La novia embarazada de Patricio, Alejandra Gisella González de 18 años, que había ido a visitarlo el 28 de enero, vio cuando lo esposaron, lo tiraron al piso y comenzaron a patearlo entre unos 6 o 7 penitenciarios. Le saltaron encima y le rompieron el cráneo al grito de "acá mandamos nosotros". Patricio había reclamado que le den una visita familiar. Los penitenciarios intentaron fraguar el testimonio de tres presos que vieron todo, haciéndoles firmar bajo amenaza la versión que sostuvo luego el Ministro Casal. Después de la denuncia, encarada por Juan Manuel Casolatti, Secretario de Ejecución de San Martín y el Comité Contra la Tortura, se logró que los testigos fuesen protegidos en Campo de Mayo, allí declararon que vieron a los penitenciarios matar a golpes a Barros y pudieron identificar a varios de los implicados.
Los familiares y acompañantes se concentraron en la puerta del penal, hablaron con los familiares que ingresaban a la visita y buscaron escrachar la unidad y a los penitenciarios que allí trabajan. Al mediodía se apostaron en la autopista Camino del Buen Ayre para que su reclamo de justicia fuese escuchado. "Hoy llevamos 15 días del fallecimiento de Patricio -decía Ángel-, nos atendió el Ministro Casal y el sub-secretario Albarracín, nos dijeron que ellos iban a pagar por lo que le hicieron a Patricio y éste hombre Casal nos juró por su familia que ellos iban a estar presos y hoy no hay nadie preso". Gisela, otra hermana, explicaba que hace una semana que Isaurralde, el fiscal de San Martín que tiene la causa, tiene la orden de detención de los penitenciarios, sin embargo "los cuatro más implicados están prófugos: [Rodrigo] Chaparro, [Gerardo] Luna, [César] Benítez y [Héctor] Mario". La orden de captura no fue trasladada a la bonaerense sino que partió del gobierno nacional hacia Gendarmería. Ángel ante ello se pregunta: "¿Por qué el doctor Insaurralde no le dio la orden a la policía bonaerense?, porque algo quieren cubrir".
El "tratamiento penitenciario" se ha vuelto una falacia, así lo sostienen los familiares de Patricio. Gisela, su hermana recalca que "se supone que el Servicio Penitenciario estaba para rehabilitarlo y ellos como guardiacárceles estaban para cuidarlo, no para matarlo. A mi hermano me lo devolvieron muerto. Yo se lo entregué vivo a ellos. Hace 7 años que lo vengo siguiendo a mi hermano, en frío, calor, hambre, con los bolsos de mercadería. ¿Por qué nosotros le traemos los bolsos de mercadería todos los fines de semana? A mi hermano la sociedad no le dio de comer, nunca le dio de comer, porque si la sociedad le dio de comer, ¿por qué yo le traía todos los fines de semana el bolso de mercadería?". "A los pibes de las unidades 46, 47 y 48 los están matando lentamente -dice Ángel-, porque a ellos les dan dos bidones de agua, pero después tienen el agua que está totalmente contaminada que es con la que se bañan, la que beben, con la que cocinan, con la que toman mate cuando se les terminan los bidones. Están arriba de un basurero, desde ya que es algo infrahumano, porque ellos están pagando, pero están pagando con sus vidas. ¿Qué pasa cuando salen de acá?" Es Manuel Segovia, ex detenido e integrante de la Agrupación Antonio Gramsci quien responde: "Yo creo que si a una persona la tratan como animal no piensen que va a salir convertido en otra cosa, sale como un animal. La cárcel no sirve para nada. Fomenta la delincuencia. Lo que sirve dentro de la cárcel es la educación, nada más". Manuel, que estuvo en esa cárcel detenido y ahora como militante social ayuda a otros liberados, explicaba: "Hoy estamos acá por la muerte de Patricio, pero han pasado un montón de muertes".
Como apoyo a los familiares estuvieron integrantes del Movimiento Octubres. Entre ellos su Secretario General, actual Diputado Nacional de la corriente creada por Martín Sabbatella. "Hay que empezar a pensar un Servicio Penitenciario totalmente nuevo y un Ministerio que esté a la altura de las circunstancias, porque las políticas que emanan del gobierno nacional son distintas, porque hay todo un esfuerzo por sanear las fuerzas de represión y por hacer de las políticas de inclusión una principal política de seguridad". Su postura incluye que "Casal ya no debe ser Ministro de seguridad y justicia de la provincia de Buenos Aires".
Su explicación, que en otras ocasiones fue para dar cuenta de la policía bonaerense, sirve para esta institución: "Cuando vos le das total autonomía a un Servicio (Penitenciario), a un Servicio que nunca fue reformado por la democracia, al igual que la Bonaerense, que nunca fue tocada, me da impresión de que vos le das toda la discrecionalidad para que estos hechos ocurran. Y no me cabe ninguna duda, todos estos hechos de corrupción desembocan en el valijazo en La Plata. Porque el cash flow, el efectivo que genera la recaudación ilegal de la policía y el Servicio Penitenciario, financia la política en la provincia de Buenos Aires".
Fabián Viegas Barriga
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