Imagen: Veintitres
Un video que mostró la práctica de la tortura en el penal de San Felipe, mostró las falencias del sistema carcelario. Hasta la trasmisión de estas imágenes, la mayoría de los representantes políticos locales sostenían: “La tortura no existe”.
Por María Eva Guevara
"Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice” señala nuestra Constitución Nacional en su artículo 18. Muy a su pesar, bajo el rótulo “tonterías”, una carpeta de archivo de un teléfono celular almacenaba 1.600 videos cargados por un guardiacárcel que se encargó de filmar una sesión de tortura y escenas de vejámenes contra jóvenes internos del complejo penal San Felipe.
William Vargas es quien aparece en uno de esos videos, arrodillado, esposado y atado a una reja mientras los penitenciarios despliegan toda su violencia de la forma más despiadada. En cuanto dichas imágenes salieron a la luz por todos los canales de televisión del país, su madre Susana Marta González se rindió al llanto, esperó que pasara la noche y por la mañana temprano se presentó al edificio de los tribunales federales para hacer la denuncia e intentar obtener alguna explicación.
“¿Cómo pudieron tratarlo así? ¡Ni que fuera un asesino serial!”, dijo a los periodistas. El estupor no podía ser menor. El único consuelo que tuvo esa madre fueron las palabras de su hijo explicándole que ya se había recuperado físicamente de esa golpiza ocurrida seis meses atrás y que a raíz de la intervención de los poderes del Estado, podría recuperar su libertad.
Efectivamente, William está muy lejos de ser el asesino serial al que habría que matar o dejar que se pudra en la cárcel según el explícito deseo de ciertos sectores de la opinión pública mendocina. Había ingresado al penal con 18 años y al cabo de unos meses recibió una condena a 3 años por tenencia de estupefacientes. No era una cantidad importante de droga la que tenía en su poder, pero el juez que lo condenó estableció que “estaba en duda si era para consumo personal o para vender”, de ahí en más al chico le quedó claro cuál era su opción de libertad: esperar 8 meses y ahí pedir el beneficio de la libertad condicional por el resto de la condena.
El caso es que la historia carcelaria de William no pudo ser menos insensata e injusta. Un día su madre lo visitó y se olvidó unos anteojos; él se los quedó para devolvérselos en la próxima visita, pero cuando hicieron una requisa, un guardiacárcel se los encontró y se los rompió, lo cual terminó con insultos y discusiones con el guardia. Esa es la explicación de por qué en el video los guardias le dicen “aquí está el bocón” mientras le pegan piñas en el pecho. La cosa no quedó ahí. Según relató William, lo llevaron a la enfermería para que lo revisara un médico que finalmente no relevó ninguna lesión. De ahí se lo llevaron a un sector de San Felipe que sirve de aula para que los presos asistan a clases. Allí se produjo la paliza que está filmada y que duró aproximadamente una hora.
Acto seguido le pusieron a William una sanción de quince días y lo pusieron en un calabozo aislado para que no lo viera nadie. La sanción, obviamente, fue una herramienta para encubrir la tortura, sin embargo, cuando el muchacho pidió la libertad condicional, fue de lo que se valieron los jueces para negársela.
Al cierre de esta publicación todo el revuelo generado por la difusión de los videos generaba un dejo de autocrítica y acción en el seno del poder judicial por el cual se empezó a revisar la validez de esta actuación disciplinaria y por lo tanto se volverá a analizar el pedido de libertad condicional. Lo que sí quedará para pensar es el tema de las secuelas dejadas en el subconciente de tantos jóvenes que como William aprenden dentro de la cárcel lo que es la atrocidad. Un aprendizaje a la medida de esos guardiacárceles victimarios que parecen haberse puesto en la cima de esa universidad del delito de la que egresan todos, más o menos perfeccionados.
La escuela de Bianchi. No faltan razones para descreer de la finalidad del sistema carcelario de Mendoza si se han sucedido hechos graves de corrupción político-penitenciaria en el pasado que no fueron investigados por la justicia. El caso más conmocionante fue el motín que estalló durante la vendimia del año 2000. Eso marcó el inicio de un deterioro gravísimo de las condiciones de hacinamiento e higiene infrahumanas que fueron sumergiendo a la población penitenciara en una espiral de violencia que cerró el círculo de la impunidad. Para dar una idea en el 2004 la cárcel de Mendoza alcanzó el récord de 24 muertos en un año, uno de ellos fue eviscerado y luego descuartizado en ocho pedazos que aparecieron dispersos por distintos sectores del pabellón.
Dos años después la cifra de muertes y lesiones graves dentro de la cárcel seguía en aumento, ocurriendo un hecho más que significativo: tres internos que habían sido trasladados desde Córdoba para declarar como testigos ante la justicia por la causa del motín vendimial fueron asesinados en el interior de Boulogne Sur Mer. Sus cuerpos fueron mutilados cortándoles dedos y orejas.
¿Que cómo se llegó a esto? La pregunta tiene varias respuestas. Por un lado, los funcionarios públicos hasta el gobierno de Julio Cobos se empecinaron con aplicar políticas de “mano dura” dentro de las cuales se avaló el “endurecimiento” de las medidas de seguridad para con los internos. Es más, según señaló el único director que intentó un cambio sustantivo en la cárcel apelando a medidas humanitarias, Alejandro Espeche, entre los funcionarios que vieron con sus propios ojos cómo se reprimía a los internos que se habían amotinado, estaba el mismo Cobos quien en ese entonces era ministro de Obras Públicas de Roberto Iglesias. “Esto hay que denunciarlo”, habría dicho Espeche, frente a la fila de presos desnudos en el suelo. Pero todos se hicieron los distraídos.
Otra respuesta es la continuidad de personajes que actuaron con total impunidad durante la dictadura militar. Hasta el año 2000 el subdirector de la cárcel era Luis Bianchi, mientras que los prefectos Balmes y Barrios tenían el control operativo de todos los penitenciarios. Aquel grupo era nada menos que un nicho con historia. El retrato sustancial de esta historia puede leerse en el libro de un ex preso político, Fernando Rule cuyo título es “Un allegro muy largo. De la vida social y cultural en las cárceles de la dictadura argentina”). Allí dice que hacia 1976 Bianchi era simplemente un empleado, un penitenciario raso, gordito y con cara de bebé. Cierto día desapareció una o dos semanas y apareció de oficial. Se había acomodado con el Ejército y en esa carrera de hacer mérito se encargaba de llevar a la sala de torturas o de torturar personalmente a algunos de los presos. Como aquella vez que tirando al piso a uno de ellos se le sentó arriba y a fuerza de bastonazos pretendía hacerlo subir las escaleras arrastrándose, como quien monta un buey.
Son varios los presos políticos que narran la violencia con la que los penitenciarios de aquella época hacían las llamadas “requisas” practicadas sistemáticamente durante la dirección de Naman García. Ese mismo Naman García sería designado a comienzos de la democracia como Jefe de Policía, cuando Felipe LLaver asumía como gobernador y Leopoldo Orquín como responsable del área de gobierno de la que depende también la cárcel.
Un leading case inconcluso. En el 2003 un grupo de abogados mendocinos, agrupados en Xumex (Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos) comenzó a presentar acciones de hábeas corpus que derivaron en la intervención de organismos internacionales. Concretamente fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que abrió y comenzó a ocuparse del caso “Cárceles de Mendoza”.
Lo que dicen los expertos después de constatar y generar varios informes es que si se cumpliera con nuestra Constitución y con el Pacto de San José de Costa Rica, el resultado a largo y mediano plazo sería mayor seguridad. Es decir que la reinserción social de las personas privadas de libertad no debía ser tomada como un simple anhelo sino como un hecho concreto que beneficie a los ciudadanos a través de la disminución de la violencia.
Esa ha sido la piedra de toque de los esfuerzos de cambio que se han venido desplegando en los últimos años. Pero hay que señalar que han habido fallas, contramarchas en la política del gobierno de Celso Jaque.
Para empezar la Corte Interamericana de Derechos Humanos levantó las sanciones contra Mendoza porque consideró que ya la situación era distinta, había mejorado y los resortes naturales estaban funcionando en ese sentido. Ahora bien, la provincia quedaba comprometida a implementar un órgano externo que monitoreara y desde hace dos años duerme en la Legislatura provincial el proyecto que habilita el mecanismo de prevención de la tortura.
Esto es, durante los últimos años no sólo no ha habido debate sino que no ha habido interés en llevar adelante dicho mecanismo de prevención. Algunos hablan de que a la sociedad le resulta mejor mirar para otro lado y que este no es un tema políticamente “vendible”. Salvo la senadora Alejandra Naman (ARI), la mayoría de los representantes de los partidos políticos considera que “la tortura no existe”.
A raíz de la difusión de los videos, parecen haber cambiado de opinión. Al menos esta vez suscribieron con su firma el despacho de Alejandro Naman a favor de la creación de la figura del Procurador Penitenciario y de un comité externo que esté facultado para visitar los lugares de encierro en cualquier momento y sin ningún tipo de limitaciones.
Por el lado de los mensajes resta señalar la desafortunada frase de Celso Jaque quien calificó este video como un “hecho aislado”. Fue decir esto y sucumbir ante una seguidilla de nuevas denuncias que hablan más o menos de lo mismo: golpes, represalias, violencia inusitada.
Este aspecto de lo simbólico tiene su valor. Como dice Alejandra Naman, “por esto discutí en este gobierno y en el de Cobos porque eso habla de la falta de docencia que desde el Estado se hace sobre el verdadero valor de los derechos humanos. Hay mensajes que a mí me dejan aterrada, el sólo hecho de pensar que un ciudadano común pueda creer que alguien que por haber cometido un hecho delictivo que lo llevó a estar privado de su libertad se merezca esos tratos es algo que me produce estupor”...
Si se puede hablar de conclusión ésta sería que estamos en deuda con la política carcelaria. Según Alejandra Naman ahora es cuestión de ocuparse, hacer que exista un protocolo y un comité a cargo del control externo, ya que “eso es lo que nos va a garantizar la confiabilidad de las denuncias, la inmediatez a favor de la persona que pudo haber sufrido el apremio ilegal, el hecho de que sea autónomo y autárquico económicamente será una forma de evitar que sea funcional al poder de turno”.
Respecto de los prejuicios también Naman señaló que habrá que dejarlos de lado porque si no “pareciera que el problema es que los oficiales o los penitenciarios involucrados no habrían recibido su curso de derechos humanos cuando cualquiera puede darse cuenta de no hace falta un curso de derechos humanos para entender que la tortura va contra la naturaleza misma de las personas, esto es algo que ya abolió la asamblea del año XIII y prohibió claramente la Constitución de 1853.
“Evidentemente las prácticas inhumanas han quedado como resabios de otras épocas y que no las hemos logrado erradicar. A veces los que hemos querido hacerlo nos vimos en absoluta soledad ya que el oficialismo se negaba a tratar el proyecto. Es cierto que no es algo sencillo y que se actúa por lo general de forma reactiva, también entiendo que no es fácil entrar a una penitenciaría, es algo que produce un shock emocional, pero debemos hacerlo. Yo ya lo planteé en la Comisión Bicameral de Seguridad: les dije: ya basta de visitas anunciadas que son en realidad visitas guiadas”.
Causa justa. Diego Lavado, abogado defensor de los derechos humanos, miembro de Xumex, fue Subsecretario de Justicia al comienzo de la gestión de Jaque. Fue él quien preparó los proyectos de ley que la legislatura no trató en estos últimos dos años sobre el mecanismo provincial para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes.
También fue Diego Lavado quien presentó a la Fiscalía el teléfono celular que contenía los videos y pidió que se abriera una profunda investigación por el delito de torturas. Ya hay unos 7 penitenciarios identificados, puestos a disposición de la justicia y sumariados por el gobierno.
Como no podía ser menos elocuente, Diego Lavado es uno de los querellantes que participa de las jornadas del juicio oral contra los represores de la dictadura y es allí donde las víctimas relatan todo tipo de torturas y vejámenes. Más de treinta años después, un teléfono celular entrega la misma imagen del horror que se vivió durante la dictadura.
–Entre los videos que Xumex entregó a la justicia hay uno que muestra a penitenciarios mayores pegándole a penitenciarios jóvenes, ¿no hay ahí una pista de dónde viene la enseñanza de la práctica de la tortura?
–Han habido varias denuncias, en el año 2008 recuerdo la de un joven que recién había ingresado al servicio y le habían dado su “bautismo”, o sea, le habían pegado una paliza. Y hace poco me contó el ministro de gobierno que días antes de que apareciera el video recibió la denuncia de un personal penitenciario al que le sucedió lo mismo. Recién había ingresado y le quebraron una costilla. Esto lo hemos visto también en el Ejercito donde tuvimos noticias sobre estos bautismos que han trascendido los institutos militares o policiales en distintos lugares del país. Estas cosas pasan, y lo que hay que hacer es concientizar para evitarlo. Si uno entra con una vocación de servicio, como lo hacen los que tienen la ilusión de servir a la sociedad, ingresando al servicio penitenciario y lo primero que se encuentran es que se les tira abajo toda esa ilusión resulta que se está introduciendo en una función completamente distorsionada. Creo que sobre eso hay que trabajar, mejorar los aspectos de la educación, pensemos si no en la persona que vio esa paliza grabada y no denunció nada. Lo más probable es que no lo haya hecho por que él mismo hace cinco o seis años atrás fue “recibido” de la misma manera. Por eso no se sorprende. Si no se trabaja en ese punto, el mensaje que queda es: “así nos manejamos en el interior, le pegamos a los presos y a los penitenciarios nuevos”
–Por la experiencia que hubo de visitas al interior de la cárcel ¿se concluye que se colocan obstáculos para recorrer el penal sin restricciones?
–Normalmente hay resistencia de las autoridades a que hayan visitas sin restricciones.
–¿Por un tema de seguridad interna?
–No, justamente es para tratar de ocultar las cosas que pasan adentro. Diría que las únicas visitas sin restricciones que han habido en la cárcel de Mendoza han sido, las que hizo la Comisión Interamericana. Fue con previo aviso, pero sin restricciones. Aquella primera visita los funcionarios no sabían exactamente cuándo se iba a producir. Cuando llegaron los miembros de la CIDH fue una sorpresa que dijeran que iban a entrar solos acompañados por la prensa, o sea sin compañia de autoridades de gobierno. Realmente en aquella ocasión ingresaron a todos los lugares que quisieron, pero eso no es lo habitual. En mi caso, después una vez que hubo una huelga de hambre generalizada en el pabellón 5, fui con la compañia del Dr. Nanclares, cuando era presidente de la Corte Suprema y yo era Subsecretario, ahí quisieron restringirnos la visita, dijeron que era peligroso que nosotros ingresábamos a nuestro riesgo cosa que hicimos. porque una visita al interior de la cárcel no tiene ningún riesgo, es claro que los internos quieren que del exterior vean lo que pasa, podrá tener, en todo caso, riesgo para el personal penitencionario. Lógicamente, el que no entiende o no sabe, pone la excusa de los riesgos de la seguridad. Ni en la visita de la comisión, ni en la del Dr. Nanclares, nos dejamos persuadir por los discursos de la seguridad interna, todo lo contrario.
–Se dijo que estas torturas eran un hecho aislado y que era un problema de la intervención federal del servicio penitenciario federal
–La mejor prueba de que no es un hecho aislado, es que desde el 2004 para acá venimos denunciando este tipo de delitos, lo que si es aislado es que es la primera vez que se filma. Los delitos que venimos denunciando han sido tan graves que derivaron en la intervención de la CIDH, pimero y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos después, a través de los mecanismos de medidas cautelares y provisionales. Lo que sí debemos decir como miembros de Xumex es que esperamos que esto provenga de un grupo reducido de penitenciarios marginales, y que la mayoría del personal haya entendido cuál es su verdadera función que es acompañar las políticas que se implementan a partir de la intervención de los organismos internacionales.
–¿Sabe si entre los penitenciarios involucrados hay beneficiados por recientes ascensos?
–No conozco las identidades, probablemente, si alguno tiene grado de suboficial, por supueso que ha sido ascendido, no es un agente. Aquí además de la prevención que la va a dar el mecanismo de prevención de la tortura hace falta seguir profundizando la capacitación. Cuando se construyó Almafuerte, que era un proyecto que existía de antes, pero que recién se impulsó al ver la necesidad de darle una respuesta a la CIDH, hubo un problema en este sentido. Ese proceso de construir un nuevo penal no fue acompañado por un proceso de formar el personal que lo iba a dirigir, a tal punto que se tuvo una nueva cárcel, los presos estaban hacinados en Boulogne Sur Mer, y no había personal penitenciario para poner en funcionamiento la nueva cárcel. Esa fue la situación con la que se encontró el gobierno de Jaque. Otro problema es que la carrera penitenciaria no es un atractivo para la mayoría de la gente, salvo que realmente se garantice no sólo una formación sino además una buena atención salarial y condiciones de trabajo que hagan atractiva la función. Creo que habría que habría que crear una carrera penitenciaria desde el Instituto de Seguridad Pública porque la capacitación es precaria, está dentro del servicio, como ha sido siempre, pero eso respondió a la necesidad de poder captar la mayor cantidad de gente, de lo que se trata es de apostar a cambiar la cultura que evidentemente subsiste en algunos sectores del centro penitenciario.
William Vargas es quien aparece en uno de esos videos, arrodillado, esposado y atado a una reja mientras los penitenciarios despliegan toda su violencia de la forma más despiadada. En cuanto dichas imágenes salieron a la luz por todos los canales de televisión del país, su madre Susana Marta González se rindió al llanto, esperó que pasara la noche y por la mañana temprano se presentó al edificio de los tribunales federales para hacer la denuncia e intentar obtener alguna explicación.
“¿Cómo pudieron tratarlo así? ¡Ni que fuera un asesino serial!”, dijo a los periodistas. El estupor no podía ser menor. El único consuelo que tuvo esa madre fueron las palabras de su hijo explicándole que ya se había recuperado físicamente de esa golpiza ocurrida seis meses atrás y que a raíz de la intervención de los poderes del Estado, podría recuperar su libertad.
Efectivamente, William está muy lejos de ser el asesino serial al que habría que matar o dejar que se pudra en la cárcel según el explícito deseo de ciertos sectores de la opinión pública mendocina. Había ingresado al penal con 18 años y al cabo de unos meses recibió una condena a 3 años por tenencia de estupefacientes. No era una cantidad importante de droga la que tenía en su poder, pero el juez que lo condenó estableció que “estaba en duda si era para consumo personal o para vender”, de ahí en más al chico le quedó claro cuál era su opción de libertad: esperar 8 meses y ahí pedir el beneficio de la libertad condicional por el resto de la condena.
El caso es que la historia carcelaria de William no pudo ser menos insensata e injusta. Un día su madre lo visitó y se olvidó unos anteojos; él se los quedó para devolvérselos en la próxima visita, pero cuando hicieron una requisa, un guardiacárcel se los encontró y se los rompió, lo cual terminó con insultos y discusiones con el guardia. Esa es la explicación de por qué en el video los guardias le dicen “aquí está el bocón” mientras le pegan piñas en el pecho. La cosa no quedó ahí. Según relató William, lo llevaron a la enfermería para que lo revisara un médico que finalmente no relevó ninguna lesión. De ahí se lo llevaron a un sector de San Felipe que sirve de aula para que los presos asistan a clases. Allí se produjo la paliza que está filmada y que duró aproximadamente una hora.
Acto seguido le pusieron a William una sanción de quince días y lo pusieron en un calabozo aislado para que no lo viera nadie. La sanción, obviamente, fue una herramienta para encubrir la tortura, sin embargo, cuando el muchacho pidió la libertad condicional, fue de lo que se valieron los jueces para negársela.
Al cierre de esta publicación todo el revuelo generado por la difusión de los videos generaba un dejo de autocrítica y acción en el seno del poder judicial por el cual se empezó a revisar la validez de esta actuación disciplinaria y por lo tanto se volverá a analizar el pedido de libertad condicional. Lo que sí quedará para pensar es el tema de las secuelas dejadas en el subconciente de tantos jóvenes que como William aprenden dentro de la cárcel lo que es la atrocidad. Un aprendizaje a la medida de esos guardiacárceles victimarios que parecen haberse puesto en la cima de esa universidad del delito de la que egresan todos, más o menos perfeccionados.
La escuela de Bianchi. No faltan razones para descreer de la finalidad del sistema carcelario de Mendoza si se han sucedido hechos graves de corrupción político-penitenciaria en el pasado que no fueron investigados por la justicia. El caso más conmocionante fue el motín que estalló durante la vendimia del año 2000. Eso marcó el inicio de un deterioro gravísimo de las condiciones de hacinamiento e higiene infrahumanas que fueron sumergiendo a la población penitenciara en una espiral de violencia que cerró el círculo de la impunidad. Para dar una idea en el 2004 la cárcel de Mendoza alcanzó el récord de 24 muertos en un año, uno de ellos fue eviscerado y luego descuartizado en ocho pedazos que aparecieron dispersos por distintos sectores del pabellón.
Dos años después la cifra de muertes y lesiones graves dentro de la cárcel seguía en aumento, ocurriendo un hecho más que significativo: tres internos que habían sido trasladados desde Córdoba para declarar como testigos ante la justicia por la causa del motín vendimial fueron asesinados en el interior de Boulogne Sur Mer. Sus cuerpos fueron mutilados cortándoles dedos y orejas.
¿Que cómo se llegó a esto? La pregunta tiene varias respuestas. Por un lado, los funcionarios públicos hasta el gobierno de Julio Cobos se empecinaron con aplicar políticas de “mano dura” dentro de las cuales se avaló el “endurecimiento” de las medidas de seguridad para con los internos. Es más, según señaló el único director que intentó un cambio sustantivo en la cárcel apelando a medidas humanitarias, Alejandro Espeche, entre los funcionarios que vieron con sus propios ojos cómo se reprimía a los internos que se habían amotinado, estaba el mismo Cobos quien en ese entonces era ministro de Obras Públicas de Roberto Iglesias. “Esto hay que denunciarlo”, habría dicho Espeche, frente a la fila de presos desnudos en el suelo. Pero todos se hicieron los distraídos.
Otra respuesta es la continuidad de personajes que actuaron con total impunidad durante la dictadura militar. Hasta el año 2000 el subdirector de la cárcel era Luis Bianchi, mientras que los prefectos Balmes y Barrios tenían el control operativo de todos los penitenciarios. Aquel grupo era nada menos que un nicho con historia. El retrato sustancial de esta historia puede leerse en el libro de un ex preso político, Fernando Rule cuyo título es “Un allegro muy largo. De la vida social y cultural en las cárceles de la dictadura argentina”). Allí dice que hacia 1976 Bianchi era simplemente un empleado, un penitenciario raso, gordito y con cara de bebé. Cierto día desapareció una o dos semanas y apareció de oficial. Se había acomodado con el Ejército y en esa carrera de hacer mérito se encargaba de llevar a la sala de torturas o de torturar personalmente a algunos de los presos. Como aquella vez que tirando al piso a uno de ellos se le sentó arriba y a fuerza de bastonazos pretendía hacerlo subir las escaleras arrastrándose, como quien monta un buey.
Son varios los presos políticos que narran la violencia con la que los penitenciarios de aquella época hacían las llamadas “requisas” practicadas sistemáticamente durante la dirección de Naman García. Ese mismo Naman García sería designado a comienzos de la democracia como Jefe de Policía, cuando Felipe LLaver asumía como gobernador y Leopoldo Orquín como responsable del área de gobierno de la que depende también la cárcel.
Un leading case inconcluso. En el 2003 un grupo de abogados mendocinos, agrupados en Xumex (Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos) comenzó a presentar acciones de hábeas corpus que derivaron en la intervención de organismos internacionales. Concretamente fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que abrió y comenzó a ocuparse del caso “Cárceles de Mendoza”.
Lo que dicen los expertos después de constatar y generar varios informes es que si se cumpliera con nuestra Constitución y con el Pacto de San José de Costa Rica, el resultado a largo y mediano plazo sería mayor seguridad. Es decir que la reinserción social de las personas privadas de libertad no debía ser tomada como un simple anhelo sino como un hecho concreto que beneficie a los ciudadanos a través de la disminución de la violencia.
Esa ha sido la piedra de toque de los esfuerzos de cambio que se han venido desplegando en los últimos años. Pero hay que señalar que han habido fallas, contramarchas en la política del gobierno de Celso Jaque.
Para empezar la Corte Interamericana de Derechos Humanos levantó las sanciones contra Mendoza porque consideró que ya la situación era distinta, había mejorado y los resortes naturales estaban funcionando en ese sentido. Ahora bien, la provincia quedaba comprometida a implementar un órgano externo que monitoreara y desde hace dos años duerme en la Legislatura provincial el proyecto que habilita el mecanismo de prevención de la tortura.
Esto es, durante los últimos años no sólo no ha habido debate sino que no ha habido interés en llevar adelante dicho mecanismo de prevención. Algunos hablan de que a la sociedad le resulta mejor mirar para otro lado y que este no es un tema políticamente “vendible”. Salvo la senadora Alejandra Naman (ARI), la mayoría de los representantes de los partidos políticos considera que “la tortura no existe”.
A raíz de la difusión de los videos, parecen haber cambiado de opinión. Al menos esta vez suscribieron con su firma el despacho de Alejandro Naman a favor de la creación de la figura del Procurador Penitenciario y de un comité externo que esté facultado para visitar los lugares de encierro en cualquier momento y sin ningún tipo de limitaciones.
Por el lado de los mensajes resta señalar la desafortunada frase de Celso Jaque quien calificó este video como un “hecho aislado”. Fue decir esto y sucumbir ante una seguidilla de nuevas denuncias que hablan más o menos de lo mismo: golpes, represalias, violencia inusitada.
Este aspecto de lo simbólico tiene su valor. Como dice Alejandra Naman, “por esto discutí en este gobierno y en el de Cobos porque eso habla de la falta de docencia que desde el Estado se hace sobre el verdadero valor de los derechos humanos. Hay mensajes que a mí me dejan aterrada, el sólo hecho de pensar que un ciudadano común pueda creer que alguien que por haber cometido un hecho delictivo que lo llevó a estar privado de su libertad se merezca esos tratos es algo que me produce estupor”...
Si se puede hablar de conclusión ésta sería que estamos en deuda con la política carcelaria. Según Alejandra Naman ahora es cuestión de ocuparse, hacer que exista un protocolo y un comité a cargo del control externo, ya que “eso es lo que nos va a garantizar la confiabilidad de las denuncias, la inmediatez a favor de la persona que pudo haber sufrido el apremio ilegal, el hecho de que sea autónomo y autárquico económicamente será una forma de evitar que sea funcional al poder de turno”.
Respecto de los prejuicios también Naman señaló que habrá que dejarlos de lado porque si no “pareciera que el problema es que los oficiales o los penitenciarios involucrados no habrían recibido su curso de derechos humanos cuando cualquiera puede darse cuenta de no hace falta un curso de derechos humanos para entender que la tortura va contra la naturaleza misma de las personas, esto es algo que ya abolió la asamblea del año XIII y prohibió claramente la Constitución de 1853.
“Evidentemente las prácticas inhumanas han quedado como resabios de otras épocas y que no las hemos logrado erradicar. A veces los que hemos querido hacerlo nos vimos en absoluta soledad ya que el oficialismo se negaba a tratar el proyecto. Es cierto que no es algo sencillo y que se actúa por lo general de forma reactiva, también entiendo que no es fácil entrar a una penitenciaría, es algo que produce un shock emocional, pero debemos hacerlo. Yo ya lo planteé en la Comisión Bicameral de Seguridad: les dije: ya basta de visitas anunciadas que son en realidad visitas guiadas”.
Causa justa. Diego Lavado, abogado defensor de los derechos humanos, miembro de Xumex, fue Subsecretario de Justicia al comienzo de la gestión de Jaque. Fue él quien preparó los proyectos de ley que la legislatura no trató en estos últimos dos años sobre el mecanismo provincial para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes.
También fue Diego Lavado quien presentó a la Fiscalía el teléfono celular que contenía los videos y pidió que se abriera una profunda investigación por el delito de torturas. Ya hay unos 7 penitenciarios identificados, puestos a disposición de la justicia y sumariados por el gobierno.
Como no podía ser menos elocuente, Diego Lavado es uno de los querellantes que participa de las jornadas del juicio oral contra los represores de la dictadura y es allí donde las víctimas relatan todo tipo de torturas y vejámenes. Más de treinta años después, un teléfono celular entrega la misma imagen del horror que se vivió durante la dictadura.
–Entre los videos que Xumex entregó a la justicia hay uno que muestra a penitenciarios mayores pegándole a penitenciarios jóvenes, ¿no hay ahí una pista de dónde viene la enseñanza de la práctica de la tortura?
–Han habido varias denuncias, en el año 2008 recuerdo la de un joven que recién había ingresado al servicio y le habían dado su “bautismo”, o sea, le habían pegado una paliza. Y hace poco me contó el ministro de gobierno que días antes de que apareciera el video recibió la denuncia de un personal penitenciario al que le sucedió lo mismo. Recién había ingresado y le quebraron una costilla. Esto lo hemos visto también en el Ejercito donde tuvimos noticias sobre estos bautismos que han trascendido los institutos militares o policiales en distintos lugares del país. Estas cosas pasan, y lo que hay que hacer es concientizar para evitarlo. Si uno entra con una vocación de servicio, como lo hacen los que tienen la ilusión de servir a la sociedad, ingresando al servicio penitenciario y lo primero que se encuentran es que se les tira abajo toda esa ilusión resulta que se está introduciendo en una función completamente distorsionada. Creo que sobre eso hay que trabajar, mejorar los aspectos de la educación, pensemos si no en la persona que vio esa paliza grabada y no denunció nada. Lo más probable es que no lo haya hecho por que él mismo hace cinco o seis años atrás fue “recibido” de la misma manera. Por eso no se sorprende. Si no se trabaja en ese punto, el mensaje que queda es: “así nos manejamos en el interior, le pegamos a los presos y a los penitenciarios nuevos”
–Por la experiencia que hubo de visitas al interior de la cárcel ¿se concluye que se colocan obstáculos para recorrer el penal sin restricciones?
–Normalmente hay resistencia de las autoridades a que hayan visitas sin restricciones.
–¿Por un tema de seguridad interna?
–No, justamente es para tratar de ocultar las cosas que pasan adentro. Diría que las únicas visitas sin restricciones que han habido en la cárcel de Mendoza han sido, las que hizo la Comisión Interamericana. Fue con previo aviso, pero sin restricciones. Aquella primera visita los funcionarios no sabían exactamente cuándo se iba a producir. Cuando llegaron los miembros de la CIDH fue una sorpresa que dijeran que iban a entrar solos acompañados por la prensa, o sea sin compañia de autoridades de gobierno. Realmente en aquella ocasión ingresaron a todos los lugares que quisieron, pero eso no es lo habitual. En mi caso, después una vez que hubo una huelga de hambre generalizada en el pabellón 5, fui con la compañia del Dr. Nanclares, cuando era presidente de la Corte Suprema y yo era Subsecretario, ahí quisieron restringirnos la visita, dijeron que era peligroso que nosotros ingresábamos a nuestro riesgo cosa que hicimos. porque una visita al interior de la cárcel no tiene ningún riesgo, es claro que los internos quieren que del exterior vean lo que pasa, podrá tener, en todo caso, riesgo para el personal penitencionario. Lógicamente, el que no entiende o no sabe, pone la excusa de los riesgos de la seguridad. Ni en la visita de la comisión, ni en la del Dr. Nanclares, nos dejamos persuadir por los discursos de la seguridad interna, todo lo contrario.
–Se dijo que estas torturas eran un hecho aislado y que era un problema de la intervención federal del servicio penitenciario federal
–La mejor prueba de que no es un hecho aislado, es que desde el 2004 para acá venimos denunciando este tipo de delitos, lo que si es aislado es que es la primera vez que se filma. Los delitos que venimos denunciando han sido tan graves que derivaron en la intervención de la CIDH, pimero y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos después, a través de los mecanismos de medidas cautelares y provisionales. Lo que sí debemos decir como miembros de Xumex es que esperamos que esto provenga de un grupo reducido de penitenciarios marginales, y que la mayoría del personal haya entendido cuál es su verdadera función que es acompañar las políticas que se implementan a partir de la intervención de los organismos internacionales.
–¿Sabe si entre los penitenciarios involucrados hay beneficiados por recientes ascensos?
–No conozco las identidades, probablemente, si alguno tiene grado de suboficial, por supueso que ha sido ascendido, no es un agente. Aquí además de la prevención que la va a dar el mecanismo de prevención de la tortura hace falta seguir profundizando la capacitación. Cuando se construyó Almafuerte, que era un proyecto que existía de antes, pero que recién se impulsó al ver la necesidad de darle una respuesta a la CIDH, hubo un problema en este sentido. Ese proceso de construir un nuevo penal no fue acompañado por un proceso de formar el personal que lo iba a dirigir, a tal punto que se tuvo una nueva cárcel, los presos estaban hacinados en Boulogne Sur Mer, y no había personal penitenciario para poner en funcionamiento la nueva cárcel. Esa fue la situación con la que se encontró el gobierno de Jaque. Otro problema es que la carrera penitenciaria no es un atractivo para la mayoría de la gente, salvo que realmente se garantice no sólo una formación sino además una buena atención salarial y condiciones de trabajo que hagan atractiva la función. Creo que habría que habría que crear una carrera penitenciaria desde el Instituto de Seguridad Pública porque la capacitación es precaria, está dentro del servicio, como ha sido siempre, pero eso respondió a la necesidad de poder captar la mayor cantidad de gente, de lo que se trata es de apostar a cambiar la cultura que evidentemente subsiste en algunos sectores del centro penitenciario.
Fuente: Veintitres http://www.elargentino.com/nota-125815-medios-120-La-Universidad-del-delito.html
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