De los 50 detenidos entrevistados, 25 refirieron haber sido víctimas de malos tratos y torturas por parte del SPB y se veían golpeados con marcas de palos, patadas, ojos morados y distintas heridas. Al menos 10 casos eran de extrema gravedad. Ninguno había tenido acceso al área de sanidad para ser atendidos.
En las entrevistas también se denunciaron ciertas “zonas liberadas” dentro del penal donde eran agredidos y robados por otros detenidos en connivencia con personal del SPB.
Todo esto en el marco de pésimas condiciones edilicias: inodoros tapados y rebalsando materia fecal y orina, mal olor, invasión de cucarachas y ventanas con todos los vidrios rotos. Se observó además que la comida era de muy mala calidad y que en varias ocasiones ni siquiera se les suministraba, así como tampoco se les proveía a los detenidos de la cantidad de agua potable necesaria para su consumo personal. Esto es particularmente grave en este penal ya que al estar construido sobre un predio del CEAMSE el agua corriente no es apta para el consumo humano. Gran cantidad de detenidos presentaban sarpullidos, ronchas e infecciones.
Ante tales condiciones se convocó al Ministerio de Justicia y se presentó el Subsecretario de Política Criminal César Albarracín que dispuso la inmediata clausura del Pabellón 12 y apartó al Jefe del Complejo Penitenciario Miguel Ángel Colombo, al director de la Unidad Carcelaria Raúl Galeano, al jefe de la sección de Vigilancia y tratamiento, Edgardo Gumarelli, y a los encargados de pabellón.
La Comisión por la Memoria formalizará el lunes su presentación ante el Juzgado de Ejecución Nº 1 de San Martín solicitando que se fije un cupo de la Unidad 48 conforme a la normativa internacional de derechos humanos y se disponga la aplicación de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas; que el Poder Judicial garantice la integridad física y psíquica de los detenidos, el acceso a las actividades laborales, educativas y recreativas; que se garantice el acceso al agua mineral para el consumo de todos los allí alojados en el corto plazo, y en el largo plazo la conexión a la red de agua corriente de la zona; que se asegure también la debida atención médica garantizando la plena accesibilidad a los servicios sanitarios y sólo se habilite el lugar cuando efectivamente reúna los recaudos mínimos que garanticen la integridad de las personas.
Según el Director del Comité contra la Tortura Roberto Cipriano García: “La situación penitenciaria es crítica en toda la Provincia de Buenos Aires: las cárceles explotan por la excesiva cantidad de detenidos que supera en un 200 % la cantidad de plazas existentes. Aumenta la violencia institucional y la cantidad de casos de torturas. A esto debe agregarse que durante 2010 la cantidad de muertes ascendió a 124 personas, más de 10 por mes. En la Unidad 48 se desnudan las peores violaciones de derechos”.
Por su parte Alejandro Mosquera, Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial afirmó que : “Es evidente el colapso de la política penitenciaria provincial, que exige una profunda modificación, a la vez que terminar con los espacios de impunidad que permiten que quienes llevan adelante actitudes de violencia sobre los detenidos llegando a la tortura crean que están protegidos por el sistema. La Comisión Interamericana de derechos humanos de la OEA a convocado a audiencia publica para el 28 de marzo para tratar el tema de los privados de libertad en la provincia de Buenos Aires, seria oportuno que bajo el paraguas de la CIDH se encuentren soluciones reales a estos problemas aberrantes”.
Contactos:
Alejandro Mosquera: Secretario Ejecutivo de la CPM: 011-15-31772269
Dr. Roberto Cipriano García, Director del Comité contra la tortura de la CPM
0221-15-601-7695
Contacto prensa:
Violeta Burkart Noe 156-520-5490
Dr. Roberto F. CIPRIANO GARCIA
COMITE CONTRA LA TORTURA
COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Fuente: http://www.lacantora.org.ar/nota.php?idnota=1014
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