VACAP (Vecinos Autoconvocados Contra los Abusos Policiales), adherida al Movimiento Anticarcelario, ha puesto en la red de comunicación la demanda de una persona privada de libertad a través de la Agencia Rodolfo Walsh, el viernes 18 de febrero, y exige a la APDH de Villa María que interponga recurso mediante su área jurídica para que el interno Roberto Ramón Oliva, alojado en la Enfermería del Establecimiento Penitenciario Nº 5, sea atendido por sus afecciones de HIV y diabetes, según establece la Ley 24.660 - Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, en su el Capítulo IX.
Dicha norma legal hace referencia a la asistencia médica de los presidiarios en los siguientes términos:
“Artículo 143 - El interno tiene derecho a la salud. Deberá brindársele oportuna asistencia médica integral, no pudiendo ser interferida su accesibilidad a la consulta y a los tratamientos prescriptos. Los estudios diagnósticos, tratamientos y medicamentos indicados, le serán suministrados sin cargo.”
Además, instamos a la Asesoría Letrada (no sólo por su sensibilidad social sino por las funciones que le competen) que intervenga en forma urgente, ya que el caso tuvo trascendencia pública, para escuchar el testimonio de verdad de Roberto Oliva y ejercer una legítima defensa de los derechos que le asisten a la persona privada de libertad, cuya verdad ciudadana -en juicio oral y público- fue subsumida a la verdad hegemónica y construida por los funcionarios de poder policial y judicial que actuó en estas instancias, en la que VACAP intervino en un momento oralmente.
En tal afirmación nos referenciamos en las investigaciones de Michel Foucault, en su texto “La verdad y las formas jurídicas” (pág. 141): “…en todas estas instituciones hay un poder que no es sólo económico, sino también político. Las personas que dirigen esas instituciones se arrogan el derecho de dar órdenes, establecer reglamentos, tomar medidas, expulsar a algunos individuos y aceptar a otros, etcétera (…) este mismo poder, político y económico, es también judicial (…) se tiene el derecho de castigar y recompensar o de hacer comparecer ante instancias de enjuiciamiento.”
A casi una semana de la difusión de estos hechos que sufren las personas más humildes y desvalidas, el Movimiento Anticarcelario y la Antirrepresiva de Córdoba denuncian, una vez más, la violación de derechos constitucionales y se declaran en la defensa irrestricta de la lucha en huelga de hambre que Ramón Oliva está llevando adelante con el apoyo de VACAP Villa María.
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