Desde que la epidemia del VIH/SIDA entró a las cárceles del país el estado no ha sabido dar respuesta. Parece ser que tanto el poder judicial como el servicio penitenciario y los representantes del ministerio de salud, consideran que las personas conviviendo con VIH/SIDA dentro de las cárceles merecen morir con dignidad, aunque lo que necesitan es vivir con dignidad.
Solo si están seguros de su muerte inmediata, otorgan la prisión domiciliaria, desconociendo la ley 26.472. Someten a las personas a vivir en condiciones infrahumanas, agravando los procesos de su enfermedad.
Pareciera que las personas que yacen en la pobreza extrema, marginadas, excluidas o víctimas de la segregación no interesan. No merecen atención médica.
Mientras, las muertes continúan con total indiferencia de las autoridades. Las personas mueren encadenadas a una cama de hospital sin importar si están en estado de coma o agonizando. Éstas son las mismas autoridades que plantean la responsabilidad y culpabilidad de la persona presa ante su muerte argumentando la negación a tomar los antirretrovirales y desconociendo que los tratamientos deben ser integrales. Las mismas autoridades que mantienen a las personas en estado de total desnutrición. Las mismas autoridades que no proveen de ninguna otra medicación más que antirretrovirales del Plan Nacional de Sida.
Lxs detenidxs que conviven con el virus del Sida sufren un reagravamiento no solo de su enfermedad sino de las condiciones de detención lo que implica una verdadera victimización del sistema penal. En los hospitales de las cárceles no hay medicamentos ni para bajar la fiebre y menos preservativos para evitar la transmisión de las infecciones de transmisión sexual. Las personas privadas de su libertad que conviven con VIH/SIDA no tienen acceso a médicos especialistas ni a medicación para enfermedades oportunistas que sin medicación se vuelven mortales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario