El contraste entre la denuncia y la voz oficial impactó a los comisionados presentes en la audiencia, quienes reclamaron al representante del gobierno bonaerense que reconociera si las imágenes presentadas correspondían a casos reales. Ante esta pregunta, Albarracín debió admitir la veracidad de esas denuncias. Escobar Gil preguntó también por las políticas públicas implementadas para mejorar "la dramática situación en que se encuentran las personas privadas de libertad" en la provincia e indagó sobre el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas luego de su visita. Albarracín no respondió de manera clara. Tampoco pudo contestar las preguntas de los otros comisionados, que apuntaron a las investigaciones judiciales y administrativas por los casos de tortura y muerte de detenidos, y a las políticas específicas para personas LGBT privadas de libertad.
Resultó preocupante la ausencia del gobierno nacional, que debió haber estado representado por funcionarios de la cancillería. El Estado Federal es responsable ante la Comisión Interamericana por las violaciones de derechos humanos que se producen en cualquier lugar del país. Su ausencia pone de manifiesto la imposibilidad de justificar la situación de los detenidos en las cárceles y comisarías bonaerenses.
En la presentación, cuyo resumen ejecutivo adjuntamos, la CPM y el CELS remarcaron que de acuerdo con los datos del Consejo de Defensores Públicos de la provincia el índice de sobrepoblación de las cárceles bonaerenses es del 92%. Es decir que el sistema estaría alojando a casi el doble de los detenidos que podría alojar, si se aplicaran los parámetros internacionales de plaza carcelaria. Las organizaciones afirmaron también que existe un patrón estructural de violaciones de derechos humanos en los lugares de detención, que se traduce en torturas extendidas, malos tratos y condiciones inhumanas de detención.Por último, el CELS y la CPM pidieron una intervención activa de la Comisión Interamericana para garantizar la implementación de políticas públicas orientadas a seis objetivos fundamentales:
2. Sancionar e implementar el Mecanismo Nacional de prevención de la tortura y el Mecanismo provincial.
3. Desarrollar una política de producción y acceso a la información sobre la situación de las personas privadas de libertad en la provincia y eliminar los obstáculos que hoy existen para contar con información pública.
4. Implementar políticas de prevención y sanción de la tortura, los malos tratos y la violencia intramuros y un programa efectivo de protección de víctimas y testigos de tortura.
5. Establecer un sistema de salud penitenciaria que reduzca las muertes por enfermedades evitables y asegure un trato digno a los detenidos e incorporar ese Área al Ministerio de Salud provincial.
6. Impulsar una reforma estructural del Sistema Penitenciario Bonaerense.
En la audiencia de hoy estuvieron presentes los comisionados José de Jesús Orozco Henríquez, Luz Patricia Mejía, María Silvia Guillén y Rodrigo Escobar Gil. Susana Méndez y el Dr. Roberto Cipriano García, Coordinador del Comité contra la Tortura representaron a la Comisión por la Memoria. Del CELS estuvieron por su director ejecutivo Gastón Chillier y su directora ejecutiva adjunta Andrea Pochak.
Contacto en EEUU: Dr. Roberto Cipriano García, Director del Comité contra la tortura de la CPM 0221-15-601-7695
La COMISIÓN POR LA MEMORIA está integrada por:
ADOLFO PEREZ ESQUIVEL - HUGO CAÑON - LAURA CONTE - ALDO ETCHEGOYEN - ALEJANDRO MOSQUERA - VICTOR MENDIBIL - ELISA CARCA - MAURICIO TENEMBAUM - ROBERTO TITO COSA - DANIEL GOLDMAN - MEMPO GIARDINELLI - ELIZABETH RIVAS - MARTHA PELLONI - VICTOR DE GENNARO - EMILCE MOLER - FORTUNATO MALLIMACI - SUSANA MENDEZ - LUIS LIMA - VERONICA PICCONE - CARLOS SANCHEZ VIAMONTE, entre otros.
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