Cuarto día de corte total de agua potable y energía eléctrica en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1 de la ciudad de Viedma. Ninguna respuesta por parte de las autoridades provinciales. Un hecho más en la cadena de desfalcos e irregularidades en la estructura de Seguridad de la Provincia de Río Negro.
La Cantora - Río Negro
03|07|2011
Abrán las rejas!!
Archivo La Cantora
Luego de cuatro días sin suministro de agua potable y energía eléctrica, las condiciones de detención en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1 de la ciudad de Viedma, dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Río Negro, se han agravado a un punto extremo.
Esta situación, agravada por el factor climático, y las bajas temperaturas de los últimos día en la región, hacen más caótica la situación.
Sintéticamente a situación es la siguiente: al menos 150 detenidos en dicho establecimiento, están padeciendo la falta de agua potable y energía eléctrica desde el día jueves 30 de junio. La falla en apariencia, se debe a un problema en los generadores y propulsores de ambos servicios dentro de la Unidad Penal, y fundamentalmente, en los pabellones.
A esto deben sumarse, todos y cada uno de los hechos que vienen sucediendo dentro del establecimiento, y que agravan progresivamente las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad que allí se encuentran entre otros:
- deterioro y falta de mantenimiento de las instalaciones;
- deficiente atención médica y interrupción sistemática de tratamientos de rehabilitación;
- tratamientos psicológicos y psiquiátricos “de forma”. Es decir, los mismos no poseen ni la rigurosidad, continuidad, y seguimiento acordes a los contextos de encierro. Sólo informes anexados a legajos e historias clínicas de los detenidos;
- arbitrariedad en la evaluación técnico criminológica por parte del Gabinete de profesionales designados para tal fin;
- alimentación de escasos valores nutricionales;
- acceso limitado a los espacios de educación formal y no formal dentro de la unidad.
- Cinco años de atraso en el pago del peculio otorgado por ley a los detenidos.
Las autoridades
Al momento de redactarse estas líneas, las respuestas por parte de las autoridades penitenciarias y de Secretaría de Seguridad provincial, han sido nulas, respecto de la posibilidad del reestablecimiento de los servicios en las próximas horas. De normalizarse, probablemente este acontecimiento pase a formar parte de la anécdota en los próximos días.
Sin embargo, la situación de fondo y su correspondiente arrastre dada su prolongación en el tiempo radica en un único eje: la falta de políticas públicas de largo plazo y dentro de los márgenes legales respecto de la Unidades Penales en el territorio provincial.
La propaganda oficial, mucho ha dicho hasta el momento sobre las inversiones que en materia penal y de seguridad que se han venido instrumentando desde el año 2006 a esta parte. Ninguna ha respondido a los objetivos mínimos estipulados por la ley, ni ha los resultados esperados resaltados en los informes de gestión. Menos todavía, se aplican los mecanismos de control institucionales para dichas políticas.
Paralelamente, se vienen desarrollando dos fenómenos: año tras año, se asigna mayor presupuesto ordinario y extraordinario a las políticas de seguridad y penitenciarias. Valga la redundancia, año tras año, mayor es el desfalco sobre estos recursos a lo largo de la cadena de mando, proveedores y recovecos dentro de la estructura de dichas áreas. Situación que entre otras cosas, tienen como consecuencia los hechos enumerados párrafos atrás.
¿Cuántos funcionarios desde la primera hasta la última línea se encuentran detenidos o procesados por estas consecuencias? Ninguno.
El tiempo no para
Dadas las circunstancias, y no avizorando mejoras sustanciales en lo venidero, caben algunas reflexiones:
1º. ¿Se encuentra la Provincia de Río Negro en condiciones de poseer un Servicio Penitenciario que funcione de esta manera, y tenga secuestrados a casi 800 personas sumando a todas unidades penales?
2º. Dada la cantidad de recursos de Habeas Corpus presentados desde siempre y en las últimas horas, denunciando el agravamiento sistemático de las condiciones de detención, ¿habrá algún funcionario dentro de la estructura judicial rionegrina en condiciones de resolver al respecto, y por una vez respetando los derechos legalmente establecidos de las personas privadas de la libertad?
3º. ¿Cabe la posibilidad que el cuerpo de legisladores provinciales, informe, gestione, denuncie, inspeccione, legisle sobre esta situación?
Desde la Asociación Civil La Cantora, solicitamos al Sub-Secretario de Política Criminal, Dr. Santiago Ibarrolaza, la separación del cargo del Director del Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1 de la ciudad de Viedma, Horacio Veccio; y la investigación profunda por parte de los máximos poderes provinciales sobre los hechos de los últimos días y denunciados en la presente crónica, y sus responsables materiales y políticos.
Las pruebas y testimonios de cada caso, se encuentran a disposición de las autoridades. Los hechos relatados, rayan con la figuras de “abandono de persona”, “tratos crueles, inhumanos y degradantes”; todas condenadas por nuestra Constitución y los Pactos Internacionales a los que Argentina adhiere.
De no allanarse las autoridades responsables a la gravedad institucional de la situación, lo mejor será abrir las rejas y cerrar las cárceles. Demostrado está que no sirven para nada bueno.
Diego Candia: 02920-15-628352
Pablo Casals: 02920-15-550196
Fuente: http://www.lacantora.org.ar/nota.php?idnota=994
Esta situación, agravada por el factor climático, y las bajas temperaturas de los últimos día en la región, hacen más caótica la situación.
Sintéticamente a situación es la siguiente: al menos 150 detenidos en dicho establecimiento, están padeciendo la falta de agua potable y energía eléctrica desde el día jueves 30 de junio. La falla en apariencia, se debe a un problema en los generadores y propulsores de ambos servicios dentro de la Unidad Penal, y fundamentalmente, en los pabellones.
A esto deben sumarse, todos y cada uno de los hechos que vienen sucediendo dentro del establecimiento, y que agravan progresivamente las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad que allí se encuentran entre otros:
- deterioro y falta de mantenimiento de las instalaciones;
- deficiente atención médica y interrupción sistemática de tratamientos de rehabilitación;
- tratamientos psicológicos y psiquiátricos “de forma”. Es decir, los mismos no poseen ni la rigurosidad, continuidad, y seguimiento acordes a los contextos de encierro. Sólo informes anexados a legajos e historias clínicas de los detenidos;
- arbitrariedad en la evaluación técnico criminológica por parte del Gabinete de profesionales designados para tal fin;
- alimentación de escasos valores nutricionales;
- acceso limitado a los espacios de educación formal y no formal dentro de la unidad.
- Cinco años de atraso en el pago del peculio otorgado por ley a los detenidos.
Las autoridades
Al momento de redactarse estas líneas, las respuestas por parte de las autoridades penitenciarias y de Secretaría de Seguridad provincial, han sido nulas, respecto de la posibilidad del reestablecimiento de los servicios en las próximas horas. De normalizarse, probablemente este acontecimiento pase a formar parte de la anécdota en los próximos días.
Sin embargo, la situación de fondo y su correspondiente arrastre dada su prolongación en el tiempo radica en un único eje: la falta de políticas públicas de largo plazo y dentro de los márgenes legales respecto de la Unidades Penales en el territorio provincial.
La propaganda oficial, mucho ha dicho hasta el momento sobre las inversiones que en materia penal y de seguridad que se han venido instrumentando desde el año 2006 a esta parte. Ninguna ha respondido a los objetivos mínimos estipulados por la ley, ni ha los resultados esperados resaltados en los informes de gestión. Menos todavía, se aplican los mecanismos de control institucionales para dichas políticas.
Paralelamente, se vienen desarrollando dos fenómenos: año tras año, se asigna mayor presupuesto ordinario y extraordinario a las políticas de seguridad y penitenciarias. Valga la redundancia, año tras año, mayor es el desfalco sobre estos recursos a lo largo de la cadena de mando, proveedores y recovecos dentro de la estructura de dichas áreas. Situación que entre otras cosas, tienen como consecuencia los hechos enumerados párrafos atrás.
¿Cuántos funcionarios desde la primera hasta la última línea se encuentran detenidos o procesados por estas consecuencias? Ninguno.
El tiempo no para
Dadas las circunstancias, y no avizorando mejoras sustanciales en lo venidero, caben algunas reflexiones:
1º. ¿Se encuentra la Provincia de Río Negro en condiciones de poseer un Servicio Penitenciario que funcione de esta manera, y tenga secuestrados a casi 800 personas sumando a todas unidades penales?
2º. Dada la cantidad de recursos de Habeas Corpus presentados desde siempre y en las últimas horas, denunciando el agravamiento sistemático de las condiciones de detención, ¿habrá algún funcionario dentro de la estructura judicial rionegrina en condiciones de resolver al respecto, y por una vez respetando los derechos legalmente establecidos de las personas privadas de la libertad?
3º. ¿Cabe la posibilidad que el cuerpo de legisladores provinciales, informe, gestione, denuncie, inspeccione, legisle sobre esta situación?
Desde la Asociación Civil La Cantora, solicitamos al Sub-Secretario de Política Criminal, Dr. Santiago Ibarrolaza, la separación del cargo del Director del Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1 de la ciudad de Viedma, Horacio Veccio; y la investigación profunda por parte de los máximos poderes provinciales sobre los hechos de los últimos días y denunciados en la presente crónica, y sus responsables materiales y políticos.
Las pruebas y testimonios de cada caso, se encuentran a disposición de las autoridades. Los hechos relatados, rayan con la figuras de “abandono de persona”, “tratos crueles, inhumanos y degradantes”; todas condenadas por nuestra Constitución y los Pactos Internacionales a los que Argentina adhiere.
De no allanarse las autoridades responsables a la gravedad institucional de la situación, lo mejor será abrir las rejas y cerrar las cárceles. Demostrado está que no sirven para nada bueno.
La Cantora
Contactos: Diego Candia: 02920-15-628352
Pablo Casals: 02920-15-550196
Fuente: http://www.lacantora.org.ar/nota.php?idnota=994
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