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jueves, 9 de agosto de 2012

I.A.P.I.P, ente similar a aquella forestal de antaño que opero en el norte santafesino

En los presidios de la provincia de Santa Fe funciona El Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (I.A.P.I.P), una empresa gubernamental que durante más de 26 años ha venido recaudando cifras muchas veces millonarias a costilla de pobres y excluidos que explota en negro, solo en el 2011 el I.A.P.I.P alcanzo los 4 millones de pesos arrojando déficit aun así, y esto sin tener que paga luz, sueldos, y ni siquiera reúne los elementos básicos de seguridad para proteger la vida de los pibes en estado de cárcel que esclaviza este ente similar a aquella forestal de antaño que opero en el norte santafesino.

Voces desde adentro

Por: Internos de asesoría jurídica

Se siguen malversando fondos?

I.A.P.I.P es una institución creada en el año 86, con el objetivo de cumplir un rol tan importante, como la capacitación y la generación de hábitos laborales dentro de las penitenciarias de la Provincia de Santa Fe.

Es una institución dirigida por funcionarios civiles de los gobiernos de turnos, poco a poco fue perdiendo objetividad, ya que dejo de interesar, si se cumple con sus roles tan fundamentales, como la capacitación laboral y la generación de hábitos laborales, año tras año va en decadencia institucional, ya que ni siquiera se cumple con el deber, de que los internos concurran a sus destinos laborales,  argumentando que no disponen de materias prima, para que puedan funcionar sus talleres.

Que mentira tan grande cuando se jactan en sus discursos, diciendo que se crean nuevos talleres de capacitación laboral  son talleres fantasmas, porque solo existen para las fotos y que los medios de prensa  puedan difundir falsas expectativas a la sociedad.

¿Cuantos talleres funcionan bajo la orbita del I.A.P.I.P.? y ¿cuales son los que cumplen con su función?

En la anterior gestión a cargo de la licenciada Analía Merlo, como directora del                      I.A.P.I.P, se mostraba panadería, granja, carpintería y herrería, con cuatro talleres quieren poner al I.A.P.I.P. como una institución que logra el objetivo que tiene encomendado, capacitación y generación de hábitos laborales.

Por falta de condiciones para llevar adelante esta institución, renuncia la licenciada Analía Merlo y se la designa a la licenciada Ana Emmert como directora del I.A.P.I.P.

Han transcurrido nueve meses de su gestión, tuvo capacidad para reactivar los talleres fantasmas, o se sigue mostrando los cuatro talleres de siempre?

Hoy carpintería no funciona por falta de materia prima, herrería atraviesa la misma situación, la panadería funciona porque tiene un convenio con el servicio penitenciario y debe proveer el pan para todos los internos y similar es la situación de la granja, ya que la producción de pollos, los compra el servicio penitenciario, por suerte porque de lo contrario serian otros talleres perdidos como los demás.

¿Qué destino tiene el dinero que recauda I.A.P.I.P? En el año 2011, facturo 4 millones de pesos, es un ente autártico, por lo cual se debe reinvertir en los talleres de la institución hoy la administración del  I.A.P.I.P. no puede reactivar ningún taller  por no disponer de dinero ¿esto es cierto?

El quebrantamiento institucional que alcanzo el I.A.P.I.P., puede ocupar el primer lugar en los record güines porque es una institución que no tiene gastos ya que esta exento de abonar impuestos y servicios así como tampoco paga sueldos de maestros ni paga mano de obra ya que a los internos les paga el servicio penitenciario un peculio estimulo, con todas estas ventajas que ninguna empresa tiene, como puede ser que sus finanzas fueron en decadencia y el I.A.P.I.P. tiene endeudamiento financiero y social, ya que no cumple con su objetivo.

¿Esta capacitada la licenciada “Ana Emmert” para ocupar el directorio de I.A.P.I.P.?  

Creemos que nueve meses han sido suficientes para demostrar su incapacidad conductiva, apelamos a la buena predisposición de los funcionarios, para que tomen cartas en el asunto e intercedan tomando medidas con urgencia, porque la inoperancia institucional del  I.A.P.I.P. es perjudicial para quienes estamos privados de libertad.

El crecimiento y funcionamiento de una institución no se refleja detrás de un discurso cargado de hipocresía, la realidad la vivimos los privados de libertad que pasamos semanas enteras sin concurrir a los destinos laborales que tenemos designados por falta de materia prima.

¿Que seriedad tiene esta institución que lo único que esta fomentando es la explotación de los internos, porque los hacen trabajar en condiciones de esclavitud por un magro peculio?

No hay capacidad para crear y reactivar talleres, con cuatro millones de pesos que se facturo en el año 2011 como se puede aducir que los talleres hoy no funcionan porque hay déficit en las finanzas, lo que no permite realizar la compra de materia prima. Podemos predecir el destino del I.A.P.I.P. cerraran todos los talleres por no poder reactivarlos pero no olvidemos que se siguen generando puestos laborales porque crean los famosos talleres fantasmas, por los cuales hacen convocatorias de personal y los maestros que logran el nombramiento, lo cuales cabe destacar que la mayoría son acomodados por ser conocidos o familiares de superiores y por ejemplo si es carpintero termina criando pollitos en la granja, porque el gran fraude al estado esta en la venta de pollos y pan ya que el servicio penitenciario termina pagando precios mas elevados que el existente en el mercado.

La finalidad de la pena privativa de la libertad tiene como objetivo la resocialización y readaptación ¿Qué ejemplo nos dan este tipo de funcionarios? Si en la actualidad el   I.A.P.I.P. cuenta con más personal que internos en los talleres.

La comisión de derechos y garantías de la cámara de diputados  de la provincia desconoce esta situación o  preferimos creer que la desconocen, tal vez sea porque ya no participan de las mesas de dialogo donde los internos plantean estas situaciones anhelamos que se tome alguna medida que sirva para subsanar el quebrantamiento institucional.

Fuentes: Internos de asesoría jurídica  

jueves, 28 de junio de 2012

La PLata: trabajo esclavo y manipulación de residuos patológicos en la Unidad N°10 y N°29


Un negocio entre otros parece privilegiar el Servicio Penitenciario Bonaerense en función de llenarse los bolsillos esclavizando a personas detenidas: El negocio de lavar adentro de las cárceles lo que se ensucia afuera. Clínicas privadas, hoteles y restaurantes son por igual sus clientes, aunque la normativa sanitaria prohíbe que se laven materiales de origen diverso en las mismas máquinas. A pesar de haber sido denunciado hace ya cuatro años por radio La Cantora y otros organismos de DDHH, el funcionamiento irregular de lavaderos privados en el interior de las unidades penales 29 y 10 de Melchor Romero y 15 de Batán permanece vigente. Recientemente, una inspección realizada por nuestra Asociación y el Secretario de Ejecución Penal de San Martín Juan Manuel Casolati a la cárcel de tránsito de esa localidad constató que los detenidos siguen lavando sábanas, fundas y ambos de cirugía que se mezclan con residuos patógenos de todo tipo sin medidas de protección alguna.
En toda la provincia: Lavaderos de U15, Batán

Diario El Atlántico
En el año 2008 recibimos en Radio La Cantora un llamado telefónico proveniente de la Unidad Penal N° 10 de Melchor Romero, en el que un grupo de detenidos denunciaba la existencia de un lavadero industrial para el cual trabajaban los enfermos mentales detenidos allí manipulando, entre otros elementos, ambos ensangrentados y azaleas con restos de residuos patológicos sin ningún tipo de protección. Informamos de este hecho al Comité Contra la Tortura y, producto de la inspección realizada en el lugar, se presentó ante la fiscalía de turno un hábeas corpus colectivo en septiembre de ese mismo año. En ese momento el Comité certificó: “sábanas, fundas y ambos de cirugía se mezclan con diferentes residuos patógenos que pudimos observar: pedazos de gasa y algodón con sangre, toallas, rejillas y trapos de piso ensangrentados (…) Todos los detenidos a los que vimos trabajar carecían de protección; vimos a algunos de ellos manipular estos residuos sin guantes ni traje alguno. Si bien el encargado afirmaba que los internos no manipulaban la ropa conforme llegaba, con residuos patógenos, vimos que sí lo hacían”. (Ver "Negocios a la sombra, ¿oscuros emprendimientos?") En esa oportunidad también se aclaró que el lavadero recibía el nombre de “Asepsia”, que tenía convenio con el Servicio Penitenciario Bonaerense y que su tarea consistía en el lavado de ropa proveniente de clínicas privadas localizadas en Mar Del Plata, Monte Grande y Luján.


Cuatro años después de esta denuncia, todo sigue igual. El pasado martes 19 de junio desde la Asociación Civil La Cantora nos hicimos presentes en la Unidad 29 junto al Secretario de Ejecución Penal de San Martín Juan Manuel Casolati, pudiendo constatar la permanencia y profundización de las irregularidades ya denunciadas en el 2008 y logrando la obtención de datos más precisos acerca de este turbio negocio que crece a costa de la destrucción de la vida de las personas privadas de su libertad, tanto en la Unidad 29 la Unidad 10 y la 15 de Mar del Plata.


Entre lo observado, pudimos constatar que al lavadero que funciona en la Unidad 29 de Melchor Romero llegan no sólo sábanas de clínicas que envuelven restos de residuos patógenos como jeringas, guantes, algodones y gasas ensangrentados, orín, materia fecal y hasta pedazos de placenta, sino también sábanas de hoteles y manteles de restaurantes, que se encontraban apiladas a la vista. El dato alarmante es que todo esto es lavado en el mismo lavadero, sin que los detenidos que allí trabajan realicen distinción alguna entre lo que viene de las clínicas privadas y lo que proviene de hoteles y restaurantes. En la denuncia posterior a la inspección formulada por el Dr. Juan Manuel Casolati es descripto el panorama con lujo de detalles: “fue mayor nuestra sorpresa cuando observamos que estas prendas venían con restos de materia fecal, orines y sangre, en bolsas negras, que a su vez tenían en su interior, gasas con sangre, agujas, barbijos manchados con líquidos y sangre, guantes sucios, envases de jeringas o otros materiales de entidad patogénica”. (Ver Informe de Inspección Unidad 29 19/06/2012). A esto se suma que dicho trabajo es realizado sin ropa adecuada, sin barbijos, sin guantes y sin botas acordes a este tipo de actividad laboral de alto riesgo.


Pero allí no termina todo. Según lo dicho por el propio encargado de Asepcia, luego de separadas las sábanas, ambos y manteles de los residuos patógenos, estos últimos son arrojados en bolsas de consorcio negras y trasladados a la Unidad 10 donde los detenidos allí alojados deben encargarse de la peor parte: clasificar dichos residuos. Una vez embolsados son retirados por la empresa Lamcef que se encarga del tratamiento de residuos patológicos e industriales y que está ubicada en calle 11 N°690 entre 45 y 46. El encargado también hizo referencia a la empresa Rasla que es la que se ocupa de transportar las bolsas de ropa sucia de las clínicas, hoteles y restoranes a las cárceles, transporta a su vez los desechos patogénicos hasta la unidad 10 y luego distribuye lo lavado a sus respectivos lugares de origen. Se pudo constatar que estos movimientos se realizan en una combi blanca.


En el apartado destinado a la separación de este tipo de desechos, el Manual para el Manejo de Desechos en Establecimientos de Salud (veraquí) indica que “los desechos deben ser clasificados y separados inmediatamente después de su generación, es decir, en el mismo lugar en el que se originan” Y agrega que en cada uno de los servicios de salud “son responsables de la clasificación y separación, los médicos, enfermeras, odontólogos, tecnólogos, auxiliares de enfermería, de farmacia y de dietética.” Esto no ocurre evidentemente en las clínicas que utilizan a la empresa Asepcia como lavadero, en estos casos los detenidos son utilizados precisamente para realizar esa tarea. Respecto del modo en que los residuos deben ser descartados el manual aclara que “los desechos, debidamente clasificados se colocan en recipientes específicos para cada tipo, de color y rotulación adecuada y que deben estar localizados en los sitios de generación para evitar su movilización excesiva y la consecuente dispersión de los gérmenes contaminantes.” Nada de esto se cumple y sólo se ven bolsas negras cuando el reglamento dice que los colores que deben usarse son: rojo cuando se trata de desechos infecciosos especiales, gris para desechos reciclables, amarillo para radiactivos y negro únicamente para desechos comunes.


Otros de los puntos llamativos es que en una unidad denominada de “tránsito” como lo es la Unidad 29 -donde por ley los detenidos no pueden pasar allí más de tres días- el SPB haya creado un pabellón de presos estables, el pabellón 11, para que realicen tareas laborables para una empresa privada. A cambio de esta actvidad, en turnos de 8 horas, los detenidos reciben $2 por hora, trabajando algunos de ellos en jornadas de dos turnos. A su vez, del monto total percibido, mensualmente deben destinar $34 para "fondo propio". En el caso de la Unidac 10, los "salarios" son todavía menores.


Todas las clínicas que derivan sus desechos al lavadero de la Unidad 29 son clínicas privadas y, están ubicadas en las localidades de: La Plata, Burzaco, Adrogué y Monte Grande. Seis son las correspondientes a nuestra ciudad, entre ellas: el Instituto del Diagnóstico, Los Tilos y ECO-BER.

“Negocio redondo” a lo largo de toda la provincia

La denuncia colectiva por la situación en la Unidad 10 no es el único antecedente que registra el caso de los lavaderos privados en situación de irregularidad al interior de las cárceles provinciales. Otro de los casos que Radio La Cantora ha difundido en el transcurso de este mismo año es el de la Unidad 15 de Batán, en Mar del Plata (Ver aquí). En conversación con este medio, el Juez del Tribunal Criminal de Necochea y presidente de la Asociación Pensamiento Penal, Mario Juliano, confirmó que la empresa que tiene el lavadero en las unidades penales de Romero es la misma que ellos denunciaron por irregularidades laborales en Mar Del Plata: “Nosotros hemos visto que los bolsones llegan del exterior sin ningún tratamiento. Efectivamente esta empresa atiende a todos los establecimientos sanitarios de Mar del Plata. Así que el material que llega se encuentra en estas condiciones. Confirmamos que es así. La diferencia que advertimos sería que en Mar del Plata el negocio está reducido a los establecimientos sanitarios; no gastronómicos.”

Según el magistrado, el patrón de funcionamiento corrupto que se ha instalado en establecimientos estatales, como no dejan de ser las cárceles, se despliega a partir de que el SPB “habilita y suscribe convenios con empresas a cambio de un canon”, para instalar emprendimientos industriales que “violan toda la legislación laboral vigente”. “No sólo se trata de que las empresas ingresan a la cárcel y llevan adelante una actividad productiva en condiciones ventajosas de competencia desleal; además usufructúan las instalaciones de la cárcel, la electricidad, el gas... Ventajas que tornan a esta actividad en un negocio absolutamente redondo”.

Contacto: (0221)15 409 4614

lunes, 30 de abril de 2012

Suecia: Niegan vacaciones en la cárcel

Domingo, 29 de Abril de 2012 23:37
(AW)Natalia Pshenkina, una mujer sueca de 31 años, pidió al Gobierno de su país tomarse unas vacaciones del trabajo asignado en la prisión de Ystad, donde se encuentra cumpliendo una condena de por vida.
natalia-presa
Natalia, presa y sin vacaciones

La mujer tomó un empleo dentro de las instalaciones del servicio penitenciario y ahora reclama que como compensación por los servicios brindados, y como lo indican las leyes laborales suecas, merece unas vacaciones.
'Pregunté en qué fechas pueden tomarse unos días los presos', escribió Pshenkina en una carta al Consejero de Justicia del país. 'Y la respuesta que obtuve fue que los convictos no tienen permitido tomarse vacaciones', concluyó indignada la mujer.
Anders Annerfalk, vocero del Servicio Penitenciaro, confirmó que los detenidos no están protegidos por el sistema laboral y las leyes de trabajo no aplican para ellos.
Al parecer, Natalia deberá seguír trabajando sin gozar un período de descanso. Después de todo, no es que tenía planedas una vacaciones en el Caribe.
 

viernes, 30 de marzo de 2012

“Quien autoriza el trabajo esclavo en cárceles es el Servicio Penitenciario"

Lo dijo, en diálogo con Radio La Cantora, el Juez del Tribunal Criminal de Necochea y presidente de la Asociación Pensamiento Penal, Mario Juliano. Sostuvo que el SPB “habilita y suscribe los convenios con empresas a cambio de un canon”, para instalar emprendimientos industriales que “violan toda la legislación laboral vigente”. “No sólo se trata de que las empresas ingresan a la cárcel y llevan adelante una actividad productiva en condiciones ventajosas de competencia desleal; además usufructuan las instalaciones de la cárcel, la electricidad, el gas... Ventajas que tornan a esta actividad en un negocio absolutamente redondo”.
Radio La Cantora 30|03|2012
El esclavo, la cadena y el látigo
Diario El Atlántico
En diálogo con Radio La Cantora, el Juez del Tribunal Criminal de Necochea y presidente de la Asociación Pensamiento Penal, Mario Juliano relató que “la cuestión surge a partir de las visitas que realizamos a la Unidad Penal 15 de Batán, donde veiamos de qué modo crecían los emprendimientos privados idustriales en la carcel tomando como mano de obra a los internos. Luego, averiguando un poco más, nos dimos cuenta de una situación que no dudamos en llamar de trabajo esclavo; no sólo porque se toma mano de obra en situacion de absoluta vulnerabilidad como son las personas privadas de su libertad, sino que esto está totalmente agravado por las circunstacias de total violación a todas las normas laborales. Sea en el nivel de los sueldos, la cantidad de horas de la jornada, las malas condiciones de higiene y seguridad, la falta de aportes previsionales, de obras sociales, de aguinaldo... Es decir, de la legislacion laboral completa”. Según las propias palabras del Juez, “convirtieron la cárcel en una fábrica. Además, estaban a punto de instalar en la aicaidia una fábrica procesadora de pescados. Tuvimos la posibilidad de acceder al convenio de la empresa con el Servicio, y comprobamos que también en esto habían pactado salarios miserrimos, por debajo de todas las escalas salariales”.

En su relato del camino que transitó la denuncia de su asociación, Juliano apuntó que “esta situacion fue entonces advertida también por los jueces de Ejecucion penal de Mar del Plata. Uno de ellos, el Dr. Perdicchizi sacó resolucion intimando al emprendimiento productivo para que regularizara la situación en un plazo de 90 días. Curiosamente, esta resolucin fue recurrida, apelada por la Fiscalía de Estado de la pcia. de Bs. As. Ignoro que interés se puede haber aducido para tomar esta medida. Al poco tiempo, la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el fallo de Perdicchizi. Esto fue nuevamente apelado por la Fiscalía de Estado y derivó al Tribunal de Casación que se pronunció hace unos dias afirmando que no deben existir diferencias entre el trabajo que se desarrolla en el ámbito carcelario y el que se desarrolla extramuros. En el fallo, los jueces Violini y Carral afirman que apreciaban con indignación una verdadera situación de trabajo esclavo, tal como lo habíamos denunciado desde Pensamiento Penal”.

En relación a lo que apunta el fallo del Tribunal de Casación, Juliano amplió que también la Corte Nacional se ha expedido en ese sentido, manifestando que “las únicas restricciones para las personas privadas de su libertad son las dervadas justamente de la privación de la libertad. El resto de los derechos -educación, salud, trabajo- deben ser garantizados tal como los de cualquier ciudadano, que es lo que de hecho son las personas privadas de la libertad”.

Más allá de los vaivenes legales que ha sufrido la denuncia, Juliano consideró que “lo más importante de todo esto, del fallo, de la denuncia, es la visibilización del problema; es lo que condiciona a los poderes públicos para que pongan manos a la obra al respecto”.

Otra de las estrategias de denuncia emprendidas por Juliano y su equipo fue presentar la situación al Ministerio de Trabajo de la provincia, derivando en una inspección por parte de funcionarios a la Unidad 15. “Todavia no hemos tenido resultados informados respecto de esta inspeccion”, comentó el Juez de Necochea, agregando sin embargo que “lamentablemente si nos llegaron por medio de la prensa las opiniones del delegado regional del Ministerio de Trabajo, las cuales fueron más que preocupantes, ya que a su criterio no encontró trabajo esclavo en la Unidad. Esto nos hace pensar que quizás lo que el delegado esperaba encontrar era gente trabajando encadenada o al patrón pegándoles con un látigo”, concluyó irónicamente Juliano.

Redondo negocio redondo

Reflexionando respecto de la problemática que implica el trabajo dentro d ellos contextos de encierro, Mario Juliano manifestó a Radio La Cantora que “se trata de una población vulnerable, asimilable a la que sufre la trata de personas, en el sentido de que poseen muy pocas posibilides de optar entre disintas opciones, además de la inobservancia total que existe respecto de las normas laborales”.

Según pudieron comprobar en la investigación tanto del caso de Batán como de otros similares, “quien realiza el vínculo para instalar el emprendimiento es el Servicio Penitenciario. Es quien lo habilita y lo autoriza, quien suscribe los convenios con las empresas. Todo esto a cambio del pago de un canon. No sólo se trata de la posibilidad de ingresar a la cárcel y llevar adelante una actividad productiva en condiciones ventajosas en una real competencia desleal respecto del resto; además estas empresas usufructuan las instalaciones de la cárcel, la electricidad, el gas. Es decir, ventajas que tornan a esta actividad en un negocio absolutamente redondo”.

Frente a esta situación, varias son las alternativas de acción que quedan para las personas privadas de la libertad, según la mirada del Dr. Juliano: “Primero, es muy importante que se agrupen si es que puden hacerlo. Esto contribuye mucho a la defensa de cualquier derecho. En segundo lugar, que tomen contacto con organizaciones de Derecho Humanos; así como tomar contacto también con los defensores de cada uno, para poder promover reclamos laborales, demandas, intimaciones”. Sin embargo, Juliano no deja de considerar que estas acciones son muchas veces difíciles de emprender justamente por la resistencia de los detenidos, quienes -más allá del salario misérrimo y las malas condiciones laborales- ven en estos trabajos una “posibilidad de salir de pabellon, no estar engomado, pasar el tiempo haciendo algo, así como conseguir un recurso mínimo para ayudar a la familia. Esta situacion restringe tomar deciciones. Situaciones como estas reafirman lo que dijo el filosofo argetino, el Indio Solari: Todo preso es político”.

Ampliando la perspectiva que adopta respecto del tema la organización de la que forma parte, el Dr. Juliano aclaró que “desde Pensamiento Penal no estamos en contra de trabajo en cárceles. Al contrario, consideramos que debe ser promovido y fomentado, así como debe ser promovido y fomentado fuera de la cárcel. Es sabido que el trabajo dignifica a las personas. Lo que sí debe quedar claro es que se deben respetar todas las condiciones que marca la ley, que nos igualan a todos. No existe motivo alguno para que las personas privadas de la libertad se encuentren en una situación dispar respecto de las personas fuera de la cárcel”.
Fuente: http://www.lacantora.org.ar/nota.php?idnota=1151

sábado, 24 de marzo de 2012

Rosario: PARO DE TALLERES EN LA UNIDAD Nº 3 Y SOLIDARIDAD DE SUS COMPAÑEROS DE PIÑERO

Desde el pasado martes los internos alojados en la Unidad Nº 3 de Rosario están llevando adelante un paro total de actividades laborales en talleres, exigiendo al gobierno santafesino una pronta solución a las paupérrimas condiciones de detención que padecen.

Al hacinamiento, la falta de higiene, el ambiente edilicio deplorable, la mala alimentación y las condiciones inhumanas de detención se suma la violencia cotidiana del abuso de poder, las torturas y golpizas, las humillaciones y el maltrato tanto hacia los detenidos como hacia sus familiares. Todo esto, junto al asesinato o los "suicidios" son planificadas políticas de estado y no mala administración penitenciaria. Por supuesto y como siempre, el poder judicial es la garantía de impunidad de este delito del estado que viola sistemáticamente los derechos de las personas privadas de su libertad de tener dignas condiciones de detención, mientras muestra claramente la función que cumplen las cárceles de nuestra provincia habitadas fundamentalmente por jóvenes y pobres. Esta función de control social que cada tanto estalla como una olla a presión.
Transcribimos el petitorio de los internos de la Unidad Nº 3 y a continuación dos cartas de los detenidos en el penal de Piñero, solidarizándose con sus compañeros, donde agregan puntos reivindicativos propios.

CADH - COMISIÓN ANTIRREPRESIVA Y POR LOS DERECHOS HUMANOS

Las personas alojadas en la Unidad Penitenciaria Nro. 3 de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe, dependiente del Servicio Penitenciario Provincial, queremos por la presente, denunciar las gravísimas condiciones de detención en que nos encontramos a partir de las violaciones a garantías fundamentales e incumplimientos graves a la legislación nacional, provincial y Pactos Internacionales de Derechos Humanos, de parte de las autoridades del Gobierno Provincial y Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe:


• Retardo de justicia. El juzgado de ejecución Nº 2 a cargo de la Dra. Prunoto, no cumple en plazos razonables con los pedidos de beneficios y derechos referentes a la libertad que por derecho nos corresponde (por ejemplo, artículo 17 de la ley 24.660). Hay muchos pasados de tiempo que cumplimos los requisitos previstos para condenas condicionales o salidas y no son resueltas nuestras situaciones. Este juzgado no atiende los pedidos de audiencia y nos recuerda permanentemente que cuanto mayor sea la insistencia y la denuncia, mayor será el tiempo de espera al que seremos sometidos.

• No tenemos acceso a una defensa técnica adecuada, atento que no somos recibidos por los defensores oficiales, o muchas veces ni siquiera sabemos quiénes son nuestros defensores oficiales. No somos llevados a audiencia con los defensores oficiales, ni asisten a las actuaciones del Juzgado de Ejecución para poder acceder a una Defensa técnica adecuada en cuanto a sanciones o reclamos de derechos o beneficios según la ley penitenciaria. Atento haber tomado conocimiento de la creación de un organismo de la Defensa Pública Provincial, solicitamos su pronta intervención con el fin de poder acceder a una defensa técnica que proteja nuestros derechos.

• La posibilidad de tener TV
en los pabellones Celular A y celular B (pabellones del fondo) ya que eso mejoraría un poco la convivencia y nos permitiría tener acceso al necesario esparcimiento que debe imperar aún en un lugar de encierro.

• Queremos se nos otorguen
las mismas condiciones para las visitas que tienen el resto de los penales provinciales. Las dividen arbitrariamente entre sábados y domingo por una cuestión de capacidad siendo el encuentro con nuestros familiares en el patio y todos juntos, generando que no podamos tener un contacto fluido con las mismas. Esta limitación la implementan alegando cuestiones de seguridad. No hay baños adecuados para las visitas, son dos cuando puede llegar haber 200 personas en un día de visita, con niños/as mujeres, gente mayor.

• El Ingreso de comestibles
es cada vez más restrictivo, siendo la alimentación que proveen las autoridades de la cárcel, deficitaria, de mala calidad, en malas condiciones, fría.

• Las condiciones edilicias
de los pabellones es inhumana, sin ninguna protección ante el frío o el calor, con humedad, sin sanitarios, o sanitarios inadecuados

• Hay muy poca actividad
para talleres o proyectos laborales, y alcanzan a muy pocas personas. Presentamos proyectos laborales que son rechazados sistemáticamente.

• Son muy discontinuas las atenciones
de los EARS, en general es difícil encontrar a los profesionales y cuando trabajan lo hacen mal, casi parece que para complicar las cosas. A veces preferimos recurrir al servicio y no al Ears. Hacen mal las ambientales al punto de complicar las salidas. Reclamamos al Ears nos brinde la debida y necesario atención sicológica para la que fueron designados.

Por lo tanto a partir de estas gravísimas violaciones a nuestro derechos humanos fundamentales, agravados por nuestra especial situación de indefensión ante el encierro es que solicitamos soluciones URGENTES atento las irreversibles consecuencias que están produciendo sobre las personas afectadas y sus núcleos familiares.

INTERNOS DE LA UNIDAD Nº 3 DE ROSARIO

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Solidaridad

Una vez más reclamos desde la U3 en consonancia con lo que pasa en la siempre conflictiva Unidad Penal nº 11 de Piñero, reclamando como siempre las mismas cuestiones, una mirada humana, igualitaria y respetuosa de la ley, en donde los criterios personales dejen de condenar doblemente a las personas privadas de libertad.

En donde la salud deje de ser una cuestión siempre pendiente y se deje de morir por TBC , extrañas patologías coronarias o ahorcamientos imposibles.
En donde tengamos la posibilidad concreta de reinsertarnos sanos y con conocimientos en una nueva vida libre.
En donde algunos oficiales del SP amparándose en la impunidad que les brinda el Estado no den rienda suelta a su frustración, humillando y golpeando en los pabellones disciplinarios.
En donde se encuentre una remuneración digna en cuanto a nuestra prestación laboral.
En donde las condiciones de traslado sean verdaderamente humanas.

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Por el agravamiento de las condiciones de detención.
Basados en el art. 18, y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales.
Por las razones que a continuación se detallan
1- Agravan las condiciones de detención que el Juzgado de ejecución penal no realice el seguimiento periódico de los internos del cual es tutor legal.
2- Agravan las condiciones de detención que no se cumplan los preceptos y se tergiverse el espíritu de la ley 24660, en cuanto a reinserción social, específicamente en la parte Período de prueba, art 15 y concordantes y en cuanto a salidas transitorias, art. 16, 17 y concordantes.
3- No existen en ésta unidad Penal, establecimiento con calidad de "abierto" o sección "independiente", los espacios de autodisciplina son mínimos y no ocupados por internos que estén en ésas condiciones. Se han inaugurado 2 módulos con 4 pabellones cada uno y no se ha destinado ninguno a tal fin.
Quienes transitan el período de prueba conviven con procesados, condenados a distintas penas, penas de larga duración donde los internos son inversamente proporcional en cada caso.
4- Agravan las condiciones de detención que no haya destinos laborales y tampoco se creen las condiciones para ello, aduciendo cuestiones de espacio físico, recordamos que la UP 11 está en un predio de aprox. 400 hectáreas, por lo que, lo del espacio físico como argumento se cae por su propio peso.
5- Agrava las condiciones de detención que las labores realizadas sean sólo compensadas con un "peculio estímulo", pero aún lo agrava más el hecho de que en el año 2001 el peculio mínimo era de $ 54.- y hoy, en 2012 es de $ 80.-
6- Agrava también las condiciones de detención que los días hábiles para visita las esperas sean eternas para familiares. y/o amigos para ingresar a ver a su familiar, esto sólo por falta de organización de las autoridades y falta de control de la jueza de ejecución penal.
7- Otra parte agravante es que la Dra. Prunotto, advierta mediante una resolución, que no aceptará medidas de fuerza en su contra a costa de hacer valer como estado de rebeldía para quitar beneficios. Esto sería loable si se tratara de cuidar la salud de los internos, cosa que no ocurre en la realidad diaria, sino como elemento coercitivo haciendo que su espacio de poder sea absoluto, tomando decisiones fuera de tiempo y forma, discriminatoria, no discrecional. La situación imperante en los penales es conocida por la Dra. Prunotto, ya que fue pasante en la U 3 y llama la atención su cambio de actitud ética, por cuanto por lo que antes luchaba para que se cumpla, hoy, con el poder de hacerlo, no lo realiza ni controla que se cumpla.
8- Agrava las condiciones de detención que el grupo criminológico EARS, no atienda a los internos, se demoren los informes al juzgado, los estudios ambientales y el sentido social para lo que fue creado.
9- La amenaza velada de la jueza de ejecución penal en cuanto a no tolerar medidas de presión por parte de los internos, "un juez no puede amenazar, sino hacer cumplir la ley, en tiempo y forma," si no esto se constituye en un abuso de poder en posición dominante sobre el monopolio de la ejecución penal. Por ello y a riesgo de represalias no dejaremos de realizar nuestros reclamos, ante tamaña indiferencia por parte del Juzgado de Ejecución Penal y del Poder Ejecutivo Provincial.
10- Lo expuesto es también en adhesión a las medidas tomadas en la U 3 de Rosario, en el mismo sentido y que demuestra la falta de un proyecto provincial en cuanto a políticas penitenciarias.

INTERNOS DE LA UNIDAD PENAL Nº 11 DE PIÑERO

Fuente: http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=article&id=8217&Itemid=114