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jueves, 9 de agosto de 2012
Sigue repercutiendo el caso Maximiliano Zapata
UN PRESO DE LA U32 DE VARELA FUE MANTENIDO COLGADO DE LAS MUÑECAS DURANTE OCHO HORAS
Por Horacio Cecchi
Tanta saña tiene, desde la perspectiva del SPB, motivo: en sus seis años de detención, Zapata lleva más años de camión de traslado que de celda. Hace casi dos semanas que lo habían trasladado a la U32 de Florencio Varela, donde aún permanecía encerrado en un buzón, como castigado, porque los penitenciarios no terminaban sus trámites de ingreso –al menos es la justificación que le daban–. En ese estado, no le permitían las visitas de familiares. El 31 de julio, con su familia bajo la lluvia, comenzó a patear la puerta de la celda y a reclamar por su visita. La reacción de los guardias fue entrar a los tiros con balas de goma, de las que Zapata apenas si pudo protegerse cubriéndose con una frazada.
Siete guardias entraron a la celda y lo molieron a palos, patadas de borceguíes y puñetazos durante casi media hora. Luego lo trasladaron esposado al sector de sanidad, donde fue recibido por una médica o enfermera (Zapata no supo distinguirla en su denuncia, según aseguró la Comisión Provincial por la Memoria), que no le proporcionó ninguna atención. De sanidad fue devuelto al Pabellón SAC (Separación del Area de Convivencia, donde aguardan los presos recién llegados), donde aprovecharon una abertura en la pared, por encima de la puerta, para pasar una soga de la que colgaron a Zapata de las muñecas, como si fuera una media res, con sus pies en el aire, apenas rozando el piso. Lo mantuvieron en la posición durante siete u ocho horas.
Su familia se comunicó con la defensora Silvia Glew, quien solicitó un hábeas corpus al Juzgado de Ejecución Nº 2 de San Martín el 31 de julio pasado. Del juzgado lo citaron y fue atendido por un secretario. El funcionario no fue muy alentador: si denunciaba, tendría que hacerse cargo de su integridad (como si no lo estuviera haciendo), ya que ellos no podían hacer nada (como si antes lo hubieran hecho), sólo trasladarlo al sistema federal. Por lo visto, no fue trasladado porque hasta ayer seguía detenido en la misma U32.
Zapata fue entrevistado por integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria. “No le fue posible recordar cuántas veces fue torturado o atacado –sostiene el informe de los abogados de la CPM–. Refirió que muchos informes penitenciarios donde se registra que tuvo pelea con otros detenidos no son reales, varios de esos partes tienen que ver con represión o ataques sufridos con la anuencia o participación del SPB. Manifiesta que se siente abandonado por el juzgado, que se encuentra condenado desde hace cuatro años y nunca creyeron sus denuncias. Que ha sufrido varios atentados contra su vida y nunca se ocuparon debidamente de su situación y protección.”
“Este caso –dijo Roberto Cipriano García, director del Comité Contra la Tortura de la CPM– muestra las prácticas sistemáticas de torturas que se llevan a cabo en las cárceles bonaerenses. Pero también da cuenta de la desidia y escaso compromiso judicial. A una semana de ocurrido el hecho, aún no se le había tomado declaración a la víctima ni se realizaron otras actividades probatorias.”
miércoles, 8 de agosto de 2012
Buenos Aires: Torturas y otras violaciones a los DDHH en los lugares de encierro
La comisión provincial por la memoria CPM le entrega a Scioli el informe anual 2012
La tortura como práctica sistemática, el hacinamiento, las condiciones inhumanas de detención y la corrupción estructural siguen siendo los ejes principales del diagnóstico realizado por la CPM.
Algunos números del informe, correspondientes al año 2011: 7.089 hechos por maltratos, torturas y otras violaciones a los derechos humanos fueron relevados por el CCT; 126 personas murieron en las cárceles, de las cuales 47 fueron muertes por causas traumáticas; se registraron 10.458 hechos violentos informados por el Servicio penitenciario -lo que representa un incremento del 31% respecto de 2010. En 8 de cada 10 casos de estos hechos se lesiona el cuerpo de los detenidos. Hay 18.640 plazas en las que se alojan 27.991 detenidos.
La reunión con el Gobernador será el miércoles 8 de agosto a las 11:30 en la Casa de Gobierno. Luego del encuentro, la CPM dialogará con la prensa en la Sala de periodistas de la gobernación.
domingo, 15 de julio de 2012
Neuquén Cárcel U11: campo de concentración en plena actividad
(AW) Marió Jorge Roda se debate entre al vida y la muerte luego de coserse la boca, cortar sus venas e incendiar su colchón ante la negativa de los policías de la U11 a trasladarlo a Bahía Blanca, tal como lo había dispuesto la Cámara Penal Primera para que pudiera ver a sus hijos. Si sobrevive, entonces sí los homicidas de la U11 lo trasladarán a la ciudad de Bahía. Esta es la política asesina de Sapag y Gastaminza en Neuquén. Como se recordará días atrás funcionarios de la U11 con cobertura política resolvieron matar a Cristian Ibazeta, testigo de torturas policiales contra detenidos.
Una de las tantas movilizaciones de Zainuco en reclamo de los derechos pulverizados en los campos de concentración de la provincia
Leer más:
Cárceles Federales
Carta abierta de la esposa de un preso
(AW) Laura Lopresti (jefa del gabinete de asesores del Servicio Penitenciario Federal, invitó a dialogar a Andrea Casamento, presidenta de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, pero a las pocas horas la canceló sin explicaciones. Casamento es titular de una entidad que acompañó de diversos modos a más de cuatro mil historias de seres humanos en el encierro. La funcionaria eligió no escuchar ninguna. Así, "los familiares y los presos nos preguntamos: Cuando se hará algo para que se termine definitivamente con las torturas, los golpes, la falta de comida en algunas unidades, los tratos inhumanos, las sanciones arbitrarias, la manera violenta en la que se realizan las requisas, las reglamentaciones absurdas que nosotras conocemos en detalle porque las padecemos al momento de ingresar a cada unidad, la burocracia sin sentido que solo quita tiempo a los empleados y entorpece cualquier intento de acercamiento familiar, las celdas sin vidrios en las ventanas, la forma en la que son trasladados los presos que viajan horas encadenados en un camión sin ventilación a veces orinados encima o vomitados. Los médicos que no llegan a tiempo al pabellón y los presos que mueren por falta de atención medica, consejos correccionales que repiten una y otra vez la conducta arbitrariamente incumpliendo con la ley sin ningún miramiento haciendo caso omiso a lo que dice el reglamento, trabajadoras sociales y psicólogos haciendo tareas de administración que bien podría hacer cualquier empleado ellas trabajar de su profesión y mucho pero mucho más". Un tramo significativo de la Carta Abierta que, completa, brindamos en esta edición.
Andrea Casamento
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lunes, 9 de julio de 2012
Buenos Aires: avanza la creación del mecanismo de control de la tortura en cárceles bonaerenses
El pasado jueves (28/06/12), el Senado de la provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto de ley por el que tanto hemos trabajado y disputado las organizaciones sociales que luchamos contra el castigo y la tortura: El proyecto de creación de una Comisión provincial encargada de prevenir torturas, malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes a personas en condición de encierro. Desde La Cantora convocamos a quienes ahora tienen en sus manos la decisión de concretar su implementación, diputados y diputadas provinciales, a actuar con celeridad en su aprobación y saldar así una deuda que nuestro país mantiene con la democracia y los Derechos Humanos.
En junio del año 2006 entró en vigencia el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a partir del cual los Estados deben establecer Mecanismos Nacionales e Independientes, y consecuentemente locales en las organizaciones federales, para la prevención de la tortura. El Protocolo Facultativo obliga a los Estados a crear Mecanismos nacionales y provinciales independientes, libres de toda interferencia del Estado, complementarios de la actuación del Subcomité – órgano de prevención internacional creado por el Protocolo-, actuando con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en un Sistema de Prevención de la Tortura que fortalezca la diversidad de las organizaciones existentes, legitimándolas en su ingreso a los lugares de detención, y en sus capacidades de documentación.
El pasado jueves el Senado bonaerense dio media sanción al proyecto de ley que busca implementar esta disposición internacional en nuestro territorio. Resta que los diputados de la provincia retomen este debate para completar su aprobación, y concretar de esta forma un objetivo por el cual las organizaciones sociales que luchamos contra la tortura y la pena punitiva venimos trabajando desde hace años, a fin de valernos de una herramienta más que nos permita velar por la dignidad de las personas privadas de su libertad.
En este sentido, uno de los puntos centrales que consideramos necesario remarcar del texto de la ley, pues ha sido un verdadero mojón en nuestra lucha, es aquel que garantiza la permanente, activa y directa participación de la sociedad civil organizada en el funcionamiento del Mecanismo de prevención de la tortura: "En la integración del Consejo Provincial para la Prevención de la Tortura se deberán respetar los principios de composición regional, equidad de género, no discriminación, y asegurar la multidisciplinariedad y la representación de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos".
"Todas las organizaciones no gubernamentales interesadas en la situación de las personas privadas de libertad, en el marco de la reglamentación y registro que previamente deberá realizar el Consejo, tendrán la facultad de realizar visitas a los lugares de detención (...) La reglamentación no podrá restringir el nivel de acceso con el que cuentan las organizaciones que realizan visitas al momento de sancionarse la presente ley. La reglamentación preverá la posibilidad de registrar la visita por medios audiovisuales; la discrecionalidad para seleccionar los lugares de inspección y las personas a entrevistar; así como la realización de entrevistas privadas."
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martes, 26 de junio de 2012
Devoto contra los scanners cancerígenos: "El SPF y los medios mienten"
El lunes 11 de Junio, el Servicio Penitenciario
Federal instaló en la puerta de ingreso de las visitas de la cárcel de
Devoto un nuevo sistema de requisa consistente en una serie de scanners
que transmite radiación cancerígena contra las personas que se someten a
ellos. A modo de protesta, desde las 13:30 de ayer, lunes 25 de junio,
los compañeros detenidos en Devoto comenzaron el golpeteo de las rejas
en tandas de media hora en horarios planificados, para expresar el
repudio frente a tal medida. Hacia la madrugada, el SPF entorpeció la
medida y luego dio a conocer su versión: que los detenidos apedrearon a
los guardias, quemaron colchones y tomaron el penal. "Mienten, para
variar", afirman con contundencia los compañeros alojados en Devoto, que
dan aquí a conocer toda la verdad de los hechos.
Devoto se acuesta, Devoto se levanta
breves24.com
Rodolfo Rodríguez (CUD) - 26|06|2012
El 3 de Mayo de este año y en el marco de la
presentación del Proyecto de seguridad Cinturón Sur, la Presidenta de la
Nación anunció la implementación de aparatos de Rayos X (Body-Scanners)
para revisar la intimidad de las personas en Aeropuertos y prisiones de
Argentina.
En el Salón de Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, Cristina Kirchner anunció la instalación de tales artefactos "en 15 cárceles nacionales para la detección de metales, narcóticos, explosivos y celulares". Remarcó, además, que "hay una exacta combinación a partir de la dotación de estos elementos entre seguridad y respeto a los derechos humanos, porque había fallos judiciales que impedían que se hiciera determinado tipo de requisa de las personas que iban a visitar a los reclusos, porque era considerada vejatoria”.
El lunes 11 de Junio, los Scanners ubicados en la puerta de ingreso de las visitas en la cárcel de Devoto se pusieron en funcionamiento.
Inmediatamente, la gente comenzó a preguntarse y preguntar a los penitenciarios sobre los efectos del paso por el “túnel de la muerte” como lo comenzaron a llamar.
Los detenidos, con ayuda exterior de nuestros familiares, abogados, docentes y estudiantes universitarios del medio libre, pudimos recopilar nutrida información respecto de estas máquinas. Entre otros datos, nos encontramos con que los Body-Scanners tuvieron su apogeo unos años atrás en los aeropuertos de Europa y USA, en el contexto de la paranoia antiterrorista. Pero que en 2011 la Comunidad Europea los retiró de circulación debido a las protestas de organismos defensores de los derechos humanos que, en base a informes de instituciones científicas lograron que, entre otros, Hans Peter Friedrich (Ministro de Interior de Alemania) anunciara la renuncia de su país al uso de escáneres de cuerpo entero en los aeropuertos para el registro de pasajeros como medida de seguridad. Esta decisión es el resultado de la enorme cantidad y calidad de informes de diferentes instituciones de control, que lapidariamente demostraron que la exposición a los Rayos X tiene efectos cancerígenos, independientemente de la magnitud de las emisiones y de la frecuencia con que éstas se efectúen.
También supimos que en USA se destapó un fabuloso negociado calculado en medio Billón de dólares con la compra de los aparatitos, en el que están involucrados varios legisladores del Congreso estadounidense.
Pero el resultado más importante de nuestras averiguaciones fue la información científica que pudimos obtener. La misma que fundamentó el retiro de los scanners de los aeropuertos de la vieja Europa: la radiación es cancerígena, no existe un umbral por debajo del cual se la pueda considerar inofensiva. La radiación es acumulativa y no respeta edades, sexos ni estados de salud.
Descubrimos entonces lo que todas y todos sospechábamos: tras la excusa de la seguridad el Estado argentino pone en riesgo la vida de las personas que visitan a detenidos.
No es que los presos no estemos acostumbrados a que nuestras vidas valgan menos para el Estado que las vidas de los ciudadanos no judicializados. Esto no nos asombra ya. Pero no se trata aquí de esta cuestión. El problema es que la implementación de esta técnica pone en peligro real la vida de quienes nos visitan, nuestras familias y, eso, sencillamente, no lo vamos a permitir.
Creo que es importantísimo aclarar que no nos negamos a que se efectúen controles de seguridad al ingreso de personas a la cárcel. Sería necio y, además, imposible de concebir. Lo que planteamos es que se puede y se debe utilizar otro tipo de tecnología no cancerígena para estos controles. En la cárcel de Devoto hay un aparato (Smith Sentinel Ion Scan) que detecta presencia de drogas, explosivos y demás sin irradiar rayos X. No lo pusieron en funcionamiento. Esa sería una alternativa, y seguramente habrá otras que no sean invasivas ni cancerígenas.
Nuestra primera medida fue en el ámbito judicial: interpusimos una acción de Hábeas Corpus en el Juzgado de turno.
A la par, iniciamos una campaña de concientización entre los compañeros del penal (actualmente unos mil seiscientos) socializando la información que íbamos consiguiendo. Esto también lo estamos extendiendo a nuestras visitas con la solidaridad y la presencia concreta de la FUBA y los Centros de Estudiantes de Filo, Sociales y Derecho. Al mismo tiempo salimos a los medios de difusión.
Desde las 13:30 del lunes 25 de Junio comenzamos con golpeteo de rejas de media hora de duración para expresar nuestra protesta. Esto se repite cada noche a las 00:00, a las 02:00, y a las 04:00 hs. lamentamos muchísimo los inconvenientes que con esto causamos a los vecinos del barrio, pero es la única manera en que llamamos la atención a los medios masivos de difusión.
Ya el SPF dio a conocer su versión: que apedreamos a los guardias, quemamos colchones y tomamos el penal. Mienten, para variar.
Tenemos plena conciencia de que estamos resistiendo una medida del Servicio Penitenciario que tiene origen, apoyo y justificación plena del gobierno nacional.
También sabemos que el anuncio presidencial del que hablaba al principio coincidió con el abandono de esta tecnología de parte de Europa.
Sabemos que se juegan millones y millones de dólares, y que es muy probable que Argentina, una vez más, esté haciéndose cargo de tecnología basura descartada por el primer mundo. Con lo que resulta muy difícil creer que consigamos un fallo judicial que nos ampare contra esta medida asesina.
De todos modos, pesimistas por principio de realidad y optimistas por obligación, pelearemos en todos los frentes en defensa de la vida de nuestros seres queridos.
En el Salón de Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, Cristina Kirchner anunció la instalación de tales artefactos "en 15 cárceles nacionales para la detección de metales, narcóticos, explosivos y celulares". Remarcó, además, que "hay una exacta combinación a partir de la dotación de estos elementos entre seguridad y respeto a los derechos humanos, porque había fallos judiciales que impedían que se hiciera determinado tipo de requisa de las personas que iban a visitar a los reclusos, porque era considerada vejatoria”.
El lunes 11 de Junio, los Scanners ubicados en la puerta de ingreso de las visitas en la cárcel de Devoto se pusieron en funcionamiento.
Inmediatamente, la gente comenzó a preguntarse y preguntar a los penitenciarios sobre los efectos del paso por el “túnel de la muerte” como lo comenzaron a llamar.
Los detenidos, con ayuda exterior de nuestros familiares, abogados, docentes y estudiantes universitarios del medio libre, pudimos recopilar nutrida información respecto de estas máquinas. Entre otros datos, nos encontramos con que los Body-Scanners tuvieron su apogeo unos años atrás en los aeropuertos de Europa y USA, en el contexto de la paranoia antiterrorista. Pero que en 2011 la Comunidad Europea los retiró de circulación debido a las protestas de organismos defensores de los derechos humanos que, en base a informes de instituciones científicas lograron que, entre otros, Hans Peter Friedrich (Ministro de Interior de Alemania) anunciara la renuncia de su país al uso de escáneres de cuerpo entero en los aeropuertos para el registro de pasajeros como medida de seguridad. Esta decisión es el resultado de la enorme cantidad y calidad de informes de diferentes instituciones de control, que lapidariamente demostraron que la exposición a los Rayos X tiene efectos cancerígenos, independientemente de la magnitud de las emisiones y de la frecuencia con que éstas se efectúen.
También supimos que en USA se destapó un fabuloso negociado calculado en medio Billón de dólares con la compra de los aparatitos, en el que están involucrados varios legisladores del Congreso estadounidense.
Pero el resultado más importante de nuestras averiguaciones fue la información científica que pudimos obtener. La misma que fundamentó el retiro de los scanners de los aeropuertos de la vieja Europa: la radiación es cancerígena, no existe un umbral por debajo del cual se la pueda considerar inofensiva. La radiación es acumulativa y no respeta edades, sexos ni estados de salud.
Descubrimos entonces lo que todas y todos sospechábamos: tras la excusa de la seguridad el Estado argentino pone en riesgo la vida de las personas que visitan a detenidos.
No es que los presos no estemos acostumbrados a que nuestras vidas valgan menos para el Estado que las vidas de los ciudadanos no judicializados. Esto no nos asombra ya. Pero no se trata aquí de esta cuestión. El problema es que la implementación de esta técnica pone en peligro real la vida de quienes nos visitan, nuestras familias y, eso, sencillamente, no lo vamos a permitir.
Creo que es importantísimo aclarar que no nos negamos a que se efectúen controles de seguridad al ingreso de personas a la cárcel. Sería necio y, además, imposible de concebir. Lo que planteamos es que se puede y se debe utilizar otro tipo de tecnología no cancerígena para estos controles. En la cárcel de Devoto hay un aparato (Smith Sentinel Ion Scan) que detecta presencia de drogas, explosivos y demás sin irradiar rayos X. No lo pusieron en funcionamiento. Esa sería una alternativa, y seguramente habrá otras que no sean invasivas ni cancerígenas.
Nuestra primera medida fue en el ámbito judicial: interpusimos una acción de Hábeas Corpus en el Juzgado de turno.
A la par, iniciamos una campaña de concientización entre los compañeros del penal (actualmente unos mil seiscientos) socializando la información que íbamos consiguiendo. Esto también lo estamos extendiendo a nuestras visitas con la solidaridad y la presencia concreta de la FUBA y los Centros de Estudiantes de Filo, Sociales y Derecho. Al mismo tiempo salimos a los medios de difusión.
Desde las 13:30 del lunes 25 de Junio comenzamos con golpeteo de rejas de media hora de duración para expresar nuestra protesta. Esto se repite cada noche a las 00:00, a las 02:00, y a las 04:00 hs. lamentamos muchísimo los inconvenientes que con esto causamos a los vecinos del barrio, pero es la única manera en que llamamos la atención a los medios masivos de difusión.
Ya el SPF dio a conocer su versión: que apedreamos a los guardias, quemamos colchones y tomamos el penal. Mienten, para variar.
Tenemos plena conciencia de que estamos resistiendo una medida del Servicio Penitenciario que tiene origen, apoyo y justificación plena del gobierno nacional.
También sabemos que el anuncio presidencial del que hablaba al principio coincidió con el abandono de esta tecnología de parte de Europa.
Sabemos que se juegan millones y millones de dólares, y que es muy probable que Argentina, una vez más, esté haciéndose cargo de tecnología basura descartada por el primer mundo. Con lo que resulta muy difícil creer que consigamos un fallo judicial que nos ampare contra esta medida asesina.
De todos modos, pesimistas por principio de realidad y optimistas por obligación, pelearemos en todos los frentes en defensa de la vida de nuestros seres queridos.
Buenos Aires: 1700 presos luchan contra los scanners cancerígenos que afectaran a sus familias
Martes, 26 de Junio de 2012 12:10
(AW)
Al cierre de esta edición continuaba la protesta que se inició ayer con
una batucada al mediodía, una conferenciad de prensa del presidente del
CUD y siguió con otra batuca por la noche, en la cual se prendieron
fuego a sábanas y trapos. Sin embargo, el Servicio Penitenciario Federal
obliga a los familiares a pasar por "el tunel de la muerte", solo
acepta que no pasen embarazadas CON CERTÍFICADO MÉDICO que dé cuenta de
ese estado. Porque las mujeres que no llevan el escrito médico, aunque
ostenten una panza de nueve meses son obligadas a pasar por el scanner
que desarma las células humanas y luego éstas se
rearticulan con un orden diverso al originan pudiendo provocar cientos
de enfermedades entre ellas el cáncer. A lo largo de la jornada,
brindaremos más información sobre la lucha de los compañeros contra los
traficantes de la muerte.
lunes, 4 de junio de 2012
Mendoza: carta abierta que denuncia a la policía y la justicia
Al pueblo de Mendoza y a todos los que le ponemos empeño para cambiar y sólo encontramos palos en la rueda:Difundimos la carta abierta de Ricardo Ferreyra en relación a su denuncia sobre cómo la policía y la justicia, en complicidad, delinquen e inventan causas en Mendoza. Hemos transcripto la carta que nos llegó y agradecemos la máxima difusión de la misma y la reflexión sobre este caso, para ejercitar la memoria y el pensamiento crítico. Ricardo está preso, pero está dispuesto a contestar todas las inquietudes que tengan, como detalla al final de la carta.¡Es hora de despertar, Mendoza!
Mendoza, 30 de mayo de 2012
Al pueblo de Mendoza y a todos los que le ponemos
empeño para cambiar y sólo encontramos palos en la rueda
En noviembre de 2009 los medios
tomaron y difundieron la denuncia pública que hice en ese momento contra el
fiscal Giunta de cómo armaba causas en complicidad con la comisaría 11 de Luján
y con el poder político de turno para el cobro de recompensas que paga el
Estado. Juntos, me extorsionaban (como le pasará a muchos otros) para que
“trabaje” para ellos, no sólo en este hecho sino en otros delitos más que
estaban planeando como extorsión, robo y “ajuste de cuentas” contra gente que
había denunciado a algún oficial de policía (como los Aguilera, por ejemplo).
Un tiempo
antes, cuando vivía con mi familia en San Carlos (mi pueblo natal), se me citó
de la comisaría de Tunuyán para que me presentara a la brevedad. Fui, y antes
de ingresar me detuvieron en la puerta y me trasladaron a Boulogne sur Mer, con
la única explicación de que me debían trasladar a pedido del fiscal Giunta.
Yo ya había
estado detenido antes por un delito que cometí y pagué la condena en Boulogne
sur Mer. Por reclamos anteriores por derechos de los presos me quisieron hacer
matar trasladándome a un pabellón donde me esperaban con chuzas y terminé en el
hospital. Pero ya para el 2008 el trato a los presos había empeorado
incumpliéndose en gran parte el régimen de detención que dictan leyes como la
24.660. Nos juntaron en un pabellón, que estaba clausurado, a los presos que no
queríamos participar en un motín armado por varios oficiales penitenciarios
para correr al director de ese momento. Presentamos con el doctor Varela dos
habeas corpus, no reclamando más que lo que dicta la ley. Desatendieron el
primero y lograron cajonear el segundo; pero como el primero siguió su curso,
sumado a las protestas adentro y afuera del penal (que lo sacaron a la luz
pública), más el aval de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos a nuestro reclamo, las
autoridades debieron acceder a brindarnos elementos mínimos de higiene,
tratamiento psicológico, laborterapia, acceso a educación, etc. Claro que todos
estos logros se fueron perdiendo rápidamente.
A los tres
meses me dieron la excarcelación por falta de méritos, y pude por fin reunirme
con mi familia. Hasta que pocos días después dos policías pasaron a buscarme
diciéndome que no me preocupara; pero que debía acompañarlos porque me citaba
nuevamente el fiscal Giunta. Me trasladan a un descampado de Luján donde me
empiezan a interiorizar de los planes que tenían para obligarme a participar
con ellos en el armado de causas y los otros delitos que mencioné. Giunta, en
la comisaría, completa la extorsión, amenazándome con perder la libertad
nuevamente si no accedía y con cómo podía sufrir mi familia. Para salir de esa
situación le dije que bueno y al instante se comunicó con, el entonces ministro
de seguridad, Carlos Ciurca para confirmarle que ya estaba todo arreglado.
Alguien apodado “Pañalín” iría a la cárcel sin más prueba que testigos falsos
con declaraciones armadas en la comisaría. Fiscal y policías repartirían la
recompensa y otro “crimen” solucionado. Luego, era su idea involucrarme en
otros de estos “trabajos” para seguramente descartarme cuando les pareciera,
mandándome a la cárcel nuevamente.
Con mucho
esfuerzo estaba tratando de cambiar de vida y salir adelante, trabajando para
darle de comer a mis hijos, y no estaba dispuesto a arruinar lo que iba
consiguiendo, ni a corromperme como la policía y el fiscal esperaban. Por eso
me presenté inmediatamente en el estudio del dr. Varela con todas las pruebas y
datos que pude reunir y, frente a una escribana, grabamos en video la denuncia
pública que circuló por todos los medios.
Como igual
temía por mi libertad y, sobre todo, por la seguridad de mi familia, el dr.
Varela me aconsejó presentar la denuncia al juez Bento. Le llevamos entonces
todas las pruebas, le di mi teléfono, la dirección donde estábamos viviendo, para
que al final se declarara incompetente y no me tomara la denuncia. En vez de
ello, la pasó a la fiscalía de delitos complejos, adonde pretendía llegar
Giunta si resolvía (a su manera) el caso del “Pañalín”. Así que di la denuncia
por perdida y me quedé a esperar lo peor.
Luego, la gran
difusión en los medios de esta denuncia llevó a que al fin la tomara la fiscal
Claudia Ríos y se imputara al fiscal, al comisario y al subcomisario de la
comisaría 11 de Luján y se interviniera incluso el teléfono de Ciurca (que
entonces dejó el Ministerio de Seguridad para pasar a Desarrollo Social).
Pero Giunta pidió una licencia
que extendió muchos meses para zafar de que lo suspendan en sus funciones. Yo
había avisado que, apenas pudieran, me iban a ir a buscar, porque mi denuncia
había afectado tanto a la policía como a un miembro del Poder Judicial (que el
gobernador Jaque quería como juez) y otro del Poder Ejecutivo.
Recién llevaba
un tiempito alquilando un departamento en Guaymallén. Había conseguido trabajo
de sereno en un sanatorio y estaba viviendo tranquilo con mi señora y mis tres
hijos cuando me enteré que me vinculaban en una guerra de bandas. Luego de un
seguimiento a Marcelo Araya de semanas (con escuchas sin orden judicial) las
autoridades policiales (como el jefe de policía Caleri y el entonces ministro
de seguridad Aranda) decían saber que se iban a producir asesinatos
relacionados con una guerra de bandas con centro en el barrio La Gloria. Increíblemente,
no quisieron “prevenir el delito” y esperaron a que se produjeran tres muertes
para comenzar una serie de detenciones, entre las que yo estaba programado de
antemano. Yo estaba citado a declarar por la causa de la mafia policial y judicial
y, cuando me tocaba presentarme, me detuvieron a cuatro cuadras de la casa de
mi suegro con un inmenso operativo policial. Como era de esperar, me pasaron
directamente a la cárcel, dejando a mi familia desprotegida por lo que luego de
varios tiroteos a la casa (con la zona “liberada” y dos de mis cuñados heridos
de bala) terminaron asesinando a mi otro cuñado e hiriendo gravemente a mi
suegro y a una chica que estaba de visita.
Ahí inicié un
reclamo en Boulogne sur Mer, porque escuchaba por teléfono a mi familia que me
decía que los estaban tiroteando y que ya habían matado a uno de ellos, cuando
se cortó la comunicación. Y aprovecharon para trasladarme a Cacheuta y aislarme
en un pabellón en el que me drogaban por la fuerza todos los días durante más
de dos semanas, en las que bajé 15 kilos y no podía hablar más que con mis
torturadores. En esa circunstancia, prácticamente inconciente por el chaleco
químico que establecía la medida psiquiátrico-judicial, recién volvieron a
llevarme a declarar por la causa de la mafia judicial y policial. Quisieron
bajarle la persiana a la causa dado que me querían presentar como “un
drogadicto que no se puede mantener ni sentado en la silla”. Otra vez la
difusión de este absurdo en algunos medios les complicó la jugada, por lo que
al fin dejaron de drogarme y me trasladaron a un pabellón común para citarme
después.
Dos veces zafó
Giunta del jury de enjuiciamiento. La primera vez lo desprocesaron porque
frente a la cantidad de testigos que apoyaban lo que yo decía, la defensa del
fiscal presentó a varios policías que apoyaban su inocencia. Ante un “empate”
de testigos, insólitamente, desprocesaron al fiscal. Y ahora, el jueves 24 de
mayo, volvió a librarse del pedido de jury de la fiscal Ríos porque ella
increíblemente se “olvidó” de pedir la suspensión en sus funciones de Giunta a
pesar de saber que es un delincuente y que lo estaba acusando nada menos que de
“falsedad
ideológica, coacción en perjuicio de un menor, fraude a la administración
pública y privación ilegítima de la libertad agravada”.
Y así
arruinaron mi vida. El fiscal hace lo que quiere y seguirá armando causas,
ahora en Las Heras, y escalando en el poder. Yo ya no soy creíble y mis
testigos no son válidos, ni en esta ni en las otras causas que me imputan. Como
“testigo protegido” no protegen a mi familia y ahora no son capaces de darle un
trabajo para que se mantenga y saben dónde está. Mucho menos tengo plata para
pagarme un abogado por lo que me defiende un abogado de pobres y ausentes que
muy difícilmente vaya a enfrentarse con el Estado y el poder político.
Estaba
trabajando cuando me involucraron en esto, y creo haber demostrado el cambio
que dicen esperar de los que cometimos algún delito. Y esto a pesar de las trabas
que pone el sistema para quien quiera cambiar de vida y formarse en la cárcel,
o trabajar para rehacer su vida una vez que uno sale en libertad.
¿Qué mensaje
le deja con hechos como éste el poder a toda la población? Para mí que, para
los de abajo, queda claro que si no obedecen y se suman a la corrupción del
sistema sólo les queda esperar lo peor. Como yo no tengo poder ahora es todo
contra mí. Si me hubiera metido en la corrupción seguramente ahora no estaría
en la situación en que estoy. En vez de esto les demostré que no quería seguir
delinquiendo, denuncié a esta mafia y ahora lo perdí todo. ¿Entonces cuál es el
cambio que realmente quieren? El gobierno, a través del jefe de policía y el
ministro de seguridad, sabe siempre todo lo que esta pasando y no hace nada
para cambiarlo.
Incluso cuando
denuncié que iba a haber droga y armas con homicidios en manos de la policía,
que decían que me iban a dar para que pusiera como prueba en contra del
empresario Milton en su auto (que luego declaró que era verdad todo lo que yo
decía), ni así quisieron tomar la denuncia para impedir lo que iba a pasar. ¿A
cuánta gente más habrá arruinado Giunta? ¿Y cuántos otros fiscales y cuántas
comisarías “trabajarán” de la misma manera? ¿De qué justicia hablará esta
gente?
En estos días
me denegaron la casación de una causa por la que me condenaron el año pasado
sin pruebas a 11 años de prisión. Me pusieron de nuevo la causa de la que había
sido excarcelado por falta de méritos. Desde el 2003 vengo denunciando los
manejos turbios en la cárcel y cómo te destruyen la cabeza y buscan imponer la
corrupción como forma de salvarse o al menos acomodarse. ¿Cómo puede ser, por
ejemplo, que los internos estemos sin trabajo ni nada, y que los pocos que lo
consiguen cobren 100 pesos por mes mientras que en las otras cárceles se paga
en proporción al salario mínimo con bono y descuentos? La cárcel está llena de
analfabetos e ignorantes y quieren que siga así. Si, según la ley, como presos
el único derecho que tenemos negado es el de transitar libremente ¿cómo nos
pueden negar el acceso a salud, educación y trabajo? Esto sin contar con las
torturas, golpizas y vejaciones que habitualmente sólo se paran cortándose las
venas el interno.
Ahora volví a reclamar que se
cumpla lo acordado por el mismo habeas corpus del 2008 y me dicen que yo no tengo
nada que ver con ese habeas corpus siendo que era el delegado del pabellón que
lo presentaba. Y dicen que figuran todos los demás del pabellón excepto yo, por
lo que parece que además ¡me habían borrado!
Cualquier persona
que me ayuda en esto se pone en riesgo, porque enfrenta al poder, como
reconoció un abogado que me defendía y parece que recibió amenazas. Entonces
ninguno se arriesga conmigo.
Yo no me
escondo y siempre di y doy la cara para declarar, ya sea en tribunales como
ante cualquiera de las entrevistas que me han hecho o me quieran hacer. Que
pregunten lo que quieran que yo respondo. Lo mismo a cualquiera que quiera
preguntarme o decirme algo, puede hacerlo dejando un comentario a esta nota en
la página de la Sociedad
de Resistencia (www.socderesistenciamza. blogspot.com),
enviando un mail a socderesistenciamza@gmail.com
desde donde los compañeros me transmitirán sus inquietudes, o escriban una
carta y mándenla al Módulo 3, Ala 1 de la Penitenciaría
Provincial de Cacheuta, aunque por este último medio es
seguro que será leída antes y no confío mucho en que me llegue.
Yo me comprometo
a responderles.
Ricardo Andrés
Ferreyra Ervidia
DNI 24.317.245
Enlaces
de interés:
Sobre la lucha del pabellón 3 de
Boulogne sur Mer:
http://es.scribd.com/doc/ 95246062Internos organizados contra los abusos de las autoridades penitenciarias y porla dignidad humana (pliego de reivindicaciones)
http://es.scribd.com/doc/
Sobre la denuncia de la mafia policial
y judicial:
http://es.scribd.com/doc/95248715/Hablemos-de-mafia-policial-y-judicial-en-Mendoza
http://es.scribd.com/doc/95248715/Hablemos-de-mafia-policial-y-judicial-en-Mendoza
Cómo la policía y la justicia inventan
causas en Mza 1 y 2
SOCIEDAD DE RESISTENCIA MENDOZA
http://www. socderesistenciamza.blogspot. com/
www.noticiasacratas.blogspot. com
http://www.
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viernes, 25 de mayo de 2012
La Plata Denuncia: Recrudece la violencia en la Unidad 47 de San Martín
"Los graves hechos de violencia que acontecieron
en meses pasados en la unidad 48 se han trasladado a la Unidad 47",
denunció en las últimas horas el secretario de Ejecución Penal de San
Martín, Juan Manuel Casolati, contabilizando por ejemplo 18 hechos de
violencia en un solo día. Mediante una presentación por escrito hecha
ante el Defensor general de dicho departamento judicial, Casolati
actualiza con preocupación el panorama de terror que los detenidos del
complejo carcelario de San Martín viven a la sombra de manejos
penitenciarios mafiosos y asesinos. "En las visitas se permite el
ingreso de droga y alcohol, y portación de facas y elementos punzantes",
para luego auspiciar "rencillas entre la población que más tarde se
dirimen a través de las peleas", apunta el documeto que transcribimos a
continuación.
Leer completo en http://www.lacantora.org.ar/ nota.php?idnota=1203
Leer completo en http://www.lacantora.org.ar/
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domingo, 13 de mayo de 2012
CORONDA: Modelo de torturas
Que los presos de todas las cárceles y
comisarías de la provincia son sometidos cotidianamente a tratos que
sólo pueden ser definidos como torturas, es una verdad imposible de
disimular a pesar de que el gobierno, jueces y fiscales insistan en usar
eufemismos como "abusos", "apremios" o "vejaciones".
Una de estas formas de tortura más sentida por las personas privadas de
su libertad es el abuso de poder penitenciario hacia sus familiares en
las visitas. Las humillaciones y el maltrato hacia los vínculos de los
detenidos están destinados a destruir la integridad personal y la
dignidad de los destinatarios de esta política de estado que consiste en
garantizar que las cárceles sean depósitos donde se barre bajo la
alfombra lo que el mismo sistema genera, pretendiendo tapar los
resultados de las políticas que hambrean al pueblo y los obligan por
ahora a "habitarlas".
Es por eso que reproducimos a
continuación la denuncia que nos hicieran llegar los internos de los
pabellones de conducta 6 (Sur), 13 y 14, alojados en la Unidad Nº 1 de
Coronda (sub-unidad módulo sur). La claridad del relato y el respaldo
de las firmas que acompañan el reclamo nos eximen de abundar en mayores
detalles.
CONTRA LA REPRESIÓN ORGANIZACIÓN Y LUCHA
Comisión Antirrepresiva y por los Derechos
Humanos – CADH
Teléfono de guardia: 155882788
cadh.rosario@gmail.com
Fuente: http://cadhrosario.blogspot.com.ar/2012/05/carcel-de-coronda-modelo-de-maltrato.html
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sábado, 12 de mayo de 2012
COMISARIA DE SAN LORENZO CORRIENTES: RAUL CARDOZO
DETENCION ARBITRARIA- TORTURA SEGUIDA DE MUERTE- ENCUBRIMIENTO.. COMPLICIDADES INSTITUCIONALES- IMPUNIDAD.......
Imagen del dolor... Camila, su pequeña hijita, testigo de la
detención y golpiza policial contra su padre... Luego, ya trasladado a
comisaría.....LO QUEMARON para tapar las huellas.... Murió en el
Hospital Escuela de Corrientes con el 95% del cuerpo quemado....
Y las autoridades lo niegan, lo minimizan, lo encubren... Nos dicen
que son "casos" aislados... que se investigará hasta las "ultimas
consecuencias". No es un policia, es toda la Institución.... que se
completa con el engranaje de encubrimiento y complicidad
politico-judicial.....
DETENCION ARBITRARIA- TORTURA SEGUIDA DE MUERTE- ENCUBRIMIENTO.. COMPLICIDADES INSTITUCIONALES- IMPUNIDAD.......
Imagen del dolor... Camila, su pequeña hijita, testigo de la detención y golpiza policial contra su padre... Luego, ya trasladado a comisaría.....LO QUEMARON para tapar las huellas.... Murió en el Hospital Escuela de Corrientes con el 95% del cuerpo quemado....
Y las autoridades lo niegan, lo minimizan, lo encubren... Nos dicen que son "casos" aislados... que se investigará hasta las "ultimas consecuencias". No es un policia, es toda la Institución.... que se completa con el engranaje de encubrimiento y complicidad politico-judicial.....
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Corrientes: La policía lo mató a golpes y lo quemó para borrar pruebas
Viernes, 11 de mayo de 2012 15:59
El hecho ocurrió en San Lorenzo, Corrientes. Efectivos detuvieron a Raúl Cardozo (31) en un festival y lo asesinaron en la comisaría. Luego, lo prendieron fuego.
Un hombre de 31 años fue asesinado a golpes por la policía de
San Lorenzo, provincia de Corrientes, y luego fue quemado en la celda de
la comisaría para borrar cualquier señal del ataque. Los vecinos
realizaron una pueblada en reclamo de justicia.
El hecho ocurrió durante la celebración del Festival de Doma y
Folklore al que la víctima, Raúl Cardozo, acudió junto a su hija de 7
años. Como el predio carece de sanitarios, el hombre salió con la
pequeña para hacer pis en los alrededores pero fue interceptado por
efectivos cuando intentó reingresar al lugar.
Si bien el encargado de la puerta le aseguró a la policía que la
víctima había pagado la entrada, la discusión fue subiendo de nivel y
Cardozo, nervioso y bajo los efectos del alcohol, golpeó la puerta del
recinto.
Ante esto, la policía comenzó a propinarle golpes y, por pedido del
dueño del lugar, se lo llevaron detenido a la comisaría dejando sola a
la pequeña, quien fue llevada a su casa por personas que la conocían.
Ya en su celda, Cardozo fue brutalmente maltratado por los efectivos.
Los vecinos escuchaban como la víctima pedía que dejaran de pegarle
pero les daba miedo involucrarse. Cuando la esposa del hombre se enteró
de la detención, acudió a la comisaría para buscar explicaciones, pero
le dijeron que no pasaba nada, mientras oía los gritos del marido.
Horas más tarde y tras hallar el cuerpo sin vida de Cardozo en la
celda, los policías involucrados prendieron fuego el cuerpo del hombre
para borrar las pruebas de la golpiza.
Sin embargo, las investigaciones de la querella revelaron que hay
pruebas contundentes de que el hombre había sido prendido fuego para
borrar las huellas de la feroz golpiza que recibió de la policía. La
principal sospecha es que el hombre estaba completamente quemado, a
excepción de los calzoncillos slip que le habían sido colocados tras el
incidente.
La noticia se difundió como reguero de pólvora en San Lorenzo, cuyos
vecinos salieron a reclamar Justicia y para pedir el esclarecimiento del
hecho. “La policía me dejó sin papá”, dijo la hija de la víctima. No
hay ningún detenido hasta el momento a pesar de que es la única
comisaría del pueblo.
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Caso Barros Cisneros: Denuncian por encubrimiento a los directivos de la U46
11|05|2012
Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de San Martín, hizo
llegar su denuncia al fiscal de la causa, Dr. Scebba, pidiendo que “se
profundice y amplie la investigación en curso, con el objeto de
investigar el grado de responsabilidad penal que tuvieron a posteriori
las máximas autoridades de la Unidad 46 San Martín en la golpiza que
ocasionara la muerte de Patricio Barros Cisneros”, asesinado a patadas
por penitenciarios el pasado 28 de enero. Casolati consideró que hasta
hoy se soslayó la responsabilidad de esos directivos, quienes “han
intentado encubrir el triste y lamentable hecho, produciendo un informe
falaz y falso, protegiendo a los autores materiales y organizando una
puesta en escena tan descabellada como inmoral”.
Huellas de la lucha
eldiario24.com
Tal como ha ido informando Radio La Cantora, estos
últimos días han registrado importantes avances en la causa que busca
justicia por el asesinato de Patricio Barros Cisneros, privado de su
libertad hacia enero de este año, cuando fuera golpeado hasta la muerte
por agentes penitenciarios de la Unidad 46 de San Martín. El permanente
reclamo de la familia de Patricio logró recientemente el pase a
disponibilidad y la imputación de tres de los oficiales involucrados. A
esto hay que sumar el férreo acompañamiento que ha ofrecido a esta causa
Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de San Martín,
participando de las inspecciones desde el día mismo del hecho y
presentando todas las denuncias del caso. La última de éstas apunta a
echar luz sobre la responsabilidad de los directivos de la Unidad en el
encubrimiento del hecho. En la misma se hace saber al Fiscal Scebba que
“se avanzó en relación a los autores materiales del homicidio, pero se
soslayo, la actitud que tuvieron los directivos de la unidad,
responsables funcionales de los autores materiales del homicidio de
Patricio Barros Cisnero”.
De esta forma, en su reciente presentación por escrito ante la Fiscalía, Casolati solicita que “se investigue el encubrimiento y las acciones desplegadas por las máximas autoridades de la Unidad 46, como asi también la falsedad de los documentos rubricados y enviados por estos a distintas reparticiones administrativas y judiciales”. Según se desprende de los tesimonios recabados entre los testigos del hecho, detenidos en la Unidad, “está claro que la historia oficial fue pergeñada por los propios directores, de modo tal que el aval del relato oficial fue producto de un acuerdo entre los autores materiales del homicidio de Patricio Barros Cisneros y aquellos. El director y los subidrectores, han intentado encubrir el triste y lamentable hecho, produciendo un informe falaz y falso, conteniendo una historia oficial que llegó a todos los despachos posibles; y desde allí, produjeron prueba en forma de coartada para deslindar no ya solo sus propias responsabilidades, sino más bien, las responsabilidades de los homicidas, amparando el actuar ilegal de estos, protegièndolos y organizando una puesta en escena tan descabellada como inmoral”.
“La primer noticia que se tiene del lamentable evento es precisamente la burda historia oficial, rubricada por las autoridades de la Unidad 46, que si bien dice lo que otros dicen (en este caso los homicidas), lo cierto es que el relato es inverosímil y ridiculo. ¿Cómo es posible que las autoridades de la Unidad, formados en cuestiones penitenciarias, expertos en la materia, con aos de antigüedad en la tarea, pudieran creer un relato tan increíble?: Un detenido que se suicida solo contra las rejas”, se pregunta Casolati en su solicitud de imputación a los directores, partícipes necesarios de una escenografía criminal.
De esta forma, en su reciente presentación por escrito ante la Fiscalía, Casolati solicita que “se investigue el encubrimiento y las acciones desplegadas por las máximas autoridades de la Unidad 46, como asi también la falsedad de los documentos rubricados y enviados por estos a distintas reparticiones administrativas y judiciales”. Según se desprende de los tesimonios recabados entre los testigos del hecho, detenidos en la Unidad, “está claro que la historia oficial fue pergeñada por los propios directores, de modo tal que el aval del relato oficial fue producto de un acuerdo entre los autores materiales del homicidio de Patricio Barros Cisneros y aquellos. El director y los subidrectores, han intentado encubrir el triste y lamentable hecho, produciendo un informe falaz y falso, conteniendo una historia oficial que llegó a todos los despachos posibles; y desde allí, produjeron prueba en forma de coartada para deslindar no ya solo sus propias responsabilidades, sino más bien, las responsabilidades de los homicidas, amparando el actuar ilegal de estos, protegièndolos y organizando una puesta en escena tan descabellada como inmoral”.
“La primer noticia que se tiene del lamentable evento es precisamente la burda historia oficial, rubricada por las autoridades de la Unidad 46, que si bien dice lo que otros dicen (en este caso los homicidas), lo cierto es que el relato es inverosímil y ridiculo. ¿Cómo es posible que las autoridades de la Unidad, formados en cuestiones penitenciarias, expertos en la materia, con aos de antigüedad en la tarea, pudieran creer un relato tan increíble?: Un detenido que se suicida solo contra las rejas”, se pregunta Casolati en su solicitud de imputación a los directores, partícipes necesarios de una escenografía criminal.
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U46 SAN MARTÍN
Jueves, 10 de Mayo de 2012 00:29
Detienen a tres penitenciarios por el asesinato de un preso
(AW) El trío forma parte degrupo que asesinó a Patricio Barros Cisneros, quien fuera atacado a patadas por varios agentes del SPB hasta darle muerte el pasado 28 de enero en la Unidad 46 de San Martín. Por los menos, otros cuatro penitenciarios continúan prófugos.
(AW) El trío forma parte degrupo que asesinó a Patricio Barros Cisneros, quien fuera atacado a patadas por varios agentes del SPB hasta darle muerte el pasado 28 de enero en la Unidad 46 de San Martín. Por los menos, otros cuatro penitenciarios continúan prófugos.
El 28 de
enero de este año, Patricio Barros Cisneros fue asesinado a patadas por
agentes penitenciarios de la Unidad Penal N° 46 del Complejo de San
Martín. Desde entonces, cuatro de los oficiales se encuentran prófugos.
Otros tres continuaban trabajando, normal e impunemente, en la misma
cárcel hasta la semana pasada, cuando el tenaz reclamo de justicia de la
familia mantuvo cortado el Camino del Buen Ayre durante 33 horas y
obligó a Florencia Piermarini, Jefa del SPB, a pasarlos a disponibilidad
simple. La novedad de último momento es que, desde las autoridades
judiciales que tienen a su cargo la causa, se ordenó la detención de
estos tres penitenciarios, de apellidos Gallego, Silva y Ken,
imputándoles el delito de torturas seguidas de muerte, por lo que serán
indagados en las próximas horas por el Fiscal de la cauasa, Dr. Scebba.
Respecto de las autoridades de la Unidad 46, la información que
trascendió es que se encuentran también imputados, pero por el delito de
encubrimiento agravado. De quienes no es posible contar novedades es
respecto de los otros cuatro asesinos prófugos: Rodrigo Chaparro, Héctor
Mario, Gerardo Luna y César Benítez.
"Patricio no va a ser un preso más"
El pasado lunes, en comunicación telefónica con Radio La Cantora, la hermana de Patricio Barros Cisneros, Gisella, se expresó respecto de la larga, dolorosa pero insistente batalla por justicia que la familia ha emprendido en busca de verdad y memoria por Patricio: "Nuestra familia está destrozada, pero hoy más que nunca está unida solamente por hacer justicia por lo que le hicieron a nuestro hermano e hijo. Queremos y necesitamos que encuentren a los prófugos para poder llorarlo a mi hermano. Todavía no podemos. Estamos de una marcha en otra, cada 28 es más duro para nosotros. Todavía no entedemos cómo puede que cuatro funcionarios público se den a la fuga y no los puedan encontrar".
"Patricio no va a ser un preso más"
El pasado lunes, en comunicación telefónica con Radio La Cantora, la hermana de Patricio Barros Cisneros, Gisella, se expresó respecto de la larga, dolorosa pero insistente batalla por justicia que la familia ha emprendido en busca de verdad y memoria por Patricio: "Nuestra familia está destrozada, pero hoy más que nunca está unida solamente por hacer justicia por lo que le hicieron a nuestro hermano e hijo. Queremos y necesitamos que encuentren a los prófugos para poder llorarlo a mi hermano. Todavía no podemos. Estamos de una marcha en otra, cada 28 es más duro para nosotros. Todavía no entedemos cómo puede que cuatro funcionarios público se den a la fuga y no los puedan encontrar".
Asimismo, Gisella remarcó que la familia no tiene pensado bajar los
brazos y que preveen nuevas manifestaciones si no se evidencian más
avances en la causa: "Nosotros le dejamos muy claro a la Dra. Piermarini
que si vemos que la causa no avanza, si no encuentran a los prófugos,
nosotros no vamos a parar; vamos a seguir haciendo marchas y cortes.
Patricio no va a ser un preso más; Patricio tiene familia, tiene
hermanos, tiene madre para que lo reclamen. Patricio no va a ser un
preso más que matan ahí adentro y nadie lo reclama".
Radio La Cantora
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jueves, 10 de mayo de 2012
Detienen a tres penitenciarios por el asesinato de un preso en la U46
09|05|2012
Es por el homicidio de Patricio Barros Cisneros,
quien fuera atacado a patadas por al menos siete agentes del SPB hasta
darle muerte el pasado 28 de enero en la Unidad 46 de San Martín. La
semana pasada, como informó La Cantora, la movilización de familiares de
Patricio logró que la Jefatura del Servicio pasara a disponibilidad a
Gallego, Silva y Ken, los tres oficiales que ahora fueron detenidos y
que en las pŕoximas horas serán indagados por el fiscal Scebba por el
delito de torturas seguidas de muerte. Otros cuatro penitenciarios
continúan prófugos, y los directores de la Unidad están imputados por el
delito de encubrimiento agravado.
Todavía por Justicia
marcha.org.ar
El 28 de enero de este año, Patricio Barros
Cisneros fue asesinado a patadas por agentes penitenciarios de la Unidad
Penal N° 46 del Complejo de San Martín. Desde entonces, cuatro de los
oficiales se encuentran prófugos. Otros tres continuaban trabajando,
normal e impunemente, en la misma cárcel hasta la semana pasada, cuando
el tenaz reclamo de justicia de la familia mantuvo cortado el Camino del
Buen Ayre durante 33 horas y obligó a Florencia Piermarini, Jefa del
SPB, a pasarlos a disponibilidad simple. La novedad de último momento
es que, desde las autoridades judiciales que tienen a su cargo la causa,
se ordenó la detención de estos tres penitenciarios, de apellidos
Gallego, Silva y Ken, imputándoles el delito de torturas seguidas de
muerte, por lo que serán indagados en las próximas horas por el Fiscal
de la cauasa, Dr. Scebba.
Respecto de las autoridades de la Unidad 46, la información que trascendió es que se encuentran también imputados, pero por el delito de encubrimiento agravado. De quienes no es posible contar novedades es respecto de los otros cuatro asesinos prófugos: Rodrigo Chaparro, Héctor Mario, Gerardo Luna y César Benítez.
"Patricio no va a ser un preso más"
El pasado lunes, en comunicación telefónica con Radio La Cantora, la hermana de Patricio Barros Cisneros, Gisella, se expresó respecto de la larga, dolorosa pero insistente batalla por justicia que la familia ha emprendido en busca de verdad y memoria por Patricio: "Nuestra familia está destrozada, pero hoy más que nunca está unida solamente por hacer justicia por lo que le hicieron a nuestro hermano e hijo. Queremos y necesitamos que encuentren a los prófugos para poder llorarlo a mi hermano. Todavía no podemos. Estamos de una marcha en otra, cada 28 es más duro para nosotros. Todavía no entedemos cómo puede que cuatro funcionarios público se den a la fuga y no los puedan encontrar".
Asimismo, Gisella remarcó que la familia no tiene pensado bajar los brazos y que preveen nuevas manifestaciones si no se evidencian más avances en la causa: "Nosotros le dejamos muy claro a la Dra. Piermarini que si vemos que la causa no avanza, si no encuentran a los prófugos, nosotros no vamos a parar; vamos a seguir haciendo marchas y cortes. Patricio no va a ser un preso más; Patricio tiene familia, tiene hermanos, tiene madre para que lo reclamen. Patricio no va a ser un preso más que matan ahí adentro y nadie lo reclama".
Respecto de las autoridades de la Unidad 46, la información que trascendió es que se encuentran también imputados, pero por el delito de encubrimiento agravado. De quienes no es posible contar novedades es respecto de los otros cuatro asesinos prófugos: Rodrigo Chaparro, Héctor Mario, Gerardo Luna y César Benítez.
"Patricio no va a ser un preso más"
El pasado lunes, en comunicación telefónica con Radio La Cantora, la hermana de Patricio Barros Cisneros, Gisella, se expresó respecto de la larga, dolorosa pero insistente batalla por justicia que la familia ha emprendido en busca de verdad y memoria por Patricio: "Nuestra familia está destrozada, pero hoy más que nunca está unida solamente por hacer justicia por lo que le hicieron a nuestro hermano e hijo. Queremos y necesitamos que encuentren a los prófugos para poder llorarlo a mi hermano. Todavía no podemos. Estamos de una marcha en otra, cada 28 es más duro para nosotros. Todavía no entedemos cómo puede que cuatro funcionarios público se den a la fuga y no los puedan encontrar".
Asimismo, Gisella remarcó que la familia no tiene pensado bajar los brazos y que preveen nuevas manifestaciones si no se evidencian más avances en la causa: "Nosotros le dejamos muy claro a la Dra. Piermarini que si vemos que la causa no avanza, si no encuentran a los prófugos, nosotros no vamos a parar; vamos a seguir haciendo marchas y cortes. Patricio no va a ser un preso más; Patricio tiene familia, tiene hermanos, tiene madre para que lo reclamen. Patricio no va a ser un preso más que matan ahí adentro y nadie lo reclama".
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miércoles, 9 de mayo de 2012
CORRIENTES: CASO CARDOZO
Familiares y amigos de Cardozo reclaman justicia
Martes, 08 de Mayo de 2012 14:45
Familiares aseguran que fue un homicidio y responsabilizan a la policía
(AW)"A mi hermano lo golpearon brutalmente y después lo quemaron". Así lo expresó Ramón Cardozo, hermano del hombre que murió prácticamente calcinado en la cárcel, en una entrevista con Radio Dos y denunció que no fue un suicidio sino un homicidio. Dijo que efectivos policiales de San Lorenzo molieron a palos a la víctima y para "tapar huellas" lo incendiaron. Familiares se reunieron en la jornada con el Ministro de Gobierno Gustavo Valdés a quien pidieron la remoción total de la cúpula de esa localidad.
(AW)"A mi hermano lo golpearon brutalmente y después lo quemaron". Así lo expresó Ramón Cardozo, hermano del hombre que murió prácticamente calcinado en la cárcel, en una entrevista con Radio Dos y denunció que no fue un suicidio sino un homicidio. Dijo que efectivos policiales de San Lorenzo molieron a palos a la víctima y para "tapar huellas" lo incendiaron. Familiares se reunieron en la jornada con el Ministro de Gobierno Gustavo Valdés a quien pidieron la remoción total de la cúpula de esa localidad.
Ramón Cardozo
es hermano de Raúl Cardozo (31) quien murió ayer producto de graves
heridas ocasionadas luego de prenderse fuego. El hombre se encontraba
en una celda cuando repentinamente comenzó a incendiarse.
El hermano de la víctima denunció que "no fue un suicidio ni un accidente" sino que fue "asesinado" por los policías de la comisaría. "A mi hermano lo molieron a golpes y luego lo prendieron fuego para borrar las huellas".
"Nos contó una enfermera que atiende a lado en una salita que mi hermano pedía socorro, que no le peguen. Nadie se acercó a explicarnos. La policía debería haberlo cuidado. Como puede ser que se quemó tanto. Como puede ser que se quemó de la punta del dedo a la punta del pie" agregó.
En tanto, dijo "cuando lo llevaron de acá ya estaba muerto. Pero no puede ser que se queme tanto. Eso es para que pierda todas las huellas".
El hermano de la víctima denunció que "no fue un suicidio ni un accidente" sino que fue "asesinado" por los policías de la comisaría. "A mi hermano lo molieron a golpes y luego lo prendieron fuego para borrar las huellas".
"Nos contó una enfermera que atiende a lado en una salita que mi hermano pedía socorro, que no le peguen. Nadie se acercó a explicarnos. La policía debería haberlo cuidado. Como puede ser que se quemó tanto. Como puede ser que se quemó de la punta del dedo a la punta del pie" agregó.
En tanto, dijo "cuando lo llevaron de acá ya estaba muerto. Pero no puede ser que se queme tanto. Eso es para que pierda todas las huellas".
Reunión con Valdés
El hombre señaló que le han pedido al Ministro de Gobierno la remoción total de la cúpula de la policía de San Lorenzo: "algunos que estaban con ellos, continúan en funciones. Ellos no deberían estar más acá. Toda la guardia deber irse"
El hombre señaló que le han pedido al Ministro de Gobierno la remoción total de la cúpula de la policía de San Lorenzo: "algunos que estaban con ellos, continúan en funciones. Ellos no deberían estar más acá. Toda la guardia deber irse"
Cardozo explicó "estamos haciendo lo posible que todos los que están
en la plana mayor se vayan de acá. Que todos paguen lo que hicieron. El
ministro nos prometió que todos se van a ir mientras que los otros
permanecerán demorados".
Además, hubo una promesa del ministro de que se investiguen a fondo.
Mientras que se preguntó "como ellos no van a saber lo que le paso a
mi hermano. No deben trabajar más. Eso policías se deben irse. A él lo
mataron ahí y después lo quemaron, es tan profundo la quemadura que
sufrió que se borraron la huellas".
La Familia
Raúl Cardozo era padre de tres nenas de 14, 7 y de 1 año. La de 7 años presenció el momento que a su padre le pegaron, según relatan los testigos la pequeña ‘le decía a la policía que no le pegue' por su padre.
Raúl Cardozo era padre de tres nenas de 14, 7 y de 1 año. La de 7 años presenció el momento que a su padre le pegaron, según relatan los testigos la pequeña ‘le decía a la policía que no le pegue' por su padre.
En la Doma, "la dejaron ahí sola a la criatura, una enfermera contó que pedía socorro ahí lo noquearon y lo prendieron fuego".
Fuente: Red de Derechos Humanos de Corrientes
Fuente: http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=article&id=8466%3Acorrientes-caso-cardozo-&catid=72%3Apll&Itemid=114
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jueves, 3 de mayo de 2012
Corrientes: otra muerte en una comisaría
Martes, 01 de mayo de 2012.
EL PEOR FINAL
Tragedia: Falleció el hombre que se quemó en la Comisaría de San Lorenzo
Se
trata de Raúl Eduardo Cardozo, quien fue demorado por policías y
alojado en la Comisaría de San Lorenzo luego de haber mantenido un
altercado en un festival de doma y chamamé. El hombre que tenía más de
90 por ciento de su cuerpo quemado lamentablemente dejó de existir en
las últimas horas de este 1 de mayo. Al parecer tras el altercado fue
derivado a su celda, donde habría quemado un colchón que generó el
tremendo incendio que lastimosamente terminó con su vida.
En este sentido el parte oficial de la Policía de Corrientes señala que "en la fecha, siendo alrededor de las 14.00 horas, en el hospital Escuela de esta ciudad, se produjo el fallecimiento del Ciudadano CARDOZO de 31 años de edad, quien se hallaba hospitalizado en dicho nosocomio de salud, desde la antevíspera, por quemaduras en su cuerpo".
En este sentido el parte oficial de la Policía de Corrientes señala que "en la fecha, siendo alrededor de las 14.00 horas, en el hospital Escuela de esta ciudad, se produjo el fallecimiento del Ciudadano CARDOZO de 31 años de edad, quien se hallaba hospitalizado en dicho nosocomio de salud, desde la antevíspera, por quemaduras en su cuerpo".
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lunes, 30 de abril de 2012
Penitenciarios asesinos y torturadores en la mira de la CIDH
(AW)La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado argentino que tome las
medidas necesarias a fin de proteger la vida y la integridad de todas
las personas detenidas en las unidades 46, 47 y 48 del Servicio
Penitenciario Bonaerense (SPB). Lo hizo al responder a una solicitud de
medidas cautelares realizada por la Comisión Provincial por la Memoria
(CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) el pasado 4 de
abril debido a la situación de violencia y desprotección en que viven
los internos de esas dependencias.
La medida se
otorgó en virtud de una sucesión de recientes hechos de violencia,
maltrato y traslados arbitrarios de detenidos de dichas unidades a
partir de denuncias efectuadas contra el SPB. De acuerdo con información
oficial, los homicidios en unidades penitenciarias provinciales
aumentaron casi un 20% durante el último año. Estas muertes vienen
acompañadas por una persistente situación de hacinamiento, torturas,
malos tratos y privaciones estructurales de derechos. La violencia
extrema en los lugares de encierro se explica, en general, por lo que
hace o deja de hacer el SPB, que aparece como intocable. La negación
política de la situación alimenta las respuestas represivas y ha
reafirmado la autonomía con la que el SPB se mueve.
En marzo de 2011 se denunció que las autoridades de la Unidad 48 sacaban del penal a los detenidos para delinquir. Desde esa fecha hasta marzo de 2012 se registraron al menos 18 heridos. En las tres unidades, desde octubre de 2011 se produjeron dos homicidios -uno de ellos, Patricio Barros Cisneros, fue asesinado a golpes por los penitenciarios frente al resto de los internos y su esposa- y cinco heridos de suma gravedad -uno de los cuales perdió un ojo y otro quedó cuadripléjico-. Los antecedentes del complejo muestran un grave patrón de violencia e impunidad.
En noviembre de 2011, la Suprema Corte indicó a la Procuración General y a las autoridades provinciales que adopten las medidas para revertir la situación. Hasta el momento, las políticas penitenciarias y judiciales implementadas han sido incapaces de prevenir y sancionar estos hechos.
Las medidas cautelares de la CIDH propician el impulso de una discusión seria sobre una agenda concreta dirigida a disminuir los niveles de violencia y prevenir las violaciones de derechos humanos en las cárceles bonaerenses. Es fundamental que se definan medidas específicas orientadas a eliminar la arbitrariedad que gobierna las unidades de San Martín.
Se requiere una intervención política decidida para generar nuevas formas de gobernabilidad que acaben con la circulación de armas, permitida por las autoridades del SPB y que resultan claves para sostener sus pactos. También resulta ineludible acordar líneas programáticas generales que conduzcan hacia una reforma profunda del SPB, que le aporte valores democráticos a su funcionamiento y que rompa las estructuras de negocios que se amparan en las lógicas violentas que sufren los detenidos. Este acuerdo debe llevar a la discusión demorada sobre la ley de control de sobrepoblación que impone límites al encarcelamiento y define los parámetros constitucionales de las plazas carcelarias. Del mismo modo, es importante que se logre avanzar con la sanción e implementación de los mecanismos nacional y provincial para la prevención de la tortura.
Este nuevo llamado de atención de la CIDH y la visita a Argentina del Subcomité para la prevención de la Tortura de ONU que culminará el 27 de abril ponen también al Estado federal en la necesidad de garantizar el piso mínimo de respeto a los derechos humanos en las cárceles del país.
En marzo de 2011 se denunció que las autoridades de la Unidad 48 sacaban del penal a los detenidos para delinquir. Desde esa fecha hasta marzo de 2012 se registraron al menos 18 heridos. En las tres unidades, desde octubre de 2011 se produjeron dos homicidios -uno de ellos, Patricio Barros Cisneros, fue asesinado a golpes por los penitenciarios frente al resto de los internos y su esposa- y cinco heridos de suma gravedad -uno de los cuales perdió un ojo y otro quedó cuadripléjico-. Los antecedentes del complejo muestran un grave patrón de violencia e impunidad.
En noviembre de 2011, la Suprema Corte indicó a la Procuración General y a las autoridades provinciales que adopten las medidas para revertir la situación. Hasta el momento, las políticas penitenciarias y judiciales implementadas han sido incapaces de prevenir y sancionar estos hechos.
Las medidas cautelares de la CIDH propician el impulso de una discusión seria sobre una agenda concreta dirigida a disminuir los niveles de violencia y prevenir las violaciones de derechos humanos en las cárceles bonaerenses. Es fundamental que se definan medidas específicas orientadas a eliminar la arbitrariedad que gobierna las unidades de San Martín.
Se requiere una intervención política decidida para generar nuevas formas de gobernabilidad que acaben con la circulación de armas, permitida por las autoridades del SPB y que resultan claves para sostener sus pactos. También resulta ineludible acordar líneas programáticas generales que conduzcan hacia una reforma profunda del SPB, que le aporte valores democráticos a su funcionamiento y que rompa las estructuras de negocios que se amparan en las lógicas violentas que sufren los detenidos. Este acuerdo debe llevar a la discusión demorada sobre la ley de control de sobrepoblación que impone límites al encarcelamiento y define los parámetros constitucionales de las plazas carcelarias. Del mismo modo, es importante que se logre avanzar con la sanción e implementación de los mecanismos nacional y provincial para la prevención de la tortura.
Este nuevo llamado de atención de la CIDH y la visita a Argentina del Subcomité para la prevención de la Tortura de ONU que culminará el 27 de abril ponen también al Estado federal en la necesidad de garantizar el piso mínimo de respeto a los derechos humanos en las cárceles del país.
Alejandro Mosquera - Secretario Ejecutivo - COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA 011 153 177 2269
Dr. Roberto F. Cipriano García - Director General COMITE CONTRA LA TORTURA (Dirección General de Promoción y Protección de Derechos) CPM 0221 - 156-017-695. Prensa: Violeta Burkart Noe: 011- 15 65205490
Dr. Roberto F. Cipriano García - Director General COMITE CONTRA LA TORTURA (Dirección General de Promoción y Protección de Derechos) CPM 0221 - 156-017-695. Prensa: Violeta Burkart Noe: 011- 15 65205490
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viernes, 27 de abril de 2012
Unidad 2 de Marcos Paz: Torturar por diversión
Cada 16 de julio, el Servicio Penitenciario
Federal festeja el día de sus agentes. ¿Cómo lo celebra? Torturando
detenidos. El año pasado, quién sirvió de divertimento para los
oficiales de la Unidad 2 de Marcos Paz fue Braian Nuñez, un joven que el
día anterior a los hechos había cumplido 19 años. Su madre, Liliana
Valenzuela, dialogó esta semana con Radio La Cantora y contó detalles de
la causa, que en los próximos meses llevará a juicio a siete
penitenciarios. “Pata-pata, palazos y patadas en su cabeza, piernas y
espalda, encendedores prendidos y cigarillos apagados en la planta de
sus pies...” fue parte del lamentable itinerario que Braian tuvo que
recorrer para placer de quienes deberían “rehabilitarlo”.
Radio La Cantora - 27|04|2012
La resaca de la fiesta penitenciaria
R.L.C.
“El dia 15 de julio de 2011 mi hijo cumplió 19 años
estando detenido en la Unidad 2 de Marcos Paz”, comienza su relato
Liliana Valenzuela, madre de Braian Nuñez, hoy detenido en la Unidad 47
del Servicio Penitenciario Bonaerense como medida de protección tras su
denuncia por los aberrantes hechos que le tocó vivir en aquella jornada
del año pasado. “Era un día viernes -continúa su madre, en diálogo con
Radio La Cantora-, un día especial porque no había visita pero nosotros
pudimos festejar su cumpleaños. Al otro día volví a visitarlo, el 16, y
había mucho movimiento en la Unidad; era el día de festejo de los
penitenciarios federales. Los agentes estaban alegres, ya bastante
pasaditos porque hablaban fuerte; había vino y asadito... Nosotros
tuvimos la visita y, cuando me fui, mi hijo estaba en buenas
condiciones. Al salir me emepcé a sentir mal: el pecho se me cerraba,
empecé a transpirar, me ahogaba y tenía calor... Tenía el presentimiento
de que algo le estaba pasando a mi hijo”.
Liliana comenta que Braian siempre la llamaba por teléfono mientras ella estaba en el viaje de regreso a su casa, en Capital Federal. Ese día no la llamó. “Al terminar la visita los penitenciarios lo fueron a buscar. Le dijeron que el Jefe de visita no quería que los detenidos viesen el partido de Argentina que se estaba por jugar. Mi hijo no reaccionó y entonces lo mandaron a llamar de nuevo. ¿Qué pasa?, les preguntaba mi hijo... Abrieron la reja, lo pusieron contra la pared, lo esposaron con una mano libre y empezaron a pegarle cachetazos para que reaccionara mal. Los penitenciarios estaban alcoholozados. Como Braian sólo preguntaba qué pasaba y gritaba para que lo suelten, lo esposaron de las dos manos y lo llevaron a ver al Jefe inventando que él le había faltado el respecto...”
Lo que siguió para Braian Nuñez fueron ocho horas de tortura para disfrute de los agentes: “Lo esposaron de pies y manos, en posición de `chanchito` y sujeto con un gancho. Le practicaron el pata-pata, le pegaron patadas con los borcegos en la cabeza, las piernas y la espalda, le prendían encendedores en la planta de los pies y le apagaban cigarrillos en las piernas, donde él ya no sentía nada...” Todo esto mientras el Jefe los miraba tomando vino, indicando a sus subalternos que se detuviesen... pero para descansar y seguir. Según lo que supo Liliana a partir de este lamentable episodio es que no se trata de un hecho aislado: “El Servicio Penitenciario Federal elige una persona detenida para torturarla durante el día del penitenciario; es para diversión de ellos, como forma de festejo. Ese día le tocó a mi hijo. Desde entonces, le borraron la sonrisa como si nada”.
A partir de lo sucedido, siete oficiales se encuentran procesados -incluyendo al director de la Unidad- y serán llevados a juicio el mes próximo. Al mismo tiempo, la familia Nuñez espera con ansias que a Braian se le dicte prisión domiciliaria, una morigeración que debería considerarse innegable en estos casos, a menos que la Justicia considere beneficioso para su “resocialización y rehabilitación” que Braian permanezca en el contexto criminal del que fue -y es- víctima.
Liliana comenta que Braian siempre la llamaba por teléfono mientras ella estaba en el viaje de regreso a su casa, en Capital Federal. Ese día no la llamó. “Al terminar la visita los penitenciarios lo fueron a buscar. Le dijeron que el Jefe de visita no quería que los detenidos viesen el partido de Argentina que se estaba por jugar. Mi hijo no reaccionó y entonces lo mandaron a llamar de nuevo. ¿Qué pasa?, les preguntaba mi hijo... Abrieron la reja, lo pusieron contra la pared, lo esposaron con una mano libre y empezaron a pegarle cachetazos para que reaccionara mal. Los penitenciarios estaban alcoholozados. Como Braian sólo preguntaba qué pasaba y gritaba para que lo suelten, lo esposaron de las dos manos y lo llevaron a ver al Jefe inventando que él le había faltado el respecto...”
Lo que siguió para Braian Nuñez fueron ocho horas de tortura para disfrute de los agentes: “Lo esposaron de pies y manos, en posición de `chanchito` y sujeto con un gancho. Le practicaron el pata-pata, le pegaron patadas con los borcegos en la cabeza, las piernas y la espalda, le prendían encendedores en la planta de los pies y le apagaban cigarrillos en las piernas, donde él ya no sentía nada...” Todo esto mientras el Jefe los miraba tomando vino, indicando a sus subalternos que se detuviesen... pero para descansar y seguir. Según lo que supo Liliana a partir de este lamentable episodio es que no se trata de un hecho aislado: “El Servicio Penitenciario Federal elige una persona detenida para torturarla durante el día del penitenciario; es para diversión de ellos, como forma de festejo. Ese día le tocó a mi hijo. Desde entonces, le borraron la sonrisa como si nada”.
A partir de lo sucedido, siete oficiales se encuentran procesados -incluyendo al director de la Unidad- y serán llevados a juicio el mes próximo. Al mismo tiempo, la familia Nuñez espera con ansias que a Braian se le dicte prisión domiciliaria, una morigeración que debería considerarse innegable en estos casos, a menos que la Justicia considere beneficioso para su “resocialización y rehabilitación” que Braian permanezca en el contexto criminal del que fue -y es- víctima.
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domingo, 8 de abril de 2012
Pacto asesino: “El SPB garantiza gobernabilidad al poder político a cambio de mantener sus negociados”
Lo dijo Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de San Martín, en la continuidad de su diálogo con Radio La Cantora, a una semana de hacerse pública la inspección que realizara al Complejo penal de San Martín acompañado del vicegobernador de la provincia. “El pacto es chantaje puro; en algún momento se rompe y el Servicio manda un mensaje claro al poder político: hechos de mayor violencia”, como los tres asesinatos más recientes en tres cárceles bonaerenses. “Casal ha permitido el autogobierno y el descontrol absoluto de la fuerza”, denuncia Casolati, advirtiendo que la escalada de violencia tendrá sus réplicas en el afuera.
Radio La Cantora
07|04|2012
A la sombra
infoplatense.com.ar
“Sin dudas, todas las fuerza policiales se manejan mediante el chantaje y la extorsión. Los hechos de violencia lo muestran”, señaló esta semana Juan Manuel Casolati, denunciando que la réplica del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a la reciente inspección a los penales de San Martín fue el asesinato de tres detenidos. Según el secretario de Ejecución de ese distrito judicial, estamos frente a un “doble pacto, en el que nadie se anima a meter mano para limpiar porque se teme, justamente, que la cosa se desmadre y se pierdan estos niveles de gobernabilidad que fueron fomentados por el poder político de turno desde siempre con, en este caso, la anuencia del Servicio Penitenciario”. Para explicar a qué se refiere con este doble pacto, Casolati señala: “El poder político en general lo que hace es negociar con la seguridad, en este caso con el Servicio, ciertos niveles tolerables de gobernabilidad. Negociamos con ustedes que nos garanticen la gobernabilidad del sistema. A cambio nosotros, el poder político, les permitimos que sigan con los negociados. Y, luego, la seguridad genera un nuevo pacto hacia el interior de las cárceles con un grupo minúsculo de detenidos y también negocian exactamente lo mismo. Negocian con ellos ciertos tipos de violencia, la gobernabilidad de las cárceles, a cambio de permitir que se sigan teniendo este grupo de detenidos, con la anuencia del Servicio, determinados negociados. Esto es chantaje puro porque este doble pacto en algún momento se rompe y es porque va de la mano de la ilicitud, de la irregularidad. Y es clarísimo en este caso que hay un doble pacto. El Servicio Penitenciario cuando quiere rompe con el pacto y manda un mensaje al poder político como en este caso”.
“Ahora ¿cualés son las soluciones a esta cuestión?”, se pregunta entonces el propio Casolati, a lo que responde: “Me parece que lo que hay que hacer es resolverlo definitivamente y empezar a trabajar en serio. Ahora, ¿quién se atreve a hacer esto? ¿quiénes son los actores o los funcionarios que se animan a romper este doble pacto? Porque, además, este doble pacto es conocido por mucha gente. La Procuradora de la Provincia de Buenos Aires lo conoce porque, además, nació después del motín de Sierra Chica este doble pacto de gobernabilidad de la fuerza penitenciaria. Allí nace esta forma de hacer política de seguridad penitenciaria en la Provincia de Buenos Aires. Entonces, los mismos actores que inciden en las políticas públicas de la provincia de Bs As en materia carcelaria y de seguridad desde la época del motín de Sierra Chica y que mentaron y pergueñaron junto con el Servicio Penitenciario y la bonaerense este doble pacto como política pública, hoy están lugares estratégicos de la provincia de Buenos Aires; la procuradora, la responsable de lo que hagan los fiscales y los defensores. Esto es terrible, por un lado, y el Ministro Casal forma parte de aquel equipo”. En este sentido, Casolati hizo referencia a la reciente designación de Florencia Piermarini como Jefa del SPB: “Independientemente de lo que ella pueda saber desde la teoría, lo que necesita la fuerza penitenciaria es alguien que la gobierne, que la direccione, que la administre. Y es evidente que esto no está pasando ahora. Lo que está diciendo Casal cuando la nombra a ella es `ponemos una cara bonita y seguimos permitiendo que la propia fuerza se autogobierne, se controle y circule por sí misma`. Cuando en realidad sabe que no se va a depurar la fuerza”.
Sin embargo, en referencia a una posible purga de funcionarios al interior de las instituciones implicadas, Casolati adverte que “no creo que la solución pase por cambiar figuritas y actores. Lo que hay que hacer es modificar políticas públicas. Casal puede irse o no; esto es una decisión que va a tomar él o el propio gobernador. Ahora, si el que viene mantiene como única política pública este doble pacto este de `garanticen mi gobernabilidad` y que haya un muerto cada tanto dosificado para que el sistema no explote y yo les permito que sigan los negociados. Si esto es así no se modifica ni cambia nada y seguimos en la misma. Yo creo que hay que modificar estrategias, la forma de abordar la cuestión y romper, destruir este doble pacto que es nefasto porque está asentado sobre la inmoralidad, sobre la ilegalidad, sobre la ilicitud. Esto hay que empezar a discutirlo porque este doble pacto existe; no es una situación ficticia, no es una cuestión dogmática ni es una teoría descabellada. Esto existe. No pasa ya por cambiar algunos actores o algún ministro, pasa por tener la decisión política. Visto por la visita que hizo el propio vicegobernador, pareciera que un sector político de la provincia de Buenos Aires quiere modificar las cosas. Ahora si lo que se quiere hacer es cambiar figuritas, sacar a un ministro y poner a otro, manteniendo la existencia de estas políticas públicas de doble pacto, yo creo que no se va a modificar nada y los índices de criminalidad, de violencia, de reincidencia y de inseguridad van a ir creciendo día a día, sin duda.
Por último, el secretario de Ejecución Penal de San Martín reflexionó sobre las inminentes consecuencias que esta situación implica a su vez para la sociedad extramuro: “Los niveles de violencia y maltrato que hay en las cárceles sin duda se van a replicar y reproducir en el afuera. Esto es una verdad de perogrullo. Lo terrible es que la sociedad, excepto algunos actores que estamos comprometidos, los demás no se hacen cargo de estas cuestiones. Entonces siguen hablando de más seguridad en términos de más patrulleros, de más cámaras, de más policía, de más cárceles. Siguen hablando de la inseguridad como hecho terrible, pero se desentienden de lo que está pasando en las cárceles. Y eso es una mirada yo diría casi suicida. Que nuestra sociedad no quiera modificar el sistema carcelario es casi firmar un permiso de suicidio”, apuntó categórico Casolati.
Fuente: http://www.lacantora.org.ar/nota.php?idnota=1161
“Ahora ¿cualés son las soluciones a esta cuestión?”, se pregunta entonces el propio Casolati, a lo que responde: “Me parece que lo que hay que hacer es resolverlo definitivamente y empezar a trabajar en serio. Ahora, ¿quién se atreve a hacer esto? ¿quiénes son los actores o los funcionarios que se animan a romper este doble pacto? Porque, además, este doble pacto es conocido por mucha gente. La Procuradora de la Provincia de Buenos Aires lo conoce porque, además, nació después del motín de Sierra Chica este doble pacto de gobernabilidad de la fuerza penitenciaria. Allí nace esta forma de hacer política de seguridad penitenciaria en la Provincia de Buenos Aires. Entonces, los mismos actores que inciden en las políticas públicas de la provincia de Bs As en materia carcelaria y de seguridad desde la época del motín de Sierra Chica y que mentaron y pergueñaron junto con el Servicio Penitenciario y la bonaerense este doble pacto como política pública, hoy están lugares estratégicos de la provincia de Buenos Aires; la procuradora, la responsable de lo que hagan los fiscales y los defensores. Esto es terrible, por un lado, y el Ministro Casal forma parte de aquel equipo”. En este sentido, Casolati hizo referencia a la reciente designación de Florencia Piermarini como Jefa del SPB: “Independientemente de lo que ella pueda saber desde la teoría, lo que necesita la fuerza penitenciaria es alguien que la gobierne, que la direccione, que la administre. Y es evidente que esto no está pasando ahora. Lo que está diciendo Casal cuando la nombra a ella es `ponemos una cara bonita y seguimos permitiendo que la propia fuerza se autogobierne, se controle y circule por sí misma`. Cuando en realidad sabe que no se va a depurar la fuerza”.
Sin embargo, en referencia a una posible purga de funcionarios al interior de las instituciones implicadas, Casolati adverte que “no creo que la solución pase por cambiar figuritas y actores. Lo que hay que hacer es modificar políticas públicas. Casal puede irse o no; esto es una decisión que va a tomar él o el propio gobernador. Ahora, si el que viene mantiene como única política pública este doble pacto este de `garanticen mi gobernabilidad` y que haya un muerto cada tanto dosificado para que el sistema no explote y yo les permito que sigan los negociados. Si esto es así no se modifica ni cambia nada y seguimos en la misma. Yo creo que hay que modificar estrategias, la forma de abordar la cuestión y romper, destruir este doble pacto que es nefasto porque está asentado sobre la inmoralidad, sobre la ilegalidad, sobre la ilicitud. Esto hay que empezar a discutirlo porque este doble pacto existe; no es una situación ficticia, no es una cuestión dogmática ni es una teoría descabellada. Esto existe. No pasa ya por cambiar algunos actores o algún ministro, pasa por tener la decisión política. Visto por la visita que hizo el propio vicegobernador, pareciera que un sector político de la provincia de Buenos Aires quiere modificar las cosas. Ahora si lo que se quiere hacer es cambiar figuritas, sacar a un ministro y poner a otro, manteniendo la existencia de estas políticas públicas de doble pacto, yo creo que no se va a modificar nada y los índices de criminalidad, de violencia, de reincidencia y de inseguridad van a ir creciendo día a día, sin duda.
Por último, el secretario de Ejecución Penal de San Martín reflexionó sobre las inminentes consecuencias que esta situación implica a su vez para la sociedad extramuro: “Los niveles de violencia y maltrato que hay en las cárceles sin duda se van a replicar y reproducir en el afuera. Esto es una verdad de perogrullo. Lo terrible es que la sociedad, excepto algunos actores que estamos comprometidos, los demás no se hacen cargo de estas cuestiones. Entonces siguen hablando de más seguridad en términos de más patrulleros, de más cámaras, de más policía, de más cárceles. Siguen hablando de la inseguridad como hecho terrible, pero se desentienden de lo que está pasando en las cárceles. Y eso es una mirada yo diría casi suicida. Que nuestra sociedad no quiera modificar el sistema carcelario es casi firmar un permiso de suicidio”, apuntó categórico Casolati.
Fuente: http://www.lacantora.org.ar/nota.php?idnota=1161
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domingo, 1 de abril de 2012
El “infortunado” Gorosito y el Tribunal Penitenciario
Cobardes, los jueces del Tribunal Oral N°4 de La Plata no se hicieron presentes hoy durante la lectura del aberrante fallo que dejó en libertad a los tres penitenciarios que violaron y asesinaron a Luis Ángel Gorosito Monterrosa en 2004. El veredicto firmado por Tártara, Bruni y Siro es una transcripción de las falsedades y despropósitos que argumentó la defensa de los asesinos la semana pasada. Los preguntas que su versión de los hechos no pudo responder (¿quién y cómo borró 30 mintos de la celda de vigilancia? ¿quién abusó de Gorosito antes de rociarlo y prenderlo fuego?, entre otras) fueron obviadas y dejadas de lado por el fallo, aduciendo que la “víctima tuvo mala suerte”. Si la tuvo, fue al confiársele al TOC 4 la búsqueda de la verdad.
Radio La Cantora
30|03|2012
Dar la cara
Prensa de la Comisión por la Memoria
Sergio Chaile, José Pedrozo y Humberto Martino fueron absueltos esta tarde por el crimen de torturas seguida de muerte que cometieron en contra de Luis Ángel Gorosito Monterrosa en abril de 2004, según el dictamen del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata. La totalidad del veredicto está fundado en la versión que el Servicio Penitenciario hizo repetir a sus agentes para proteger a los asesinos, así como en el informe pericial de la autopsia que la policía practicó a Gorosito, aún cuando la Procuración General establece que las pericias no pueden ser realizada por peritos de la policía en casos donde se investiga a agentes penitenciarios o policiales.
El fallo de Emir Caputo Tártara, Juan Carlos Bruni e Inés Siro prefirió sepultar bajo una catarata de transcripciones literales de la palabra de los penitenciarios el hecho de que Gorosito fue abusado sexualmente antes de ser asesinado. No se obtuvo explicación para ello, así como tampoco para el delito de adulteración de la prueba ejecutado por personal penitenciario respecto de las cintas de video del monitoreo.
En todos los casos, el relato de los asesinos, sus cómplices y sus abogados cuadró mejor en la lamentable versión de los hechos que los jueces quisieron hoy hacer pasar por verdad. En este sentido, cabe mencionar que la vergüenza provocada por sus propias decisiones llevó a los integrantes del Tribunal a ausentarse sin explicaciones de la lectura de su veredicto.
Fuente: http://www.lacantora.org.ar/nota.php?idnota=1152
El fallo de Emir Caputo Tártara, Juan Carlos Bruni e Inés Siro prefirió sepultar bajo una catarata de transcripciones literales de la palabra de los penitenciarios el hecho de que Gorosito fue abusado sexualmente antes de ser asesinado. No se obtuvo explicación para ello, así como tampoco para el delito de adulteración de la prueba ejecutado por personal penitenciario respecto de las cintas de video del monitoreo.
En todos los casos, el relato de los asesinos, sus cómplices y sus abogados cuadró mejor en la lamentable versión de los hechos que los jueces quisieron hoy hacer pasar por verdad. En este sentido, cabe mencionar que la vergüenza provocada por sus propias decisiones llevó a los integrantes del Tribunal a ausentarse sin explicaciones de la lectura de su veredicto.
Fuente: http://www.lacantora.org.ar/nota.php?idnota=1152
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