COMPLEJO Nº 1 DE EZEIZA: Huelga de hambre en el pabellón trans (AW) Seis compañeras presas en el pabellón Trans de Ezeiza iniciaron la medida en respuesta a represión constante, la falta de alimentación adecuada y la carencia de elementos de higiene y limpieza. Una de las huelguistas está en el "buzón" y es portadora de HIV. "Dada la urgencia de la situación, las seis compañeras travestis y trans piden que la huelga de hambre que acaban de iniciar sea difundida por todos los medios de comunicación posibles y tomen estado público", afirma la Coordinadora. Situación de Jésica en Villa Gorina. El sábado 5 de marzo recibimos un llamado telefónico de Nicole, una travesti que se encuentra alojada junto a cinco compañeras más (Viviana, Pilar, Tamara, Emilce y Pamela) en el Complejo Nº 1, módulo 6, pabellón "A" de la Cárcel Federal de Ezeiza. Ese día, como tantos otros, sufrieron agresiones sin ningún motivo por parte de agentes penitenciarios, quienes no les permitieron acceder a la cocina para prepararse la comida e ingresaron violentamente al pabellón, insultando a las detenidas y se llevaron a buzones (celdas de castigo) a una compañera, Emilce, que intentó dialogar para calmar la situación. Se declararon en HUELGA DE HAMBRE como medida de protesta. Denuncian que han llegado a un punto límite dadas las insostenibles condiciones carcelarias y de extremo encierro en las que viven; los sistemáticos malos tratos y el abuso de poder por parte de agentes penitenciarios, debido a su identidad de género y a su condición de detenidas. Además denuncian el problema del acceso a una adecuada alimentación, a elementos básicos de higiene y limpieza, y que "el servicio no cuenta con algún tipo de organización para nosotras". En una carta enviada hace dos meses, Emilce relata que "esto es un caos tengo compañeras sancionadas casi toda la semana el personal nos sigue haciendo la vida imposible. En este módulo y pabellón no hay ventilación y tiene rejas hasta en el lava cara (...) esta fosa de confinamiento es para la época de los militares" (sic). Cabe mencionar que Emilce es portadora de HIV y está corriendo serio riesgo su vida, actualmente aislada en una celda de castigo y en huelga de hambre. Dada la urgencia de la situación, las seis compañeras travestis y trans piden que la huelga de hambre que acaban de iniciar sea difundida por todos los medios de comunicación posibles y tomen estado público. Exigimos que los órganos judiciales competentes garanticen la integridad física de las detenidas y tomen las medidas adecuadas para solucionar las situaciones denunciadas. Se agradece mucho la difusión. Coordinadora por lxs Trans Presxs UNIDAD Nº 12 DE GORINA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES Sobre la situación de Jésica También queremos dar a conocer, que en estos últimos días, Jésica, otra compañera trans que se encuentra alojada en la Unidad Nº 12 de Gorina, se comunicó reiteradas veces con el objetivo de visibilizar situaciones que se convirtieron en obstáculos que le impiden desarrollarse plenamente en el marco del régimen abierto del que es beneficiaria. Cpltp |
viernes, 11 de marzo de 2011
miércoles, 9 de marzo de 2011
Sobrevivir es no tener sentimientos
El siguiente comentario fue compartido telefónicamente por Héctor Álvarez, oyente de Radio La Cantora, en la emisión del 1 de noviembre de 2009. Jugamos libremente con sus palabras para ponerlas por escrito. De más está decir, no sin dolor, que todas ellas siguen siendo terriblemente actuales.
Por la Policía, que sólo supo, desde que nació, matar. Que sólo atiende las voces que le vienen desde arriba. Son sus perros, que sólo obedecen las órdenes del Amo.
Hay que poner en el banquillo de los acusados a ese Amo. Y si el Estado dice no ser quien está generando toda esta brutal represión, que se defienda y diga quién lo hace.
Avanzan, por todos lados y en todas las formas. Hasta crean ellos mismos secretarías y organismos de Derechos Humanos. Pero sólo son palabras. Y, finalmente, todo resulta una farsa.
Y, mientras tanto, este dolor espantoso.
Por aquellos que viven sus días en una cárcel, por no robar a lo grande, porque -claro- quienes roban a lo grande son Señores.
Por la situación de los niños, que viven sus días en la calle, de quienes jamás podremos escuchar una palabra de amor, de cariño de afecto, porque el niño en la calle ante todo tiene que sobrevivir, y la única forma de sobrevivir es no teniendo sentimientos.
Todo se encuentra en un estado abúlico: no pasa nada.
Es necesario concretar ya una gran movilización de la gente en defensa de la vida.
De la gente. De la vida.
Si la comunidad pide Seguridad, demos entonces a los chicos atención medica, psicológica; démosle condiciones para estudiar, para comer, para vivir. A quien está dentro de una cárcel, démosle condiciones para que pueda trabajar, estudiar, formar un hogar, vivir.
Esa gente, toda la gente, no es estúpida: Son las condiciones sociales las que llevan al hombre al estado en el que lucha por su vida.
Pero -claro- tenemos un Estado, un Sistema, que sólo quiere vida para un puñado; y para el resto de nosotros, sólo un puño.
Mendoza: Los nuevos videos de las torturas
Diego Lavado, otro de los abogados que como Salinas denuncia esta situación desde el 2004, explicó que las corridas son “un juego” de los guardiacárceles, a los que se ve con guantes de látex: “Cronometran el tiempo que tardan los presos en llegar y, si se demoran, los castigan”. Lavado, integrante de la asociación Xumex, entregó 400 videos a la Justicia en febrero pasado, luego de que un familiar de un preso encontrara ese celular que el penitenciario Daniel Perón había perdido.
“Fuego para un pucho” se llama el pequeño clip que muestra a un guardia apretando un desodorante sobre el fuego del encendedor, luego de que un interno que está dentro de la celda le pide fuego para fumar. El tercer video difundido, comentó Lavado, “es una práctica de box entre guardias, uno de ellos, pelirrojo, es el que después aparece moliendo a trompadas a William Vargas”. La imagen de Vargas, de 19 años, recorrió decenas de noticieros nacionales e internacionales a principios de febrero y fue publicada en este diario.
Este joven, condenado a tres años por la tenencia simple de siete plantines de marihuana, recibió esa golpiza luego de pasar por la enfermería, donde los guardias consiguieron el certificado médico para encubrirse. “Luego de golpearlo, lo dejaron 15 días en una celda de aislamiento, para que no se noten los golpes. Todo el sistema de la cárcel se confabula en estos casos”, denunció Lavado. Tras el escándalo inicial fueron cesanteados el jefe de Seguridad Interna mendocina, Leonardo Carabajal; el jefe de Servicio y de Turno del Penal, Ramón Birlonga, y Rodolfo Valdez.
“Además siguen detenidos cuatro guardias, un gran avance. Muchas veces se aplica la figura de ‘apremios’ que es excarcelable. Pero el fiscal Santiago Garay determinó que se trató ‘torturas’, un delito que desde la vuelta a democracia, cuando se modificó el Código Penal, se equiparó al de homicidios, con penas entre 8 y 25 años”, explicó el abogado Pablo Salinas. En Mendoza, agregó, estos delitos se vienen denunciando desde 2004 y llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que un año después obligó a las autoridades a auditar las cárceles.
La auditoría se levantó en 2010 y el reclamo de las organizaciones de derechos humanos nuevamente llegó a la CIDH para que se proteja la integridad física y psíquica de las personas privadas de su libertad. Mientras tanto, coincidieron Lavado y Salinas, es importante que se apruebe el protocolo facultativo de las Naciones Unidas para prevenir la violencia en la cárceles, institutos de menores u hospitales psiquiátricos. El proyecto, a nivel nacional, tiene media sanción, al igual que en Mendoza, donde se analizó luego del escándalo público que generó la difusión de los videos de la cárcel San Felipe.
El protocolo es complementario de la firma de la Convención contra la Tortura de la ONU. Establece que el comité, que trabaja ad honorem y es independiente, y un procurador penitenciario elegido con un proceso similar al utilizado para elegir jueces, puede hacer inspecciones sin ningún tipo de restricción.
Por su parte, Salinas advirtió que en la institución penitenciaria “todavía hay influencias de la dictadura, en especial de la escuela de (Julio César) Santuchone”. Hace pocas semanas, en medio de los juicios a los represores, las organizaciones de derechos humanos obligaron a que se saque el cuadro del represor Santuchone, colgado en un museo de la policía en la Comisaría séptima de la ciudad de Mendoza.
En el celular de Perón aún quedan videos sin difundir. “Hay uno en el que se ve que un penitenciario le mete su miembro masculino en la boca a otro que se quedó dormido haciendo guardia. Parece que estuvieran en un viaje de egresados. Se mezclan las torturas con los chistes estúpidos”, comentó Lavado, quien cree que el material, además de servirle a la Justicia, podría ser de “interés para los psicólogos del personal penitenciario”. Es que Perón tenían 1600 videos en total: “Era un cineasta fracasado”.
Fuente: http://www.lacantora.org.ar/nota.php?idnota=1010
martes, 8 de marzo de 2011
A las compañeras que luchan...
Pocas habían intuido, como ella, la necesidad de organizar a las mujeres, aunar sus fuerzas y deseos, en un movimiento internacional de cimientos socialistas.
Para Clara, resultaba evidente que nunca podría darse el triunfo de las aspiraciones feministas sino en sociedades ajenas a la explotación —ya fuera por razones raciales, de edad, origen o sexo. "El problema de la mujer —decía— es una cuestión de lucha de clases, no una lucha entre los sexos".
A un siglo de haberse instituido la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en homenaje a lo ocurrido con las trabajadoras de Nueva York, el 8 de marzo dista mucho de ser una fiesta, es por el contrario, un recordatorio de lo que en materia de igualdad se anhelaba desde entonces, y aún yace sin hacer.
En homenaje a las mujeres que luchan !!!
No de rosa, camelias, orquídeas u otras yerbas
De saloncitos tristes, de casitas burguesas, de costumbres añejas
sino de yuyos peregrinos entre vientos.
Las mujeres de mi generación florecieron en las calles,
Y en las aulas argentinas, chilenas o uruguayas supieron lo que tenían
que saber para el saber glorioso de las mujeres de mi generación.
Minifalderas en flor de los setenta
Las mujeres de mi generación no ocultaron ni las sombras
de sus muslos que fueron los de Tania
Erotizando con el mayor de los calibres
los caminos duros de la cita con la muerte
Porque las mujeres de mi generación
bebieron con ganas del vino de los vivos
acudieron a todas las llamadas
y fueron dignidad en la derrota.
En los cuarteles las llamaron putas y no las ofendieron
porque venían de un bosque de sinónimos alegres:
Minas, Grelas, Percantas, Cabritas, Minones, Gurisas,
Garotas, Jevas, Zipotas, Viejas, Chavalas, Señoritas
hasta que ellas mismas escribieron la palabra Compañera
en todas las espaldas y en los muros de todos los hoteles
Porque las mujeres de mi generación nos marcaron con el fuego indeleble
de sus uñas la verdad universal de sus derechos.
Conocieron la cárcel y los golpes
Habitaron en mil patrias y en ninguna
Lloraron a sus muertos y a los míos como suyos
Dieron calor al frío y al cansancio deseos
Al agua sabor y al fuego lo orientaron por un rumbo cierto.
Las mujeres de mi generación parieron hijos eternos
Cantando Summertime les dieron teta
Fumaron marihuana en los descansos
Danzaron lo mejor del vino y bebieron las mejores melodías
Porque las mujeres de mi generación
Nos enseñaron que la vida no se ofrece a sorbos compañeros
Sino de golpe y hasta el fondo de las consecuencias.
Fueron estudiantes, mineras, sindicalistas, obreras,
artesanas, actrices, guerrilleras, hasta madres y parejas
en los ratos libres de la Resistencia.
Porque las mujeres de mi generación sólo respetaron los límites
que superaban todas las fronteras.
Internacionalistas del cariño brigadistas del amor
comisarias del decir te quiero
milicianas de la caricia.
Entre batalla y batalla
Las mujeres de mi generación lo dieron todo
Y dijeron que eso era apenas suficiente.
Las declararon viudas en Córdoba y en Tlatelolco
Las vistieron de negro en Puerto Montt y Sâo Paulo
Y en Santiago, Buenos Aires o Montevideo fueron las únicas estrellas
de la larga lucha clandestina.
Sus canas no son canas sino una forma de ser para el qué hacer que les espera.
Las arrugas que asoman en sus rostros dicen he reído y he llorado y
volvería a hacerlo.
Las mujeres de mi generación
Han ganado algunos kilos de razones que se pegan a sus cuerpos
Se mueven algo más lentas, cansadas de esperarnos en las metas.
Escriben cartas que incendian las memorias
Recuerdan aromas proscritos y los cantan.
Inventan cada día las palabras y con ellas nos empujan
Nombran las cosas y nos amueblan el mundo
Escriben verdades en la arena y las ofrendan al mar
Nos convocan y nos paren sobre la mesa dispuesta.
Ellas dicen pan, trabajo, justicia, libertad
Y la prudencia se transforma en vergüenza.
Las mujeres de mi generación son como las barricadas:
protegen y animan, dan confianza y suavizan el filo de la ira.
Las mujeres de mi generación son como un puño cerrado que resguarda
con violencia la ternura del mundo.
Las mujeres de mi generación no gritan porque ellas derrotaron al silencio.
Si algo nos marca, son ellas.
La identidad del siglo son ellas.
Ellas: la fe devuelta, el valor oculto en un panfleto
el beso clandestino, el retorno a todos los derechos
Un tango en la serena soledad de un aeropuerto
un poema de Gelman escrito en una servilleta
Benedetti compartido en el planeta de un paraguas
los nombres de los amigos guardados con ramitas de lavanda
Las cartas que hacen besar al cartero
Las manos que sostienen los retratos de mis muertos
Los elementos simples de los días que aterran al tirano
La compleja arquitectura de los sueños de tus nietos.
Lo son todo y todo lo sostienen
Porque todo viene con sus pasos y nos llega y nos sorprende.
No hay soledad donde ellas miren
Ni olvido mientras ellas canten.
Intelectuales del instinto, instinto de la razón
Prueba de fuerza para el fuerte y amorosa vitamina del débil.
Así son ellas, las únicas, irrepetibles, imprescindibles
sufridas, golpeadas, negadas pero invictas
Mujeres de mi generación.
Luís Sepúlveda
1999
Fuente: Comisión Antirrepresiva por los Derechos Humanos, Rosario. http://cadhrosario.blogspot.com/2011/03/las-companeras-que-luchan.html?spref=fb
domingo, 6 de marzo de 2011
Penitenciarios asesinan, violan y obligan a presos a robar
Recientemente esta Agencia en su balance (anti) carcelario definió el accionar del Servicio Penitenciario Bonaerense como “La barbarie”. Y, a menudo, difunde los crímenes que cometen los grises del Estado provincial que, puntualmente, son denunciados por el Comité contra la Tortura y La Cantora, entre otros. Hoy vamos a reproducir dos notas de sendos diarios kirchneristas donde se da cuenta detallada de algunos de estos hechos aberrantes.
Valoramos altamente la denuncia, pero seríamos hipócritas si omitiéramos el contexto. Sucede que el gobernador Scioli se posiciona con intereses propios en la interna peronista, en un año electoral, y hay que pegarle ahora para que no se convierta en el segundo Cobos. ¿Con esto quitamos la veracidad de las notas? No, damos fe que sucede lo escrito y mucho más en las prisiones de Buenos Aires. Pero, ¿las cárceles federales que regentea Alejandro Marambio Avaría, defendido férreamente por los K son muy diferentes? No, desde la Coordinadora Anticarcelaria se definió a las prisiones argentinas como campos de concentración porque allí los grises matan, torturan y humillan, impunemente, como política del Estado en todo el país. Nos cansamos de dar nombres de los asesinados, “suicidados” y torturados. En innumerables casos denunciamos a los victimarios con nombre, grado y apellido. Lo hicimos junto la socióloga Alcira Daroqui, Osvaldo Bayer, Adolfo Pérez Esquivel, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Correpi, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Nora Cortiñas y los compañeros del Centro Universitario Devoto o Ciudad Interna, entre muchos otros. Pero ni siquiera rodó alguna cabeza, y por caso, Marambio y tantos otros fueron ascendidos sin que ningún periódico K repudie el hecho. Entonces, bienvenida sea la denuncia pública en diarios de circulación nacional. Por eso la multiplicamos. Pero dejamos claro que nuestra lucha para terminar con los campos de exterminio se extiende mucho más allá de la campaña electoral.
¿Seguriqué?
Mientras Scioli respaldaba en la Legislatura al alcaide mayor Casal, un preso entregaba a la Justicia fotos suyas con uniforme del SPB. Tres detenidos contaron a distintos magistrados que los sacan a robar entre la noche y el alba, con ropa y armas del Servicio, que los desarmaderos funcionan en las propias cárceles, donde también se venden estupefacientes. A quien se niega le violan la mujer o lo asesinan. Fiestas nocturnas con alcohol y prostitutas y tiro al blanco sobre los detenidos.
Por Horacio Verbitsky
El martes 1º Daniel Scioli leyó un excelente discurso ante la Legislatura de Buenos Aires, en el que respaldó a su cuestionado ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense Ricardo Blas Casal. Scioli explicó que no hay contradicción entre seguridad y derechos humanos y ratificó su indeclinable compromiso con el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. A la misma hora, un detenido en la Unidad 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense sorprendió al fiscal Germán Martínez al quitarse la zapatilla izquierda, donde escondía el chip de un teléfono celular. Allí había seis fotografías del detenido y de otras personas privadas de su libertad en la misma unidad. Todos lucían piezas de uniformes del Servicio Penitenciario Bonaerense, y un video en el que uno de los funcionarios de seguridad entrega un pequeño sobre a uno de los detenidos. El detenido, a quien aquí llamaremos Erre Jota, tiene 32 años y purga una condena por robo. Martínez es el titular de la Unidad Funcional de Instrucción 16 de San Martín, a cargo de estupefacientes.
La denuncia inicial la había hecho el 28 de febrero una tía de Erre Jota, quien contó que su sobrino le había dado el chip para que bajara las imágenes y le había pedido que se lo devolviera en la siguiente visita. Erre Jota contó que temía por su seguridad y la de su familia, ya que en 2008 se negó a matar a un hombre, como le exigían los penitenciarios, y su mujer recibió amenazas que se cumplieron cuando fue violada como advertencia para él. Desde entonces aceptó “realizar los trabajos que ellos me pedían, ya que mi familia se halla constantemente amenazada”. Dijo que el director y el subdirector del penal y el jefe de complejo en ese momento, prefecto mayor Mario Aranda, prefecto Horacio Ruiz e inspector mayor Claudio Molina lo pusieron al frente de un grupo que ya integraban otros detenidos y les señalaron los modelos de autos que debían robar: Peugeot 307 y 405. La excepción fue un Clio 2, para reponer una parte rayada de la carrocería del vehículo del oficial Lavallén. El turno de robar para el Servicio iba de las 23 a las 6 del día siguiente, hora en que las personas decentes que claman por más seguridad se encierran en sus casas para protegerse de los delincuentes. Si no regresaban antes de esa hora se denunciaría la evasión. Para llegar a la salida del penal les suministraban partes de uniformes del Servicio Penitenciario Bonaerense, armas y teléfonos celulares. Una vez en la calle usaban esos teléfonos para llamar a conductores de remises que formaban parte de la combinación. El fiscal le mostró las fotos, impresas desde el CD que había entregado su tía, y Erre Jota reconoció en ellas al oficial penitenciario Guerra, a otros dos detenidos y a sí mismo, todos vestidos con piezas del uniforme oficial: una campera de camuflaje, una gorra, un chaleco antibalas y un escudo protector, con la sigla SPB. Dijo que Guerra les proveía armas, marihuana, pasta base, cocaína y pastillas de Ribotril. El fiscal también recibió el testimonio del detenido que aparecía en la foto con el penitenciario Guerra, a quien llamaremos Ge Be. Dijo que salía a robar para el SPB y que otro preso que se negó, al que llamaban Víctor Murgueño, fue asesinado. Mencionó al actual director, prefecto mayor Raúl Galeano, al jefe de penal Saravia, al de taller Bumarelli y al de contaduría Pozo, aunque no explicitó qué habría hecho cada uno.
–¿Dónde iban a robar? –le preguntó el fiscal.
–Por José León Suárez, Boulogne, San Isidro. Robamos autos modelo 307, 405 y 406.
–¿Y qué hacen con ellos?
–Los llevamos al penal. Ahí hay un taller, donde un grupo de internos que saben de mecánica, manejados por el director y el jefe de penal, los desarman para la venta de autopartes.
Dijo que les pagaban 1000 o 1500 pesos, según los autos y les anotaban concepto favorable en los legajos, imprescindible para aspirar a la libertad anticipada. Contó que salieron cinco o seis veces en lo que va del año y mencionó algunos de los robos: un 405 a pocas cuadras de una panchería en José León Suárez, un Clío 2 cree que en la calle San Lorenzo, llegando a Tres de Febrero, donde hay una pollería. El oficial Lavallén, el jefe de requisa Marresi y el jefe de turno Nicolás Aquesta los llevaban a hablar con el director antes de salir, dijo. También Ge Be contó del turno de 23 a 6 y que les entregaban ropas del Servicio, armas y celulares. Dijo que con uno de ellos Erre Jota lo había filmado con el Oficial al que conoce sólo como Anteojito, quien le entregó drogas a cambio de sus zapatillas.
–¿Es habitual que les entreguen drogas? –quiso saber el fiscal.
–Sí, cualquier oficial se las da –contestó el hombre.
El acta judicial consigna que “como prueba de sus dichos extrae de su boca una bolsita transparente de polietileno. Dice que contiene una piedra de marihuana”. El fiscal la agregó al expediente, debidamente ensobrada y firmada. Ge Be explicó que comenzaron a grabar con los celulares luego de que otro detenido matara al Murgueño, quien “no quería trabajar más para el Servicio”. Contó el robo de un Renault Megane verde una madrugada de la primera quincena de enero, a cuatro cuadras de la Plaza Roca de Villa Ballester, apuntando al hombre que bajó del coche. Dijo que en la UP48 había de diez a quince autos con la patente cambiada, estacionados entre los del personal.
Un tercer detenido pidió hablar con el juez de ejecución que entiende en su legajo, Alejandro David. Dijo que en la primera semana de febrero los oficiales Lavallén, Mohame y Aquesta, le ofrecieron 1500 pesos para salir a robar. Aceptó y esa noche lo buscaron en su celda, lo vistieron con indumentaria del Servicio Penitenciario, lo sacaron del penal por la puerta trasera en un automóvil Fiat Palio de color plateado. Le señalaron una casa donde había un auto Renault Kangoo de color bordó, para que lo robara. Pero en cuanto intentó saltar el portón de entrada “se prendieron unas luces y tuvo que salir corriendo hasta el auto del personal del Servicio, que lo estaban esperando”. De regreso al penal le sacaron el uniforme y lo devolvieron a su celda. Declaró que su familia tenía una foto suya con el atuendo del Servicio y que “los autos que se roban, entran al sector de Talleres de la Unidad, que funciona como desarmadero”. Agregó que recibía los autos el jefe de talleres Edgardo Gumarelli, quien hace 15 días fue ascendido a Jefe del Penal. “Siempre se trabajó en connivencia con Galeano, el Director de la Unidad, y Ruiz, el Subdirector”. Además, le solicitó al juez David que comprobara los golpes en la cabeza y en la espalda y los cortes en el abdomen, provocados por agentes penitenciarios debido a un no expresado “problema interno” del Servicio.
Los universitarios
A fines de noviembre de 2010 el Secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolati, presentó un hábeas corpus a favor de un grupo de detenidos en la misma Unidad 48 pero en el sector denominado de régimen abierto, donde se alojan los internos que estudian en la Universidad Nacional de San Martín, quienes habían sido agredidos a tiros por el subalcaide Walter Ontiveros, que estaba borracho. Otros oficiales disuadieron a Ontiveros pero luego amenazaron a los detenidos para que no denunciaran lo sucedido. Casolatti acompañó un escrito de las víctimas. Uno de ellos estaba llevando los residuos hacia los containers de basura cuando Ontiveros lo increpó:
–¡Eh Ñaca, sí, a vos, gato, te hablo, tomate el palo pa dentro negro de mierda, salí la concha de tu madre, te voy a meter un tiro, denunciero!
Era la noche del sábado 20 de noviembre. Según la denuncia, Ontiveros “desenfunda su pistola como puede, dado que se tambaleaba de un lado a otro (casi cayéndose debido a la borrachera), la carga subiendo la escalera del muro perimetral del régimen cerrado y una vez arriba comienza a disparar con su pistola reglamentaria 9mm contra Hache Ce”. Otros estudiantes universitarios se tiraron al piso “ante los disparos que emanaban del arma de guerra del funcionario ebrio”, mientras su blanco “huía corriendo por su vida hacia el sector de alojamiento”. Minutos después Ontiveros se acercó junto a otros penitenciarios y llamó a los jóvenes: “¿Qué onda, queda todo acá o van a denunciar? Ustedes saben que si se denuncia esto tiene vuelto, digo, porque los universitarios acostumbran mandar en cana”. Todos prometieron que no lo harían: en agosto había ocurrido otro ataque a balazos por parte de la misma guardia penitenciaria. Lo denunciaron y desde entonces fueron víctimas de amenazas y agresiones por parte de los funcionarios y de otros internos.
De fiesta
Aquella vez el penitenciario ebrio que “efectuó disparos de fuego a mansalva” fue el guardia Javier Armando Ruiz. Luego el estudiante de sociología Eme Erre fue retirado a punta de escopeta de su celda por penitenciaros que lo intimaron a no denunciar lo sucedido. Los universitarios lo hicieron de todos modos. Uno de ellos, Abelardo Jesús Cabral, fue despertado por el oficial Lavallén, quien lo llevó a Control, “donde se encontraba la Comisión Directiva de la Unidad”. Comenzaron a empujarlo y el subdirector Pantoja le ordenó a Lavallén que “me hincara con una cuchilla tipo carnicero”. Mientras le colocaban la punta afilada en la pierna y el abdomen, el director Aranda y los subdirectores Pantoja y Ruiz le dijeron que parara con las denuncias. De regreso a su celda lo rodearon sus cuatro compañeros, que lo golpearon a puñetazos y con una varilla finita mientras le decían “denunciero y ortiba”. Las heridas fueron filmadas por el secretario de ejecución penal Casolati, quien presentó un hábeas corpus por su vida. Cabral fue el testigo decisivo en la investigación del homicidio del matrimonio de Nancy Nolasco y Angel Marcos. El hombre trabajaba con el senador del PJ provincial José Manuel Molina y entre los condenados hubo policías. Uno de ellos, Hernán Ricardo Argüello, trabaja ahora en la U9 para el Servicio Penitenciario. Otra de las exigencias era que Cabral rectificara su testimonio para beneficiar a Argüello. La semana pasada fue amenazado una vez más, por el oficial Fantosi, quien le gatilló tres veces un arma descargada en la cabeza. Los detenidos en el régimen abierto también revelaron las “fiestas penitenciarias” que se realizan los fines de semana con abundante consumo de alcohol. “Concurren tanto personal masculino como femenino y grupos de prostitutas contratadas por la oficialidad superior del lugar, quienes mencionan que las mismas son procedentes de distintos prostíbulos de la zona y son traídas en las camionetas del SPB, marca Chevrolet, modelo LUV, patentes CYI-239 y ASF-630, que han sido observadas en la puerta del prostíbulo sito frente al Policlínico local”.
La negación
Ni la fiscalía ni el juzgado aceptaron informar sobre el resultado de estas actuaciones. El único que respondió a la consulta para este artículo fue el secretario general de la Fiscalía de Cámara, Alejandro Porthé. Su llamativa respuesta fue que sólo hay un video con una filmación muy precaria de un diálogo entre el detenido Erre Jota y un penitenciario de bajo rango, del que “se deduciría” que el agente le ofrece tres porros a cambio de una campera. La denuncia es remitida al fiscal Raúl Germán Martínez al juez Nicolás Schiavo, titular del Juzgado de Garantías N 5 de San Martín, quien ordenó un allanamiento en la unidad y otro en la casa del agente penitenciario, “de los cuales no surge ninguna prueba”. Según Porthé no hay fotos ni se confirmó la versión que “en un principio llegó a la fiscalía de que aparecería el detenido con ropas del Servicio Penitenciario Bonaerense. Fue sólo una versión que no se desprende del material de prueba”. Todo lo contrario: las fotos están entre las fojas 10 y 14 de la Investigación Penal Preparatoria 15-00-007158-11, y el CD del que provienen, en las fojas 7 y 8. Una fuente próxima a Schiavo dijo que el detenido denunció “un sin fin de delitos”, pero que el juez se limitó a cumplir las medidas solicitadas por el fiscal Martínez en relación a ingreso de droga al penal, con allanamientos que dieron resultado negativo. Es decir que se ignoró la gravísima denuncia sobre el robo y desarmado de autos. El allanamiento se limitó a la UP 48 y no se extendió a las unidades 46 y 47, que forman parte del mismo complejo, en Camino del Buen Ayre y Camino De Benedetti, en José León Suárez. Fueron concebidas como alcaidías, se construyeron sobre el basural del CEAMSE por lo que el agua está contaminada y se inauguraron hace cuatro años. Schiavo es el juez que investiga los asesinatos de José León Suárez en la villa De la Cárcova, donde su desempeño hasta ahora ha sido correcto. En 2008 fue satanizado por haber concedido la prisión domiciliaria con control satelital a un detenido que salió de su casa y mató a cuatro personas, en Los Cardales. Aunque se demostró que su decisión era legítima y que la falla estuvo en el sistema de control porque el detenido se sacó la pulsera y el Departamento de Monitoreo Electrónico no lo informó, Casal promovió su juicio político, que no prosperó porque ni la Procuración General ni la Comisión Bicameral lo acusaron. Pero el caso fue utilizado para restringir la prisión domiciliaria y las excarcelaciones y también sirvió para ablandar al juez.
Fuente: http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=article&id=6333:en-carceles-del-estado-bonaerenses-a-cargo-de-scioli&catid=72:pll&Itemid=114
viernes, 4 de marzo de 2011
El TOC IV de La Plata entregó a Fabián Sampietro a sus torturadores
Antes de conseguir la morigeración mediante monitoreo electrónico, Sampietro estuvo confinado en las celdas de aislamiento de esa unidad en condiciones infrahumanas durante más de 50 dias. A su vez, el Comité contra la tortura denunció hace muy poco tiempo a esa unidad por las condiciones de detención y el nivel de violencia generado por el personal penitenciario. Una unidad que ha llegado a tener dos muertos por dia.
Hacemos responsable al gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a sus funcionarios penitenciarios y judiciales por lo que pueda ocurrir con la vida de Fabián Sampietro ya que quedó en evidencia una operación diseñada por sus torturadores.
LEJOS DE OCULTARSE, SAMPIETRO SE PRESENTÓ ANTE LA JUSTICIA
A diferencia de la manipulada información que los medios de comunicación publicaron y que obligaba a la figura de Sampietro a ceñirse en el traje de un burlador de la justicia, el detenido se presentó voluntariamente a la audiencia establecida por la Sala I de la Cámara de Apelaciones de La Plata el pasado miércoles 2 de marzo. No se ocultó ni hubo “descubrimiento”. Lo sucedido no es más que otra prueba de lo que los organismos de DD.HH venían sospechando como una persecución del Servicio Penitenciario Bonaerense a Sampietro.
Que una noticia se vuelva extraordinaria es algo que todos los medios masivos de comunicación persiguen. El problema es cuando se quedan cortos y no llegan al “Extra” quedándose detenidos en lo “ordinario”. Ayer los diarios más conocidos de la ciudad de La Plata fueron ordinarios y hasta grotescos deformando una información que en su recorrido se estructuraba con mentiras infundadas respecto de las acciones del detenido Fabián Sampietro López, quien hasta el pasado miércoles 2 de marzo gozaba de una prisión domiciliaria con monitoreo electrónico y salida laboral.
A diferencia de lo sostenido por el diario “Hoy”, Fabián no fue “descubierto” en el Fuero Penal, sino que se presentó voluntariamente, acompañado por sus defensores e incluso por organismos de Derechos Humanos hasta la Sala I de la Cámara Penal Platense. Allí fue detenido por la orden de captura que ya era de público conocimiento. Otras de las mentiras publicadas por los medios son la cantidad de homicidios cometidos por Sampietro y su situación procesal. Se omite aclarar que el detenido cumplió todas las condenas de los delitos que cometió y que en la actualidad está en condiciones de ser liberado definitivamente.
Apelación
El día lunes 28 de febrero fue presentado un Habeas Corpus en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Plata. En él se apeló lo decidido por ese tribunal de cercenar la prisión domiciliaria con salida laboral de la que gozaba desde hace 10 meses Sampietro, teniendo en cuenta el modo en el que el S.P.B había actuado en relación al detenido. Se partió del hecho de que Fabián Sampietro en todo momento se ajustó a derecho al mismo tiempo que en ninguna situación se quitó la pulsera magnética.
Además, en la presentación judicial se sostiene que no fue clara la actitud policial contra su persona cuando hace una semana fue abordado por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata en su lugar de trabajo. Estos pretendieron detenerlo sin darle a conocer una notificación concreta que justificara su detención. Temeroso de que se tratara de una trampa, ese día Sampietro ingresó a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, lo cual también fue de púbico conocimiento.
Cabe destacar a su vez que en el Habeas Corpus se pide el cese a la vulneración de derechos de una víctima de torturas como lo es Fabián Sampietro, quien en noviembre del año pasado logró el juzgamiento de tres oficiales del SPB: Raúl Alberto Rojas, Martín Ernesto Marcos y Diego Demola, quienes lo torturaron en el 2005 cuando se encontraba detenido en la Unidad 45. Esto evidencia que la morigeración de Sampietro no podía ser controlada por la misma institución que atentó contra su vida.
Esta era una de las sospechas que venían esgrimiendo los organismos de DD.HH cuando describían como una persecución el modo hostigador bajo el que se efectuaba el monitoreo electrónico del detenido. Del minucioso análisis de las actas realizado por parte de sus defensores oficiales, se desprende que lo que funda la decisión del tribunal son demoras de Sampietro en llegar a su domicilio que no superan los 10 ó 15 minutos.
La única lectura posible respecto de estos tendenciosos informes es que se trata de una venganza corporativa del S.P.B contra quien logró judicialmente imputar a penitenciarios por torturas. De lo contrario, no encontraría explicación la participación en estos recientes episodios de uno de los torturadores, mediante una denuncia en contra del decano de la Facultad de Derecho, Hernán Gómez. Es innegable que ambos hechos están conectados.
Hoy Fabián Sampietro está en la Unidad 28 de Magdalena y corre riesgo su vida.
Fuente: http://www.lacantora.org.ar/nota.php?idnota=1006
viernes, 25 de febrero de 2011
VACAP reclama por la salud de un compañero preso
VACAP (Vecinos Autoconvocados Contra los Abusos Policiales), adherida al Movimiento Anticarcelario, ha puesto en la red de comunicación la demanda de una persona privada de libertad a través de la Agencia Rodolfo Walsh, el viernes 18 de febrero, y exige a la APDH de Villa María que interponga recurso mediante su área jurídica para que el interno Roberto Ramón Oliva, alojado en la Enfermería del Establecimiento Penitenciario Nº 5, sea atendido por sus afecciones de HIV y diabetes, según establece la Ley 24.660 - Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, en su el Capítulo IX.
Dicha norma legal hace referencia a la asistencia médica de los presidiarios en los siguientes términos:
“Artículo 143 - El interno tiene derecho a la salud. Deberá brindársele oportuna asistencia médica integral, no pudiendo ser interferida su accesibilidad a la consulta y a los tratamientos prescriptos. Los estudios diagnósticos, tratamientos y medicamentos indicados, le serán suministrados sin cargo.”
Además, instamos a la Asesoría Letrada (no sólo por su sensibilidad social sino por las funciones que le competen) que intervenga en forma urgente, ya que el caso tuvo trascendencia pública, para escuchar el testimonio de verdad de Roberto Oliva y ejercer una legítima defensa de los derechos que le asisten a la persona privada de libertad, cuya verdad ciudadana -en juicio oral y público- fue subsumida a la verdad hegemónica y construida por los funcionarios de poder policial y judicial que actuó en estas instancias, en la que VACAP intervino en un momento oralmente.
En tal afirmación nos referenciamos en las investigaciones de Michel Foucault, en su texto “La verdad y las formas jurídicas” (pág. 141): “…en todas estas instituciones hay un poder que no es sólo económico, sino también político. Las personas que dirigen esas instituciones se arrogan el derecho de dar órdenes, establecer reglamentos, tomar medidas, expulsar a algunos individuos y aceptar a otros, etcétera (…) este mismo poder, político y económico, es también judicial (…) se tiene el derecho de castigar y recompensar o de hacer comparecer ante instancias de enjuiciamiento.”
A casi una semana de la difusión de estos hechos que sufren las personas más humildes y desvalidas, el Movimiento Anticarcelario y la Antirrepresiva de Córdoba denuncian, una vez más, la violación de derechos constitucionales y se declaran en la defensa irrestricta de la lucha en huelga de hambre que Ramón Oliva está llevando adelante con el apoyo de VACAP Villa María.
domingo, 20 de febrero de 2011
VILLA MARÍA, CÓRDOBA: Preso se cose la boca en reclamo de justicia
Desde el pasado 15 de febrero, Ramón Oliva llevó al máximo la protesta por su injusta detención en condiciones patéticas. A la huelga de hambre que decidió iniciar le sumó la costura de sus labios con lo cual no ingiere alimento alguno.
El ensañamiento con este compañero proviene, entre otras causas, del policía Pereyra, golpeador de mujeres, represor denunciado por Vacap, hombre que destina tanto entusiasmo al aplicar tormentos que se quiebra los dedos a sí mismo.
Por su parte, la impulsora de esta denuncia pública, nuestra compañera Mónica Sonzini de la Coordinadora Anticarcelaria, expresó: "Yo estuve en el juicio de Ramón y fui desalojada cuando lo interpelé al fiscal Márquez que es quien le da cuatro años por quebrarle el dedo al policía Pereyra, este policía fue el que me pegó brutalmente en el 2008 (Mónica es docente) en el patio del colegio por no entregarle los alumnos y me dejó como secuela una hernia a nivel gástrico. Este sujeto Pereyra es un policía con problemas mentales y violencia familiar, sin embargo los fiscales y el poder judicial como los altos funcionarios de la policía lo cubren en todas sus matufias".
Carta de Ramón Oliva
El siguiente texto desesperado fue enviado en 2010 al director de "El Diario"
Soy una persona común y corriente. Mi nombre es Roberto Ramón Oliva.Me dirijo a este diario para hacerle saber que estoy detenido injustamente y paso a contar lo sucedido.Aproximadamente un día domingo a la madrugada me encontraba durmiendo cuando escucho que me golpeaban la puerta trasera de mi casa.
Me levanto y pregunté quién era. Me contestan: ‘La Policía'. Automáticamente abrí la puerta para ver si era cierto.
Ahí no más le pegaron una patada a la puerta, sacándome afuera con mucha violencia a patadas, trompadas, culatazos, mientras los otros policías entraron a mi casa sin ninguna orden de allanamiento.
Me suben a un patrullero y me llevan al Hospital Pasteur porque un policía se había quebrado un dedo de tanto pegarme cuando fui detenido.
Con la ayuda de este diario, que es mi único medio para hacerme escuchar, quiero demostrar mi inocencia y la manera en que se maneja la Policía con un ciudadano.
Le cuento que me encuentro con problemas de salud. Tengo HIV y diabetes. Me estoy muriendo y no tengo atención médica.
Toda mi ropa me la robó la Policía. Me encuentro ‘re mal' y estoy solo. Necesito que me ayuden.
Estoy en huelga de hambre hasta que haya una solución y mi último recurso es coserme la boca. Si hay gente de Derechos Humanos necesito que vengan a verme y vean la situación en la que estoy.
Desde ya muchas gracias.
Será Justicia. Dios los bendiga."
Fuente: Vecinos Autoconvocados contra los Abusos Policiales (Vacap)
Nota publicada en: http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=article&id=6271:villa-maria-cordoba&catid=72:pll&Itemid=114
martes, 15 de febrero de 2011
DENUNCIA DE LA COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA -Bs As
(AW)Crecen el hacinamiento, la tortura y la violencia. Dos muertos en peleas en menos de una semana. La decisión del Estado Provincial de trasladar detenidos de comisarías a cárceles sin contar con la infraestructura adecuada, produjo un colapso de las prisiones donde se registra hacinamiento, sobrepoblación y saturación de todos los servicios. Esto se registra en la mayoría de las cárceles. A modo de ejemplo: la Unidad 28 de Magdalena aloja 789 detenidos en 578 plazas, la Unidad 35 encierra 850 personas en 700 lugares, la Unidad Nº 8 de mujeres aloja 54 detenidas en un pabellón con capacidad para 30. La CPM inspeccionó días atrás la Unidad 28 de Magdalena donde constató situaciones graves de hacinamiento, sobrepoblación, violencia institucional y torturas. Dos detenidos murieron por peleas permitidas por el SPB, en menos de una semana. La misma situación se había constatado en esa Unidad en noviembre del año pasado y un Juez de garantías había ordenado medidas urgentes. El Ministerio de Seguridad y Justicia desobedeció la orden judicial y profundizó las graves condiciones de detención alojando aún mas personas. Durante el mes de enero el Ministerio de Seguridad y Justicia, anunció el traslado de detenidos de comisarías a cárceles, para desalojar estos lugares de detención que registraban hacinamiento y sobrepoblación de más del 300 %. Informaba que solo quedaban en comisarías 2.100 detenidos. A modo de ejemplo: la Unidad 28 de Magdalena aloja 789 detenidos en 578 plazas, la Unidad 35 encierra 850 personas en 700 lugares, la Unidad Nº 8 de mujeres aloja 54 detenidas en un pabellón con capacidad para 30. Pabellones de cárceles de Varela que deben alojar 35 detenidos alojan 60. La Unidad 1 de Olmos superó, luego de mucho tiempo de alojar cerca de 1.700 detenidos, los 2.000.
El viernes 5 de noviembre de 2010, la COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA inspecciono la Unidad nº 28 de Magdalena constatando graves violaciones de los derechos humanos de los detenidos, los que dieron origen a un Habeas corpus colectivo en tramite por ante el Juzgado de Garantías Nº 6 de La Plata, a cargo del Dr. Fernando Jorge MATEOS, Secretaria a cargo de Reinaldo Carlos Baraglia. En dicha oportunidad se constato que la capacidad total fijada por el propio SPB en 578 plazas, se encontraba desbordada, alojando 712 personas. En el Pabellón de Separación del Área de Convivencia se comprobó:
Hacinamiento: 3 y hasta 4 detenidos en celdas de 6 mts2 que deben alojar 1 solo, con letrinas tapadas, olor nauseabundo, escasa ventilación, aislamiento absoluto de 24 hs sin salida a patio o duchas con chapón ciego que impide todo contacto con el exterior, falta de acceso a toda actividad educativa, laboral o recreativa, instalaciones eléctricas muy deficientes y de riesgo.Nula atención médica: varios detenidos con problemas de salud grave, no eran llevados a Sanidad ni atendidos por médico alguno.
Torturas y malos tratos: Se registraron gran cantidad de casos de golpizas de parte de agentes penitenciarios.Delegación de la violencia: El SPB delega la violencia en otros detenidos que con la anuencia o autorización de los agentes, atacan y roban pertenencias de quienes ingresan al Pabellón. El SPB permanece como observador de los hechos sin impedirlos y también participa luego de la comercialización de los objetos sustraídos a los detenidos. En ese pabellón no se repara en criterio alguno para el alojamiento de personas, alojándose detenidos sancionados, con medida de seguridad, en admisión o esperando traslado. Procesados o penados indistintamente.
Luego de llevar a cabo distintas pericias que corroboraron lo denunciado y constatar personalmente lo denunciado por la Comisión por la Memoria, el Juez dispuso el 18 de noviembre de 2010 hacer lugar al Habeas Corpus colectivo ordenando:
1.- Que el alojamiento de detenidos no exceda bajo ningún concepto el cupo de cada celda, que todos los detenidos puedan tomar una ducha diaria y se les provea de elementos de aseo personal.2.- Garantizar que el medico de guardia realice recorridas por cada celda por lo menos tres veces por turno (mañana, mediodía y noche) y la asistencia por un profesional del área de la psicología como mínimo una vez al día, y el cumplimiento de tratamiento médicos y farmacológicos.
3.- Otorgaba recreo diario con salidas al patio por lo menos una hora y la apertura de la puerta ciega. Mandaba refaccionar las instalaciones eléctricas y cloacales. También disponía garantizar la entrega de agua caliente tres veces al día, la continua limpieza, higiene y desinfección de las celdas y espacios comunes y el funcionamiento permanente de todos los servicios.El Ministerio de Seguridad y Justicia no solo no cumplió con la orden judicial, sino que agravó aun más las condiciones de detención en la Unidad. Esta desobediencia tuvo sus consecuencias: dos detenidos murieron en peleas en menos de una semana en la Unidad 28 (el 5 y 10 de febrero), víctimas del sistema de delegación de la violencia que se denunciaba en dicha presentación.En la nueva inspección realizada el miércoles 9 de febrero de 2011, se constató no solo la continuidad de los hechos denunciados en 2010, sino la profundización de las situaciones denunciadas tres meses antes.
La Unidad alojaba más personas aun: de 712 pasó a alojar 789 detenidos sobre un cupo penitenciario de 578. La situación es aun mas grave ya que 90 personas duermen en el piso sin colchones.La sentencia judicial no había sido cumplida y se continuaban alojando tres y hasta cuatro detenidos por celda en SAC, en condiciones inhumanas, cloacas tapadas, olor nauseabundo, sin colchones y en aislamiento absoluto.
Lo denunciado es la regla: a pesar de que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Relator de Personas Privadas de Libertad de la CIDH requirieron al Estado Argentino que termine con las graves violaciones de derechos en las cárceles provinciales la crisis estructural se agrava cada día.El Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, no solo hace caso omiso a las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Se ubica por encima de la ley, e ignorando una sentencia judicial, ataca la base del sistema republicano de gobierno, que como funcionario público tiene la obligación de respetar.
Para mayor información:
Alejandro Mosquera. Secretario Ejecutivo de la Comisión por la Memoria. Telef. 011-1531772269.Roberto Cipriano García. Director del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria.
domingo, 13 de febrero de 2011
Micro Radial N° 108 - UADH Rosario
| Centros de tortura y exterminio |
Hoy vamos a referirnos a la situación que se vive en los centros de tortura y exterminio en los que el sistema encierra a los sectores mas pobres y excluidos que el mismo genera. En las últimas semanas se pudo ver a través de los principales medios de prensa como el servicio penitenciario de Mendoza cumplía con su tarea diaria, la que da real sentido a su existencia, que no es precisamente la que reza la ley. El video de la brutal golpiza propinada a varios internos del penal, logró, por lo impactante de las imágenes, provocar un controlado escandalete de incluso aquellos sectores que defienden y piden a gritos estas prácticas. No nos engañemos: si hay algo que la derecha desea es que esto quede silenciado tras los muros, que es lo que sucede diariamente en todas las cárceles del país. Las torturas, vejámenes, verdugueadas, son moneda corriente para los pibes encarcelados, mas aún teniendo en cuenta las víctimas fatales que sólo en la provincia de Santa Fe se elevan a 52 en los tres años del gobierno socialista. Como se ve, esta política de aniquilamiento por supuesto que no se reduce a una sola Provincia, poco conoce de fronteras, por citar algunos de los casos de mayor relevancia y siguiendo un informe de la Coordinadora Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Córdoba nos encontramos con que las organizaciones de Derechos Humanos de esta pcia, tienen prohibido el ingreso a las cárceles, afectando esto principalmente la tarea de esclarecer las dudosas muertes que rápidamente se encargan de etiquetar de "suicidios" y dejan libre de responsabilidad a quienes las provocaron. Los compañeros de ZAINUCO en Neuquén corren con las mismas prohibiciones en cuanto a no poder acceder a las cárceles a pesar de llevar años denunciado las violaciones que se cometen en las mismas. En el detallado informe que realizaron se refleja la falta de atención médica, las torturas sufridas por los internos, los abusos cometidos por el personal de requisa a las visitas, etc. Por su parte, lo que informa la Red de Derechos Humanos de Corrientes, refuerza lo hasta aquí sostenido “Fueron innumerables este año las denuncias por apremios ilegales, por detenciones arbitrarias, por violencia institucional (policía o servicio penitenciario provincial). Trato cruel y degradante a quienes están en proceso y/o cumpliendo condena y la humillación adicional a sus familiares y allegados que luego de la exposición al frío/calor/lluvia/sol, en largas colas de espera, sin baños, a la madrugada o la siesta pasan por requisas vejatorias.” Hasta aquí podemos ver que como sostuvimos al comienzo de este micro, Mendoza no resulta un caso aislado, sino una manifestación de la vigencia de la lógica aplicada en las cárceles de todo el país, las que parecen nunca tener lugar en la agenda del gobierno de los derechos humanos.
Fuente: http://uadh.org//index.php?option=com_content&task=view&id=438&Itemid=1 | |||||||||||||
sábado, 12 de febrero de 2011
Balance (anti) carcelario 2010: Alcira Daroqui
Así, resulta contrastante el discurso que el gobierno argentino mantiene sobre la defensa de los derechos humanos y la política de castigos no previstos en el Código Penal, que constituyen un empeñoso intento de destrucción de la entidad humana de presos y cautivas. Como se sabe, la Argentina es sólo uno de los cinco países del planeta que tiene un servicio penitenciario militarizado, a la vez que se halla altamente especializado en una diversidad de suplicios que no son letra, pero sí hechos rotundos que acuden cuando cualquier hijo de vecino ingresa a un penal.
Además, según Daroqui: "a una política de desinformación, ocultamiento e invisibilización por parte del Servicio Penitenciario Nacional (SPF) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se les responde con trabajos de campo, relevamiento de testimonios, relatos, de documentación judicial, legislativa y penitenciaria y por supuesto, además, se hace público. Pero la visibilidad de los que sucede en las cárceles federales ha sido sistemáticamente relativizada y hasta negada por autoridades de nuestros país y en particular por el Director del SPF, Alejandro Marambio".
Es en este punto, precisamente, donde tiene su mayor sentido romper el silenciamiento -como podamos y donde podamos-, de esta masacre institucional, esta política de Estado que permanece ensañada con los hijos más pobres del pueblo. En ese rumbo, con valioso sustento, se han escrito las líneas que siguen.
Esta situación es evidente para aquellos que trabajamos la "cuestión carcelaria" desde hace mas de 20 años y lo seguimos haciendo en el presente, ingresando a las cárceles, recorriendo los pabellones, las celdas comunes y las de castigo, entrevistando a presos y presas, registrando la violencia institucional sistemática en cuanto a malos tratos físicos y torturas, los tratos humillantes, vejatorios y degradantes que además se agravan y profundizan con las paupérrimas condiciones materiales de detención de algunos sectores de alojamiento y en varios casos, de la totalidad de los espacios de la mayoría de las unidades carcelarias. La presentación de recomendaciones, denuncias, amparos y habeas corpus tanto por parte de la Procuración Penitenciaria Nacional como del Comité contra la Tortura de la Provincia de Buenos Aires cuya jurisdicción es sobre mayoría de unidades y cantidad de personas detenidas del país, dan cuenta de esta situación. Pero debemos reconocer que a pesar de este trabajo que compartimos con otras organizaciones y organismos comprometidos con la grave situación de violación de derechos que atraviesan miles de personas detenidas en nuestro país, nada se hace visible desde organismos estatales que deberían dar cuenta de lo que sucede y de las propuestas para revertir la violencia institucional y el agravamiento en las condiciones de detención en las cárceles, comisaría e institutos de menores del país. Tampoco, y ello nos incluye, sabemos cuántas personas privadas de su libertad registra el estado argentino, no tenemos información permanente y actualizada sobre la situación por la que atraviesan las personas detenidas en cárceles de servicios penitenciarios provinciales, menos aún conocemos cuántas personas están en comisarías, en centros de detención de gendarmería ni de prefectura. La política de la des-información obstaculiza y oculta aspectos elementales para abordar el problema: cuántos, dónde están y cuál es su situación.
A esta desinformación no son pocos lo que le damos batalla permanentemente, reconstruimos a través de fuentes dispersas, datos aproximados sobre la población total detenida en cárceles e institutos de menores de la argentina en forma actualizada y por supuesto, ello se hace aún más dificultoso-aunque lo seguimos trabajando - relevarlo de comisarías y "otros centros de detención".
Jurisdicción Federal y Provincia de Buenos Aires
Sin embargo, en relación a la cuestión carcelaria, dos jurisdicciones como la Nacional-Federal y la de la Provincia de Buenos Aires, cuentan con información sistemática a través de los diferentes sistemas de relevamiento producidos por la Procuración Penitenciaria Nacional(PPN) y el Comité Contra la Tortura(CCT) de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.
En sus informes periódicos y paginas web se actualiza en términos cuantitativos la población detenidas en la cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires, ambos sistemas penitenciarios alojan en 79 cárceles, a julio del año 2010, a mas de 35.850 personas (según los partes remitidos por fuentes penitenciarias a estos dos organismos), así la mayoría de la cárceles y la mayoría de los detenidos del país(ver datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep) 2008-última información oficial-) corresponden a estos dos servicios penitenciarios.
Pero desde estos organismos lo que se registra fundamentalmente son datos sobre las intervenciones regulares que realizan los mismos en relación a la situación por la que atraviesan miles de personas detenidas y que por ello mismo, puede dar cuenta de una problemática amplia y compleja de la vida intramuros. En este sentido, los malos tratos físicos y torturas, las condiciones materiales de detención y las muertes en las cárceles integran la agenda principal de abordaje de la problemática carcelaria.
Estos registros dan cuenta de denuncias judiciales, de modalidades y resultados de intervención institucional y de resultados de investigaciones científicas en las que participamos como integrantes del Observatorio de Prisiones de la PPN y como Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germanide la UBA
Estos registros (de investigación, intervención y judiciales) y sus fundamentos se construyen y se sostienen regularmente ingresando sistemáticamente a las cárceles, entrevistando personas detenidas, inspeccionando los espacios carcelarios, recibiendo información desde adentro, de presos y presas y sus familiares y de situaciones y casos que hacen público organizaciones no gubernamentales. Mas allá de la observación y registros de campo de cada cárcel, la palabra y los testimonios son claves para reconstruir lo que sucede dentro de la cárcel, dar cuenta de las prácticas cotidianas de funcionarios de fuerzas de seguridad a las que son sometidas miles y miles de personas.
Las palabras y los testimonios de las víctimas del terrorismo de estado fueron claves para hacer visible por un lado la magnitud de la masacre y por el otro, dar cuenta del despliegue de prácticas ancestrales en la producción de sufrimiento y dolor como de aquellas innovadoras, de sus articulaciones, especificidades, de sus actores, de sus responsables. Reconstruir el pasado a partir del testimonio y las palabras de sus víctimas, una dura batalla librada contra los torturadores y sus encubridores.
En este presente, los testimonios y las palabras de presos y presas no están "legitimados" para reconstruir los que les sucede hoy, en cada cárcel, en cada comisaría. ¿Será que los "delincuentes" no tienen derecho a ser víctimas de acciones aberrantes por parte de funcionarios del estado? Contradicciones o "dualidades" de una mirada intencionalmente miope sobre los "derechos humanos".
Desde hace varios años la cuestión de la violencia institucional: muertes, malos tratos físicos y torturas, tratos humillantes y degradantes, condiciones de vida intracarcelaria, etc han sido el eje nuestros trabajos, en esta nota solo haré una breve mención sobre algunos de estos aspectos: la cuestión de los malos tratos y torturas y sobre fallecimientos.(se cuenta con amplia información en los Informes Anuales de la PPN, en los Informes Anuales del CCT y en las paginas web respectivas).
Registros de malos tratos y torturas
En el año 2010(me abocaré a información vinculada a la situación de las cárceles sistema federal producida desde la PPN, ya que Provincia de Buenos Aires fue abordada por Roberto Cipriano del Comité contra la Tortura) los registros de malos tratos y torturas(me referiré a dos de los tres que trabaja la Procuración), daban cuenta sobre información actualizada de lo que sucede en relación a esta problemática:
Así, en relación al relevamiento de denuncias judiciales por casos de malos tratos y torturas-de enero a junio del 2010- se registraron 105 denuncias, de los cuales 27 fueron judicializados por la PPN. (ver ampliación en la WEB e Informe Anual 2010)
Del Proyecto de Investigación de Seguimiento sobre malos tratos y torturas, base comparativa con los resultados de la Investigación del año 2007, se seleccionando 5 unidades penitenciarias, 2 de zona metropolitana y 3 de interior del país. El criterio fue a su vez seleccionar solo los pabellones y módulos que cuyos resultados en el 2007 demostraron el mayor grado de conflictividad y de violencia institucional desplegada como así también se incorporó algunos pabellones que durante estos años, desde la intervención de la procuración, se individualizaron con la caracterización mencionada y se relevaron los siguientes resultados:
A modo de avance, en relación a los Complejos I y II (publicados en el Informe Anual 2010 de la PPN) se expresa lo siguiente:
El Complejo I- de Ezeiza, los módulos encuestados Ingreso, selección y tránsito, Modulo 3 alta conflictividad y 4 de jóvenes adultos en el año 2007: registraron que el 60,4 % de las personas encuestadas habían padecido malos tratos físicos y torturas. En esos mismos módulos en el año 2009, ese porcentaje ascendía a 77, 2%. Si los porcentajes no resultan "convincentes", digamos las cosas en valores absolutos, de 90 personas encuestadas, mas 70 personas detenidas expresaron haber sido víctimas de golpes, agresiones físicas y torturas.
En el Complejo II de Marcos Paz, los módulos encuestados fueron: modulo 1 Conducta( a pesar de ser de conducta se habían registrado casos de violencia en el mismo), Modulo 3 de Ingreso y modulo 5 de alta conflictividad, en el 2007 se relevó que el 52,1% de las personas detenidas en los mismos habían padecido malos tratos físicos y torturas, en el año 2009, ese porcentaje ascendió al 72,3%. En valores absolutos de 109 personas encuestadas, casi 80 personas fueron víctimas de estas prácticas violentas del personal penitenciario.
Es decir, 70 casos, 90 casos y otros tantos en tantas otras cárceles y comisarías conducen a cifras que ya no pueden soslayarse a la hora de hablar de ejercicios de malos tratos físicos y torturas en lugares de detención.
Muertes en prisión
De enero del año 2009 a enero del 2011 se produjeron 78 fallecimientos de personas detenidas en cárceles federales, como dato relevante entre octubre del año 2009 y octubre del año 2010, 11 de esas muertes, fueron por causas violentas. En la cárcel se muere y a veces de forma violenta. El estado debe garantizar la integridad física de las personas detenidas.
A una política de desinformación, ocultamiento e invisibilización por parte del Servicio Penitenciario Nacional(SPF) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se les responde con trabajos de campo, relevamiento de testimonios, relatos, de documentación judicial, legislativa y penitenciaria y por supuesto, además, se hace público. Pero la visibilidad de los que sucede en las cárceles federales ha sido sistemáticamente relativizada y hasta negada por autoridades de nuestros país y en particular por el Director del SPF, Alejandro Marambio.
Sin embargo, los últimos hechos acontecidos en la cárcel de Mendoza varias imágenes recuperadas desde un celular de un personal penitenciario otorgaban credibilidad a las prácticas violentas, torturas, ejercidas contra las personas detenidas por parte de personal penitenciario. Imágenes que mostraban con contundencia lo que cientos y cientos de personas detenidas han relatado, testimoniado y hasta denunciado(a pesar de poner en riesgo su integridad física y hasta sus vidas) y que como respuesta ha sido el de desconocer, devaluar y hasta desmentir esos testimonios. Un celular de un penitenciario, imágenes tomadas desde el torturador?? , permitieron que a los penitenciarios se los denominara torturadores y sus actos, torturas. Quizá sea por eso que el Servicio Penitenciario Federal, precisamente su Director Alejandro Marambio,( actualmente ascendido a un cargo de mayor jerarquía por parte del poder ejecutivo nacional) prohibía y prohíbe actualmente(aunque está autorizado por la ley) ingresar a la Procuración Penitenciaria Nacional con cámaras de fotos y/o filmadoras para registrar las lesiones y las situaciones de violencia en las cárceles???(hasta con actos de violencia del personal penitenciario contra médicos de la PPN, que pretendieron registrar las lesiones a presos a través de las cámaras de sus celulares-ver agencia DyN, WEB PPN).
"Responsable político, institucional y moral"
Deber ser por esto, él sabe del poder de la imagen, más que el de las palabras y testimonios de las víctimas, más aún si estas son pobres y "delincuentes". Pero, se olvidó de ser estricto con el personal penitenciario a su cargo ya que también tiene prohibido ingresar a las unidades en las que trabajan con sus celulares. Digo se olvidó y a "su cargo" porque Alejandro Marambio, Director del SPF, en cuyas cárceles se producen los hechos que revelan la primera parte de esta nota, era el responsable máximo de esa cárcel. El máximo responsable político institucional y porque no "moral".
La cárcel de Mendoza estaba intervenida por el Servicio Penitenciario Federal a cargo del civil Marambio cuando se produjeron estos hechos aberrantes de torturas, en diciembre del 2010 cesó la intervención pero estos hechos fueron anteriores. Quizá algunos de los máximos responsables de estos actos de tortura sean integrantes de esa "comitiva" del servicio penitenciario federal que acompañó al entonces Director de Readaptación Social del Ministerio de Justicia, Alejandro Marambio, allí por el año 2007, para efectivizar la Intervención de la cárcel de Mendoza después que la CIDH sancionará al estado Argentino por los hechos que se producían en la misma( nadie puede explicarnos porque en el 2010 levantó dicha sanción), esos mismos penitenciarios federales a los que el Alejandro Marambio definía casi (en términos morales) como héroes, que "sanearían" al servicio penitenciario provincial, hombres que en épocas difíciles inclusive salieron a cazar animales para darles de comer a los presos(sic, declaraciones de Marambio al Diario Los Andes 22 de marzo del año 2007, sección política) Quizá, al personal penitenciario provincial no se le transmitió debidamente esta "anécdota" y entendieron que la caza debía ejecutarse con los presos, quizá fue parte de su entrenamiento, quizá lo que pase en la cárcel de Mendoza, sea exactamente igual a lo que pasa en Ezeiza, en Devoto, en Marcos Paz, en Olmos, en Sierra Chica, en Las Heras, en Coronda, en Magdalena: las golpizas, el puente chino, el plasf-palsf, el pata pata, el criqueo, submarino seco y húmedo, etc etc expresado en mil palabras, en mil relatos de sus víctimas, pero no en imágenes, a ellos no los dejan filmarse mientras los golpean y a los organismos de control y defensa de los derechos humanos, tampoco.
De todas formas, más allá de las imágenes, la cárcel se hace visible, la hacen visible quienes se comprometen con la protección y defensa de los derechos humanos de las personas detenidas en un marco de estado de derecho-democrático y los datos de esta nota dan cuenta de ello.
