Ponencia presentada por VACAP este viernes 12 de noviembre de 2010 en la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, en el marco de "Jornadas sobre INTELECTUALES, POLÍTICA Y SOCIEDAD".
IntroducciónLa políticas neoliberales, implementadas en la década del 70, pero fuertemente profundizada en los años 90, dejaron grandes consecuencias en la estructura del país, algunas de la medidas tomadas fueron el “achique” del Estado y se promovió la apertura del mercado externo, la desregulación de la economía, la privatización de empresas públicas, la flexibilización del mercado laboral y recortes en las prestaciones de la seguridad social. Generándose un ambiente propicio para el ingreso de capital financiero externo. Al mismo tiempo, se inició un proceso de descentralización estatal, la salud y la educación fueron trasladadas a los gobiernos provinciales, y se implementó un régimen de coparticipación.
Como señala Daniel García Delgado (2001), desde fines de la década del 90, comienzan a darse las reformas de “segunda generación” de políticas neoliberales, planteadas a partir del consenso post-Washington. Con estas políticas se busca mejorar la gestión, reducir el gasto público y enfatizar en las instituciones como reguladoras de mercados. , las medidas económicas adoptadas en las últimas décadas, impactaron fuertemente en la situación del mercado de trabajo. La reducción de la estructura productiva generó la caída del empleo industrial y del empleo asalariado, además implicó la precarización de las condiciones laborales. La polarización social se hizo cada vez más aguda a la vez que se registran cambios en las identidades sociales. A fines del 2001, el 42% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza, donde la crisis institucional-política y económica fue un síntoma del modelo instaurado. Actualmente no se presentan cambios a niveles estructurales, donde casi diez millones de argentinos viven todavía en situación de pobreza e indigencia y 6 millones de personas con ingresos levemente por encima del umbral de la pobreza siguen estando en situación de gran vulnerabilidad (CELS,2008).
Sin embargo, en los últimos años, la palabra (in)seguridad, sentimiento de inseguridad o datos concretos de aumento en las tasas de delitos han repercutido en la agenda pública y en las políticas adoptadas para abordar la problemática.
De este modo, frente la descomposición del tejido social, donde la inseguridad de poder acceder a educación, empleo y salud, los discursos de inseguridad ocluyen el conflicto social (Scribano, 2008). En este sentido, como señala Alcira Daroqui, frente a las seguridades perdidas se reduce el significado de la palabra seguridad respondiendo con políticas criminales.
De este modo, en el presente trabajo nos concentraremos en las políticas de seguridad implementadas en la provincia de Córdoba, para en un segundo momento presentar las consecuencias de dichas políticas punitivas-selectivas y por último, describir algunas acciones, para dialogar hacia una construcción para la resistencia.
El Brazo Penal del Neoliberalismo
La expansión imperial del capitalismo puede ser caracterizada como: a) un aparato extractivo de aire, agua, tierra y energía, b) la producción y manejo de dispositivos de regulación de las sensaciones y los mecanismos de soportabilidad social, y c) una máquina represiva (policial-militar) global y local.(Scribano, 2008,2010)
Este último aspecto, se visualiza en la provincia de Córdoba en la aplicación de las políticas de Seguridad y la aplicación de la teoría de Tolerancia Cero procedente de New York. Así, se empieza a visualizar desde el año 1999, la mutación del Estado Benefactor de derechos básicos al Estado Penal (Wacquant).
Paul Hathazy, analiza dicha transformación en la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta como primer cambio al interior de la administración provincial un aumento en el año 2004 del gasto en Seguridad y una disminución de los gastos en materia de Promoción Social, donde se destinó 322 millones del presupuesto en materia de Seguridad y 230 millones para Promoción y Asistencia Social. A su vez, señala que dicha mutación es correlativa en el aparato burocrático provincial, donde se realiza en el año 1999, una modificación de los rangos institucionales en clara cosmología neoliberal, donde la Secretaría de Seguridad como parte del Ministerio de Justicia se pasó a la institucionalización plena como Ministerio de Justicia y Seguridad, y el Ministerio de Desarrollo Social es convertido en Secretaría de Solidaridad y luego en simple Agencia Solidaria.
En el mismo sentido, Valeria Plaza Schaefer, analiza el cambio en las prácticas institucionales, en materia de Justicia y Seguridad, donde el actual gobernador Lic Juan Carlos Schiaretti, disolvió el ministerio de Seguridad pero no pasó a depender del Ministerio de Justicia sino que depende del Ministerio de Gobierno, lo cual atenta contra la posibilidad de una política de seguridad más democrática y respetuosa de los derechos humanos, como así también obstaculiza los controles institucionales por parte del poder legislativo y judicial.
A su vez, durante el año 2004 se reúne el gobernador José Manuel de la Sota, la Fundación Axel Blumberg y Carlos Medina representante del Manhattan Institute for Policy Research de Estados Unidos, para Latinoamérica. Dicho acuerdo implicó medidas de cortes represivas y selectivas sobre un determinado grupo social, en particular jóvenes, pobres donde las detenciones por “portación de rostro” se hicieron cada vez más agudas.
En este contexto se produce el Informe del Señor Ministro de Seguridad de la Provincia al señor Gobernador Dr. José Manuel de la Sota de enero de 2004, el cual se basó sobre tres ejes 1) Reingeniería, modernización, capacitación y eficientización de la policía 2)Control Ciudadano Objetivo sobre la institución como garante de honestidad y legalidad en el accionar policial (Tribunal de ética Policial) y 3) Participación activa y comprometida de la ciudadanía en las políticas de prevención, con apoyo interdisciplinario e interministerial. Lo cual implicó un aumento de agentes policiales, un aumento en equipamiento en automóviles y armamento, aumento en controles de vigilancia mediante sistemas de cámaras comunitarias, en síntesis implicó medidas represivas frente a comportamientos considerados “sospechosos”.
A su vez, en el año 2005, se promulga la ley 9235, en donde el eje es la “prevención” del delito. En el Artículo 22, cuando especifica la función de la policía se plantea:- “LA función de la Policía de la Provincia de Córdoba consiste, esencialmente, en el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, en la prevención y juzgamiento de las contravenciones y en la disuasión, prevención y conjuración temprana del delito, como así también su investigación cuando corresponda de acuerdo a la ley.” Lo que se tradujo en un aumento del patrullaje por la ciudad de los Comando de Acción Preventiva y un aumento de las detenciones por contravenciones.
A su vez, en la provincia de Córdoba regula desde el año 1994, el Código de Faltas, ley 8431, el cual es considerado inconstitucional dado que atenta tres preceptos constitucionales: 1)el principio de legalidad, 2) el derecho de defensa a juicio y 3) el derecho de acceso a la justicia. (Etchechurry, Juliano).
Lo que implica más arrestos, menos garantías y menos derechos, en este sentido Adela Coria y Horacio Etchechury señalan: “el Código afecta los derechos constitucionales a la defensa y a un juez imparcial. No garantiza un abogado defensor (art. 15). Cada persona detenida pasa hasta tres días esperando su “planilla de antecedentes”. Puede perder su trabajo o descuidar su familia. A la “sentencia” no la dicta un juez, sino un comisario o subcomisario (art. 114). Las penas más altas de arresto llegan hasta 180 días (art. 111 del Código).Las condenas quedan en los antecedentes de las personas por 2 años (art. 11). Esto dificulta, por ejemplo, conseguir trabajo. La marginalidad favorece nuevos arrestos, ahora con una pena agravada por “reincidencia” (art. 10).” (pp4)
Marcelo Sain, señala dos procesos de criminalización, por un lado están las agencias de criminalización primaria, que serían el parlamento y el poder ejecutivo al sancionar una ley penal mediante la cual se establece un conjunto de conductas prohibidas cuya comisión debe acarrear la punición de sus autores. Y las agencias de criminalización secundarias, que serían las agencias policiales, judiciales y penitenciarias, siendo las agencias policiales las que adquieren una jerarquía en el proceso de selección criminalizante dado que las demás agencias actúan administrando los casos y personas que fueron criminalizados efectivamente por las agencias policiales. Ahora bien, el autor señala “la detención de sospechosos de delitos o contravenciones, el registro de la información recogida en la tarea de vigilancia, la investigación de personas, etc, todo ello llevado a cabo por la policía con el pretexto de prevenir y conjurar delitos, les brinda a estas agencias un conjunto de atribuciones arbitrarias que caen fuera de toda forma de control o revisión institucional y que les proporciona un poder mucho más relevante que el atribuido formalmente a ellas” (pp20)
De este modo, el Código de Faltas, es criticado por organizaciones de derechos humanos, dado el carácter arbitrario de sus artículos lo cual le otorga un poder a las fuerzas policiales como herramienta de detención sin detallar adecuadamente la intervención policial, donde los jóvenes suelen ser detenidos en su mayoría por los artículos de merodeo y negativa a identificarse. A su vez, el aumento de las detenciones arbitrarias, el aumento de patrullaje por la ciudad, el aumento de agentes de seguridad son consecuencias de las medidas adoptadas en materia de seguridad, donde tuvo una gran influencia el asesoramiento del Instituto Manhattan en la aplicación de la doctrina de Tolerancia Cero y Ventanas Rotas, como señala Loic Wacquant “el objetivo de la penalidad made in USA es menos combatir el delito que liberar una guerra sin cuartel contra los pobres y los marginales del nuevo orden económico neoliberal que, por doquier, avanza bajo la enseña de la libertad recobrada” (pp17)
Las políticas selectivas-represivas por parte del Estado es una de las políticas más visibles que ejerce el poder como política sobre los cuerpos. En la ciudad de Villa María, la cual cuenta, de acuerdo al último censo poblacional, con 88.643 habitantes, se realizaron en el año 2008, 2.725 detenciones por contravenciones y en el año 2009, se efectuaron 2.362 arrestos, donde los artículos en los que mayor se presenta detenciones es por la figura de merodeo, escándalo en la vía pública y negativa u omisión a identificarse.(Datos proporcionados por la policía local Ur8)
Teniendo en cuenta un informe elaborado por Adela Coria y Horacio Etchechurry en toda la provincia de Córdoba, la Policía efectuó 54.223 arrestos. Cerca de la mitad (un 49%) afectaron a jóvenes menores de 25 años. Las detenciones por edad se distribuyen aproximadamente del siguiente modo: 44% son jóvenes entre 18 y 25 años, 20;8% entre 26 y 35; más de 45 años, el 17,4%; de 36 a 45 años, el 8,7%; y menores de 18 años, el 5,2%.
De este modo, Alcira Daroqui señala “El encierro de la peligrosidad, sea individual o social, ha sido una constante (hace dos siglos, hace un siglo y por supuesto en el presente) que construye una suerte de ‘estereotipo del delincuente’ históricamente identificable. Mas aún, ya no sólo serán los pobres sino que además en una ajustada selectividad se "preferirá" significar al delincuente también como joven y varón.” (pp3).
Los datos dan cuenta de la edad de la población que selectivamente el Estado castiga, pero que se solapa con condiciones sociales y económicas.
Los jóvenes que acompaña la organización Vacap (Vecinos Autoconvocados Contra Abusos Policiales) para realizar las denuncias frente a la violencia policial, como por detenciones arbitrarias proceden de los barrios Roque Saenz Peña, Las Acacias, Gral Roca, San Nicolás, Los Olmos, San Martín, Nicolás Avellaneda, Felipe Botta, San Juan Bautista, San Justo, Carlos Pelegrini, Las Playas, Centro como de la localidad de Villa Nueva, Las Perdices y Ballesteros. En este sentido, teniendo en cuenta los datos proporcionados por el “Centro Estadístico Regional de la Municipalidad de Villa María” (CERMVM) en base a los datos del censo de 2001, los barrios Carlos Pelegrini, Felipe Botta, Nicolás Avellaneda y Los Olmos presentan hogares con más del 40% de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). A su vez, los barrios las Acacias, Saenz Peña, Gral. Roca, San Martín, San Nicolás, y las Playas, presentan hogares con menos del 40% de NBI.[1]
A su vez, la mayoría de los jóvenes son varones, pero la violencia también es ejercida sobre el género femenino, donde una niña de 13 años fue baleada por la policía, a la vez que otra niña la golpearon brutalmente en un pie que tenía operado causándole la inmovilidad del mismo. La violencia física como simbólica que se ejerce sobre el cuerpo individuo, subjetivo y social[2], tiene su complicidad en el poder, tanto el saber médico ya sea profesional de la salud de la institución policial como profesionales de la salud que atienden personas violentadas por la policía, no informan correctamente los daños físicos. Esta complicidad también se da en el saber de la justicia, lejana y extraña ya en su mismo lenguaje, donde los familiares pasan horas recorriendo fiscalía sin respuestas, o sin que le den curso a sus denuncias.
Por otro lado, las mayores detenciones se dan por los artículos del Código como merodeo, negativa a identificarse o escándalo en la vía pública. Las detenciones muchas veces se producen camino al trabajo, donde los jóvenes varones se dedican a trabajos en la construcción como albañiles, herreros, colocación de aire acondicionados, o en supermercados.
En este sentido, tanto las denuncias que se presentan en El Diario local como las denuncias que da a conocer la organización Vacap, tienen como víctimas del Estado Penal a los jóvenes-pobres-de los barrios y en su mayoría varones.
Las detenciones arbitrarias no solo restringen la posibilidad de circular libremente por la ciudad, sino que también algunos jóvenes optan por irse a vivir a otra ciudad.
Colectivo de Denuncia
De este modo, frente al avance de las políticas represivas en materia de seguridad, en la ciudad de Villa María, en Octubre del año 2008, se constituye como colectivo un grupo de Vecinos Autoconvocados Contra Abusos Policiales (VACAP). La convocatoria fue realizada por el padre de un joven de 16 años del barrio Las Playas, ya que su hijo fue detenido “por una supuesta contravención, lo requisaron en la vía pública sin testigos, le secuestraron la bicicleta sin labrar el acta correspondiente, lo alojaron en un calabozo de la Comisaría de Distrito y hasta lo fotografiaron para prontuariarlo como si se tratara de un delincuente” (El Diario, 1 Octubre2008). La contravención que le imputaron fue por negativa a identificarse, aunque el joven declaró haber proporcionado todos sus datos al momento de la detención.
En este sentido, frente a la impotencia del accionar arbitrario del poder policial, se recurrió al periódico local El Diario, donde se lee. “Invitamos a todos aquellos que hayan pasado por situaciones de abuso en el accionar policial, e incluso a quienes tengan certificados médicos, fotografías, filmaciones o cualquier tipo de prueba, para que se acerquen a la sede del Centro de Periodistas a los efectos de elaborar estrategias conjuntas para presentar ante la Justicia” (El Diario 1 Octubre). El colectivo se constituyó teniendo como principal objetivo la denuncia y acompañamiento de personas víctimas de abusos policiales, y algunas de sus acciones fueron presentar recursos de amparo y se repartieron cartillas “Tenés Derecho”, donde explica cómo actuar frente a una detención policial, entre otras acciones.
En el informe presentado a INADI, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, la organización Vacap se define como “una organización de vecino/as villamarienses movilizados por los hechos sistemáticos de abuso de autoridad de determinados policías, y que constituyen un sistema que no podemos dejar de vincular con políticas emanadas de la superioridad policial.
Nuestra organización es antirrepresiva, intentamos no solo interesarnos en los hechos de nuestra ciudad sino, en casos que ocurren en todo el país, lo que permite que profundicemos el análisis de cómo se maneja la política de Estado, para no confundir la represión como producto individual de algunos funcionarios sino entendiéndola en un marco ideológico mas amplio.
Trabajamos sobre algunas causas concretas; realizamos una intensa labor de denuncia, y acciones para que la ciudadanía se comprometa, contribuyendo a instalar el debate social sobre temas como la forma de intervención o la capacitación de las fuerzas de seguridad, en particular de la policía; trabajamos también sobre posibles cambios en la legislación vigente que permite grandes márgenes de discrecionalidad a los agente policiales, como por ejemplo el llamado “Código de Faltas de la Provincia de Córdoba”.
En este sentido entendemos que la plena vigencia de los derechos humanos solo es posible a través de la transformación social; es en este camino que orientamos nuestro trabajo, es por ello que necesitamos de otras instituciones para continuar y enriquecer la tarea de concienciar y comprometer. Somos una organización política no partidaria en permanente discusión a través de una tarea educativa de difusión, resistencia y denuncia.”
A su vez en el informe presentan las siguientes líneas de acción:
Nos afecta todo hecho en el cual una persona sea víctima de las políticas represivas del estado, o de la represión política selectiva.
Asumimos una defensa o resistencia política y no técnica o legal ya que no somos profesionales de las leyes.
En el ámbito de la represión preventiva, nuestro objetivo central es promover la conciencia popular, poniendo en descubierto la realidad represiva cotidiana, combatiendo la “naturalización” de la represión que busca perfeccionar los mecanismos de dominación, e impulsando la organización popular en los barrios y sectores juveniles, desarrollando tares de formación e información.
La organización barrial, entablar diálogo con familiares de víctimas; como tarea primordial, construir una organización a nivel nacional.
Iniciar la coordinación con otros grupos que trabajen en el campo antirrepresivo, con los que podamos tener acuerdo para la discusión y acción.
Autodefensa popular. Desarrollar materiales que circulen en barrios, colegios y facultades reproducidos por otras organizaciones y compañeros, como la cartilla “Tenés Derechos”.
Nuestros compañeros que participen a menudo en mesas redondas, charlas y debates en todo tipo de espacios.
Cuestionar la conducta de las “fuerzas” cuando no permiten comunicación con la familia al momento de la detención. Como también la no identificación del agente o su rango en el uniforme.
Evitar con la información difundida se aproveche de la indefensión de las víctimas. Los métodos que ponen en práctica son ilegales: detención por no poseer documento.
Recabar todo dato posible personal sin una orden de captura. Palparlos en la vía pública sin razón. Detenerlos por la figura de “merodeo”, solo por caminar.
El Código de Faltas revisarlo ya que se torna ilegal toda vez en que está basado en la presunción de que quedará librado a la propia conciencia de quienes lo ejecutan; sin inclinarse al debido control jurisdiccional o judicial de las conductas.
Recomponer en la población un sentimiento de protección legal y social, ante estas actitudes autoritarias sin sanción, ni reparación.”
A su vez, el periódico local, El Diario, también se constituyó como lugar de denuncia, donde distintos actores acuden a denunciar y buscar protección en la opinión pública frente a la violencia institucional- policial.
Sin embargo, en casos de violencia policial, la única sanción que recibe el agente es el traslado, pero no se cambian las prácticas institucionales, solo se apunta a las medidas correctivas pero no sancionadoras de la conducta policial, a la vez que ocluye responsabilizando a un individuo la violencia que la institución genera.
Conclusión
El presente trabajo, intenta ser una contribución para un debate que se debe la sociedad con respecto a la problemática seguridad-inseguridad, en este sentido dejamos algunos interrogantes abiertos con respecto a qué consideramos por seguridad.
El aumento en los últimos años de patrullajes por ciudad, como de agentes policiales no nos han indicado una baja en las tasas de delito pero si se hace cada vez más presente los casos de violencia policial como de masivas detenciones arbitrarias para justificar la “eficacia policial”.
En este sentido, Emilio Sevesso, señala “mientras esta práctica se ha tendido a naturalizar en las formas del accionar policial, socialmente se han vuelto cada vez más aceptada y tolerada bajo la re-producción de un extendido juego imaginario sobre la “inseguridad”. En primer lugar, la construcción de una sensibilidad creada en torno a un permanente riesgo personal y colectivo (miedo siempre, miedo en todas partes) que se co-constituye –como ya lo sabemos – por incidencia de los medios de comunicación, el juego político y los mitos urbanos. En segunda instancia, la creación de un fantasma que se impone como encarnación de los miedos (la pobreza, la juventud) y de una fantasía que la complementa como canal que vehiculiza una solución plausible (la política pública de seguridad y su complemento privado). De este modo se produce la sensación de que se lucha contra la inseguridad y de que se lo hace en la medida justa.” (pp2)
De este modo, el Estado castiga selectivamente a los jóvenes de sectores populares, restringiéndole sus posibilidades de acción, no solo de circular libremente por la ciudad, sino que también pierden sus trabajos. En este sentido, hay que dar una fuerte batalla deconstruyendo los significados que se le atribuye a la condición de juventud anclados en situaciones de pobreza a quienes se les atribuye tanto por parte del Estado como legitimado socialmente, portadores de peligrosidad.
A la vez que es necesario leyes democráticas que permitan un control de la sociedad civil frente a las instituciones punitivas. En este sentido es importante la lucha que se viene gestando de las organizaciones antirrepresivas de carácter nacional y provincial, ya que es un indicio esperanzador de la no naturalización de la violencia. Como así también, la lucha que cotidianamente realizan los padres de los jóvenes violentados por la policía ante la corrupción del poder.
[2] “El cuerpo individuo hace referencia a la lógica filogenética, a la articulación entre lo orgánico y el medio ambiente; el cuerpo subjetivo se configura por la autorreflexión en el sentido del “yo” como un centro de gravedad por el que se tejen y pasan múltiples subjetividades y, finalmente, el cuerpo social que es -en principio- lo social hecho cuerpo (sensu Bourdieu).(Scribano, 2008,2010)
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