(AW) Este organismo, coordinado por nuestra compañera Hilda Presman, que integra la Coordinadora Anticarcelaria, elaboró un Informe sobre la gravedad de la situación de las prisiones en la provincia. Tanto al Defensor del Pueblo como al ministro de Gobierno y Justicia les llegó la denuncia que el poder promovió desde las más altas esferas del Estado.
La Red de Derechos Humanos y otros organismos civiles han venido señalando graves falencias en el sistema penitenciario, algunas de carácter estructural. No es novedad una situación de hacinamiento en los pabellones y carencias esenciales en los diferentes centros de reclusión producto de lo mismo: la superpoblación.
Asimismo, La Red juzga que la situación "es crítica en las cárceles donde las condiciones materiales de alojamiento y el régimen aplicado contravienen las reglas mínimas que garantizan los derechos de los reclusos, adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955".
El organismo cita que según las normas "los lugares de alojamiento de detenidos deberían ser considerados en función al cubaje mínimo por interno, a las condiciones de aireación, de iluminación, de calefacción, de sanidad, a la cantidad de camas, de seguridad para el descanso, de contacto diario al aire libre con posibilidad de desplazamiento, de acceso al servicio médico, al sistema educativo, trabajo y a la alimentación adecuada".
Ninguna de estas condiciones están garantizadas por el estado provincial, asegura la Red.
A su vez, indica que “el agravamiento a las condiciones de detención en lo que concierne a la situación edilicia y ya ha dado lugar a un requerimiento del propio Superior Tribunal de Justicia sin que hasta el momento se hayan producido variantes significativas".
La organización de ayuda social describe un estado carcelario en emergencia y afirma que en estas condiciones se vulnera "el derecho a la vida y a la dignidad, no solo de las personas privadas de su libertad, derechos fundamentales que el poder público tiene obligación de respetar y proteger sino también el de sus familiares y allegados".-
La Red de Derechos Humanos y otros organismos civiles han venido señalando graves falencias en el sistema penitenciario, algunas de carácter estructural. No es novedad una situación de hacinamiento en los pabellones y carencias esenciales en los diferentes centros de reclusión producto de lo mismo: la superpoblación.
Asimismo, La Red juzga que la situación "es crítica en las cárceles donde las condiciones materiales de alojamiento y el régimen aplicado contravienen las reglas mínimas que garantizan los derechos de los reclusos, adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955".
El organismo cita que según las normas "los lugares de alojamiento de detenidos deberían ser considerados en función al cubaje mínimo por interno, a las condiciones de aireación, de iluminación, de calefacción, de sanidad, a la cantidad de camas, de seguridad para el descanso, de contacto diario al aire libre con posibilidad de desplazamiento, de acceso al servicio médico, al sistema educativo, trabajo y a la alimentación adecuada".
Ninguna de estas condiciones están garantizadas por el estado provincial, asegura la Red.
A su vez, indica que “el agravamiento a las condiciones de detención en lo que concierne a la situación edilicia y ya ha dado lugar a un requerimiento del propio Superior Tribunal de Justicia sin que hasta el momento se hayan producido variantes significativas".
La organización de ayuda social describe un estado carcelario en emergencia y afirma que en estas condiciones se vulnera "el derecho a la vida y a la dignidad, no solo de las personas privadas de su libertad, derechos fundamentales que el poder público tiene obligación de respetar y proteger sino también el de sus familiares y allegados".-
Red de Derechos Humanos de Corrientes
No hay comentarios:
Publicar un comentario