En su consideración de las consecuencias que tendría este hecho, Rodríguez contrapuso la versión oficial que las autoridades provinicales intentan hacer pasar por verdad, y lo que exigen desde Zainuco: “Los penitenciarios pretenden presentar esto como un problema entre detenidos (Véase "Gastaminza defendió el accionar de los agentes de la U11 ").
Nosotros estamos reclamado la renuncia del secretario de Seguridad de la provincia, Gabriel Gastaminza, de Carlos Brondo quien está a cargo de todas las unidades penales de Neuquén (era jefe de Seguridad en Unidad 11 al momento de la represion de 2004 y como premio le dieron este nuevo cargo) y de toda la cúpula de la Unidad 11”. En referencia a las próximos pasos a seguir en el largo camino de justicia por Cristian, Gladys Rodriguez comentó que Zainuco se presentará, al igual que la familia Ibazeta, como querellantes en el juicio por su asesinato. “En la últimas horas solicitamos una audiencia con el Superior Tribunal de Justicia de la provincia en relación a la causa por torturas de los 27 penitenciarios, que actualmente se encuentra en Casación y que consideramos que su sentencia absolutoria de primera instancia debe cambiar. También estamos gestionando entrevistas con legisladores, al tiempo que realizamos una convocatoria a todas organizaciones sociales preocupadas por este tema a encontrarnos este jueves 31 jueves en la sede del Sindicato de empleados judiciales, para ver de qué manera ponemos poner tope a la represión”.
Desde la lectura que realiza el colectivo Zainuco, respaldada por un trabajo territorial desde hace años en las cárceles neuquinas, es necesario sostener una mirada política respecto del caso Ibazeta: “Nosotros creemos que la represión es una clara decisión política del gobierno del Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobierna desde hace 50 años esta provincia como si fuera una estancia. Hace un mes y medio estuvimos reunidos con el secretario Gastaminza, reclamándole que cesaran los abusos dentro de la Unidad 11, así como que autorizara nuestro ingreso y trabajo (Zainuco se encuentra prohibido en las cárceles de Neuquén desde el año 2003). Pero Gastaminza sólo nos habló de problemas edilicios y de falta de presupuesto -en una provincia como Neuquén, donde el petróleo se patea, hablar de falta de prespuesto es una falta de respeto-. Nosotros le respondimos que para dejar de golpear y torturar a las personas privadas de libertad no se necesita dinero; simplemente hace falta una decisión política, que sin dudas el gobierno del MPN no la tiene. Al contrario; su tradición es de represión tanto adentro como afuera”, apuntó Gladys Rodriguez, recordando los asesinatos de Teresa Rodriguez (1997) y Carlos Fuentealba (2007). “Hay una clara actitud represiva del Ejecutivo, articulada con un Poder Judicial absolutamente colonizado para garantizar la impunidad. Aquí no se trata de que existe un aparato policial y de fuerzas de seguridad tan grande que no puede ser controlado por el gobierno del MPN: Este es el aparato policial del gobierno”.
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