El pasado jueves (28/06/12), el Senado de la provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto de ley por el que tanto hemos trabajado y disputado las organizaciones sociales que luchamos contra el castigo y la tortura: El proyecto de creación de una Comisión provincial encargada de prevenir torturas, malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes a personas en condición de encierro. Desde La Cantora convocamos a quienes ahora tienen en sus manos la decisión de concretar su implementación, diputados y diputadas provinciales, a actuar con celeridad en su aprobación y saldar así una deuda que nuestro país mantiene con la democracia y los Derechos Humanos.
En junio del año 2006 entró en vigencia el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a partir del cual los Estados deben establecer Mecanismos Nacionales e Independientes, y consecuentemente locales en las organizaciones federales, para la prevención de la tortura. El Protocolo Facultativo obliga a los Estados a crear Mecanismos nacionales y provinciales independientes, libres de toda interferencia del Estado, complementarios de la actuación del Subcomité – órgano de prevención internacional creado por el Protocolo-, actuando con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en un Sistema de Prevención de la Tortura que fortalezca la diversidad de las organizaciones existentes, legitimándolas en su ingreso a los lugares de detención, y en sus capacidades de documentación.
El pasado jueves el Senado bonaerense dio media sanción al proyecto de ley que busca implementar esta disposición internacional en nuestro territorio. Resta que los diputados de la provincia retomen este debate para completar su aprobación, y concretar de esta forma un objetivo por el cual las organizaciones sociales que luchamos contra la tortura y la pena punitiva venimos trabajando desde hace años, a fin de valernos de una herramienta más que nos permita velar por la dignidad de las personas privadas de su libertad.
En este sentido, uno de los puntos centrales que consideramos necesario remarcar del texto de la ley, pues ha sido un verdadero mojón en nuestra lucha, es aquel que garantiza la permanente, activa y directa participación de la sociedad civil organizada en el funcionamiento del Mecanismo de prevención de la tortura: "En la integración del Consejo Provincial para la Prevención de la Tortura se deberán respetar los principios de composición regional, equidad de género, no discriminación, y asegurar la multidisciplinariedad y la representación de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos".
"Todas las organizaciones no gubernamentales interesadas en la situación de las personas privadas de libertad, en el marco de la reglamentación y registro que previamente deberá realizar el Consejo, tendrán la facultad de realizar visitas a los lugares de detención (...) La reglamentación no podrá restringir el nivel de acceso con el que cuentan las organizaciones que realizan visitas al momento de sancionarse la presente ley. La reglamentación preverá la posibilidad de registrar la visita por medios audiovisuales; la discrecionalidad para seleccionar los lugares de inspección y las personas a entrevistar; así como la realización de entrevistas privadas."
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