencia en las cárceles???(hasta con actos de violencia del personal penitenciario contra médicos de la PPN, que pretendieron registrar las lesiones a presos a través de las cámaras de sus celulares-ver agencia DyN, WEB PPN).

"Responsable político, institucional y moral"
Deber ser por esto, él sabe del poder de la imagen, más que el de las palabras y testimonios de las víctimas, más aún si estas son pobres y "delincuentes". Pero, se olvidó de ser estricto con el personal penitenciario a su cargo ya que también tiene prohibido ingresar a las unidades en las que trabajan con sus celulares. Digo se olvidó y a "su cargo" porque Alejandro Marambio, Director del SPF, en cuyas cárceles se producen los hechos que revelan la primera parte de esta nota, era el responsable máximo de esa cárcel. El máximo responsable político institucional y porque no "moral".
La cárcel de Mendoza estaba intervenida por el Servicio Penitenciario Federal a cargo del civil Marambio cuando se produjeron estos hechos aberrantes de torturas, en diciembre del 2010 cesó la intervención pero estos hechos fueron anteriores. Quizá algunos de los máximos responsables de estos actos de tortura sean integrantes de esa "comitiva" del servicio penitenciario federal que acompañó al entonces Director de Readaptación Social del Ministerio de Justicia, Alejandro Marambio, allí por el año 2007, para efectivizar la Intervención de la cárcel de Mendoza después que la CIDH sancionará al estado Argentino por los hechos que se producían en la misma( nadie puede explicarnos porque en el 2010 levantó dicha sanción), esos mismos penitenciarios federales a los que el Alejandro Marambio definía casi (en términos morales) como héroes, que "sanearían" al servicio penitenciario provincial, hombres que en épocas difíciles inclusive salieron a cazar animales para darles de comer a los presos(sic, declaraciones de Marambio al Diario Los Andes 22 de marzo del año 2007, sección política) Quizá, al personal penitenciario provincial no se le transmitió debidamente esta "anécdota" y entendieron que la caza debía ejecutarse con los presos, quizá fue parte de su entrenamiento, quizá lo que pase en la cárcel de Mendoza, sea exactamente igual a lo que pasa en Ezeiza, en Devoto, en Marcos Paz, en Olmos, en Sierra Chica, en Las Heras, en Coronda, en Magdalena: las golpizas, el puente chino, el plasf-palsf, el pata pata, el criqueo, submarino seco y húmedo, etc etc expresado en mil palabras, en mil relatos de sus víctimas, pero no en imágenes, a ellos no los dejan filmarse mientras los golpean y a los organismos de control y defensa de los derechos humanos, tampoco.
De todas formas, más allá de las imágenes, la cárcel se hace visible, la hacen visible quienes se comprometen con la protección y defensa de los derechos humanos de las personas detenidas en un marco de estado de derecho-democrático y los datos de esta nota dan cuenta de ello.

jueves, 10 de febrero de 2011

La Universidad del delito


Imagen: Veintitres

Un video que mostró la práctica de la tortura en el penal de San Felipe, mostró las falencias del sistema carcelario. Hasta la trasmisión de estas imágenes, la mayoría de los representantes políticos locales sostenían: “La tortura no existe”.

Por María Eva Guevara
"Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice” señala nuestra Constitución Nacional en su artículo 18. Muy a su pesar, bajo el rótulo “tonterías”, una carpeta de archivo de un teléfono celular almacenaba 1.600 videos cargados por un guardiacárcel que se encargó de filmar una sesión de tortura y escenas de vejámenes contra jóvenes internos del complejo penal San Felipe.

William Vargas es quien aparece en uno de esos videos, arrodillado, esposado y atado a una reja mientras los penitenciarios despliegan toda su violencia de la forma más despiadada. En cuanto dichas imágenes salieron a la luz por todos los canales de televisión del país, su madre Susana Marta González se rindió al llanto, esperó que pasara la noche y por la mañana temprano se presentó al edificio de los tribunales federales para hacer la denuncia e intentar obtener alguna explicación.

“¿Cómo pudieron tratarlo así? ¡Ni que fuera un asesino serial!”, dijo a los periodistas. El estupor no podía ser menor. El único consuelo que tuvo esa madre fueron las palabras de su hijo explicándole que ya se había recuperado físicamente de esa golpiza ocurrida seis meses atrás y que a raíz de la intervención de los poderes del Estado, podría recuperar su libertad.

Efectivamente, William está muy lejos de ser el asesino serial al que habría que matar o dejar que se pudra en la cárcel según el explícito deseo de ciertos sectores de la opinión pública mendocina. Había ingresado al penal con 18 años y al cabo de unos meses recibió una condena a 3 años por tenencia de estupefacientes. No era una cantidad importante de droga la que tenía en su poder, pero el juez que lo condenó estableció que “estaba en duda si era para consumo personal o para vender”, de ahí en más al chico le quedó claro cuál era su opción de libertad: esperar 8 meses y ahí pedir el beneficio de la libertad condicional por el resto de la condena.

El caso es que la historia carcelaria de William no pudo ser menos insensata e injusta. Un día su madre lo visitó y se olvidó unos anteojos; él se los quedó para devolvérselos en la próxima visita, pero cuando hicieron una requisa, un guardiacárcel se los encontró y se los rompió, lo cual terminó con insultos y discusiones con el guardia. Esa es la explicación de por qué en el video los guardias le dicen “aquí está el bocón” mientras le pegan piñas en el pecho. La cosa no quedó ahí. Según relató William, lo llevaron a la enfermería para que lo revisara un médico que finalmente no relevó ninguna lesión. De ahí se lo llevaron a un sector de San Felipe que sirve de aula para que los presos asistan a clases. Allí se produjo la paliza que está filmada y que duró aproximadamente una hora.

Acto seguido le pusieron a William una sanción de quince días y lo pusieron en un calabozo aislado para que no lo viera nadie. La sanción, obviamente, fue una herramienta para encubrir la tortura, sin embargo, cuando el muchacho pidió la libertad condicional, fue de lo que se valieron los jueces para negársela.

Al cierre de esta publicación todo el revuelo generado por la difusión de los videos generaba un dejo de autocrítica y acción en el seno del poder judicial por el cual se empezó a revisar la validez de esta actuación disciplinaria y por lo tanto se volverá a analizar el pedido de libertad condicional. Lo que sí quedará para pensar es el tema de las secuelas dejadas en el subconciente de tantos jóvenes que como William aprenden dentro de la cárcel lo que es la atrocidad. Un aprendizaje a la medida de esos guardiacárceles victimarios que parecen haberse puesto en la cima de esa universidad del delito de la que egresan todos, más o menos perfeccionados.

La escuela de Bianchi. No faltan razones para descreer de la finalidad del sistema carcelario de Mendoza si se han sucedido hechos graves de corrupción político-penitenciaria en el pasado que no fueron investigados por la justicia. El caso más conmocionante fue el motín que estalló durante la vendimia del año 2000. Eso marcó el inicio de un deterioro gravísimo de las condiciones de hacinamiento e higiene infrahumanas que fueron sumergiendo a la población penitenciara en una espiral de violencia que cerró el círculo de la impunidad. Para dar una idea en el 2004 la cárcel de Mendoza alcanzó el récord de 24 muertos en un año, uno de ellos fue eviscerado y luego descuartizado en ocho pedazos que aparecieron dispersos por distintos sectores del pabellón.

Dos años después la cifra de muertes y lesiones graves dentro de la cárcel seguía en aumento, ocurriendo un hecho más que significativo: tres internos que habían sido trasladados desde Córdoba para declarar como testigos ante la justicia por la causa del motín vendimial fueron asesinados en el interior de Boulogne Sur Mer. Sus cuerpos fueron mutilados cortándoles dedos y orejas.

¿Que cómo se llegó a esto? La pregunta tiene varias respuestas. Por un lado, los funcionarios públicos hasta el gobierno de Julio Cobos se empecinaron con aplicar políticas de “mano dura” dentro de las cuales se avaló el “endurecimiento” de las medidas de seguridad para con los internos. Es más, según señaló el único director que intentó un cambio sustantivo en la cárcel apelando a medidas humanitarias, Alejandro Espeche, entre los funcionarios que vieron con sus propios ojos cómo se reprimía a los internos que se habían amotinado, estaba el mismo Cobos quien en ese entonces era ministro de Obras Públicas de Roberto Iglesias. “Esto hay que denunciarlo”, habría dicho Espeche, frente a la fila de presos desnudos en el suelo. Pero todos se hicieron los distraídos.

Otra respuesta es la continuidad de personajes que actuaron con total impunidad durante la dictadura militar. Hasta el año 2000 el subdirector de la cárcel era Luis Bianchi, mientras que los prefectos Balmes y Barrios tenían el control operativo de todos los penitenciarios. Aquel grupo era nada menos que un nicho con historia. El retrato sustancial de esta historia puede leerse en el libro de un ex preso político, Fernando Rule cuyo título es “Un allegro muy largo. De la vida social y cultural en las cárceles de la dictadura argentina”). Allí dice que hacia 1976 Bianchi era simplemente un empleado, un penitenciario raso, gordito y con cara de bebé. Cierto día desapareció una o dos semanas y apareció de oficial. Se había acomodado con el Ejército y en esa carrera de hacer mérito se encargaba de llevar a la sala de torturas o de torturar personalmente a algunos de los presos. Como aquella vez que tirando al piso a uno de ellos se le sentó arriba y a fuerza de bastonazos pretendía hacerlo subir las escaleras arrastrándose, como quien monta un buey.

Son varios los presos políticos que narran la violencia con la que los penitenciarios de aquella época hacían las llamadas “requisas” practicadas sistemáticamente durante la dirección de Naman García. Ese mismo Naman García sería designado a comienzos de la democracia como Jefe de Policía, cuando Felipe LLaver asumía como gobernador y Leopoldo Orquín como responsable del área de gobierno de la que depende también la cárcel.

Un leading case inconcluso. En el 2003 un grupo de abogados mendocinos, agrupados en Xumex (Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos) comenzó a presentar acciones de hábeas corpus que derivaron en la intervención de organismos internacionales. Concretamente fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que abrió y comenzó a ocuparse del caso “Cárceles de Mendoza”.

Lo que dicen los expertos después de constatar y generar varios informes es que si se cumpliera con nuestra Constitución y con el Pacto de San José de Costa Rica, el resultado a largo y mediano plazo sería mayor seguridad. Es decir que la reinserción social de las personas privadas de libertad no debía ser tomada como un simple anhelo sino como un hecho concreto que beneficie a los ciudadanos a través de la disminución de la violencia.

Esa ha sido la piedra de toque de los esfuerzos de cambio que se han venido desplegando en los últimos años. Pero hay que señalar que han habido fallas, contramarchas en la política del gobierno de Celso Jaque.

Para empezar la Corte Interamericana de Derechos Humanos levantó las sanciones contra Mendoza porque consideró que ya la situación era distinta, había mejorado y los resortes naturales estaban funcionando en ese sentido. Ahora bien, la provincia quedaba comprometida a implementar un órgano externo que monitoreara y desde hace dos años duerme en la Legislatura provincial el proyecto que habilita el mecanismo de prevención de la tortura.

Esto es, durante los últimos años no sólo no ha habido debate sino que no ha habido interés en llevar adelante dicho mecanismo de prevención. Algunos hablan de que a la sociedad le resulta mejor mirar para otro lado y que este no es un tema políticamente “vendible”. Salvo la senadora Alejandra Naman (ARI), la mayoría de los representantes de los partidos políticos considera que “la tortura no existe”.

A raíz de la difusión de los videos, parecen haber cambiado de opinión. Al menos esta vez suscribieron con su firma el despacho de Alejandro Naman a favor de la creación de la figura del Procurador Penitenciario y de un comité externo que esté facultado para visitar los lugares de encierro en cualquier momento y sin ningún tipo de limitaciones.

Por el lado de los mensajes resta señalar la desafortunada frase de Celso Jaque quien calificó este video como un “hecho aislado”. Fue decir esto y sucumbir ante una seguidilla de nuevas denuncias que hablan más o menos de lo mismo: golpes, represalias, violencia inusitada.

Este aspecto de lo simbólico tiene su valor. Como dice Alejandra Naman, “por esto discutí en este gobierno y en el de Cobos porque eso habla de la falta de docencia que desde el Estado se hace sobre el verdadero valor de los derechos humanos. Hay mensajes que a mí me dejan aterrada, el sólo hecho de pensar que un ciudadano común pueda creer que alguien que por haber cometido un hecho delictivo que lo llevó a estar privado de su libertad se merezca esos tratos es algo que me produce estupor”...

Si se puede hablar de conclusión ésta sería que estamos en deuda con la política carcelaria. Según Alejandra Naman ahora es cuestión de ocuparse, hacer que exista un protocolo y un comité a cargo del control externo, ya que “eso es lo que nos va a garantizar la confiabilidad de las denuncias, la inmediatez a favor de la persona que pudo haber sufrido el apremio ilegal, el hecho de que sea autónomo y autárquico económicamente será una forma de evitar que sea funcional al poder de turno”.

Respecto de los prejuicios también Naman señaló que habrá que dejarlos de lado porque si no “pareciera que el problema es que los oficiales o los penitenciarios involucrados no habrían recibido su curso de derechos humanos cuando cualquiera puede darse cuenta de no hace falta un curso de derechos humanos para entender que la tortura va contra la naturaleza misma de las personas, esto es algo que ya abolió la asamblea del año XIII y prohibió claramente la Constitución de 1853.

“Evidentemente las prácticas inhumanas han quedado como resabios de otras épocas y que no las hemos logrado erradicar. A veces los que hemos querido hacerlo nos vimos en absoluta soledad ya que el oficialismo se negaba a tratar el proyecto. Es cierto que no es algo sencillo y que se actúa por lo general de forma reactiva, también entiendo que no es fácil entrar a una penitenciaría, es algo que produce un shock emocional, pero debemos hacerlo. Yo ya lo planteé en la Comisión Bicameral de Seguridad: les dije: ya basta de visitas anunciadas que son en realidad visitas guiadas”.

Causa justa. Diego Lavado, abogado defensor de los derechos humanos, miembro de Xumex, fue Subsecretario de Justicia al comienzo de la gestión de Jaque. Fue él quien preparó los proyectos de ley que la legislatura no trató en estos últimos dos años sobre el mecanismo provincial para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes.

También fue Diego Lavado quien presentó a la Fiscalía el teléfono celular que contenía los videos y pidió que se abriera una profunda investigación por el delito de torturas. Ya hay unos 7 penitenciarios identificados, puestos a disposición de la justicia y sumariados por el gobierno.

Como no podía ser menos elocuente, Diego Lavado es uno de los querellantes que participa de las jornadas del juicio oral contra los represores de la dictadura y es allí donde las víctimas relatan todo tipo de torturas y vejámenes. Más de treinta años después, un teléfono celular entrega la misma imagen del horror que se vivió durante la dictadura.

–Entre los videos que Xumex entregó a la justicia hay uno que muestra a penitenciarios mayores pegándole a penitenciarios jóvenes, ¿no hay ahí una pista de dónde viene la enseñanza de la práctica de la tortura?

–Han habido varias denuncias, en el año 2008 recuerdo la de un joven que recién había ingresado al servicio y le habían dado su “bautismo”, o sea, le habían pegado una paliza. Y hace poco me contó el ministro de gobierno que días antes de que apareciera el video recibió la denuncia de un personal penitenciario al que le sucedió lo mismo. Recién había ingresado y le quebraron una costilla. Esto lo hemos visto también en el Ejercito donde tuvimos noticias sobre estos bautismos que han trascendido los institutos militares o policiales en distintos lugares del país. Estas cosas pasan, y lo que hay que hacer es concientizar para evitarlo. Si uno entra con una vocación de servicio, como lo hacen los que tienen la ilusión de servir a la sociedad, ingresando al servicio penitenciario y lo primero que se encuentran es que se les tira abajo toda esa ilusión resulta que se está introduciendo en una función completamente distorsionada. Creo que sobre eso hay que trabajar, mejorar los aspectos de la educación, pensemos si no en la persona que vio esa paliza grabada y no denunció nada. Lo más probable es que no lo haya hecho por que él mismo hace cinco o seis años atrás fue “recibido” de la misma manera. Por eso no se sorprende. Si no se trabaja en ese punto, el mensaje que queda es: “así nos manejamos en el interior, le pegamos a los presos y a los penitenciarios nuevos”

–Por la experiencia que hubo de visitas al interior de la cárcel ¿se concluye que se colocan obstáculos para recorrer el penal sin restricciones?

–Normalmente hay resistencia de las autoridades a que hayan visitas sin restricciones.

–¿Por un tema de seguridad interna?

–No, justamente es para tratar de ocultar las cosas que pasan adentro. Diría que las únicas visitas sin restricciones que han habido en la cárcel de Mendoza han sido, las que hizo la Comisión Interamericana. Fue con previo aviso, pero sin restricciones. Aquella primera visita los funcionarios no sabían exactamente cuándo se iba a producir. Cuando llegaron los miembros de la CIDH fue una sorpresa que dijeran que iban a entrar solos acompañados por la prensa, o sea sin compañia de autoridades de gobierno. Realmente en aquella ocasión ingresaron a todos los lugares que quisieron, pero eso no es lo habitual. En mi caso, después una vez que hubo una huelga de hambre generalizada en el pabellón 5, fui con la compañia del Dr. Nanclares, cuando era presidente de la Corte Suprema y yo era Subsecretario, ahí quisieron restringirnos la visita, dijeron que era peligroso que nosotros ingresábamos a nuestro riesgo cosa que hicimos. porque una visita al interior de la cárcel no tiene ningún riesgo, es claro que los internos quieren que del exterior vean lo que pasa, podrá tener, en todo caso, riesgo para el personal penitencionario. Lógicamente, el que no entiende o no sabe, pone la excusa de los riesgos de la seguridad. Ni en la visita de la comisión, ni en la del Dr. Nanclares, nos dejamos persuadir por los discursos de la seguridad interna, todo lo contrario.

–Se dijo que estas torturas eran un hecho aislado y que era un problema de la intervención federal del servicio penitenciario federal

–La mejor prueba de que no es un hecho aislado, es que desde el 2004 para acá venimos denunciando este tipo de delitos, lo que si es aislado es que es la primera vez que se filma. Los delitos que venimos denunciando han sido tan graves que derivaron en la intervención de la CIDH, pimero y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos después, a través de los mecanismos de medidas cautelares y provisionales. Lo que sí debemos decir como miembros de Xumex es que esperamos que esto provenga de un grupo reducido de penitenciarios marginales, y que la mayoría del personal haya entendido cuál es su verdadera función que es acompañar las políticas que se implementan a partir de la intervención de los organismos internacionales.

–¿Sabe si entre los penitenciarios involucrados hay beneficiados por recientes ascensos?

–No conozco las identidades, probablemente, si alguno tiene grado de suboficial, por supueso que ha sido ascendido, no es un agente. Aquí además de la prevención que la va a dar el mecanismo de prevención de la tortura hace falta seguir profundizando la capacitación. Cuando se construyó Almafuerte, que era un proyecto que existía de antes, pero que recién se impulsó al ver la necesidad de darle una respuesta a la CIDH, hubo un problema en este sentido. Ese proceso de construir un nuevo penal no fue acompañado por un proceso de formar el personal que lo iba a dirigir, a tal punto que se tuvo una nueva cárcel, los presos estaban hacinados en Boulogne Sur Mer, y no había personal penitenciario para poner en funcionamiento la nueva cárcel. Esa fue la situación con la que se encontró el gobierno de Jaque. Otro problema es que la carrera penitenciaria no es un atractivo para la mayoría de la gente, salvo que realmente se garantice no sólo una formación sino además una buena atención salarial y condiciones de trabajo que hagan atractiva la función. Creo que habría que habría que crear una carrera penitenciaria desde el Instituto de Seguridad Pública porque la capacitación es precaria, está dentro del servicio, como ha sido siempre, pero eso respondió a la necesidad de poder captar la mayor cantidad de gente, de lo que se trata es de apostar a cambiar la cultura que evidentemente subsiste en algunos sectores del centro penitenciario.

Fuente: Veintitres http://www.elargentino.com/nota-125815-medios-120-La-Universidad-del-delito.html

jueves, 3 de febrero de 2011

Torturas en cárcel de Mendoza

Imagen del horror penitenciario

La ONG mendocina Xumek presentó videos grabados en su celular por un penitenciario. Se ve cuando un grupo tortura a un preso. Cinco guardias detenidos y un jefe en disponibilidad.

Por Horacio Cecchi

Las horrorosas imágenes de un grupo de penitenciarios de la cárcel de San Felipe, en Mendoza, golpeando y pateando a un preso que se encontraba arrodillado y con las muñecas esposadas por la espalda, mientras pedía clemencia y como respuesta obtenía risas y más golpes, ayer ya daban la vuelta al mundo a expensas de la modernidad virtual. Las imágenes fueron filmadas impunemente en el celular de uno de los integrantes de la patota carcelaria. El sentimiento de impunidad fue lo que en definitiva derivó en la publicidad de las torturas: la semana pasada, un hombre que dijo haber hallado el celular caído al costado de la cárcel de Mendoza entregó el teléfono a la ONG mendocina Xumek, especializada en derechos humanos. Ayer, luego de lograr rescatar los videos de la memoria del móvil, Diego Lavado, presidente de Xumek y ex secretario de Justicia del actual gobierno mendocino, presentó la denuncia ante la Justicia. El fiscal de asuntos complejos Santiago Garay ordenó la detención de cinco guardias identificados, y el gobierno ordenó el pase a disponibilidad del jefe de seguridad del penal. Los videos del horror saltan en momentos en que en Mendoza se llevan adelante los Juicios de la Verdad contra torturadores y colaboradores, y el gobierno post Cobos intenta impulsar su proyecto de ley de conformación de los mecanismos para la prevención de la tortura, cuyo objeto es evitar situaciones horrorosas como las que revelan las imágenes.

El complejo San Felipe fue construido recientemente como unidad de Fase de Confianza, que en la jerga carcelaria viene a representar un espacio para internos que pasan por su última etapa en prisión, bajo un régimen supuestamente más benigno. El San Felipe, que toma su nombre de la calle sobre la que se encuentra, está a espaldas de la tétrica Penitenciaría de Mendoza o cárcel de Boulogne Sur Mer, cuya historia negra de presos descuartizados, suicidios y asesinatos derivó en denuncias que llegaron hasta las más altas autoridades de Justicia del continente americano (ver aparte).

El jueves pasado un hombre, que se presentó como familiar de un preso, llegó ante las oficinas de Xumek para entregar un celular que había hallado cerca del complejo San Felipe cuando salía de la Penitenciaría, aparentemente perdido por su dueño. “El celular es un aparato de formato viejo pero capaz de tomar imágenes y de filmar –describió Diego Lavado a Página/12–. Después de trabajar técnicamente para obtener las imágenes del chip de la memoria, descubrimos que había varios videos y fotos caseras incluso algunas en las que el dueño del celular se identificaba a sí mismo.” Entre las imágenes que obtuvieron del celular había algunas porno, escenas de sexo entre el dueño del celular y una mujer, y las imágenes del grupo de penitenciarios que se repite en diferentes situaciones, de guardia y demás, entre ellas los videos de torturas que motivaron la denuncia.

En el escrito presentado ante el fiscal 17 de Asuntos Complejos, Santiago Garay, los denunciantes describen cuatro videos que aparecen en el celular identificados con los números 04092010067, 03122010080, 06062010050 y 06062010051. El primero, en el celular aparece grabado por el dueño como 067 y tiene como fecha asignada el 4 de septiembre de 2010. En el video se ve a cinco penitenciarios que en un turno nocturno practican boxeo con guantes en el gimnasio del complejo. El segundo, fue grabado con el número 080 con fecha 3 de diciembre de 2010. En él se ve a dos funcionarios que golpean con puños y patadas a un interno, aparentemente joven-adulto, es decir, mayor de 18 y menor de 21. En las escenas se puede ver cómo dos guardias golpean a un joven que grita y se encuentra de pie contra una pared, grita y se queja. Luego, uno de ellos aplica una patada en los tobillos haciéndolo caer. De inmediato, el que hizo caer al joven se da vuelta, y lamentándose de que no se podía filmar, cerró la puerta para obstruir las imágenes.

Siguen los videos categorizados como 06062010050 y 06062010051.

Ambos fueron grabados el 6 de junio de 2010 identificados con los números 050 y 051. En ellos participan al menos 5 penitenciarios y tienen a un interno que al ser presentada la denuncia aún no había sido reconocido. En el primero, que fue grabado como 050, se ve al preso de rodillas contra un rincón, con las manos esposadas a la espalda y la frente contra el piso. Uno de los guardias levanta sus brazos hacia la pared en sentido contrario al que da el físico. Mientras el preso grita de dolor y exclama “¡ya está!”, otros guardias lo golpean con los puños y patadas en las costillas y la espalda.

El interno se queja diciendo que tiene una costilla fracturada, lo que provoca risas entre los torturadores y más golpes en el costado donde siente el dolor. “¡Ya está, por favor!”, se escucha rogar al preso mientras uno de los torturadores le pregunta “¿cómo dice cuando toca con las manos en la pared? ay! ay... dice ”, y le levanta las manos en forma antinatural. El interno ruega mientras llora (ver aparte).

El segundo video, grabado como 051, reproduce imágenes semejantes y tienen como víctima al mismo interno y los mismos penitenciarios. Otros dos videos grabados como “Fuego para un pucho” y “Milicos en Acción”, demuestra lo que los denunciantes detectan como una conducta habitual. En el primero, se ve a un preso que pide fuego para un cigarrillo y un penitenciario con una especie de lanzallama echa fuego contra la mirilla, mientras los otros se ríen y se jactan del trato. El otro video, muestra el momento en que un grupo de presos se encuentra duchando y los guardias con bastones de madera y hierro los hacen entrar violentamente en las celdas.

Los denunciantes agregan que “es importante destacar que además de los videos descriptos, con el mismo dispositivo se han registrado diversas fotos, que son nombradas como ‘Yo’ y permiten colegir que esa persona sería la propietaria del celular en cuestión y quien ha realizado las filmaciones”.

Ayer, luego de la denuncia, los videos comenzaron a circular por los medios mendocinos on line y por la tevé provincial. Fueron esas imágenes precisamente las que permitieron identificar al interno cuyo rostro no era visible. Cuando otros internos del penal las vieron en la pantalla rápidamente informaron para decir de quién se trataba.

El fiscal Santiago Garay pidió la inmediata detención de todos los penitenciarios que se encontraban en el lugar incluido el presunto dueño del celular y del impune “yo” fotográfico. Por su lado, el ministro de Gobierno, Mario Adaro, aseguró en conferencia de prensa que “sin lugar a dudas el gobierno (de Celso Jaque) va a aportar todas las pruebas necesarias”. Adaro informó el pase a disponibilidad del jefe de seguridad del penal, Leonardo Escobar, y dijo que “nos hacemos cargo de esta situación” y consideró que “es una vergüenza que sucedan estas violaciones a los derechos humanos”. Si bien no es comparable la disposición del gobierno de Jaque con la de su antecesor, el “no positivo” Cobos –durante cuyo gobierno el Estado argentino recibió fuertes cuestionamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver aparte)–, la situación carcelaria en Mendoza ofrece hábitos y costumbres que no fueron desterrados. Pese a que el gobierno definió el escándalo con la presunción de que se trata de “un hecho aislado”, las imágenes y la impunidad de su grabación no dejan demasiados fundamentos optimistas a esa expectativa.

No se trata de intenciones, ya que el gobierno, en ese aspecto, viene batallando desde hace casi dos años con tropa propia y ajena para que el Parlamento mendocino apruebe el proyecto de ley de mecanismo para la prevención de la tortura, que estará conformado por representantes de las ONG especializadas en cuestiones carcelarias, y que permitirá ingresar a los penales con filmadoras, realizar inspecciones, entrevistas a los internos y hacer propuestas a las autoridades, mecanismos que fueron comprometidos internacionalmente por Argentina y que en territorio nacional sólo la provincia de Chaco conformó tal cual exige el tratado internacional ratificado por el país. Ayer, precisamente, la Comisión Bicameral de Seguridad había convocado a Adaro para dar explicaciones e intentar dar un golpe de timón hacia la votación del proyecto.

http://horaciocecchi.wordpress.com

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-161658-2011-02-03.html


Difunden videos de torturas a presos en Mendoza

Una organización de defensa de los derechos humanos hizo la denuncia con los videos en mano. Fueron hechos con un celular en el Penal de San Felipe.

Difunden videos de torturas a presos en Mendoza
En uno los videos se ve a dos penitenciarios golpeando a un interno.

La Asociación para la Promoción y Protección de Derechos Humanos denunció maltratos y torturas en el penal de San Felipe de Mendoza, cuyas pruebas fueron grabadas con un celular. Lo hizo ante el fiscal de Delitos Complejos de Mendoza, Sergio Garay.

En total hay tres videos, tomados en distintos meses de 2010, que demuestran el feroz maltrato de uniformados hacia internos.

En uno de septiembre se puede observar que al menos cinco funcionarios penitenciarios dentro del Complejo San Felipe practicando peleas con guantes de boxeo.

En otro, de diciembre, se ve que dos funcionarios penitenciarios arremeten con golpes de puños y patadas contra un interno mientras otro filma la “acción”.

En el audio pueden escucharse las exclamaciones de sufrimiento que emite el interno indefenso, ante los golpes que recibe, en zona abdominal y en sus piernas.

Un tercer video muestra a cinco funcionarios penitenciarios que mantienen a un interno, de identidad todavía desconocida, arrodillado sobre el piso esposado y maniatado a una ventana del pabellón, estirando hacia arriba sus brazos en sentido contrario a su flexión natural.

“Con este escenario tortuoso los funcionarios penitenciarios le dan golpes de puños y patadas al interno ensañándose sobre las costillas, las que según la queja del interno las tendría fracturada.

Además, los funcionarios le preguntan dónde le duele y, así, castigarlo en ese sitio”, dice la denuncia. En las imágenes también se registra que ante la solicitud de un interno para encender un cigarrillo, personal penitenciario emplea un elemento que arroja fuego contra la mirilla de la celda.

“Los penitenciarios filman esta situación jactándose del trato que le brindan con burlas alusivas”, afirma la denuncia.

Diego Lavado, el abogado de la organización que realizó la denuncia, dijo que el teléfono celular le fue entregado por personas que lo encontraron tirado en cercanías del penal y que al revisarlo encontraron los videos.

El letrado explicó que si bien las imágenes están fechadas en mayo y julio de 2010, no tiene la seguridad de que los maltratos hayan ocurrido en esa época porque podría estar mal el calendario del teléfono.

"Además, cuando los presos vieron hoy las imágenes por televisión, me mandaron un mensaje de texto que dice que el que está siendo golpeado en el piso todavía está mal, así que informé de esto al fiscal y al ministro de Gobierno", señaló.

Para determinar cuándo ocurrieron los hechos y quién es el dueño del teléfono, el abogado pidió al fiscal que se realicen peritajes en la memoria del aparato.